Cinco organizaciones que promueven mecanismos de control del
sistema de inteligencia escribieron una carta a los senadores y expresaron su preocupación por el tratamiento express de una ley que regula las
escuchas.
De no creer. ¿Qué es lo que se pretende? Parece una joda. Se pretende
legalizar el desastre que ha causado la filtración de las escuchas en la órbita
de la Corte Suprema, asignando a ese tribunal
funciones ajenas a la función judicial.
Las organizaciones que integramos la Iniciativa
de Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI) nos dirigimos
públicamente al Honorable Senado de la Nación para solicitar que el proyecto de
ley para la regulación de las escuchas, que sería tratado en recinto la próxima
semana, sea devuelto a comisión y se convoque a un debate público del que
deseamos participar.
El Congreso de la Nación debe impulsar una reforma integral del
sistema de interceptación de las comunicaciones, por lo importante que resulta
para prevenir abusos y resguardar derechos fundamentales de las personas. Y se
trata de un tema sensible debido a que por estos tiempos, tal como hemos
señalado en otros comunicados, la crisis del sistema de inteligencia se ha
trasladado al ámbito de la Corte Suprema, desde que una oficina que le depende
(DAJuDeCO) ha asumido el monopolio de la producción de escuchas. Han sido
muchas irregularidades en la transferencia de las escuchas a la Corte por decisión del
Ejecutivo, hoy son notorias las deficiencias y complicidades, lo que nos lleva
a cuestionar su legalidad y eficacia: la constante filtración ilegal de
escuchas y la incapacidad de la Corte y la DAjuDeCO para prevenirlo son un
palmario ejemplo de ello. Además, esta misma semana, en otra muestra del
grosero nivel de irresponsabilidad e incompetencia del organismo, las propias
autoridades de la DAJuDeCO en un programa de Telefe, en horario central,
permitieron la difusión de números telefónicos que estaban siendo intervenidos
en el mismo momento de la transmisión.
En este escenario, el Senado se dispuso a avanzar con un
proyecto de ley de autoría del Senador Urtubey, que ingresó a la Cámara el
martes 10 de abril, obtuvo dictamen de comisión el miércoles 11, y según se
difundió públicamente sería aprobado en el recinto el próximo miércoles 18, en
apenas una semana. Pocas veces una Cámara da un tratamiento tan ágil, excepto
que haya pedido del PEN o exista escasa voluntad de abrir la discusión.
En este caso, el proyecto en debate, además de tocar una
temática sensible que exige un análisis minucioso y una discusión seria, está
muy lejos de resolver los problemas existentes y en varios aspectos, los
agrava:
1. El proyecto otorga la facultad de
interceptación de las comunicaciones a un organismo dependiente de la Corte,
decisión muy controversial porque compromete la función de control que tienen
los magistrados en la autorización y el uso de estos procedimientos. Siendo las
escuchas una herramienta de investigación, lo lógico es que sea administrado
por la agencia estatal responsable de la persecución penal, el Ministerio
Público Fiscal de la Nación y sus pares provinciales, pero nunca por quienes
deben revisar su legalidad.
El proyecto formaliza un organismo que no fue creado por ley, la
DAJuDeCO, al que la Corte ha dado facultades para la investigación y el
análisis de información de inteligencia, avanzando sobre competencias propias
del Ministerio Público Fiscal. En un sistema republicano y bajo un modelo
acusatorio no es admisible que el Poder Judicial sea juez y parte al mismo
tiempo. No es función de la Corte ni de los jueces prevenir ni perseguir
penalmente el crimen organizado, ni colaborar con esas políticas. Su misión es
estrictamente jurisdiccional, de administración de justicia. De otro modo
quedaría comprometida la independencia de criterio que exige la función. La
creación de la DAJuDeCo, tal y como está planteada, habilita una compresión
confusa del organismo que, lejos de tratarse de un cuerpo pericial auxiliar de
la justicia, funciona como una estructura de inteligencia dentro del Poder
Judicial de la Nación, contrario a lo que establece
la Ley de Inteligencia Nacional y el sistema acusatorio reglamentado en el
Código Procesal Penal de la Nación. Además, pone en juego la imparcialidad de
la Corte ante posibles cuestionamientos sobre información producida por una
agencia bajo su dependencia. Esto contradice abiertamente el discurso del Poder
Ejecutivo de la Nación y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en cuanto al por ellos anunciado impulso del sistema acusatorio.
2. La iniciativa de ley, además, profundiza la confusión vigente
respecto a los tipos de escuchas. Hay dos tipos de escuchas diferentes: las de
investigación y las de inteligencia. Ambas exigen autorización judicial, pero
tienen distintos solicitantes y distintos usos, y por esa razón deben tener
diferentes requisitos y controles.
3. Debido a esta falta de distinción, el proyecto comete el
error de eliminar disposiciones importantes de la ley de inteligencia, entre
ellas la que fija un plazo máximo de 60 días prorrogables por única vez, por
igual plazo, para las escuchas de inteligencia. Con esta reforma, además de no
establecerse tope temporal para las escuchas de investigación en el marco de
causas judiciales, se eliminan los límites temporales para las escuchas de
inteligencia, otorgándole una suerte de “cheque en blanco” a la AFI para
realizar escuchas sin tope de tiempo, como si ya no hubiera problemas con los
actuales usos y límites.
4. Por otra parte, el proyecto tiene serios problemas en el
esquema de control que propone. En primer lugar, porque es difícil establecer
un mecanismo de control que pueda ser eficaz si el organismo está dirigido por
jueces y se ubica bajo dependencia de la Corte. Más problemático todavía es el
esquema que propone el proyecto, entregando todo el control a la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los organismos de Inteligencia, confundiendo los
dos tipos de escuchas que se realizan. No está bien ampliar sus facultades para
que controle las escuchas de investigación, que son el 90% de las escuchas que
realiza el sistema. Por si eso fuera poco, la bicameral nunca demostró voluntad
de fiscalización, y además carece condiciones institucionales para llevar
adelante un control efectivo, su integración es siempre favorable al ejecutivo,
gracias a un pacto bipartidario inalterable, y funciona bajo reglas de secreto
innecesarias y contraindicadas para este caso. Una cosa es que se preserve la
confidencialidad de la información que se produce mediante una escucha y otra
muy distinta es que no haya rendición ni control público alguno.
5. Finalmente, y sin ser exhaustivos con la revisión
realizada al proyecto, el mismo utiliza una terminología absolutamente vaga,
que contradice otras normas vigentes (la ley de inteligencia y la mayoría de
los códigos procesales refieren a “interceptación y captación de las
comunicaciones”, no a “intervención de las comunicaciones”) y no ofrece
definiciones que delimiten el campo de actuación. ¿Qué es una intervención?
¿Incluye escuchas de conversaciones cara a cara? Hay un sinfín de vacíos
legales que no son resueltos por este proyecto y que deberían atenderse para
definitivamente encuadrar legalmente el uso de esta herramienta tan sensible:
¿Ante qué casos se puede requerir una escucha, una medida altamente lesiva para
derechos de terceros? Cualquier juez puede autorizarlas, sea este civil,
laboral o de otros fueros no penales? ¿Cuáles son los requisitos para la autorización
de una escucha? ¿Qué pasa cuando el producto de las escuchas no es relevante
para el objeto procesal? ¿Quién es responsable de ese material? ¿Es aplicable
para esta labor la excepción de la ley de inteligencia para que los organismos
de inteligencia colaboren con el sistema de justicia, cuándo? ¿Qué información
debe hacer pública el organismo para garantizar su control?
Estos, entre otros problemas, no son resueltos por el proyecto
en debate. Por eso señalamos la necesidad de que el tema sea sometido a un
proceso amplio de participación y debate antes de que se cristalice en una ley
que convalide una situación crítica y genere mayores problemas de los que ya
presenta el sistema de escuchas.
Sobre la ICCSI
La Iniciativa Ciudadana para el
Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al
seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos
de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina. Las
organizaciones que conforman ICCSI son: Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), la
Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de
NEGyS-UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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