Seguirá
siendo un organismo burocrático, repleto de personal y cada vez más trabado en
su propia lógica corporativa, alejado de la sociedad y atrapado en la lógica
judicial y sus “operadores judiciales” oscuros. Para destrabarlo hay que ir en
sentido inverso, reduciendo sus miembros, y reformarlo de raíz en su
funcionamiento cotidiano.
Alberto
Binder, Frase grande, plan pequeño.
I.
Introducción
La necesidad imperiosa de democratizar y reformar la justicia es algo que
no necesita demasiadas justificaciones y que hemos señalado reiteradamente
desde hace tiempo. Nada tenemos en contra de esta indiscutible necesidad, razón
por la cual las críticas que haremos no pueden ser leídas como voluntad de
mantener el estado de cosas. Por el contrario, lo que queremos señalar es qué
problemas presentan estos proyectos, pues no permitirán la real reforma que se
proclama. Más allá de ello, por supuesto que algunos de estos proyectos
contienen reformas positivas que consideramos muy afortunadas.
Es importante destacar que el término "proceso de
reforma" es usado en el sentido de modificación sustancial del sistema de
administración de justicia. Por el contrario, no hay “reforma” si los cambios consisten
en dotar de mayor eficiencia administrativa a los órganos del viejo sistema o
en transformaciones parciales que no afectan las bases de ese sistema, como
sucede, por ejemplo, con varios proyectos que la presidente Cristina Fernández de Kirchner ha enviado al
Congreso de la Nación.
El término “reforma” no debe ser entendido, entonces, como una serie de
modificaciones dirigidas a reestructurar o reconfigurar el procedimiento o la
organización judicial anterior —o los textos normativos que los organizaban—,
sino como una transformación que afecta los componentes fundamentales de la
estructura de la administración de la justicia en sentido amplio.
Proponemos un análisis que, si bien
no puede dejar de lado los aspectos políticos de las decisiones plasmadas en
estos proyectos, parte de la premisa de la buena fe presidencial.
II. Los
nuevos tribunales casatorios
Uno de los seis proyectos que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al
Congreso como parte de su plan para "democratizar la justicia" crea
tres tribunales de casación:
1. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
2. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad
Social.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
Sin debate parlamentario alguno, gracias a la desaparición de los
senadores de la oposición, el proyecto obtuvo dictamen favorable y podrá ser tratado
en el recinto la próxima semana. El principio del trámite de este proyecto
—junto con el de elección popular de los miembros del Consejo de la
Magistratura—, por decirlo de algún modo, no ha sido de los más prolijos. Si se trata de contemplar la necesidad
de democratizar la justicia, cuanta mayor razón que nunca para proponer un
debate vigoroso de estos proyectos y de mostrar una actitud receptiva
de las opiniones de diversos sectores, instituciones y personas.
En este sentido, parece que se estuviera desprovechando una oportunidad
única: nos referimos al debate que la presidente ha generado a partir de sus
expresiones referidas a la justicia.
Como nunca antes, el debate ha trascendido
las esferas jurídicas y ha llegado a las personas que son víctimas de nuestra
administración de justicia; como nunca antes, la crítica también
proviene del interior de los principales órganos involucrados en la
administración de justicia —poder judicial, ministerio público fiscal y
ministerio público de la defensa—.
Los fundamentos del polémico proyecto son los siguientes:
• En el Estado constitucional de derecho, el derecho al recurso es un
medio de protección de los principios y valores del bloque de
constitucionalidad en el caso concreto.
• El recurso es parte de la garantía fundamental de la tutela judicial
efectiva.
• El retraso de los procesos judiciales genera una situación irregular.
• Las modificaciones del proyecto están llamadas a revertir tal situación.
El proyecto establece cuatro causales de procedencia del recurso:
1) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva;
2) Arbitrariedad;
3) Inobservancia de las formas procesales esenciales; y
4) Unificación de la jurisprudencia.
III. Los
problemas
Como hemos destacado, se afirma que las reglas de este proyecto
"están llamadas a revertir" la situación irregular generada por el
"retraso de los procesos judiciales". Sin embargo, en el proyecto no se prevé medida alguna
para acelerar el trámite procesal.
En este sentido, si ése es el problema que se pretende solucionar se
debería haber previsto la modificación sustancial de la estructura del proceso.
Pensando exclusivamente dentro de la lógica del proceso escrito con el que se
manejan los fueros de las tres cámaras de casación que el proyecto crea, una disminución drástica de las
resoluciones recurribles sería una medida razonable.
A pesar de ello, no solo se ignora este problema sino que además, se crean tres tribunales que solo pueden
generar mayores retrasos y, al mismo tiempo, elevar los costos de litigio, afectando gravemente el derecho de
acceso a la justicia de las personas de menores recursos. Esta
consecuencia de lo dispuesto en el proyecto no democratiza nada sino que, por
el contrario, agrava la situación de los sectores más desfavorecidos para
acceder a la justicia.
Por lo demás, ni siquiera se
avanza en materia de modelo procesal. Ya que se decide crear tres
nuevos tribunales que no cumplen las mismas funciones que la de tribunales
creados con anterioridad, se dan las mejores condiciones para regular una
práctica procesal transparente, oralizada, pública y no burocrática. Pero nada
de eso se previó.
Ya hemos escuchado el argumento de que "por algo hay que
empezar", pero ello no justifica no tomarse el tiempo necesario para
regular algo tan trascendente como un tribunal de casación, especialmente con
el papel que en el proyecto se les asigna.
Recordemos, además, el tiempo necesario para corregir errores en el poder
judicial cada vez en que se generan nuevos órganos. Como ejemplo, basta
mencionar el terrible daño que Menem
hizo a la justicia penal cuando creó la Cámara Nacional de Casación Penal y la
llenó de "esperpentos" (Arslanián
dixit). Por eso, el argumento de "por algún lado debemos comenzar" no es
válido. Solo sería aceptable si no se profundizara, con nuevos
tribunales, un poder judicial organizado jerárquicamente, burocrático y lleno
de privilegios.
IV.
¿Justicia ilegítima?
En los fundamentos del proyecto se menciona la obligación estatal de
garantizar a todos los habitantes el derecho "a la tutela judicial
efectiva".
Si éste es uno de los fundamentos —quizá "el" fundamento— del
proyecto, esto implica aceptar los siguientes presupuestos:
a) Las cámaras de apelaciones cuyas resoluciones revisarán los nuevos
tribunales no resultan capaces de dar "una respuesta jurisdiccional
adecuada y efectiva a favor de quienes padezcan un agravio imputable a una
decisión jurisdiccional grave y ostensiblemente antijurídica";
b) la solución a esta incapacidad de las cámaras de apelaciones consiste
en crear nuevas cámaras que revisen su decisión; y
c) estas nuevas cámaras, cuyos integrantes serán designado por el mismo
mecanismo, que actuarán con las mismas reglas de procedimiento y que tramitarán
los casos con los mismos plazos, sí serán capaces de garantizar el derecho a
"la tutela judicial efectiva".
Lo terrible de estos puntos de partida —el primero de ellos ha sido
asumido de manera expresa desde el
interior del mismo poder judicial— es que se
pretende reformar una grave situación institucional con más de los mismo: nuevos
tribunales, más jueces. Y ésta es, precisamente, la
"solución" reclamada por las cúpulas de los tres fueros. Aquí hay
algo que hace ruido...
V. Los
fallos de las cámaras multi-rubro
Por último, otro tema preocupante es el de las decisiones plenarias, que
darán poder vinculante a las decisiones de los nuevos casadores y casadoras.
Más allá de la más que cuestionada constitucionalidad de los fallos plenarios, resulta irracional que, en nuestro
sistema jurídico, los fallos de la CSJN no sean vinculantes, y los de las
cámaras de casación sí lo sean.
Además, tampoco se comprende la
creación de la causal de "arbitrariedad". Esta causal genera
muchísima litigiosidad e inseguridad jurídica, por diversos motivos. En
primer lugar, se generará una tendencia que hará que los abogados fundemos
nuestros recursos en la causal de
arbitrariedad, lo que tornará muchos más imprecisos los fundamentos de nuestra
impugnación.
En supuestos de recursos por arbitrariedad, se genera un problema
adicional. El tribunal cuya sentencia se impugna, que es quien debe realizar el
examen de admisibilidad formal, deberá analizar, si se invoca la arbitrariedad,
la cuestión de fondo —y no formal— de la arbitrariedad de su propio fallo. Esto
generará rechazos generalizados, y un trámite más complejo, que necesariamente
incluirá la presentación de la queja. Todo lo contrario de lo que el proyecto
de ley pretende lograr.
La seguridad jurídica que dice buscarse en los fundamentos del proyecto
será de imposible alcance si se agrega una nueva causal de procedencia del
recurso ante las cámaras de casación multi-rubro. Nada hay más arbitrario, vago
y discrecional que un supuesto de "arbitrariedad".
Este supuesto, creado de modo pretoriano por la CSJN —que ahora no sabe
muy bien que hacer con él pues es una de las razones de la saturación de casos
pendientes de resolución—, por lo demás, disminuye la calidad de los escritos
recursivos de los litigantes.
Como regla, los fallos que invocan la causal de arbitrariedad para
revocar la sentencia recurrida son supuestos que necesariamente quedan
abarcados en el supuesto de motivación del fallo impugnado. Recordemos, por
otra parte, que la creación de la doctrina de la arbitrariedad se debe aplicar
de modo excepcional ante un tribunal como la CSJN, cuya competencia a través
del REF es de por sí, claramente limitada.
No se comprende, entonces, qué necesidad existe de prever legalmente una
causal de impugnación que tantos problemas y tanta inseguridad jurídica ha
provocado.
VI. Para
acabar
En fin, la creación de tres cámaras de casación multi-rubro generarán más
problemas que soluciones, provocando mayores demoras, un aumento sustancial del
costo de los litigios que reducirá aun más el acceso a la tutela judicial de
los derechos de las personas más desfavorecidas, y profundizando aún más un
modelo de justicia jerárquica, burocrática e inaccesible.
Se ha omitido, en este tema, todas las posibilidades que la situación
permitía de modificar sustancialmente las prácticas del modelo de justicia que
se pretende erradicar. Cualquier intento serio y reflexivo de reforma de la
administración de justicia no puede dejar de lado la imperiosa necesidad de
oralizar los procedimientos. Nada se ha hecho en este sentido.
Las tres nuevas cámaras de casación multi-rubro no democratizarán nada.
Una vez más, los tribunales consolidarán prácticas que se preocupan más por un
montón de papeles, antes que de los derechos de los habitantes, especialmente
los de aquellos que cuentan con menores recursos.
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