28 ago. 2018

OTRA DE TERROR EN COMODORO PY






Cuando parecía que Comodoro 3,14 no podía ya inventar maneras adicionales de vulnerar derechos, un título de La Nación de hoy asusta: 

Las revelaciones suman presión para reabrir causas judiciales

Se afirma que se trata de la doctrina de la cosa juzgada írrita, "que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas". Curiosamente, se olvida de mencionar las causas en las cuales órganos internacionales han aplicado esta doctrina, rechazando la aplicación de principio ne bis in idem, tales como Bulacio (Argentina) o Carpio Nicolle (Guatemala) de la Corte IDH.

La súbita atención de la doctrina de la cosa juzgada írrita, aparente o fraudulenta se debe, según la nota, a dos factores:

1) las declaraciones en la causa de los cuadernos de Oyarbide el "presionado"; y

2) una auditoría que presentará el Consejo de la Magistratura sobre el fuero federal que exhibiría las resoluciones a ser cuestionadas o revisadas.

A esto se agrega:

Por otro lado, es improbable que los fiscales pidan que se anule una sentencia, porque esto implica denunciar como fraudulento un fallo que un colega suyo consintió.

Muy interesante. Se pretende revisar decisiones de jueces y fiscales que deberán ser analizadas por esos mismos jueces y fiscales, que continúan en sus cargos. Además, es muy preocupante esta afirmación, pues presupone que los fiscales —algunos de ellos— por mero ánimo corporativo no denunciarían fallos que saben que fueron fraudulentos.

Resulta también muy interesante que el Consejo de la Magistratura se dedique a hacer auditorías de jueces que el mismo órgano designó y jamás destituyó... La actuación de este órgano ha sido lamentable, en este sentido, en todos los gobiernos. Como señala Pablo Slonimsqui, el Consejo "seguramente no será recordado por los pocos jueces que destituyó, sino por los muchos jueces que no destituyó. Y por haber sido utilizado para ejercer presión sobre ellos".

Una cuestión que despierta la curiosidad es la de qué se hará con quienes intervinieron originariamente en esas causas que serían declaradas fraudulentas. Lo mínimo que habría que hacer sería destituir a esos funcionarios (jueces y fiscales), en la medida en que hubieran participado intencionalmente en la realización del fraude o en su ocultamiento.

Pero lo más sorprendente de todos es en quién deberemos depositar nuestra confianza para que inicie las acciones legales contra las resoluciones supuestamente fraudulentas:

Quien tiene legitimación procesal para pedir la reapertura en las causas que involucran a funcionarios es la titular de la OA, Laura Alonso. Ella dijo que está a favor de que se reabra la causa, pero como titular de la OA todavía no accionó.

Efectivamente, la elección de las causas que deberían ser revisadas dependería de la Sra. "técnicamente no es delito", con lo cual tenemos asegurada la imparcialidad... Como no podía ser de otra manera, está hablando de una causa contra Cristina Fernández de Kirchner.

No sé ustedes, pero yo no hice nada y tengo miedo...




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