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28 jul. 2011

DELEGACIÓN A LA CARTA

Irina Hauser sigue destapando ollas











De la nota de Irina Hauser en Pagina/12 del 28 de julio de 2011


En Tribunales están expectantes por el estudio que encargó el procurador Esteban Righi para determinar el derrotero de las distintas investigaciones. La decisión de los jueces de retener determinados temas, en el centro de la polémica.


Desde hace años, jueces y fiscales discuten quién de ellos debe llevar la batuta en las investigaciones judiciales. Lejos de apaciguarse, esta pelea de poder histórica entró en su momento más álgido justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno. La denuncia de un fiscal federal, quien señaló manejos “arbitrarios” de Sus Señorías, encendió una alerta en la Procuración General de la Nación –cabeza de todas las fiscalías–, que puso en marcha un relevamiento sobre el derrotero de los expedientes en todo el país y un análisis estadístico sobre la injerencia de los fiscales...


¿Cuál es el eje de la discordia? Los fiscales acusan a los jueces de manejar los expedientes a su antojo, de regular los tiempos, de meterse de lleno cuando un tema les interesa por su capital político o de delegárselos cuando les incomoda por sus implicancias, o porque no saben por dónde empezar, o como castigo o bien porque perdieron en las apelaciones en Cámara o porque se hartaron...

El fiscal que se animó a plantear la necesidad de encauzar la controversia fue Federico Delgado. Lo hizo ante la Cámara Federal y, dos semanas atrás, ante la Procuración General. Sostuvo que los jueces no aplican un criterio “general” para encomendar las investigaciones a las fiscalías, pese a que la ley da ciertos parámetros, sino que hacen un uso “arbitrario” y “abusivo” de esa potestad de delegar las causas, “lo que va en desmedro de cualquier democratización del proceso penal” y “afecta la autonomía del Ministerio Público (las fiscalías)”. Todo esto, advirtió, “afecta el trabajo diario”.


El tironeo suele darse en distintos fueros, pero en el federal tiene la peculiaridad de que los denunciados-investigados suelen ser funcionarios públicos, exponentes del poder económico o represores de la última dictadura. Según el papel que quieran adoptar, el momento político y las perspectivas del caso, los jueces asumen o ceden las investigaciones.


Para ponerlo en ejemplos: Norberto Oyarbide delegó en la fiscalía de Carlos Rívolo la reconstrucción del patrimonio de Ricardo Jaime, pero maneja sin intermediarios la megacausa de los medicamentos que apunta a casi todas las obras sociales sindicales, igual que la del espionaje porteño. Cuando tuvo la de un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa sólo la delegó después de más de dos años, tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli contra el archivo. La jueza María Servini de Cubría le delegó a Guillermo Marijuán la causa de la bolsa de Felisa Miceli cuando la ex ministra aún estaba en funciones, pero se quedó el año pasado con la denuncia de Cinthia Hotton sobre supuesta compra de votos para la aprobación del Presupuesto, que al final cerró. La jueza siempre procuró ocuparse en persona de las causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos. La mayoría de los jueces federales han intentado capitalizar sin delegar las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado.


En el fuero ordinario, la causa sobre el presunto intento de sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra estuvo más de cinco meses a cargo de la fiscalía, primero de Mariano Solessio y luego de Sandro Abraldes, y en cuanto este último pidió indagatorias en mayo, el juez Luis Rodríguez asumió la pesquisa y ordenó más medidas de prueba antes de resolver nada.


Fin del extracto de la nota

Por favor, no se confundan. Nos parece muy bien la decisión de Delgado, y también la del Procurador General Esteban Righi de investigar estas prácticas de dudosa legalidad. Sin embargo, nos preocupa que la investigación se dé en el marco de una lucha de poder entre jueces y fiscales. Esperamos sinceramente que solo sea una casualidad, y que el ministerio público fiscal actuará nuevamente de este modo en cualquier supuesto, aun si no involucra un enfrentamiento entre jueces y fiscales.

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