11 mar. 2018

VIOLENCIA Y ARBITRARIEDAD POLICIAL EN LOS BARRIOS POPULARES




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Toques de queda, detenciones ilegales y arbitrarias, maltrato físico, desapariciones, extorsiones, torturas, causas armadas, son todas prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad que se realizan en barrios populares y que difícilmente se realicen en barrios de clase media o alta. Las organizaciones llaman "hostigamiento" a todas estas prácticas. Y de ellas se ocupa minuciosamente este informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

El informe es producto de un proyecto coordinado por Paula Litvachky, que involucra a nueve organizaciones que realizaron la investigación, y fue redactado por María Florencia Alcaraz. El resultado final es realmente estremecedor. Se trata de prácticas violentas, arbitrarias y clasistas dirigidas mayoritariamente contra jóvenes de barrios populares que no son vistas como problemáticas por las autoridades responsables.

El informe se centra en los hechos cometidos por distintas fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Mendoza, entre otras. A continuación la transcripción de unos pocos párrafos de esta publicación.


En la Ciudad Autónoma de Buenos, entre 2012 y 2014, se registraron 7.458 detenciones por averiguación de identidad, según la Policía Federal. Sólo un 2% de estas detenciones derivó en una causa penal. Un 98% de las personas detenidas fueron liberadas sin que se les iniciara una causa, es decir, sin que se identificara algún delito o un pedido de captura luego de la detención.



Este panorama se agrava, aún más, con decisiones recientes que afectan de manera negativa la vigencia de derechos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, el fallo Vera de diciembre de 2015, donde el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad habilitó a la policía a detener sin orden judicial sin más motivo que la averiguación de identidad bajo supuestas facultades implícitas; es decir, por fuera de cualquier norma que explícitamente le otorgue esas facultades y sin límites o controles como los de la ley 23.950 que regula la detención por averiguación de identidad. Los jueces que fallaron en este sentido omitieron analizar los estándares fijados por la Corte IDH y las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el caso Bulacio vs. Argentina. De hecho, omitieron por completo la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las obligaciones del Estado argentino. Por otra parte, el Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales del Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó, en contradicción con el Código Procesal Penal de la Nación, a las fuerzas de seguridad a detener y realizar requisas sin orden judicial a partir del olfato policial y de información anónima.












Uno de los fenómenos que se reitera, y de manera más extendida en los barrios pobres, son las interceptaciones policiales, las demoras y las detenciones sin orden judicial en las que no hay una situación de delito flagrante. A pesar de ocurrir en las calles, a cualquier hora y a la vista de todos, la gran mayoría se vuelven invisibles porque quedan por fuera de todo registro. Solo se pueden reconstruir a partir de los relatos de quienes son víctimas y de otros actores que forman parte de la trama barrial.
    
“Cuando interceptamos a una persona lo hacemos en base al olfato policial. Les pedimos documentos y procedemos a revisarlos… la elección surge del hecho de que si pasaron dos veces por el mismo lugar y está la persona en actitud sospechosa, si cuando ellos pasan los miran y se persiguen”, dijo un integrante del Comando de Prevención Comunitaria de La Plata.















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En los últimos años aumentó la cantidad de denuncias y consultas por este tipo de casos. Cuando la policía “arma causas”, los familiares y vecinos perciben el hecho como una arbitrariedad insoportable y rompen con cierta naturalización de la injusticia que existe en estos barrios. Este tipo de abusos se denuncia y visibiliza más que otros que son tanto o más graves. Para la Policía Bonaerense se trata de un recurso para “sacarse de encima” a los jóvenes que “molestan”. Por ejemplo, aquellos que saben que están vinculados al mundo del delito pero no les pueden atribuir ningún hecho en concreto. O bien porque son jóvenes que conocen de cerca el funcionamiento ilegal de la policía. También para resolver conflictos personales con ciertos jóvenes. O para suplir las falencias del ineficiente desempeño policial durante la investigación, sobre todo cuando se trata de casos conmocionantes en los que existe presión social, política y/o mediática para encontrar una resolución rápida.
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Las consecuencias más graves de estas prácticas se explican por la connivencia o convalidación judicial de estas actuaciones policiales ilegales. Es grave y violatorio de múltiples derechos que inocentes sean sometidos a condenas a prisión por varios años —inclusive a cadenas perpetuas— por malicia o imprudencia de las agencias del sistema penal.


En las comisarías de todo el país, las violencias hacia las personas detenidas son parte de las rutinas de los agentes policiales desde hace décadas. Los maltratos que comienzan en la calle con la interceptación continúan durante el traslado en móviles policiales y el paso por la comisaría. También en las garitas que sirven como postas de las fuerzas de seguridad federales como Gendarmería o Prefectura Naval los jóvenes de las villas porteñas denuncian que “los encierran para molerlos a palos”.
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Golpes de puño en todo el cuerpo, trompadas, patadas, esposas, gas pimienta, picana eléctrica, simulacros de fusilamientos y amenazas explícitas de muerte: son algunas de las formas que adopta la violencia institucional cuando los jóvenes de los barrios pobres están bajo custodia. A la violencia física y psicológica se suma la ausencia de asistencia médica, la denegación de visitas, el impedimento de contacto con familiares y el acceso a alimentos.



El resultado del mapeo de las políticas destinadas a trabajar sobre estas relaciones conflictivas, en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe, fue desolador. No existen estrategias específicas para abordar este problema por parte de las autoridades con responsabilidad política sobre la seguridad, es decir por parte de los ministerios o secretarías de seguridad. Es más, el conjunto de situaciones que se relatan en este informe ni siquiera es visualizado como un problema por las autoridades ni por los policías. La cuestión para ellos, en todo caso, es la “delincuencia juvenil” y la única solución es más policía.


El informe se puede ver o descargar de aquí.





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