LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Por Pablo SALINAS
Los jueces deben pagar Osep porque ocupan la obra social, los jueces deben durar 4 años en sus cargos pues los principios republicanos exigen la periodicidad en los cargos públicos.
Los jueces deben redactar con lenguaje claro sus sentencias porque viven y son parte de una sociedad que necesita entenderlas y que tiene el derecho a entenderlas.
La sociedad debe participar en el modelo de justicia de la Nación y de la Provincia. En efecto, una sociedad que tiene el deber de participar en un juicio en carácter de jurado empezará a mirar y entender la justicia y el derecho de otro modo.
Una sociedad que participa en la elección de legisladores y de gobernador también es una sociedad que tiene que participar en la justicia, el juicio por jurados esta en nuestra constitución y debe ser cumplido.
El Poder Judicial es el poder mas feudal de los tres poderes. El Poder Judicial no tiene periodicidad en sus mandatos. No responde mas que al juicio político de sus miembros. Estas características feudales deben cambiar.
En efecto, para que nuestra calidad institucional sea cada día mejor necesitamos una justicia mas democrática.
Para una justicia mas democrática necesitamos periodicidad en los mandatos, necesitamos juicios por jurados, necesitamos elección popular de los Fiscales.
Para que el Poder Judicial recupere su lugar en la sociedad no alcanza con una Corte Nacional prestigiosa como la que tenemos. Hace falta una Camara de Casación Penal prestigiosa cuyos integrantes lleguen a esos altos cargos por concurso y no por componendas.
Necesitamos también un Poder Judicial Provincial con juicio por jurados con defensor general. Argentina tiene un Procurador General que es Esteban Righi y una Defensora General que es Stella Maris Martinez. ¿Por qué Mendoza no tiene un defensor general? ¿Por qué nuestro modelo institucional privilegia al Procurador Fiscal por sobre el Ministerio Público de la Defensa? Tanto que se mira a Chile, en Chile el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal tienen el mismo y equitativo lugar.
Necesitamos un Defensor General ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, como también necesitamos un Defensor del Pueblo e instituciones que generen cambios profundos.
Un gobernador radical se comprometió a crear el Defensor del Pueblo, el Procurador Penitenciario y el Mecanismo contra la Tortura, una legislatura de un gobierno justicialista ratificó dicho acuerdo ante la Corte Interamericana. ¿Por qué no se cumple ?
Estas palabras van dirigidas a todos los mendocinos que creemos que una Mendoza con mayor calidad institucional es posible, a los que creemos que la defensa de los derechos humanos no es una proclama sino que es necesariamente una consecuencia de la existencia de mecanismos institucionales adecuados que ayuden a protegerlos.
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