El presidente de la Corte Suprema se burla del país y de la Justicia
Carta abierta de Alberto Binder (presidente de Inecip), Alfredo Pérez Galimberti (vicepresidente de Inecip) y Aldana Romano (directora ejecutiva de Inecip).
8 MAR 2018
No es admisible que después de
más de treinta años de democracia, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia presente a la sociedad una propuesta superficial y cosmética, que
banaliza el problema de falta de legitimidad e ineficacia del sistema judicial
federal en nuestro país. Ni siquiera los propios jueces se toman en serio lo
que ha dicho, burlándose colectivamente de quienes sufren esa ineficacia todos
los días.
Pese al mandato
ya aprobado de los legisladores, la reforma de la justicia penal se encuentra
paralizada. Los jueces no hacen nada para prepararse; la reforma de la justicia
oral avanza lentamente enredada en debates académicos y propuestas
conservadoras; el nombramiento de jueces sigue lento y arbitrario, mientras los
jueces con tribunales en mora cobran por hacerse cargo de otros tribunales en
mora y los jueces interinos proliferan en desmedro de la Constitución. Los
juicios con jurados populares que ya han incorporado otras provincias, ni
siquiera están en agenda. La modernización de la gestión es confundida con la
tecnología que viste de seda a la mona pero que mona se queda. La discusión
sobre las ferias y el horario encubre la falta de contracción al trabajo, la
escasa productividad y el abuso de licencias y de la feria misma. La Corte Suprema
no revisa su forma de funcionamiento, alguno de sus miembros ni siquiera
respeta sus fallos para prologar su pertenencia, mientras asume cada día tareas
impropias que ni siquiera cumple con eficacia.
Frente a este
panorama de frivolidad y corporativismo, convocamos a todas y todos los jueces,
fiscales, defensores, funcionarios y empleados hartos de trabajar en un sistema
sin legitimidad destinado a ser odiado por la sociedad argentina, a reclamar y
trabajar por una reforma integral de la justicia federal, que asuma, por lo
menos, los diez puntos siguientes:
1. La inmediata
y efectiva implementación en todo el país de la nueva justicia penal federal ya
aprobada.
2. La aceleración de la reforma de la justicia civil y comercial federal, su verdadera oralización y modernización.
3. Un impulso real y rápido del traspaso de la justicia nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la reorganización de toda la justicia federal en el país, para equilibrar las cargas de trabajo y evitar el contubernio entre la justicia federal y los gobiernos provinciales.
4. La reforma estructural del Consejo de la Magistratura para que cumpla su función de nombramientos transparentes y proteja al Poder judicial de la manipulación política, evitando los cambios corporativos que solo aumentan los números de miembros.
5. El cambio de la organización judicial en base a criterios de horizontalidad y multifuncionalidad y la participación efectiva de todos los jueces en el gobierno del Poder Judicial, para evitar el nuevo caudillismo y personalismo de sus autoridades, y profundizar su democratización interna.
6. Una verdadera y profunda modernización de la gestión judicial, mediante la creación de nuevas oficinas judiciales como ya existe en las provincias, y una incorporación tecnológica que sirva de apoyo a un nuevo modelo de gestión judicial y a un control de la productividad y eficacia del sistema judicial.
7. Una reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acentuar la deliberación, las audiencias públicas y el respeto a sus precedentes (por ella misma, entre otras cosas).
8. El establecimiento del juicio por jurados, como manda la Constitución Nacional.
9. El reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas y diseño de un programa de fortalecimiento, de lo que constituye el cuarto orden judicial del país (federal, provincial, municipal, indígena).
10. El fortalecimiento de los Ministerios Públicos, de modo tal que se garantice su autonomía y la periodicidad del nombramiento de sus titulares.
Esta agenda la
venimos sosteniendo desde hace muchos años y muchas personas, incluso
pertenecientes al Poder Judicial, han trabajado para llevarla adelante. Pero
pasan los años y los gobiernos prefieren negociar con los sectores más oscuros
de la justicia en lugar de transformarla, mientras que las autoridades
judiciales usan sus cargos para hacer política en lugar de promover el
mejoramiento del sistema judicial. También en este campo es hora ya de terminar
con los círculos viciosos, la oscuridad, el privilegio, la corrupción y las
grandes y pequeñas formas de abuso de autoridad.
Alberto Binder (Presidente de Inecip), Alfredo Pérez Galimberti (Vicepresidente de Inecip) y Aldana Romano (Directora Ejecutiva Inecip).
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