PROHIBIDO, prohibido... PROHIBIDO

¿HAY BUENOS RAZONES PARA QUE QUERELLE EL PEN EN LA TRAGEDIA DE ONCE?

DOCUMENTO PARA EL DEBATE

Razones Contra La Querella Del PEN en La Tragedia de Once

¿LA JUSTICIA EN CRISIS? (6)

Del otro lado de nuestra justicia

Por José I. Irazusta*

Cuando pensamos quietamente o nos planteamos con ingenuidad balbuceante, el derecho que innegablemente deberíamos tener todas las personas simples a la justicia que, como deber inalienable, nos debería proveer el Estado. Casi automáticamente nos remitimos al papel de víctimas de delitos. No contenidas ni comprendidas por un “Sistema Judicial” que da vista de numerosos signos de agobio, abarrotamiento e impericia.

Pero del otro lado de esta interpretación rumorosa, tan ampliamente extendida y difundida con vehemencia y a grandes títulos por los musculosos defensores del intocable estado de las cosas; con sus frecuentes pedidos de endurecimiento de las penas y baja en las edades de imputabilidad. Hay otras visiones, más oscurecidas y con muchísima menos aceptación entre las tibias y sencillas personas que caminan por las calles de los pueblos y ciudades; haciendo sus habituales compras en los distintos tipos de tiendas o yendo a los templos de sus distintos credos, con absoluta y desprevenida distracción amable.

Hay otra cotidianeidad que da vueltas de carnero por los incontables rincones obscenos de estas tierras de vírgenes morbosamente manoseadas.

Inicialmente lejos de los púdicos despachos ornamentados con balanzas y mujeres ciegas, que pretenden aludir a una equidad que se da de cara con la realidad, y con cruces que remiten a injusticias lejanas, marchan los crucificados de estos días.  

Caminan por sus lugares de miseria esparcida, donde nuestras sociedades cúbicas, los preparan desde sus pequeñas y miserables cunas rodeadas de heces, para que desarrollen sus vidas como carne de presidio, carne de tumba, carne podrida.

Ahí, en los pantanos, donde los rayos del simpático y sonriente sol de la pretendida “República” no llegan; nacen nuestros condenados, sin primario derecho a juicio, ni al más mínimo amague de debida defensa.

De esos arrabales embarrados se los extrae con alguna excusa, casi siempre escasa de sentido, para hacerles dar un paseo por alguna celda de comisaría, y más temprano que tarde, apilarlos en unos edificios desproporcionados que se suelen dar en llamar graciosamente “preventorios”.

Allí, en esas descorazonadas instituciones, aceptables para las autoridades que detentan el ejercicio del poder en el sector; se los cocina a fuego lento en el desprecio y el maltrato, que los terminara por volver, casi con seguridad, irremediables.

Porque determinados dolores, padecimientos y crueldades, no encuentran remedios, sino paliativos, con una gruesa cantidad de efectos colaterales. Y son esas sustancias, las que por lo general comenzaron ayudando en el trabajo, y con frecuencia asisten en su conclusión.

Desde el sentido común no pareciera difícil encontrar soluciones más razonables a las vigentes.

Pero es innegable que la razón pierde por grosera paliza en lo que a estas lides, y a tantas otras, se refiere.

- ¿Pero no todos los pibes que nacen envueltos en los desordenados residuos de nuestras comunidades, caen en la delincuencia?

- ¿Es una suerte, no? 

(*) Agradecemos especialmente a José Irazusta, autor del blog XTRATONO.

CONTROL JUDICIAL DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Los jueces no pueden ser seleccionados

en forma discrecional y arbitraria

Por Mario Juliano

Llega a nuestra conocimiento una valiente resolución adoptada por el Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien en una causa promovida por Marcelo Zarlenga ha decretado una medida cautelar ordenando la suspensión en la jura como integrante de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata de Javier Gustavo Mendoza (recordemos que se trata del ex director del Servicio Penitenciario Bonaerense).

La causa se origina en una larga lucha que viene llevando adelante Marcelo Zarlenga en reclamo de motivación republicana a la hora de conformar las ternas por el Consejo de la Magistratura y seleccionar a los candidatos a jueces.

Obviamente solo se trata de una medida cautelar (falta resolver el fondo de la cuestión), pero  la exigencia de motivación de estas resoluciones tiene "humo de buen derecho" y nos hace esperanzarnos en la consolidación de métodos más republicanos y transparentes a la hora de elegir a los jueces.

Medida cautelar contra decisión del Consejo de la Magistratura

GIL LAVEDRA, JAIME, Y EL OREJUDO OYARBIDE

RICARDO GIL LAVEDRA SOBRE NULIDAD DE PERITAJES  EN “CASO JAIME”

El Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR expresó su profunda preocupación por la noticia de la declaración de nulidad de los peritajes efectuados sobre las computadoras secuestradas en el marco de la investigación instruida por el juez Oyarbide contra el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, en razón de las presuntas irregularidades en el manejo de la evidencia ocurridas en el ámbito de la División de Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina.

Gil Lavedra señaló que “nuestro país experimenta grandes dificultades para juzgar los delitos cometidos por funcionarios públicos y presenta niveles preocupantes de opacidad en el manejo de los fondos públicos que, en repetidas ocasiones, han merecido críticas de los organismos internacionales. La excesiva duración de los procesos que, casi inexorablemente, conduce a la prescripción y la impunidad, la falta de capacitación, o en ocasiones directamente la connivencia, de los operadores del sistema y la falta de recursos son sólo algunas de las causas de este fenómeno, que se ve perpetuado por la oposición persistente del Gobierno nacional a cualquier iniciativa que pretenda cambiar el panorama.”

“Además, –continuó- es inadmisible la demora del juez Oyarbide en resolver un aspecto vinculado a la validez de una prueba dado que el planteo de la defensa era del 2010. El juez de instrucción es el director de la investigación y, en tal carácter y mientras no se avance hacia un sistema procesal que asigne esa facultad exclusivamente a los fiscales, no puede limitarse a monitorear lo que hace la policía. Su responsabilidad primaria es conducir de modo eficiente y rápido las pesquisas, lo que en este caso, de modo evidente sugería actuar con prontitud, controlar más estrechamente el accionar policial, u garantizar la integridad de los elementos de cargo, dado que se investigan hechos de corrupción de poder ejecutivo cuya investigación no puede asignarse livianamente a otra agencia del mismo poder investigado.  De otro modo, todo indica que el oscuro desempeño de Ricardo Jaime y sus allegados, solo será alcanzado por una investigación federal torpe, fallida y lenta".  

“Asimismo manifestó que “llamativamente, en esta oportunidad, la irregularidad que podría frustrar el avance de algunos de los procesos contra una de las figuras emblemáticas de la corrupción gubernamental más reciente, proviene del propio ámbito del Poder Ejecutivo. La inconveniencia de utilizar a las fuerzas de seguridad para investigar a funcionarios públicos encumbrados ha sido señalada en innumerables oportunidades. De hecho, constituye uno de los fundamentos centrales por los que hace años reclamamos infructuosamente la creación de la policía judicial. Las supuestas dificultades operativas, que según ha trascendido, experimenta la mencionada división de la PFA dan cuenta, además, de un modelo de gestión de las fuerzas centrado casi exclusivamente en la delincuencia callejera e incapaz de brindar apoyo a investigaciones complejas.”

El Presidente del Bloque de Diputados Nacionales radicales agregó: “Si deseamos revertir este pesado pasivo que venimos arrastrando y que afecta gravemente la confianza del pueblo en las instituciones debemos comenzar por enfrentar con más seriedad este tipo de procesos y generar las condiciones institucionales para que prosperen. Por ello exigimos a las autoridades competentes que realicen una urgente y exhaustiva investigación de las responsabilidades de todo orden que podrían resultar de las irregularidades cometidas en el manejo de la evidencia y requerimos que la Sra. Ministra de la Nación, Dra. Nilda Garré, informe, a la mayor brevedad posible, a esta Honorable Cámara sobre las condiciones de funcionamiento de la División de Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina y las medidas adoptadas para revertir su presunto déficit operacional.”

Finalmente expresó con pesar: “resulta una cruel coincidencia que la decisión de juez Oyarbide se haya hecho pública el mismo día de la tragedia ferroviaria de Once, la cual dejó en evidencia las consecuencias atroces de la corrupción, desinversión y complicidad del Estado”.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012.

¿LA JUSTICIA EN CRISIS? (5)

LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Por Pablo SALINAS

Los jueces deben pagar Osep porque ocupan la obra social, los jueces deben durar 4 años en sus cargos pues los principios republicanos exigen la periodicidad en los cargos públicos.

Los jueces deben redactar con lenguaje claro sus sentencias porque viven y son parte de una sociedad que necesita entenderlas y que tiene el derecho a entenderlas.

La sociedad debe participar en el modelo de justicia de la Nación y de la Provincia. En efecto, una sociedad que tiene el deber de participar en un juicio en carácter de jurado empezará a mirar y entender la justicia y el derecho de otro modo.

Una sociedad que participa en la elección de legisladores y de gobernador también es una sociedad que tiene que participar en la justicia, el juicio por jurados esta en nuestra constitución y debe ser cumplido.

El Poder Judicial es el poder mas feudal de los tres poderes. El Poder Judicial no tiene periodicidad en sus mandatos. No responde mas que al juicio político de sus miembros. Estas características feudales deben cambiar.

En efecto, para que nuestra calidad institucional sea cada día mejor necesitamos una justicia mas democrática.

Para una justicia mas democrática necesitamos periodicidad en los mandatos, necesitamos juicios por jurados, necesitamos elección popular de los Fiscales.

Para que el Poder Judicial recupere su lugar en la sociedad no alcanza con una Corte Nacional prestigiosa como la que tenemos. Hace falta una Camara de Casación Penal prestigiosa cuyos integrantes lleguen a esos altos cargos por concurso y no por componendas.

Necesitamos también un Poder Judicial Provincial con juicio por jurados con defensor general. Argentina tiene un Procurador General que es Esteban Righi y una Defensora General que es Stella Maris Martinez. ¿Por  qué Mendoza no tiene un defensor general? ¿Por qué nuestro modelo institucional privilegia al Procurador Fiscal por sobre el Ministerio Público de la Defensa? Tanto que se mira a Chile, en Chile el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal tienen el mismo y equitativo lugar.

Necesitamos un Defensor General ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, como también necesitamos un Defensor del Pueblo e instituciones que generen cambios profundos.

Un gobernador radical se comprometió a crear el Defensor del Pueblo, el Procurador Penitenciario y el Mecanismo contra la Tortura, una legislatura de un gobierno justicialista ratificó dicho acuerdo ante la Corte Interamericana. ¿Por qué no se cumple ?

Estas palabras van dirigidas a todos los mendocinos que creemos que una Mendoza con mayor calidad institucional es posible, a los que creemos que la defensa de los derechos humanos no es una proclama sino que es necesariamente una consecuencia de la existencia de mecanismos institucionales adecuados que ayuden a protegerlos.