te lo advertimos...

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2 oct. 2009

Marcela Rodríguez sobre la ley de medios III


Amigos:

Ante la polarización política producida por el debate del proyecto de Ley de Medios Audiovisuales impulsado por el Gobierno nacional, me pareció conveniente saltar algunos cercos mediáticos construidos en las últimas semanas, y expresarles directamente mis reflexiones al respecto.

En primer lugar, estoy convencida de la necesidad de tratar una ley de medios audiovisuales. Vengo trabajando en ello desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y creo que es una deuda que en su actual composición, este Congreso tiene legitimidad para saldar.

Además, considero que sólo saliendo de la retórica maniquea y simplista es posible entender las complejidades del Proyecto, pudiendo distinguir sus rasgos positivos, propiciadores de un debate más amplio y robusto, de aquellos que vienen a cristalizar los problemas vigentes apenas cambiándoles sutilmente el signo.

Estas observaciones están pensadas considerando que el país no es una foto estática, sino que esta ley debe regir la política pública de medios audiovisuales desde hoy hacia las futuras décadas. En este sentido, entiendo que se debe legislar teniendo en cuenta diferentes escenarios, no el mezquino contexto de los próximos meses.

Pensemos en un futuro en el cual el gobierno fuera ocupado, -según la perspectiva de cada uno de ustedes- por aquel que sea más perjudicial para los intereses del país y de los derechos de la ciudadanía.

Mi escenario más temido es uno dominado por un gobierno autoritario, conservador; que desprecie los derechos humanos, las garantías fundamentales y todo reclamo de verdad, justicia y condena; contrario a la distribución de la riqueza; que favorezca un estado represivo y corrupto, la banalización del debate público y el endiosamiento del mercado; inmerso en fundamentalismos de diversa índole (como la religiosa); un gobierno que excluya y estigmatice a grandes sectores de la población, y que esté asociado a los grandes grupos económicos.

Conforme el proyecto del oficialismo, semejante gobierno tendría un rol predominante en el control de la opinión pública a través de los medios del Estado, la posibilidad de asignar las licencias más importantes, la reglamentación del régimen de sanciones y la arbitraria discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial, a falta de normas legales precisas que lo impidan.

Por su parte, los medios más poderosos de la sociedad replicarían el discurso gubernamental, por ejemplo estigmatizando a los jóvenes y ocultando cómo algunos de ellos son víctimas del gatillo fácil o directamente desaparecen en plena democracia en las comisarías.

Además, el fundamentalismo religioso del Gobierno se vería apoyado por la jerarquía eclesiástica católica que, según este proyecto, tendrá una situación privilegiada para acceder a la autorización directa para prestar servicios, violando la igualdad de cultos consagrada por los tratados internacionales de derechos humanos.

Lamentablemente no es un mero ejercicio de especulación, sino una situación tácticamente posible, como lo demuestra el “caso Berlusconi” en Italia. Por eso, la exigencia de mayores recaudos institucionales no es un reclamo cortoplacista, sino una garantía de equilibrio y tolerancia para todo el arco político.

Así, si bien cabe reconocer la necesidad de segmentación y reserva del espacio radioeléctrico (de hecho, tal esquema estaba previsto en el proyecto elaborado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia), la conveniencia de disposiciones antimonopólicas que aseguren una mejor distribución del espacio y de las señales, y una regulación razonable en materia de contenidos mínimos, también urge indicar que este esquema resulta insuficiente e incluso ineficaz.

Existen diversas razones: hay serias deficiencias en relación con la integración y selección de la autoridad de aplicación; la presencia protagónica de las organizaciones comunitarias no se encuentra adecuadamente asegurada (el proyecto no contempla una regulación preferencial con relación a otras asociaciones sin fines de lucro) y no se incluye una regulación sobre publicidad oficial que de un modo preciso, impida cualquier tipo de arbitrariedad en la distribución de la pauta oficial.

Tampoco se incluye una reglamentación del derecho a réplica, ni el acceso a la información pública que adecue la legislación argentina a las exigencias internacionales y robustezca genuinamente el debate público; no se preserva el mercado de futuros monopolios y se realizan excepciones para que ingresen al mercado ciertas empresas prestatarias de servicios públicos o contratistas del Estado, y ni siquiera se asegura que los medios del Estado sean del Estado y no simplemente de los gobiernos de turno

Es más: no se asegura que la Autoridad de Aplicación y los medios públicos tengan un funcionamiento independiente del Gobierno, que -entre otras cuestiones- los obligue a presentar diversas perspectivas de forma equilibrada cuando se discuten cuestiones de interés público; y los mecanismos de asignación, sanciones y revocaciones de licencias no son precisos ni transparentes, ni cumplen los recaudos constitucionales mínimos necesarios.

Las características de la República sirven para impedir el uso hegemónico del poder y asegurar el imperio del Derecho. Considero que la forma republicana-representativa de gobierno está en una profunda crisis y sus mecanismos gravemente debilitados. Por eso debemos asegurarnos que cada ley sancionada por este Parlamento –sobre todo aquéllas destinadas a reglamentar el funcionamiento de institutos que conforman la base estructural del Estado de Derecho- ofrezca las máximas garantías de aplicabilidad, ecuanimidad, división de poderes y efectiva democracia.

Inexcusablemente, estamos desperdiciando una ocasión histórica para llegar a un consenso mayor. Si las pautas que reclamamos fueran tenidas en cuenta, hubiera sido posible llegar a una votación con mayores voluntades, al menos de quienes creemos en la necesidad de una ley definida según el diseño que esbozamos: una ley que no sirva para dirimir tensiones coyunturales sino, y por sobre todo, para saldar, desde hoy y hacia las próximas décadas, la enorme deuda que tenemos con la sociedad en materia de libertad de expresión.

Cordialmente.

Marcela V Rodríguez

Diputada Nacional

2 comentarios:

HEGEL dijo...

Siempre por algo se empieza, este es el primer gobierno en 26 años que modifica el sentido del decreto de la dictadura, a mi entender s iuno se pone en una posición extrema por ejemplo si hubiere un gobierno fascista o ultraconservador o confesional cualquier ley se podría ver modificada en su esencia, por ello si existe voluntad politica luego mediante leyes complementarias o modificatorias se podrán limar algunas cuestiones, pero este es el momento de hacer la ley y sólo este gobierno se animó a enfrentarse a estos muchachos, bien las objeciones pero para otro momento.

Anónimo dijo...

LA VERDAD..NO ME GUSTA EL COMENTARIO DE HEGEL, MENOS EL DE LA SRA DIPUTADA.

ES NECESARIO FUNDAMENTAR MI PÁRRAFO ANTERIOR? ESO ME PREGUNTO DESDE QUE LO ESCRIBÍ.

ME PARECE QUE SÍ, ME PARECE QUE NO, BUENO, ALGO DIRÉ.

LA DIPUTADA CRITICA LA LEY, PERO NO PRESENTÓ PROYECTOS ANTES, SÓLO PIDE MODIFICACIONES UNA VEZ QUE EL PROYECTO LLEGÓ A LA CÁMARA.

HEGEL, NO SÉ QUÉ ESTÁ DICIENDO, CÓMO QUE PARA OTRO MOMENTO? VAMOS POR TODO....PORQUE NOS TENEMOS QUE QUEDAR EN EL CAMINO, TIEMPO NO NOS SOBRA..SIEMPRE FALTA.

SALUDOS.
PLATÓN, PERDÓN, NICOLÁS ARAUJO.

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