9 mar. 2018

LA "AUTOCRÍTICA" DE NUESTROS JUECES





En una nota en La Nación, titulada La mirada autocrítica de los jueces, en dos minutos, se les hizo una breve  entrevista a varios jueces, y se les plantearon dos preguntas:

1) ¿Cuáles cree que son las principales deudas de la justicia con la sociedad?

2) ¿Qué cambios le parecen prioritarios?

A continuación resumimos las respuestas de algunos jueces.

Bonadío, juez federal, agrandado después del guiño que le hizo Lorenzetti por la causa de la tragedia de Once, repitió el discurso del Supremo. Dijo que no son lo suficientemente eficaces para darle solución a todas las demandas sociales, y propuso —hasta la implementación del código procesal penal— procedimientos especiales para las causas complejas, citando causas de narcotráfico, corrupción y causas de accidentes con muchas víctimas. Se quejó de los "tiempos muertos" que significan las apelaciones.
En conclusión, la culpa es de los procedimientos y de los litigantes, que provocamos. "tiempos muertos" apelando las barbaridades que él hace. Cuando dice "todas las demandas sociales" está haciendo referencia a todo el poder judicial, no a él o a los jueces de su fuero.

Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, habló de la falta de una política judicial de Estado. Le pareció muy bien que se hable de las provincias. Dijo que existe una necesidad de la ciudadanía de tomar conocimiento directo de cómo funciona su sistema judicial, y que hay que simplificar y oralizar los procedimientos.
O sea, nada que no haya dicho Lorenzetti. Y parece olvidar la fuerte resistencia de los jueces a oralizar.

Norberto Casanello, juez federal, mencionó la lentitud de los procedimientos, las escasas sentencias penales definitivas. Elogió al ejecutivo por la voluntad de cambiar el código procesal.
O sea, no dijo nada, pero quedó bien con el gobierno.


Ercolini, juez federal: hay que comprometerse con brindar un servicio público, y proponer reformas legislativas pequeñas que agilicen los procesos.
Muy original el tipo.

Borinsky, casador federal: se debe buscar un servicio eficiente y al servicio de la sociedad, que requiere definir el catálogo de delitos más importantes: delitos de funcionarios, delitos vinculados con la inseguridad, delitos de narcotráfico, éste es el catálogo de lo trascendente. Para ello se necesita un código procesal ágil, que achique las etapas de discusión para la aplicación efectiva de la ley penal, y una gestión judicial acorde con el tiempo actual. Se exige transparencia.
¿No se olvidó de nada "trascendente"? El catálogo de  delitos parece el de Patricia Bullrich. De nuevo, la culpa es del mal legislador.


Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina: muchas veces no se puede resolver en tiempo y forma, pero hay que ver que las infraestructuras de los poderes judiciales no han acompañado el aumento de litigiosidad.
En síntesis, ellos no tienen la culpa de nada.

Como se puede ver, la autocrítica brilló por su ausencia, en todos los casos. Todos admiten la lentitud de los procesos, pero al proponer los cambios procesales —a los que suelen resistirse— suena como que todo es culpa del legislador. Ellos, en el fondo, no tiene la culpa de nada, como siempre.

Según los entrevistados, pareciera que en el poder judicial no hay corrupción, que tampoco hay jueces que se alinean rápidamente con el gobierno de turno. Se olvidan, entre otras cuestiones, que muchos hechos de corrupción no se persiguen porque no se quieren perseguir, que los sistemas de designación y destitución no funcionan, que la organización judicial colonial que tenemos tampoco  es culpa de ellos, que son responsables de la cultura del trámite y del expediente(1), etcétera... Pero ellos no hacen nada mal.

Ninguno de ellos mencionó las cuestiones de género o de derechos humanos, parece que no les importaran. En verdad, se nota que no les importan. Otra cosa, ¿cuándo se tomaron en serio la corrupción? ¿Me están jodiendo?

Pedirle que hagan una autocrítica como base para cualquier reforma es condenar intencionalmente esa reforma al fracaso. Lorenzetti justificó su decisión diciendo que lo hacía porque ellos tienen "la experiencia". Precisamente, tienen la experiencia de cómo no se deben hacer las cosas, de cómo llevar el servicio de justicia al estado actual. Buena idea, entonces, ponernos en sus manos...

La defensa corporativa que hacen de sus privilegios, por otro lado, es realmente desvergonzada, y ése es un tema que la ciudadanía no soporta. Es decir, no solo molestan esos privilegios, sino que molesta más aún cuando salen a defenderlos o reclamarlos.



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¿Será que son incapaces de registrar los problemas de la justicia y su responsabilidad en ellos? ¿Tan ciegos pueden ser? Hablan solo de los tiempos de los procesos, ¿no les preocupa el contenido de sus decisiones? ¿Por qué tantos papeles en ese lenguaje incomprensible? ¿Por qué tanto secreto? ¿Quieren ocultar su arbitrariedad? Repentinamente, hablan de transparencia, ¿quién ha hecho que el poder judicial sea el más oscuro de los poderes? ¿A qué se debe la impunidad de la violencia institucional? ¿A quién envían a prisión? ¿A quién sirven?












(1) Un excelente ejemplo de racionalidad judicial en este ejemplo de Julio B. J. Maier: "El problema se advierte en la anécdota que contábamos en el año 86 para mostrar el funcionamiento de los tribunales. Les voy a dar una idea de cómo se comunican dos jueces de la misma competencia, o, mejor dos fiscales, el fiscal 23 y el 24, por ejemplo. Vamos a suponer que el fiscal 23 necesita algo que le puede proporcionar el fiscal 24; por ejemplo, un expediente administrativo donde conste la compra de un revólver, y supongamos que lo necesita, por alguna razón vinculada con alguno de sus casos. Cada uno tiene un caso, lo digo porque caso se confunde con legajo de papeles, y si desaparece ese legajo de papeles, no tienen más un caso.

¿Cómo hace el pedido? Están ubicados uno al lado del otro; los separa una puerta que normalmente utilizan, por ejemplo, cuando uno le pregunta al otro que va a hacer esa noche. Pero claro, cuando tienen que pedir una cosa vinculada con el expediente, el fiscal 23 le escribe una carta al fiscal 24 y se la da a un empleado suyo que lo anota en un libro. Ese empleado también hace un recibo en otro libro que se llama libro de recibo. Con ese libro de recibo y la carta, el empleado sale de su oficina, da la vuelta y entra por la otra puerta a la fiscalía 24, allí un empleado firma en su libro de recibo, el primer empleado vuelve y deja el libro otra vez en la fiscalía 23. ¿Qué tiene que hacer el empleado de la 24? Tiene que anotar en un libro de entradas que ingresó esa carta, y agregar una serie de indicaciones. Luego pone la carta en un cesto de papeles para que alguien la lea. Primero la lee un pinche, que proyecta, por escrito, algún tipo de decisión sobre esa carta; por ejemplo escribe: “no te voy a mandar lo que me pedís porque lo necesito yo”, o bien “te voy a mandar lo que pedís”. Esto se escribe de la forma que normalmente se usa para escribir las decisiones judiciales. Le lleva el escrito a su fiscal. El fiscal la estudia y, si le parece bien, la firma. Vamos a suponer que no la modifica, o incluso que la dicta él mismo. Esta decisión, en caso afirmativo, dirá: “escríbase una carta a mi colega diciendo que acá tiene a su disposición lo que me pidió”. No terminamos, todavía tienen que proyectar esa nueva carta, porque hasta ahora sólo tenemos una decisión que dice: “líbrese oficio haciéndole saber a mi colega que es posible acceder a lo solicitado”. Ahora alguien tiene que proyectar ese oficio, esto demora tres cuatro días, escribir una carta no es tarea fácil. Una vez que está lista se la presenta de nuevo al fiscal y podemos suponer que el fiscal 24 cambia algo, pero, al final, la firma. Con la carta firmada, el empleado lo anota en el libro de entradas y le da de baja a la otra anotación diciendo que ya contestaron y hacen un recibo en su libro de recibos para que lo firmen del otro lado de la puerta diciendo que recibieron la respuesta a la carta. Después todo eso sigue y sigue hasta que mandan a alguien a buscar eso que piden y todo este ir y venir dura meses y meses; esto es lo que hacen todos los días en todos los tribunales y fiscalías. ¿Por qué no se lo pide por teléfono? ¿Por qué no golpea la puerta? En el caso de que se necesite una constancia; ¿por qué no limitarse a decir que el expediente lo tiene tal persona? Porque hay una desconfianza extrema y todos piensan que les van a robar el expediente. No hay forma de no seguir esos pasos. Ese funcionamiento burocrático nos confunde y nos hace perder de vista “el caso” creyendo que esa es la realidad y no lo que pide la ley que es que se persiga penalmente".








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