EL "MUNDO JUDICIAL" ES UN INVENTO DEL ancien régime

EL CULO EN LA SALA DE AUDIENCIAS

Escribe Guillermo Nicora

También comienzo por agradecer el debate, y acompaño enfáticamente la necesidad de que este lugar sea sólo la sala de ensayo: el verdadero debate sobre la justicia no puede darse en los blawgs ni en las universidades, sino en todos los espacios de participación ciudadana.

El "mundo judicial", como espacio profesional reservado a los abogados (con distintos grados de decisión e influencia, conforme más cerca o más lejos del poder político se encuentren) no es un "estado natural de la sociedad humana" sino un invento del ancien régime. Es asombroso ver cómo (excepción hecha de la Inquisición propiamente dicha) los jueces permanentes —y los procedimientos escritos— prácticamente no existen antes del 1600.

Si recorremos la historia del proceso penal (la mayoría elegiríamos a Maier como guía de ese paseo), no queda ninguna duda de que los jueces profesionales ("jueces a sueldo del gobierno", decía Carrara con insidia) son los preferidos de los regímenes autoritarios y de todas las formas de concentración del poder, mientras que las sociedades organizadas sobre bases más participativas, más democráticas, siempre prescindieron (cuando no desconfiaron lisa y llanamente, como la Revolución Francesa) de los "expertos", y prefirieron que sea el pueblo (el ágora pública, la asamblea de guerreros, los Heliastas, los jurados populares, los jueces accidentales) quien decidiera si contra uno de ellos se autorizaría el uso de la violencia estatal (que más elegantemente aprendimos a denominar "poder punitivo del Estado" o "sistema penal")

La sustracción de los asuntos judiciales del escrutinio público (bajo las más variadas excusas, pero que —caretas afuera— se reducen a que "la gente no entiende nada") y la creencia de que sólo los iluminados por la Facultad de Derecho tenemos derecho a opinar son, a mi juicio, la verdadera causa de la degradación pública de la justicia.

Estamos asistiendo en estos días —con el fantástico fenómeno social de Famatina— al ascenso a los primeros planos de la idea de "licencia social". ¿Cuándo entenderemos que sin esa misma licencia social, el sistema penal no es sino puro aumento del predominio de los sectores de poder sobre los sometidos y postergados? La selectividad regresiva del sistema penal no es —para mí— inevitable consecuencia del uso de la herramienta penal, sino que es hija del elitismo tecnocrático de los juristas, y de la ausencia de toda base republicana en el funcionamiento de la justicia monárquica que hoy tenemos.

La rendición de cuentas de los jueces (esto ya se dijo) no consiste tanto en el contenido de las sentencias (aunque la publicidad de los procedimientos y la exigencia de motivación en lenguaje llano y natural de todas las razones que los jueces técnicos tienen en cuenta para decidir, son requisitos insoslayables de legitimación pública, sólo así podemos aceptar que uno —o tres— fulanos, porque son abogados, deciden los casos penales mejor que la señora de acá a la vuelta). 

Al contrario, creo que la mejor forma de poner baldes de República en la justicia, es generar una especie de "índice culo":

¿Cuántas horas estuvo Su Señoría sentado/a hoy en la sala de audiencias escuchando a las partes y resolviendo de cara a ellos y a la ciudadanía?

¡¿Dos?! tómeselas, chanta, a robar a los caminos. Y no me venga con el estudio y la búsqueda de precedentes. Ese justamente es el trabajo de las partes en el acusatorio: darle a usted TODA la información y TODAS las razones fácticas, legales, jurisprudenciales, doctrinarias, valorativas y filosóficas (según el interés que cada parte persiga en el proceso) para que usted decida quién y por qué se lleva la razón.

Suele decir Binder que a los jueces hay que entrenarlos mirando partidos de tenis: callados la boca, mueven la cabeza de un lado al otro mientras los contrincantes hacen todo lo suyo, y recién después que termina la discusión, toman la palabra y dicen quién ganó. Eso se hace sin levantar el culo de la silla de la sala de audiencias, y sólo lo que el juez hace dentro de la sala de audiencias es labor judicial. Los jueces, en su función de tales no deben "hacer ciencia jurídica": sólo resuelven los conflictos que las partes les ponen delante.

Por supuesto que el jurado popular será un enorme avance hacia la democratización de la justicia (porque el jurado clásico hace exactamente lo que dice Binder, con el agregado de que las partes y el Juez que preside el juicio tienen el deber de plantear de una forma que cualquiera sea capaz de entender (mediante las instrucciones que se negocian y deciden a nivel técnico entre los abogados y el juez) todas las sutilezas de las teorías jurídicas (que no deben entenderse como artificios esotéricos, sino como esfuerzos racionales para encontrar reglas que hagan más justas las decisiones de los tribunales, populares o técnicos). 

Pero ojo que la magna tarea de democratizar la justicia (y falta hablar de la subordinación de los jueces a los tribunales de alzada y con facultades de superintendencia, que es el más grave atentado a la independencia judicial), no es en modo alguno suficiente. Si no desarrollamos alguna tecnología política que nos permita ponerle representatividad y control social (licencia social, si querés) al Ministerio Público, que —igual que los jueces— rinda cuentas de en qué se gastan los recursos, pero además (y esto es una enorme diferencia con la judicatura) debe rendir cuentas públicas de sus decisiones político criminales: el jefe del MP tiene que plantarse ante la ciudadanía y explicar por qué el 80% de las horas hombre que paga el impuesto público, se invierte en meter presos a los ladrones de gallinas, y sólo el 20% (y esto es ser optimistas) en atacar el crimen organizado, la corrupción de los funcionarios, el abuso de poder de los poderosos, la victimización de los vulnerables.

Y por supuesto, nada de esto va a funcionar, si al poder perseguidor del Estado, los sospechados, los acusados, no pueden oponer una defensa igualmente potente y eficaz. Yo soy de la idea que la Defensa Pública es pública porque debe ser financiada con recursos públicos (si no, sólo quienes pueden pagarla tendrán defensa) y no porque los abogados contratados para defender a los acusados, deban ser necesariamente funcionarios públicos. Por supuesto que la "famiglia" judicial no quiere perder a sus parientes pobres (que en muchas jurisdicciones les traen pocos problemas y son poco "molestos" en términos generales. Y a los que no conservan solidaridad de casta con los parientes jueces y fiscales, se los domestica o neutraliza, sea por disciplina, sea dejándolos inermes, sea cooptándolos con esperanzas de "ascenso" a la excelsa categoría de juez (¿cuántos de los dignísimos defensores oficiales indómitos que conocemos son designados jueces sin que antes moderen su molestosidad?) Pese a que en mi labor cotidiana veo muchos abogados de la defensa pública que hacen honor a su deber, en términos institucionales, no tengo dudas de que sólo un colectivo auténticamente autónomo es garantía de defensa de todos.

Bueno, ya que Leticia fue tan breve y contundente, yo me extendí para que quede claro que si yo fuese más joven, cuando sea grande querría ser como ella.

G u i l l e r m o   N i c o r a

Mar del Plata, Argentina