Cuando parecía que Comodoro 3,14 no podía ya inventar
maneras adicionales de vulnerar derechos, un título de La Nación de hoy asusta:
Las
revelaciones suman presión para reabrir causas judiciales
Se afirma que se trata de la doctrina de la cosa juzgada
írrita, "que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue
producto de maniobras fraudulentas". Curiosamente, se olvida de mencionar
las causas en las cuales órganos internacionales han aplicado esta doctrina,
rechazando la aplicación de principio ne
bis in idem, tales como Bulacio (Argentina) o Carpio Nicolle (Guatemala) de
la Corte IDH.
La súbita atención de la doctrina de la cosa juzgada
írrita, aparente o fraudulenta se debe, según la nota, a dos factores:
1) las declaraciones en la causa de los cuadernos de
Oyarbide el "presionado"; y
2) una auditoría que presentará el Consejo de la
Magistratura sobre el fuero federal que exhibiría las resoluciones a ser
cuestionadas o revisadas.
A esto se agrega:
Por otro lado, es
improbable que los fiscales pidan que se anule una sentencia, porque esto
implica denunciar como fraudulento un fallo que un colega suyo consintió.
Muy
interesante. Se pretende revisar decisiones de jueces y fiscales que deberán
ser analizadas por esos mismos jueces y fiscales, que continúan en sus cargos.
Además, es muy preocupante esta afirmación, pues presupone que los fiscales —algunos
de ellos— por mero ánimo corporativo no denunciarían fallos que saben que fueron
fraudulentos.
Resulta también muy interesante que el Consejo de la
Magistratura se dedique a hacer auditorías de jueces que el mismo órgano
designó y jamás destituyó... La actuación de este órgano ha sido lamentable, en
este sentido, en todos los gobiernos. Como señala Pablo Slonimsqui, el Consejo "seguramente no será
recordado por los pocos jueces que destituyó, sino por los muchos jueces que no
destituyó. Y por haber sido utilizado para ejercer presión sobre ellos".
Una cuestión que despierta la curiosidad es la de qué se
hará con quienes intervinieron originariamente en esas causas que serían
declaradas fraudulentas. Lo mínimo que habría que hacer sería destituir a esos
funcionarios (jueces y fiscales), en la medida en que hubieran participado intencionalmente
en la realización del fraude o en su ocultamiento.
Pero lo más sorprendente de todos es en quién deberemos
depositar nuestra confianza para que inicie las acciones legales contra las
resoluciones supuestamente fraudulentas:
Quien tiene
legitimación procesal para pedir la reapertura en las causas que involucran a funcionarios
es la titular de la OA, Laura Alonso. Ella dijo que está a favor de que se
reabra la causa, pero como titular de la OA todavía no accionó.
Efectivamente, la elección de las causas que deberían ser
revisadas dependería de la Sra. "técnicamente no es delito", con lo
cual tenemos asegurada la imparcialidad... Como no podía ser de otra manera, está
hablando de una causa contra Cristina Fernández de Kirchner.
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