DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA: 6 LEYES QUE NO SON UNA "REFORMA"

La Procuradora General de la Nación Gils Carbó ha dicho: 

que la reforma "apunta a que la justicia esté verdaderamente al servicio de la comunidad", de ahí su necesidad y sobre todo porque se requiere un cambio cultural, "para que los jueces empiecen a comprender los dilemas sociales que subyacen en cada caso" (Prensa Latina).

La verdad es que este paquete de seis proyectos no representan ni una reforma judicial, y mucho menos un cambio cultural.

Uno de los proyectos que ha generado mayores críticas ha sido el de las medidas cautelares. En este proyecto, finalmente, se modificó el art. 2, inc. 2, conforme a la porpuesta presentada por el CELS.

La redacción original del art. 2 decía:

El inciso 2, finalmente, se modificó por el siguiente:

La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental.

Además, el texto del proyecto original del art. 17 decía:

La otra modificación fue un agregado como último párrafo al art. 17 para indicar que lo antes expuesto como limitación para los cautelares:

... no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación.

Estos "parches" al "gran parche" que significa este proyecto, como dijimos, no representa cambio cultural alguno y, además, se equivoca respecto del problema a solucionar.

El problema de las cautelares no es la duración de la vigencia de estas medidas, sino, exclusivamente, el plazo irrazonable de los procesos en el marco en el que ellas son dictadas.

De allí que este combo de proyectos que carece de toda unidad político-judicial, y que solo significa retoques que no atacan los problemas estructurales de la administración de justicia, deje de lado el problema central: la extensión desmesurada de los plazos de tramitación de prácticamente todos los casos dentro de la administración de justicia.

Éste es el gran problema que afecta a los habitantes que acuden al poder judicial para intentar que se solucionen sus conflictos. El cambio cultural que Gils Carbó invoca para justificar estos proyectos, nada tiene que ver con ellos.

El verdadero cambio cultural que democratizará la administración de justicia pasa por la adopción de procedimientos orales en los cuales los jueces deben escuchar directamente a los involucrados, en el marco de un proceso ágil, no burocrático, accesible a todos, público, y en el cual los jueces deben justificar sus decisiones frente a los usuarios de la administración de justicia.

Cualquier otra política judicial, por más que introduzca modificaciones en sí mismas, positivas, no es otra cosa que un agradable maquillaje para establecer "más de lo mismo", como sucede claramente con el proyecto de las tres cámaras de casación multi-rubro.

Ninguno de estos proyectos acerca la justicia a todos los habitantes. El trámite kafkiano, los plazos y procedimientos irracionales, la opacidad de la prácticas de la justicia, la distancia entre el lenguaje judicial y el lenguaje de los habitantes, los edificios laberínticos, seguirán estando allí, para continuar encubriendo las arbitrariedades cotidianas de esa "justicia ilegítima" que muchos "legítimos" dicen que se debe erradicar.