ENCERRANDO A BOUDOU

Ayer, 7 de agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, condenó, entre otros, a Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública (5 años y 10 meses de prisión), José María Núñez Carmona por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles (5 años y 6 meses) y a Nicolás Tadeo Ciccone por cohecho activo (4 años y 6 meses).

En otra resolución dedicada al efecto, además, los jueces Néstor Guillermo Costabel y Pablo Daniel Bertuzzi ordenaron la detención preventiva de Boudou, Nuñez Carmona y Ciccone (éste último en detención domiciliaria). La jueza María Gabriela López Iñíguez votó a favor de la libertad pero quedó en disidencia.

El voto de Costabel y Bertuzzi es bastante extenso pero no logra fundar, a mi juicio, la necesidad y la legalidad de las detenciones preventivas que ordenan. A continuación enunciaremos brevemente por qué hemos llegado a esta conclusión.

1) La jurisdicción excitada

Afirmaron que la petición de la querella (la UIF) habilitaba al tribunal a resolver la cuestión de la prisión preventiva. Tal solicitud se limitó a decir que se debía ordenar la detención de quienes resultaran condenados con pena de prisión a cumplir pues tal circunstancia generaba un peligro de fuga, junto con las "relaciones residuales" de Boudou.

Además, dejaron en claro, para el que gustara saber, que ellos (los jueces) no necesitaban esa petición para ordenar la prisión, dado que tenían esa facultad que derivaba de los hechos del caso. Por ello, resultó un "hito crucial" el dictado de la condena, por lo cual la facultad jurisdiccional resultó activada. Dejaron en claro, entonces, que lo hicieron por sí mismos y gustosos...

2) Citas de organismos internacionales

Hablando de la "naturaleza" de la prisión preventiva, invocan el Informe 35/07 de la Comisión Interamericana (caso Peirano Basso). El párrafo que se transcribe contiene una cita del art. 7, y luego otro párrafo donde se admite la posibilidad de restringir la libertad.

La cita no tiene sentido, son circunstancias que nadie niega.

3) El "temperamento" que adoptarán

En este punto dicen que la resolución ha sido tomada luego de considerar el nuevo "status" de los imputados, que han sido condenados.

Además, aclaran que han tenido en cuenta "las circunstancias particulares de esta causa definidas en contextos muy peculiares". También señalan que ellos están "completamente persuadidos" de que su decisión no afecta el principio de inocencia de los que mandan presos. A quien no persuaden, a mi juicio, es a quienes leen la resolución...

4) El veredicto condenatorio

Según ambos jueces, existe una nueva circunstancia objetiva que es el dictado de la sentencia condenatoria, tras "un juicio en legal forma" donde se discutieron cuestiones de hecho y de derecho, con prueba de "toda índole".

El veredicto, además de representar "un avance sustancial en la determinación de la responsabilidad penal" de los imputados, es una "circunstancia decisiva que amerita revisar la situación de libertad que ostentan hasta hoy dichos encausados" (destacado agregado).

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que la condena no justifica el encarcelamiento. En primer término, la misma cita del fallo que invoca el tribunal contradice su decisión y exige "peligros procesales" o "alguna circunstancia objetiva que supere el hecho mismo de la condena".

Por otra parte, queda claro que el tribunal está invocando el mérito sustantivo de los hechos imputados para justificar el encarcelamiento. Los imputados, en este momento, son jurídicamente tan inocentes como antes de iniciarse el proceso. La inocencia y la culpabilidad, en este sentido, no son graduables. Se es inocente hasta que la condena adquiera firmeza.

El hecho de que los jueces del juicio tengan la certeza de la culpabilidad de los imputados es una exigencia constitucional para el dictado de toda sentencia condenatoria. Si los jueces no tuvieran esa certeza al dictar sentencia y condenaran, estarían cometiendo un delito, estarían prevaricando.

Es decir que siempre que se dicte una condena los jueces que la dictaron deben alcanzar dicha certeza, o no podrían condenar. Por lo tanto, ese dato no puede considerarse como elemento para justificar el encarcelamiento, pues si no, en todos los casos de condena habría que aplicarlo.

El mérito sustantivo, esto es, la sospecha de que el imputado es autor del hecho que se le atribuye, es un requisito que justifica la persecución penal, pero no el encarcelamiento. En este sentido, el grado de sospecha sobre la responsabilidad penal justifica el avance de la persecución. Por eso se exigen distintos estándares probatorios para tomar declaración indagatoria, para elevar el caso a juicio, o para condenar en juicio. Cuando la causa avanza (pasa de una etapa a otra), el grado de sospecha irá aumentando. La certeza sobre la responsabilidad penal, por otro lado, solo se puede afirmar con la firmeza de la condena.

En cuanto al mérito sustantivo y el encarcelamiento preventivo, el primero actúa como presupuesto del segundo. Si no hay mérito sustantivo, lo que se clausura es la persecución penal. Una vez establecido cierto grado de sospecha sustancial sobre la responsabilidad del imputado, se podrá discutir la necesidad y la legalidad del encarcelamiento preventivo. Y allí la justificación solo puede estar vinculada a la existencia de un riesgo procesal, no al grado de sospecha de la responsabilidad personal.

Por estas razones, la "certeza apodíctica" del tribunal no pone en crisis el principio jurídico de inocencia.

La protección del principio de inocencia, además, se ha extendido con el derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria requerida por los textos convencionales de jerarquía constitucional (Convención Americana y Pacto Internacional). Por este motivo, no puede haber firmeza de la sentencia condenatoria antes de que se obtenga la conformidad de un tribunal de alzada, a menos que el imputado no ejerza ese derecho.

La práctica que aquí se pretende justificar, por otro lado, representaría una restricción al ejercicio efectivo del derecho a recurrir, pues el imputado tendrá que soportar el encierro y, al ejercer su derecho a recurrir, debería esperar más tiempo para obtener una decisión definitiva de su caso.

5) Las "peculiares circunstancias" del caso

Bueno, aquí entramos en el terreno de la ciencia ficción. En primer lugar, vuelven a citar los particulares elementos del caso penal vinculados con la responsabilidad de los acusados.

Luego de varias páginas en las que se tratan, exclusivamente, la responsabilidad por el hecho, se concluye que los hechos que se imputan elevan el peligro de fuga. ¿Cómo? No se sabe.

Con esto no les parece suficiente. Entonces hablan del peligro procesal que los imputados pueden generar respecto de otras personas, que están siendo actualmente investigadas. Pero no se detienen ahí. Mencionan incluso a "algún otro que puede estar aún detrás y permanece en las sombras de la impunidad".

Ésta es la manera en que se pretende justificar la detención. Me rindo... 

A ello se agregan menciones de los testigos que comparecieron al juicio y podrían haber sido presionados. Luego de afirmar que estos hechos no deben ser tomados en cuenta porque la investigación ya terminó, los toman en cuenta...

Lo absurdo es que el juicio se realizó con esos testigos que concurrieron y con los imputados en libertad. ¿Por qué entonces, ahora que el juicio terminó se los debe detener por esa circunstancia? Si la única justificación de la detención preventiva consiste en neutralizar un peligro procesal, ¿cómo es posible que el tribunal tome en cuenta un peligro que reconoce como inexistente?

El único peligro procesal que justificaría en este momento las detenciones sería el peligro de fuga. Ya no pueden los imputados entorpecer una investigación terminada.

Yo no sé si se advierte la gravedad de esta decisión... Y lo más terrible es que en esta ocasión hacen explícita su arbitrariedad con la pretensión de justificar una detención contraria a derecho. En ningún momento pueden contradecir la sensatez del voto en disidencia de la jueza.

Otra cuestión que resulta insólita es el tratamiento del arraigo. El concepto suele ser utilizado en sentido claramente discriminatorio, en perjuicio de las personas de escasos recursos sin empleo fijo (que sea aceptable para los señores jueces). Se los discrimina por carecer o tener poco arraigo. En este caso, se les impone la detención por tener demasiado arraigo, y se invoca la desigualdad de trato de personas que no están siendo juzgadas.

En caso de tener en cuenta dicha circunstancia (la desigualdad de trato), la única medida posible sería no imponer la detención a las personas regularmente discriminadas, pero tampoco imponérsela a otros en supuesto beneficio de personas ajenas a este caso.

La decisión demuestra lo evidente, esto es, que hay jueces que son capaces de resolver de cualquier modo, sin importar que sus razones y argumentos tengan un mínimo de coherencia...

El voto de la jueza López Iñíguez, en cambio, es impecable y contradice una a uno los insólitos argumentos de los dos jueces. Pero bueno, había que detenerlo de cualquier manera, y lo detuvieron.



P.S.: Seguramente es una simple coincidencia que los casadores federales, el mismo día, respondieran afirmativamente al Consejo sobre el traslado de Bertuzzi a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro 3,14. Ver la nota de Irina Hauser, Por hacer bien los deberes.