LA JUSTICIA FEDERAL por LETICIA LORENZO

La justicia federal:

esa pobre vieja sola y enferma que lucha contra el olvido

por Leticia Lorenzo

Aclaración inicial 1: Escribo este texto por el cariño y gratitud que tengo con Alberto Bovino. Él junto al otro gran Alberto (Binder) son dos de las personas que me han enseñado que siempre hay que creer que las cosas pueden ser mejores (aun cuando hablemos de “justicia” “federal” y “cambio”). Obvio: la tercera es mi mamá.

Aclaración inicial 2: Tengo claro que en el ámbito de la justicia federal hay incontables personas comprometidas y laboriosas, llenas de ganas de mejorar y que a diario ponen mucho esfuerzo por hacer de esos espacios lugares mejores. Digo esto porque el umbral de ofensa suele ser bajo y aun cuando en el desarrollo de estos textos por lo general nos referimos a estructuras más que a personas individuales, no falta quien quiere aclarar que está dentro del ejército de “les distintes”. Así que sí: hay gente maravillosa hasta en la justicia federal.

Uno. Introducción

El 10 de diciembre asumió un nuevo presidente en la Argentina. Y en su discurso inicial ante el parlamento dedicó una porción importante a referirse en forma específica a la justicia federal y sus necesidades de reforma. Es una buena noticia escuchar a quien ocupa el cargo más alto de la nación referirse a la necesidad de la importancia de contar con una justicia independiente, transparente, eficaz, acorde a los mandatos constitucionales, democrática.

Y escuchar todas esas ambiciones para la justicia federal es lo que nos lleva, una vez más, a pensar que quizá sea posible algún tipo de transformación que permita acercarse en alguna medida a un sistema acorde a aquellos valores anunciados.

Hay dos segmentos en el discurso de Alberto Fernández que quisiera señalar en esta introducción porque creo que son alertas para el debate sobre qué tipo de transformación queremos y cómo debe llevarse a cabo:

Segmento 1: “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años” afirmó el presidente al iniciar sus referencias a la justicia.

Más allá de lo nefastos que han sido los últimos años en la justicia federal argentina, citando a la gran Mafalda yo diría que no fue “el acabóse” sino que fue “el continuóse del empezóse de ustedes”. Personalmente llevo algo así como 26 años observando y trabajando en sistemas judiciales. No recuerdo un solo día en que la justicia federal no haya estado deteriorada en este país. Mis queridos Albertos llevan algunos años más que yo intentando e intentando e intentando desde distintos lugares, con diversas personas, a través de múltiples estrategias (que van desde los Premios Petiso Orejudo hasta la prédica constante y el involucramiento directo en las discusiones sobre las reformas necesarias) promover cambios en la justicia federal. Y allí sigue ella, como el título de este artículo.

Digo esto al inicio porque no podemos pensar que hay que reformar un sistema que “se deterioró en los últimos años”. Hay que intervenir sobre un sistema que lleva décadas de deterioro institucional que en determinados momentos históricos ha permanecido en una forma más “neutral” y en otros momentos (como el reciente) ha funcionado como una máquina inconstitucional perfecta. Un sistema deteriorado de origen. 

Segmento 2: “Aprovechar valiosos y mayoritarios recursos que hoy existen en nuestro sistema de justicia, de modo de terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de las instituciones” culmina el Presidente en el segmento de su discurso dedicado a la justicia. 

Me encanta esa parte del discurso porque me parece similar a la segunda aclaración que hice al inicio de este texto: el umbral de ofensa bajísimo de les judiciales hace que al momento de hacer críticas debamos hacer aclaraciones interminables sobre lo buena, comprometida, valiosa y etcétera, etcétera, etcétera que es una porción enorme de la gente que trabaja en la justicia federal. Como lo buena, comprometida, valiosa y etc., etc., etc., que es la mayoría de la gente que trabaja en los medios de comunicación pese a que las fake news sean un enorme problema de la época y no tengamos claro si hablamos de libertad de expresión o de libertad de empresa. O como cuando tenemos que hacer la aclaración sobre lo buena, comprometida… que es la mayor parte de la gente que integra la administración pública pese a que… y así podría seguir durante varios párrafos más. 

Más allá del ejército de bondad que integra la justicia federal, la realidad es que ese “sector minoritario” hace que la justicia federal sea aquella del título de este texto para una parte importante de la población. Probablemente ello se deba a que no se trata de una cuestión de “recursos mayoritariamente valiosos” vs. “mancha ominosa de un sector minoritario” porque no se trata de personas sino de estructuras organizacionales montadas y consolidadas durante décadas para reproducir una forma de administrar las leyes que está totalmente alejada de cualquier cosa que pudiéramos pensar similar a “justicia” y mucho más arrimada a todos esos Nunca Más que tan bellamente describió nuestro presidente. 

En definitiva, creo que es importante asumir de partida para encarar una transformación judicial federal que este sistema no tiene “problemas recientes” generados por un “pequeño sector que la integra”. Tiene un problema de raíz en su conformación, su diseño, las prácticas instaladas y arraigadas alrededor de su diseño, todos aspectos tendientes a reproducir un sistema espantoso que a veces queda en punto muerto y a veces avanza a toda velocidad. Y un adicional: es un sistema que también permite, por ese diseño, prácticas y cambios de velocidad, que ese “pequeño sector que mancha” quede siempre en posiciones de decisión. Con lo cual el enorme ejército de la bondad tiene muy pocas chances de generar cambios sustanciales.

Dos. Qué funciona mal con la justicia federal 

Todo.

Parece mentira tener que seguir refiriendo cuestiones básicas que impiden un buen funcionamiento de cualquier sistema judicial: jueces que investigan, expedientes que reemplazan personas, plazos que no existen, uso abusivo de prisiones preventivas, formatos de trabajo basados en la escritura, estructuras de organización de sus integrantes completamente disfuncionales (pero muy adecuadas para la delegación de funciones), incorporación de figuras como el famoso “arrepentido” con un uso absolutamente desatinado. Y una cierta cuestión un tanto mágica que recorre el sistema y lleva a muches de sus integrantes a pensarse como parte de una especie de “nobleza judicial” intocable. 

Se me dificulta mucho pensar que después de tantas décadas de grandes procesalistas escribiendo y explicando en todos los formatos posibles por qué no es compatible con el debido proceso un sistema en el que el juez investiga y toma las decisiones, sigamos conviviendo con la figura del juez de instrucción en la justicia federal. En estos años de sistema funcionando a máxima velocidad en lo que mejor puede hacer con esa estructura, poco hemos discutido sobre el accionar de les fiscales. Los (y lo digo en masculino porque han sido todos hombres) protagonistas principales de las páginas judiciales han sido jueces. Principalmente jueces de instrucción. Jueces que han iniciado investigaciones y desplegado medidas en consecuencia. Y que luego han decidido la suficiencia de esas investigaciones. Claro: cómo no vamos a encontrarnos con estas pantomimas de juicios que terminan en absoluciones si la misma persona que realizó  “la investigación” es la que decide que esa investigación es suficiente para realizar un juicio. Y es esa misma persona la que define si acepta o no medidas propuestas por la defensa en el transcurso de la investigación; a quien probablemente le dirá que no. Entonces encontramos también la ridiculez de que recién EN EL JUICIO la defensa puede solicitar medidas de investigación que habrían permitido evitar el juicio. Lo escribo y me indigno. La única razón por la que esto puede suceder y funcionar como si nada, es por la poca importancia que le damos como ciudadanes al conocimiento y funcionamiento de la administración de justicia. Con lo que nos encanta la analogía con la medicina, el sistema funciona enviando a quirófano a pacientes que aún no se han hecho el análisis previo de orina, para enterarse recién cuando están anestesiados que tienen una infección urinaria que impide realizar la operación. La base de todo este entuerto está en seguir sosteniendo a jueces encargados de investigar, controlar y decidir sobre lo que elles mismes han investigado. 

Del problema de raíz que implica la investigación a cargo de les jueces, se derivan dos temas que agravan aún más la situación: el método del expediente y el juzgado feudo. 

El expediente como método de trabajo propio del sistema implica una intermediación entre el conflicto, las personas y las decisiones que causaría risa si no fuera una verdadera tragedia del funcionamiento judicial. No importan tanto las personas como las constancias escritas en los expedientes. No es relevante la sustancia sino que es esencial cuidar “las formas”. El caso “pesa” la cantidad de “cuerpos” que se forman en el expediente (aun cuando luego, si queremos ver la sustancia real de esos “cuerpos” encontraremos que la mayoría del papel utilizado en su conformación se vincula con comunicaciones de trámite de dos renglones, algún que otro sello y alguna que otra firma). 

Sin referirme al enorme daño ecológico que significa seguir sosteniendo el formato de trabajo del expediente en este siglo, me interesa señalar el daño que este método genera en términos de respuestas judiciales:

• Favorece el secreto. Pensar un sistema transparente y conservar el expediente como método de trabajo es totalmente incompatible. En principio, acceder al contenido de un expediente es una tarea de difícil realización. Pero además, si se logra acceder, entender de qué se trata lo que contiene precisa múltiples traducciones. Siempre quedará la posibilidad de darle sentido distinto, explicaciones distorsionadas y apelar a aquello del “volumen de la causa” como justificación de la pertinencia de su contenido (cuando como he dicho, el volumen tiene muchísimo más que ver con trámites sin sentido que con información relevante para tomar decisiones).

• Lentifica los procesos. El trámite básico intermediado por el expediente implica que alguien presenta algo por escrito, el juzgado le da trámite por escrito a esa presentación (con un determinado plazo, que se cumplirá si la providencia está en nuestro favor), “traslada” esa petición a la otra parte (le comunica que existe esa presentación, también por escrito), la otra parte responde ese “traslado” (también por escrito) y finalmente hay una decisión “del juzgado” por escrito. Una dinámica similar se da cuando “el juzgado” toma una decisión en un expediente: se comunica por escrito a las partes, quienes pueden responder y etc. etc. etc. Esto va sumando una cantidad interesantísima de papelitos en el expediente que le van dando aquel volumen. Y consume un tiempo bastante difícil de justificar en la época en que todes coordinamos prácticamente todo por WhatsApp. Que no panda el cúnico: no quiero que avancemos hacia procesos virtuales vía red social (por ahora). Pero sí me parece tremendo el contraste entre la discusión, coordinación y decisión en nuestra vida cotidiana y el funcionamiento de las decisiones en el ámbito judicial federal. Me quedo con el tema del tiempo porque claro: si todo tiene que tener esa dinámica de paloma mensajera, no resulta extraño que en estos días aun estemos discutiendo sobre los procesos que se iniciaron contra el presidente Menem… y seguramente hay algunos anteriores que aún están dando vueltas en el “colapsado” sistema federal.

• Posibilita el alegato de oreja. Con un modelo secreto y lento, es más importante contar con una agenda de contactos bien nutrida que tener capacidad argumentativa y persuasiva. El hecho de que los procesos judiciales transcurran con esas dinámicas recién descritas hacen muy difícil entender cuál fue el proceso específico que llevó a la toma de una decisión. Es incontrolable saber si las partes hablaron con alguien en el juzgado, si tuvieron una reunión con el juez o jueza, si fue una reunión en solitario o estuvieron ambas partes. Es muy difícil. Este método de trabajo (insisto: más allá del ejército de bondadoses integrantes individuales del sistema) implica la posibilidad de sospechar permanentemente sobre cuáles fueron las razones por las que se tomó una decisión en uno u otro sentido.

• Entroniza a la “informante” o “fuente” judicial. En un tramo de su discurso el Presidente habló de la necesidad de terminar con los linchamientos mediáticos en causas judiciales. Yo no sé si esa pueda ser una meta de la transformación del funcionamiento del sistema judicial (para decirlo brevemente, los medios de comunicación tienen un formato de construcción de la verdad que difiere del formato propio del proceso judicial), pero sí estoy segura que este formato de trabajo potencia la posibilidad de generar intrigas y traiciones mediáticas sobre lo que sucede en los procesos judiciales. Básicamente porque todas estas características implican que el acceso a la información se convierta en casi un “privilegio” y a que les periodistas que trabajan temas judiciales deban buscar “fuentes” indirectas de lo que sucede, que tendrán sus propias agendas e interpretaciones y brindarán información de acuerdo a las conveniencias de turno. Y así suma y sigue, un sistema estructurado sobre la base de un método de trabajo propio de dos siglos atrás, contribuye enormemente a la construcción mediática de personas heroicas y villanas sin demasiado pie en la realidad de las pruebas existentes en los casos judiciales. 

Y como si esto fuera poco, tenemos además el tema del juzgado feudo. Una organización judicial que implica que por cada juez o jueza hay un número de personas trabajando para aquella jueza o juez: funcionaries, empleades administratives dependen del juez o jueza. No del sistema judicial. No de un organismo que les nuclee y distribuya tareas. Son “del juez” o “de la jueza”. De hecho es muy frecuente que quienes trabajan en la justicia hablen de “mi juez/a”. Y también es frecuente que quienes ejercen la magistratura crean que tienen una pyme de la que son titulares y sobre la que pueden decidir sin considerar el resto de la estructura judicial. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta organización judicial?:

• El peligro de la delegación. Siendo el expediente el método de trabajo, la producción del mismo se convierte en una cuestión fordista donde cada quien pone un engranaje para la producción de la decisión definitiva. Más allá de que evidentemente esta afirmación puede matizarse, la realidad es que nunca tenemos total claridad sobre quién toma qué decisiones al interior de los juzgados. Si una hace una indagación sobre cómo están distribuidas las tareas entre les integrantes de un juzgado rápidamente comprobará que pese al mandato constitucional que pone la toma de decisión en cabeza de jueces y juezas, estas decisiones tienen una conmovedora construcción colectiva. E incluso hay decisiones en las que la única participación del juez o jueza es poner su firma (que en los sistemas con firma digital muchas veces ni siquiera implican su presencia y conocimiento de la decisión que están “tomando”).

• Tantos sistemas como juzgados. La existencia de juzgados que funcionan como islas, sin espacios de coordinación ni consenso en temas netamente administrativos, hacen que cada juzgado sea “un mundo”. Probablemente ello también lleve a afirmaciones del estilo de “pequeño sector que mancha”. Cuando no se cuenta con una estructura de apoyo administrativo unificada y separada de la tarea jurisdiccional, cuando las dependencias de les integrantes no magistrades de la justicia está vinculada directamente a un juez o jueza, es mucho más fácil establecer esa “cápsula” de mal funcionamiento, de distorsión, que “mancha” el sistema en su conjunto.

• El “arraigo” de las causas. En un sistema donde les jueces investigan, trabajan con expediente y además cuentan con una planta de personal propia que se dedica al trabajo colaborativo de construcción de las decisiones, los casos quedarán arraigados en su tratamiento ante el mismo juez.

• El fórum shopping. Con una estructura organizada de esa forma, es muchísimo más fácil detectar qué juzgado es más o menos proclive a determinado tipo de decisiones y también es mucho más fácil lograr que un caso termine con un determinado juzgado, como ejemplos sobran en los últimos tiempos. 

No es una cuestión menor entonces la separación de la función de investigar y tomar decisiones de control sobre la investigación. Es un mandato básico de la construcción de un debido proceso y tiene múltiples consecuencias en la organización y gestión del trabajo cotidiano al interior de la administración de justicia. Una cuestión adicional que debe señalarse es que en un esquema procesal que gira alrededor del juzgado, otra consecuencia que genera enormes complicaciones es que la organización de los ministerios públicos suele ser un reflejo de la organización judicial. Ello genera consecuencias negativas para la transformación del sistema judicial que dejaré para un próximo artículo, si es que Bovino me lo permite.

Esta cultura del trámite tan arraigada por todos los costados de la justicia federal, posibilita una de las situaciones más nefastas del sistema: el uso abusivo de prisiones preventivas. Con un trámite por escrito, sin mirarle la cara ni a quienes se va a enviar a prisión ni a quienes les representan, donde toda la “discusión” se da a través de papeles que van y vienen, que suben y bajan (con un sistema de recursos que también es incomprensible y que precisa un texto aparte), es muchísimo más fácil dictar prisiones preventivas como quien regala caramelos. Facilidad que además se sustenta en que con la lentitud del proceso, la formalidad sobre la sustancia y los cambios de marcha que posibilita este secretismo extremo de funcionamiento, el “mensaje” de “tranquilidad” para quienes siguen las causas judiciales con indignaciones creadas de forma ficticia, es que las personas queden presas preventivamente. Personas presas sin condena. Que padecerán procesos como el descrito. Llegarán a juicios donde recién se podrán constatar las ineficiencias de las investigaciones. Y, quizá, terminen condenadas por el solo hecho de tener que justificar el tiempo que esas personas estuvieron en prisión preventiva. Cada vez se vuelve más hermosa la descripción de la justicia federal. 

Y en este berenjenal aparecen las “innovaciones”. Un pequeño fragmento de reforma vinculado a los delitos flagrantes. Tampoco me extenderé en este punto. Pero no puedo dejar de mencionar que ocuparse de la flagrancia en el sistema federal, por el tipo de delitos que debe perseguir y los desafíos que enfrenta, es como ocuparse de los suvenires en una fiesta en la que aún no se han enviado las invitaciones ni confirmado el lugar. 

La figura del “arrepentido”. Una herramienta sobre la que podríamos discutir mucho pero que tiene algunos elementos interesantes pensados desde la investigación en un sistema que no posee todas las características que he mencionado. El uso de la figura del arrepentido, que sí es una innovación del deterioro de estos últimos años, preocupa en términos de comprensión de qué significa hacer una investigación penal por parte de les encargades de tal tarea.

Tres. ¿Qué hacer? 

Esperanza un nuevo intento de cambio sobre la justicia federal. El Presidente anunció en su discurso el envío de un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. He insistido a lo largo del texto en la palabra transformación más que reforma porque creo que el sistema federal requiere algo mucho más profundo que una reforma, necesita un cambio radical, una transformación completa de su organización, funcionamiento y construcción de prácticas. 

Este texto ya ha sido más largo de lo que esperaba y me empiezo a aburrir de mi misma. Por ello enunciaré algunas cuestiones que creo relevantes en términos de cambio, en forma sintética (así Bovino me sigue invitando a escribir y puedo explayarme sobre cada tema): 

Federalización

Alberto (me encantaría que llegue a ser un Alberto más de los que admiro) ha hecho fuerte hincapié en su campaña en la importancia de comprender al país como federal. En materia judicial creo que es indiscutible que las provincias le llevamos una enorme ventaja al sistema federal. Particularmente en Neuquén estamos orgulloses de cómo implementamos el sistema acusatorio. Chubut es pionera. La Pampa tiene enorme experiencia. Córdoba tiene un trabajo sumamente interesante desde el Ministerio Público Fiscal. Santa Fe es una provincia de complejidades enormes y han logrado un sistema que funciona en forma eficiente. Tucumán en la actualidad está en plena implementación del sistema oral. Quizá la provincia de Buenos Aires sea la que ha quedado más rezagada en los avances procesales en materia penal, pero aun así ha logrado la implementación y conservación del juicio por jurados. Para realizar una transformación de la justicia federal es necesario tomar las experiencias provinciales. Y dejar de pensar, además, que la justicia federal es “Comodoro Py”, porque ello implica desconocer las complejidades de un sistema disperso a lo largo de todo el país con desafíos y dificultades propias de las distancias geográficas y las carencias de recursos (basta con preguntar a les salteñes y jujeñes cómo están implementando el CPP Federal con más voluntad que acompañamiento en muchos casos). 

Oralización

Desterrar el expediente es, a mi modo de ver, la única forma de garantizar esa transparencia y eficiencia que se le reclama al sistema. Oralizar los procesos no es teatralizar juicios: es entender que el juicio es la instancia de decisión y que la investigación debe ser previa. Es entender que tanto la investigación, como el juicio como las impugnaciones deben ser decididas en audiencias orales. Es asumir que les jueces no deben tener elementos de la investigación sino que deben concurrir a las audiencias, escuchar a las partes y decidir en base a los planteos. Es cambiar completamente la dinámica actual de funcionamiento. Y además de la transparencia propia de la publicidad que implican las audiencias, es garantizar procesos ágiles y con decisiones prontas. 

Separación de lo administrativo y lo jurisdiccional

En materia de organización de jueces y juezas, debe abandonarse el juzgado feudo. Les jueces deben organizarse como conjuntos de magistrades sin personal a cargo. La organización administrativa debe estar unificada y trabajar en la gestión del sistema para todes les jueces con una dependencia externa. De la administración debe depender la organización, registro y seguimiento de las audiencias. La única preocupación de les jueces debe estar en la toma de decisiones en audiencia. Este es quizá el punto más sensible de una transformación judicial en tanto implica abandonar un enorme espacio de decisión para les jueces (sobre las personas a su cargo, sobre su agenda de trabajo). Pero es un punto innegociable para la transformación del sistema. 

Incorporar a los gremios en la discusión

Los cambios de formatos de trabajo y funciones que implica una transformación judicial obliga a diseñar las nuevas formas con les principales involucrades: les trabajadores judiciales. Allí probablemente esté el ejército más grande de buenas voluntades dentro del sistema judicial. Es sumamente importante trabajar con elles en la construcción de una nueva cultura, acompañada de nuevos formatos de trabajo consensuados en función a un objetivo concreto referido a transparentar, publicitar y ser más eficientes. 

Divulgar

La justicia sólo se transforma si se incorporan otras voces. La discusión sobre cómo debe funcionar la justicia no puede ser una discusión de judiciales. Debe ser una discusión amplia y participativa, que involucre a organizaciones sociales, usuaries del sistema, colegios profesionales, universidades, etc. No puede pretenderse una justicia distinta siguiendo siempre las mismas recetas. 

Esto sólo como un comienzo. Es necesario también trabajar con los Ministerios Públicos. Un Ministerio Público Fiscal para un sistema judicial transformado enfrenta grandes desafíos: el primero y principal probablemente sea abandonar la lógica de organización espejo y desterrar la idea de “fiscal natural”, bastante insostenible desde lo procesal. Pero va mucho más allá de eso y requiere un desarrollo mayor. Algo similar ocurre con la Defensa Pública y su rol en el proceso. 

¿Es posible transformar la justicia? Creo que es absolutamente posible. Pero requiere una tarea de persuasión, seguimiento y casi “evangelización” que trasciende en mucho la cuestión estrictamente normativa. Ojalá esta gestión comience a dar pasos en ese sentido.