GIL LAVEDRA, JAIME, Y EL OREJUDO OYARBIDE




RICARDO GIL LAVEDRA SOBRE NULIDAD DE PERITAJES  EN “CASO JAIME”




El Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR expresó su profunda preocupación por la noticia de la declaración de nulidad de los peritajes efectuados sobre las computadoras secuestradas en el marco de la investigación instruida por el juez Oyarbide contra el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, en razón de las presuntas irregularidades en el manejo de la evidencia ocurridas en el ámbito de la División de Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina.


Gil Lavedra señaló que “nuestro país experimenta grandes dificultades para juzgar los delitos cometidos por funcionarios públicos y presenta niveles preocupantes de opacidad en el manejo de los fondos públicos que, en repetidas ocasiones, han merecido críticas de los organismos internacionales. La excesiva duración de los procesos que, casi inexorablemente, conduce a la prescripción y la impunidad, la falta de capacitación, o en ocasiones directamente la connivencia, de los operadores del sistema y la falta de recursos son sólo algunas de las causas de este fenómeno, que se ve perpetuado por la oposición persistente del Gobierno nacional a cualquier iniciativa que pretenda cambiar el panorama.”


“Además, –continuó- es inadmisible la demora del juez Oyarbide en resolver un aspecto vinculado a la validez de una prueba dado que el planteo de la defensa era del 2010. El juez de instrucción es el director de la investigación y, en tal carácter y mientras no se avance hacia un sistema procesal que asigne esa facultad exclusivamente a los fiscales, no puede limitarse a monitorear lo que hace la policía. Su responsabilidad primaria es conducir de modo eficiente y rápido las pesquisas, lo que en este caso, de modo evidente sugería actuar con prontitud, controlar más estrechamente el accionar policial, u garantizar la integridad de los elementos de cargo, dado que se investigan hechos de corrupción de poder ejecutivo cuya investigación no puede asignarse livianamente a otra agencia del mismo poder investigado.  De otro modo, todo indica que el oscuro desempeño de Ricardo Jaime y sus allegados, solo será alcanzado por una investigación federal torpe, fallida y lenta".  


“Asimismo manifestó que “llamativamente, en esta oportunidad, la irregularidad que podría frustrar el avance de algunos de los procesos contra una de las figuras emblemáticas de la corrupción gubernamental más reciente, proviene del propio ámbito del Poder Ejecutivo. La inconveniencia de utilizar a las fuerzas de seguridad para investigar a funcionarios públicos encumbrados ha sido señalada en innumerables oportunidades. De hecho, constituye uno de los fundamentos centrales por los que hace años reclamamos infructuosamente la creación de la policía judicial. Las supuestas dificultades operativas, que según ha trascendido, experimenta la mencionada división de la PFA dan cuenta, además, de un modelo de gestión de las fuerzas centrado casi exclusivamente en la delincuencia callejera e incapaz de brindar apoyo a investigaciones complejas.”


El Presidente del Bloque de Diputados Nacionales radicales agregó: “Si deseamos revertir este pesado pasivo que venimos arrastrando y que afecta gravemente la confianza del pueblo en las instituciones debemos comenzar por enfrentar con más seriedad este tipo de procesos y generar las condiciones institucionales para que prosperen. Por ello exigimos a las autoridades competentes que realicen una urgente y exhaustiva investigación de las responsabilidades de todo orden que podrían resultar de las irregularidades cometidas en el manejo de la evidencia y requerimos que la Sra. Ministra de la Nación, Dra. Nilda Garré, informe, a la mayor brevedad posible, a esta Honorable Cámara sobre las condiciones de funcionamiento de la División de Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina y las medidas adoptadas para revertir su presunto déficit operacional.”


Finalmente expresó con pesar: “resulta una cruel coincidencia que la decisión de juez Oyarbide se haya hecho pública el mismo día de la tragedia ferroviaria de Once, la cual dejó en evidencia las consecuencias atroces de la corrupción, desinversión y complicidad del Estado”.


Buenos Aires, 23 de febrero de 2012.

Comentarios