te lo advertimos...

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28 de jul. de 2011

INSCRIBITE SHHHAAAA!




Temas: narración de casos, descripciones de objetos, puesta en escena, punto de vista, tipos de narrador, personajes redondos versus personajes planos, diálogos & gestos, flujo de conciencia, arco dramático.


Metodología: en la primera parte de la clase los talleristas presentarán textos propios para ser analizados y comentados entre todos, mientras que en la segunda se leerá o bien un texto de un autor reconocido o se explicará algún aspecto teórico de la narrativa, con la idea de explorar la “cocina” de la escritura, sumar herramientas y discutir ideas.


Jueves, de 19.30 a 21.30 (encuentros quincenales)

Comienza el 11 de agosto

Costo: $150 mensuales

En zona Alto Palermo

Cupos limitados


Dictado por Christian Rodriguez: blogger y escritor (publicó Raro, 2010), traductor (para editorial Anaya, revista Orsai, Google) y docente en talleres de escritura y análisis de texto desde el 2005.


Informes, inscripción: crodriguez@gmail.com


DELEGACIÓN A LA CARTA

Irina Hauser sigue destapando ollas











De la nota de Irina Hauser en Pagina/12 del 28 de julio de 2011


En Tribunales están expectantes por el estudio que encargó el procurador Esteban Righi para determinar el derrotero de las distintas investigaciones. La decisión de los jueces de retener determinados temas, en el centro de la polémica.


Desde hace años, jueces y fiscales discuten quién de ellos debe llevar la batuta en las investigaciones judiciales. Lejos de apaciguarse, esta pelea de poder histórica entró en su momento más álgido justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno. La denuncia de un fiscal federal, quien señaló manejos “arbitrarios” de Sus Señorías, encendió una alerta en la Procuración General de la Nación –cabeza de todas las fiscalías–, que puso en marcha un relevamiento sobre el derrotero de los expedientes en todo el país y un análisis estadístico sobre la injerencia de los fiscales...


¿Cuál es el eje de la discordia? Los fiscales acusan a los jueces de manejar los expedientes a su antojo, de regular los tiempos, de meterse de lleno cuando un tema les interesa por su capital político o de delegárselos cuando les incomoda por sus implicancias, o porque no saben por dónde empezar, o como castigo o bien porque perdieron en las apelaciones en Cámara o porque se hartaron...

El fiscal que se animó a plantear la necesidad de encauzar la controversia fue Federico Delgado. Lo hizo ante la Cámara Federal y, dos semanas atrás, ante la Procuración General. Sostuvo que los jueces no aplican un criterio “general” para encomendar las investigaciones a las fiscalías, pese a que la ley da ciertos parámetros, sino que hacen un uso “arbitrario” y “abusivo” de esa potestad de delegar las causas, “lo que va en desmedro de cualquier democratización del proceso penal” y “afecta la autonomía del Ministerio Público (las fiscalías)”. Todo esto, advirtió, “afecta el trabajo diario”.


El tironeo suele darse en distintos fueros, pero en el federal tiene la peculiaridad de que los denunciados-investigados suelen ser funcionarios públicos, exponentes del poder económico o represores de la última dictadura. Según el papel que quieran adoptar, el momento político y las perspectivas del caso, los jueces asumen o ceden las investigaciones.


Para ponerlo en ejemplos: Norberto Oyarbide delegó en la fiscalía de Carlos Rívolo la reconstrucción del patrimonio de Ricardo Jaime, pero maneja sin intermediarios la megacausa de los medicamentos que apunta a casi todas las obras sociales sindicales, igual que la del espionaje porteño. Cuando tuvo la de un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa sólo la delegó después de más de dos años, tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli contra el archivo. La jueza María Servini de Cubría le delegó a Guillermo Marijuán la causa de la bolsa de Felisa Miceli cuando la ex ministra aún estaba en funciones, pero se quedó el año pasado con la denuncia de Cinthia Hotton sobre supuesta compra de votos para la aprobación del Presupuesto, que al final cerró. La jueza siempre procuró ocuparse en persona de las causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos. La mayoría de los jueces federales han intentado capitalizar sin delegar las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado.


En el fuero ordinario, la causa sobre el presunto intento de sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra estuvo más de cinco meses a cargo de la fiscalía, primero de Mariano Solessio y luego de Sandro Abraldes, y en cuanto este último pidió indagatorias en mayo, el juez Luis Rodríguez asumió la pesquisa y ordenó más medidas de prueba antes de resolver nada.


Fin del extracto de la nota

Por favor, no se confundan. Nos parece muy bien la decisión de Delgado, y también la del Procurador General Esteban Righi de investigar estas prácticas de dudosa legalidad. Sin embargo, nos preocupa que la investigación se dé en el marco de una lucha de poder entre jueces y fiscales. Esperamos sinceramente que solo sea una casualidad, y que el ministerio público fiscal actuará nuevamente de este modo en cualquier supuesto, aun si no involucra un enfrentamiento entre jueces y fiscales.

26 de jul. de 2011

¡QUE ALGUIEN SE HAGA CARGO DE FALBO!

AUN CUANDO HA CAÍDO EN UNA ESCANDALOS DENUNCIA
POR LA COMISIÓN DE UN GRAVE DELITO,
TODOS SE ABREN DE GAMBAS




En un nuevo capítulo del cambalache judicial bonaerense, nadie se queire hacer cargo de la denuncia penal contra la Procuradora Falbo. Un poco de huevos ahí.

Si tuvieras un mínimo de decencia renunciarías, Falbo.



Alguien les puso freno a esas órdenes tácitas que logran cajonear expedientes, pero que no se escriben en fojas oficiales. Lo cierto es que hoy se cumple una semana de la estrepitosa denuncia penal radicada por un fiscal platense contra la procuradora general María del Carmen Falbo, en lo que denominó “un agravamiento que va de la habitual política del garrote sobre sus subalternos a una maniobra delictiva”.


El escándalo, además de la trama judicial, podría tener profundas implicancias políticas, dada la estrecha relación que mantendría Falbo con Aníbal Fernández, que se remonta a la época en que el jefe de Gabinete era intendente de Quilmes y, ante la requisitoria de la Justicia, tuvo que salir escondido en el baúl de un auto (ver aparte).


El encuadre legal de la denuncia que involucra a Falbo es “coacción agravada y tráfico de influencias”, en una presentación sin precedentes en la Justicia provincial, y que además sindica a tres altos funcionarios del Ministerio Público y a dos fiscales de La Plata. Sin embargo, ante la magnitud de la denuncia, la causa no tuvo trámite alguno.


Conscientes de estar ante un fierro caliente entre sus manos, jueces y fiscales comenzaron a excusarse aludiendo a distintos motivos: “Por amistad o conocimiento con el denunciante”, “porque el denunciante había trabajado en una determinada dependencia”, o porque “a la fecha del hecho estaba otra fiscalía o juzgado de turno”.


Así, la causa pasó su primera semana sin juez ni fiscal. Es decir, sin que ningún magistrado al menos dictara alguna medida para preservar u obtener pruebas, como documentos, archivos, grabaciones o pericias telefónicas. Es que semejante escándalo se conoció el lunes pasado, cuando el fiscal del Departamento Judicial de La Plata Leandro Heredia entregó a los medios de prensa cuatro archivos de audio y una filmación con cámara oculta, en la que aparecía un subsecretario de la Policía Judicial, identificado como Pablo Farías, como el enviado de altas autoridades de la Procuración con la propuesta de ofrecerle al fiscal Heredia que presentara la renuncia a su cargo, a cambio de no ir preso.


Fuente y nota completa: DiarioHoy



25 de jul. de 2011

EL CASO DE IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA





Ignacio Rodríguez Varela es hijo desde hace 42 años, hermano de cinco mujeres y dos hombres, padre de siete niñas y niños, esposo de María del Pilar, amigo de muchísimas personas, compañero de trabajo de otras tantas. Ha trabajado 23 años en un poder judicial y un ministerio público que hoy le han sido esquivos. Desde hace 18 años se desempeña como docente de derecho penal y procesal penal en la UCA. Actualmente con el cargo de profesor protitular —sería similar al cargo de profesor asociado de nuestra Facultad—. Entre 1993 y 2003 trabajó como profesor de cursos en la Asociación de Magistrados, dando cursos de nivel medio y superior. Ha realizado el curso de postgrado de Especialización en Derecho Penal, y actualmente reviste la calidad de doctorando, apadrinado por el Prof. Enrique Aguirre Obarrio. Como si con esto no le alcanzara, Ignacio ha terminado de cursar la carrera de profesorado medio y superior. En 1993 fue designado Secretario de la Fiscalía, cargo que ocupa hasta la actualidad.

Describiremos brevemente dos prácticas sistemáticas de los órganos que intervienen en el proceso de designación de jueces y fiscales para demostrar la discriminación de la que ha sido objeto Rodríguez Varela.

I. Ternas y designaciones

Desde hace más de cinco años, Ignacio Rodríguez Varela ha concursado en un variedad de puestos, tanto dentro del poder judicial como del ministerio público fiscal. Así, IRV participó en el Concurso 120 (juez de instrucción); Concurso 39 (Fiscal de la Procuración General); Concurso 51 (Fiscal de Instrucción); Concurso 168 (camarista en el fuero Penal Económico); Concurso 170 (Juez de Instrucción); Concurso 251 (juez de la Cámara del Crimen); y Concurso 244 (juez de Tribunal Oral Criminal). Como se puede ver, concursó en diversos fueros, instancias y competencias por materia. En todos esos concursos ocupó un lugar destacado.

De hecho, en todos esos concursos se disputaban 29 cargos. Ignacio Rodríguez Varela integró 27 de las ternas para esos cargos, seis en primer lugar, diecisiete en segundo lugar, y cuatro en tercer lugar. Al día de hoy solo quedan dos cargos cuyos pliegos no han sido enviados al Senado, y Rodríguez Varela aún no ha sido propuesto por el PEN para ninguno de los 27 cargos (ver Anexo “A”).

Y lo que es peor, en los 25 cargos ya resueltos y cuyos pliegos han sido remitidos al Senado, en veinte oportunidades se remitió el pliego de quien estaba inmediatamente por debajo de Rodríguez Varela en el orden de mérito (ver Anexo “A”).

II. Un concurso anulado ilegalmente

Ignacio Rodríguez Varela obtuvo la segunda calificación entre 32 candidatos en el examen del Concurso 140, para ser juez federal. Superó así a todos los concursantes que se desempeñaban como jueces, fiscales y secretarios del fuero de la vacante. Tras conocerse el orden de mérito en 2006, el concurso permaneció demorado hasta ser enviado a revisión por un jurado de notables que confirmó las correcciones en 2007. Dado que la gran mayoría de los concursantes habían obtenido pésimas notas, se decidió convocar a una junta de notables para revisar la corrección del examen, corrección que fue ratificada en 2007.

Hubo un caso parecido, el concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, en el que el Consejo resolvió lo contrario y acaban de remitirse los candidatos al Poder Ejecutivo. En este caso, los resultados del examen fueron aún peores: sólo aprobaron dos de los 16 concursantes. Al igual que en el concurso de los juzgados… pero nadie pidió la nulidad de esta decisión (La Nación, 13/4/2008).

El verdadero motivo, en realidad, fue dicho explícitamente por Diana Conti:

El Consejo de la Magistratura anuló ayer los trámites del concurso más antiguo y de mayor relevancia política que tenía para resolver: el que estaba destinado a cubrir las vacantes del fuero federal de la Capital, donde se tramitan las principales causas por corrupción. La decisión se tomó por iniciativa de la diputada kirchnerista Diana Conti, sobre tablas, cuando estaba terminando la sesión del plenario y ya no quedaba en la sala ninguno de los consejeros representantes de los jueces, que se habían opuesto a que el concurso se anulara.

Esta medida permitirá que vuelvan a concursar para tres juzgados de alta importancia política candidatos que habían sido aplazados en el examen escrito y relegará a los que lo habían aprobado, que mayoritariamente no cuentan con la simpatía del Gobierno. Conti argumentó que éstos no eran lo suficientemente buenos para armar con ellos las ternas que el Consejo debe remitir al Poder Ejecutivo (La Nación, 12/9/2008).

III. Las razones de la exclusión/proscripción de Ignacio Rodríguez Varela

Para cualquiera que pretenda verificar las razones de esta discriminación en perjuicio de Ignacio Rodríguez Varela, basta con preguntar, por son un “secreto a voces”. En este sentido, escribió Mirna Goransky:

Le pedí a Ignacio que me dijera cuáles eran las razones por las cuáles el creía que no lo designaban, y tiene la casi certeza de que se trata de un caso de “portación de apellido”. En cuanto a su padre, me dijo que:

“fue Decano de la Facultad de Derecho de 1972 a 1973, Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires (equivale a la Procuración del Tesoro nacional) de 1976 a 1978, Ministro de Justicia de 1979 a 1981, y Rector de la Universidad de Buenos Aires en 1982; luego defensor de Videla en diversos procesos penales”.

Su condición de “hijo”, según me dicen, ha sido la señalada de manera unánime como causa de la discriminación; lo dicen algunos funcionarios en forma expresa cuando alguien pide que se preste atención a su situación. Ante ello Nacho ha presentado un recurso de amparo basado en que la discriminación, el trato evidentemente desigual y la imposibilidad de sostener que las once veces en las que se pasó por arriba la decisión de los jurados obedece a la idoneidad constitucional. La Cámara en lo Contencioso administrativo le reclama en su sentencia la prueba fehaciente de la razón de la discriminación…

Ignacio me escribe diciendo que:

“todo indica que no me quieren designar por portación de apellido, y es posible también que mi actuación en las fiscalías y en aquel año en el Ejecutivo me ganaran enemigos por otras razones[1][1], pero desde 1993 cuando fui designado Secretario y arrancamos luego con el gordo Pepe [Campagnoli] nuestras batallas, tengo una legión de enemigos por el estilo; bienvenidos sean, porque se trata de tratantes de blancas internacionales; algún juez y todos los que lo sostienen que es otra legión; una multitud de comisarios generales, mayores y menores; otra multitud de políticos corruptos, como aquel presidente del consejo deliberante, Pico, al que le dieron 14 años de condena, hecho que motivó mi primer bolilla negra de parte de un juez de la vieja Corte en 1997 cuando me quisieron nombrar en la CSJN para integrar la secretaría especial para la causa de la embajada; esto además de una multitud de bandas de piratas del asfalto, de empapeladores, de peligrosos secuestradores y otras asociaciones ilícitas que llegaron a nada menos que 20 condenas por ese delito casi imposible; agregále a esto a toda esa legión de tribunalicios apachorrados y maliciosos que nos odian desde que se nos ocurrió la aventura de la Fiscalía de Distrito; no te olvides que éramos la única fiscalía que, por ejemplo, era salteada en el turno de tres jueces a pedido de ellos y por decisión de un camarista que les hizo caso, eran Moundjian, Madjoubian y Muratorio, los tres se tuvieron que ir o fueron echados. Por lo demás, jamás fui impugnado en los larguísimos y penosos trámites de esos 12 concursos por NADIE, ni siquiera por los que luego se ocupan de llenarle la cabeza a Zaninni para que entregue la mía. Les salgo muy barato”.

Estas afirmaciones de Rodríguez Varela se han visto confirmadas, entre otras circunstancias, por lo dichos del Prof. Mariano Silvestroni:

“Es vox populi que a Rodríguez Varela le pusieron la bolilla negra.

Yo participé en un concurso en el que me fue muy bien, y a Rodríguez Varela también, pero "radio pasillo" decía: a) quienes eran los "elegidos" para ganar las dos vacantes (con independencia de los méritos y del examen); b) que RodrÍguez Varela no iba a ganar porque era "hijo de".

Renuncié al concurso mediante una nota cortita en la que decía, palabras más palabras menos, que el concurso era irregular. Y eso me consta, al menos en lo que atañe al modo en que se conformó la terna y se eligió a los ganadores. Lo de la discriminación, repito, es sólo "radio pasillo", pero lo saben todos los que alguna vez participaron en algún concurso en el que también estaba Rodríguez Varela. Tengo guardadas las pruebas que demuestran la irregularidad de ese concurso y de otro más, que retratan como funciona el consejo de la magistratura Kirchnerista.

Mi nombre es Mariano Silvestroni”[2].

Todos estos hechos están documentados y verificados por diversos medios de prueba que han sido presentados ante la justicia.



[2] http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4295441449680824176&postID=6092004256226182148.





Anexo "A"

23 de jul. de 2011

ENTREVISTA A GARGARELLA













Me parece valioso que haya mucha reflexión sobre el tema; en todo caso me interesa discutir contra los contenidos y me parece que la discusión deja mucho que desear, y que también el discurso de la intelectualidad oficialista deja mucho que desear.


Yo pediría en todos los casos una mirada más crítica, irenunciable en términos de defensa de derechos, y me parece que eso falta, que hay una idea de encerrarse, abroquelarse y proteger algo, como si afuera estuvieran dando vuelta demonios, cuando en realidad la funicón del intelectual es asumir un punto de vista crítico.

21 de jul. de 2011

RELATORÍA CONTRA CONDENAS PENALES DE PERIODISTAS

CONTRA LAS CONDENAS PENALES
PARA CRIMINALIZAR LA EXPRESIÓN








COMUNICADO DE PRENSA R71/11





RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN
POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA EN PERÚ



Washington D.C., 20 de julio de 2010. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal impuesta el 6 de julio al periodista de la cadena América TV, Hans Francisco Andrade Chávez, por el delito de difamación agravada.


De acuerdo con la información recibida, el Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén sentenció al periodista a dos años de prisión, a pagar 4.000 nuevos soles como reparación civil (equivalente a unos US$ 1.460) y a cumplir 120 días multa por haber supuestamente difamado al subgerente de Servicios Públicos del Chepén. La sentencia ordenó al periodista difundir con sus propios recursos una rectificación y un desagravio público por el mismo medio de comunicación, durante dos días. El periodista y su abogado anunciaron que apelarán la decisión. El caso se originó en una entrevista que Andrade hizo a principios de marzo a una dirigente política local quien en varios medios de comunicación acusó al subgerente de haberla amenazado de muerte. Sin embargo, el acusador demandó solo al comunicador de América TV.


La Relatoria Especial ha manifestado su preocupación por la aplicación del delito de difamación en Perú a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos. Esta situación es aún más preocupante cuando la persona acusada es el comunicador que entrevista a una denunciante, en el marco de la cobertura de una información de interés público.


La formulación de denuncias o la expresión de opiniones contra funcionarios públicos o contra quienes han ejercido cargos públicos se encuentra protegida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quienes ejercen o han ejercido cargos públicos tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y de cuestionamiento, justamente porque voluntariamente asumieron la administración de importantes responsabilidades públicas.


El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece: "La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".


La Relatoría Especial hace un llamado a las autoridades judiciales competentes de Perú a tomar en cuenta los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión, en la resolución del caso de Hans Francisco Andrade Chávez.

CONTRA LOS BLOGGERS...


Comunicado de Prensa R69/11








COMUNICADO DE PRENSA

R69/11


RELATORIA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE BLOGUERO EN BRASIL Y RECONOCE LA RÁPIDA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA INVESTIGAR EL CRIMEN


Washington D.C., 14 de julio de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del comunicador y dirigente político brasileño, Edinaldo Filgueira, y resalta la rápida actuación de las autoridades para investigar el crimen y capturar a los presuntos autores. Filgueira fue asesinado el 15 de junio en la localidad de Serra do Mel, estado de Río Grande do Norte.


De acuerdo con la información disponible, tres hombres se acercaron a Filgueira cuando salía de su trabajo y le dispararon en al menos seis ocasiones. Filgueira había sido presidente del Partido de los Trabajadores en Serra do Mel y escribía en un blog sobre asuntos políticos y regionales. Recientemente había publicado un artículo en el que criticaba a autoridades comunales, por el cual habría recibido amenazas de muerte.


En una rápida reacción, el 2 y 3 de julio las autoridades capturaron a cinco personas que podrían estar involucradas en el asesinato y decomisaron armas y municiones que podrían haber sido usadas en el atentado. Los fiscales responsables de la investigación han manifestado a medios brasileños que el ataque contra Filgueira habría sido motivado por sus publicaciones.


La Relatoría Especial resalta la diligente acción institucional y espera que el Estado brasileño continúe las investigaciones para identificar y detener a los autores intelectuales del asesinato, llevar a juicio a los sospechosos y sancionar a los responsables. Para la Relatoría Especial es imprescindible que los Estados actúen de manera pronta y decidida con el fin de combatir la impunidad de estos crímenes y prevenir así que los mismos se sigan produciendo.


El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".


19 de jul. de 2011

CON LAS TERNAS TAMPOCO SE JODE


CON OREJUDOS COMO ESTOS,
¿PARA QUE DARLE PELOTA A LAS TERNAS?





Los concursos en los que participó Ignacio Rodríguez Varela
(en amarillo los designados por el PEN)


Concursos Nº 120, 39, 51 y 168




Concursos Nº 251 y 244



Concurso Nº 170

¡QUÉ NO SE VA A PODER CREER!

ACUSAN A FALBO POR EXTORSIÓN
PROLIJITA LA PROCURADORA...



Leandro Heredia, fiscal platense, denunció haber sido extorsionado para dejar su cargo. "Si no, te va a ir muy mal" le habría dicho Pablo Farías, Subsecretario de Polícia Judicial, quien habría actuado en nombre de la Procuradora, María del Carmen Falbo. Heredia lo confirmó a la web LaTecla.info/

"Esto es una política de persecución de Falbo, él mismo lo dice , que Falbo ha tocado a mucha gente para eliminarlo del Poder Judicial", contó Heredia. "Siempre me trató con encono, nunca le gustó mi cara o mi forma de actuar", recordó el fiscal.

"En los últimos dos años me he transformado en un ser maquiavélico que no sabe trabajar una causa", estimó Heredia. La Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, y el Subsecretario de Polícia Judicial, Pablo Farías, fueron denunciados por el fiscal platense Leandro Heredia por extorsión.


En diálogo con LaTecla.info el letrado confirmó la denuncia y dijo que "espera la detención de Farías" porque "las pruebas son contundentes". Además, adujo que "esto es gravísimo dentro del Poder Judicial" y que pidió protección personal para él y su familia.


Según relató el propio fiscal a este portal, "el día 28 de junio se ha presentado en mi despacho un funcionario de la Procuración, dependiente de la Policía Judicial, quien mediante intimidación y amenaza me pidió o me sugirió a viva voz, en un tono cortante y enérgico, que me convenía renunciar a mi cargo de fiscal porque si no me iba a ir muy mal".


••••••••••••••••••••••••

Ya nada me extraña de esta mujer. Con total desvergüenza le dijo a la hija del Dr. Felipe Glasman que ella nada podía hacer respecto del fiscal del caso.

¡Tenemos un país generoso!

La Procuradora General de la Suprema Corte no posee, a nuestro juicio, las calificaciones que debería tener para ocupar un cargo tan relevante.

18 de jul. de 2011

"PLAZO RAZONABLE" PARA ENVIAR EL PLIEGO AL SENADO

CORRÉ, CORRÉ...








El último post de Gustavo Arballo se titula:


Eligiendo jueces: de la terna a la designación, cuánto se tarda


Una de las conclusiones más increíbles a las que llega Arballo en esa entrada es, para mí, más que cuestionable. Dice Gustavo:


Mi valoración es que hasta un año sería un plazo razonable que el Ejecutivo puede tomarse en elegir, y un plazo que yo como candidato ternado no vería excesivo, de modo de que los 13 meses podría ser un margen de tolerancia aceptable.


En esa entrada dejé este comentario:


Gustavo:
Buenos datos, pero tu "plazo razonable" me parece irracional.

Suponte que te revoleo treinta ternas esta tarde. Mañana te invito a desayunar, ¿cuánto tiempo nos podría llevar descular los treinta candidatos usando tu telefóno con una mano y Mr. Google con la otra?

Trataré de demostrarlo a propósito de un post que estoy preparando.


La respuesta de Gustavo fue:


Gustavo Arballo dijo...

Hacer lo hacemos, pero ojo capaz que sale cualquier cosa Alberto.



Miremos cómo se resolvieron las siete ternas del Concurso 120, enviado al Poder Ejecutivo en marzo de 2006:



Terna 1/120

Terna 2/120

Terna 3/120

Pintos

Rongo

Rofrano

Rongo

Rofrano

R.Varela

Rofrano

R.Varela

De Campos


Terna 4/120

Terna 5/120

Terna 6/120

Terna 7/120

R.Varela

R.Varela

R.Varela

R.Varela

De Campos

Decaria

Ríos

López

Decaria

Ríos

López

Martínez


Las tres primeras se resolvieron por quienes ocupaban el primer puesto en cada una de ellas. Las cuatro restantes, en las cuales Ignacio Rodríguez Varela se hallaba en primer lugar, se resolvieron designando a los cuatro ternados que se hallaban en segundo lugar, detrás de Rodríguez Varela. La designación y remisión de pliegos al Senado se realizó en noviembre de 2006. Es decir, ocho meses más tarde.


Veamos ahora que sucedió con el concurso 170.


Terna 1/170

Terna 2/170

Terna 3/170

Terna 4/170

Montanaro

Montanaro

Montanaro

Montanaro

Klappenbach

Peralta

R. Varela

R. Varela

Peralta

R Varela

Quian Zavalía

Zucconi

Terna 5/170

Terna 6/170

Terna 7/170

Terna 8/170

Montanaro

Montanaro

Montanaro

Montanaro

R. Varela

R. Varela

R. Varela

R. Varela

Lopez

Ormaechea

De Santo

Slupsky

Terna 9/170

Terna 10/170

Terna 11/170

Montanaro

Montanaro

Montanaro

R. Varela

R. Varela

R. Varela

Palmaghini

Bernan

Rappa


Como se puede apreciar a simple vista, en un concurso por once cargos, se resolvió según los siguientes criterios. Se ignoró en once oportunidades al candidato que estaba en primer lugar en las once ternas. En las dos primeras ternas se designó a quienes seguían en segundo puesto. En las nueve ternas restantes se eligió a quienes estaban en tercer lugar, debajo de Rodríguez Varela.


Estas ternas fueron elevadas al PEN el 15 de julio de 2010, y los pliegos fueron remitidos al Senado un año más tarde, en julio de 2011. A pesar de que se elevaron al PEN el 15 de julio, no fue hasta dos meses más tarde, el 15 de septiembre de 2010, que fueron publicadas para el trámite de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se justifican estos dos meses para un simple trámite administrativo?


No encontramos ninguna razón que justifique estas demoras. Es más, creemos que se debería limitar la discreción del PEN de dos maneras diferentes. En primer término, se debería regular un plazo razonable pero sustancialmente menor, como, por ejemplo, treinta días desde que termina el trámite de las impugnaciones, para que los pliegos sean remitidos al Senado. Por otra parte, el/la presidente debería justificar las razones de la designación cuando no elija al candidato ternado en primer lugar, como se hace en la Provincia de Santa Fe[1].



[1] La terna o propuesta que se eleva al Poder Ejecutivo es vinculante en cuanto a su composición plenamente, ya que no podrá apartarse de los propuestos para seleccionar al candidato. Si bien el gobernador puede modificar el orden de mérito, para seleccionar al segundo o al tercero debe hacerlo expresando las razones. http://www.consejomagistratura.santafe.gov.ar/

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