En la página del CIJ (Centro de información Judicial), el 22 de marzo de 2018 se subió un documento llamado "Descripción de las propuestas presentadas por los magistrados que asistieron a las sesiones celebradas durante los días 6 y 7 de marzo de 2018" .
Si bien hay muchas propuestas razonables y con sentido —v.gr., implementar el principio de oportunidad, las referidas a la perspectiva de género—, la autocrítica brilla por su ausencia y muchas propuestas son entre "las de siempre" y delirantes. Teniendo en cuenta la metodología utilizada para obtener estas propuestas, que consistió en amontonar jueces durante dos días para que revoleen cuanta idea se les cruzara por la cabeza, y quiénes fueron los llamados a proponer, los resultados eran previsibles.
Se solicitan más tribunales, procedimientos especiales que recortan garantías, más empleados (con el consiguiente aumento de la delegación de funciones), más edificios y más jueces. A eso se le debe sumar la propuesta de creación de una cantidad de órganos, comisiones y oficinas que deberían ayudar a los tribunales. La modernización tecnológica consistiría en reemplazar expedientes en papel por miles de Gygas con el mismo expediente. No hay futuro...
A continuación presentamos algunas de ellas.
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Por supuesto, el documento comienza con una queja recurrente que los exime de toda responsabilidad por el desastre que los propios jueces han generado.
Falta infraestructura, faltan jueces, faltan medios y recursos. Así —continúan— "es muy difícil mejorar la actividad". Es decir que parecen creer que nada pueden hacer ellos para mejorar su trabajo. No se les ocurrió, por ejemplo, que deben redactar las resoluciones en castellano y no en ese dialecto propio del mundillo judicial. Que pueden simplificar todas las formalidades absurdas que han establecido más allá de lo que dice el código.
Sería gracioso si no fuera patético, la propuesta de sacarse de encima tareas administrativas y otras propias del Consejo, pues ellos deben "dictar sentencias". Como si ellos fueran los que redactaran todas las resoluciones que llevarán su firma. Al enunciar este reclamo, la delegación de funciones parecería no existir.
A continuación se quejan porque "no se sabe cuál es el sistema que rige" (¿?). Y agregan que "no hay normativa penal ni modificaciones procesales importantes", sin aclarar que son los primeros en oponerse a cualquier reforma procesal importante.
Luego reclaman al Consejo y al Ministerio de Justicia que implementen de inmediato reformas para acelerar los juicios actuales y que se creen juzgados en todas las jurisdicciones, principalmente donde hay casos de narcotráfico. También reclaman un procedimiento especial para los casos de corrupción.
¿Realmente creen que ellos no tienen nada por hacer en cuanto a agilizar la tramitación de los casos? ¿Qué tal si se sacan de encima los casos insignificantes para concentrarse en los casos graves? La insignificancia es un concepto relativo, y dependerá de cuán graves sean los delitos más graves para definir el concepto de insignificancia.
Recordemos la causa Nº 15.556, Sala II, CFCP, en la cual intervinieron 11 jueces, 4 fiscales, más de 8 funcionarios durante más de 4 años para que el caso terminara en una condena de 15 días en suspenso por hurto tentado de 3 kilos de carne (en casación se absolvió al acusado). Ayer me contaba un amigo que fue a una audiencia de flagrancia donde por un hurto de 18 chocolatines en un supermercado querían enviar a prisión al imputado. O el caso del "pebete federal"...
Además, sepan Sus Señorías que si los casos de corrupción no avanzan, no es por el procedimiento, es por responsabilidad de jueces y fiscales.
Tienen pensamiento mágico. Creen que una reforma legal va a hacer que todo ande mejor. ¿No registran que la cultura del expediente, de las formalidades absurdas, es decir, su cultura, tiene algo que ver con el problema? Reclaman oralidad, y son los primeros que después tratan de evitarla.
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Si los casos van lentos, ¿es porque la policía y los peritos no saben investigar? Ellos, los jueces, creen que sí saben. Más allá de ello, no pueden pretender crear policía judicial y ampliar otros órganos cuando la próxima reforma va a trasladar todas las funciones investigativas al Ministerio Público Fiscal.
¿Qué tiene que hacer un cuerpo policial en el contexto funcional de Sus Señorías? Las investigaciones no avanzan porque muchos jueces y fiscales no saben investigar, ya que nuestra formación legal no nos prepara para ser detectives. También están los que no quieren investigar...
Quieren ampliar la planta de empleados del poder judicial con personas cuyas funciones no tendrán sentido con la reforma procesal.
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Nuevamente, quieren incorporar más personas de planta, para ocuparse de cuestiones de investigación, cuando pronto los jueces dejarán de tener tales funciones. Esta tendencia recurrente indica la escasa voluntad de muchos jueces de ceder la investigación al MPF. Quieren tener más personas en quien delegar.
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Todo da lo mismo, si no tenemos jueces ponemos secretarios. Se pretende "prescindir de la designación" y nombrar a un secretario de tribunal. Me da la impresión de que la Corte Suprema ya ha dicho, en el caso "Rosza", que una designación efectuada de tal manera no cumple con los requisitos constitucionales.
No es posible que los mismos jueces realicen propuestas claramente inconstitucionales. Lo mismo sucede con la alternativa que dan por si la propuesta de "prescindir de las designaciones" no pasa...
En efecto, se pretende que el cuarto juez no concurra a las audiencias de juicio, y en caso de que se lo necesite, "pueda integrar el tribunal mediante la posterior visualización de los registros fílmicos". ¿No les suena el principio de inmediación?
En cuanto a esto, dos observaciones. La primera es que el cuarto juez debe estar presente en las mismas audiencias que los tres jueces titulares. Si no pasa nada, el esfuerzo no valió la pena. Sabemos que esta solución puede ser frustrante, pero durante el juicio oral rige el principio de identidad física del juzgador. Es decir que solo pueden resolver aquellos jueces que estuvieron presentes en todas y cada una de las audiencias. Si un solo juez no concurre y la audiencia se hace igual, todo el juicio debe anularse.
El cuarto juez ausente que se propone no estará en las mismas condiciones que quienes concurrieron al debate, ni siquiera si se aprende de memoria todos los registros fílmicos. Su intervención no es equiparable, por ejemplo, a un tribunal de alzada, cuya decisión sí podría fundarse en registros fílmicos o de otro tipo.
En segundo lugar, resulta incomprensible la duración de los juicios en el sistema nacional. Si las partes y los jueces controlaran la prueba que se ofrece y que se admite y, además, se realizaran las audiencias como manda la ley, una detrás de otra, los juicios podrían acortarse sustancialmente.
Ambas propuestas, además de ser inconstitucionales, son una oda a la vagancia. No se quieren tomar el trabajo de designar un juez, o de que un juez vaya a todas las audiencias, y lo arreglan de cualquier modo. Total es casi lo mismo. No importa si en el camino hay que ignorar la Constitución Nacional y las garantías judiciales. El valor de un principio es que se lo respete aun en las situaciones en que cuesta hacerlo.
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Ésta propuesta es hasta graciosa. A las partes no nos dejan
ni ver el expediente porque "está a costura", o por otras mil razones
absurdas, pero a la hora de trabajar para lograr que los que deben declarar
concurran, el trabajo sería nuestro. El juez solo dispone las medidas de prueba
que a él se le ocurren, y las partes no tenemos derecho al pataleo durante la
investigación. Pero eso sí, para hacer el juicio se debe trabajar, así que eso
se lo encajan a las partes.
Esto es correcto en procesos de parte, donde la prueba es
iniciativa de ellas, pero no en un proceso como el todavía vigente a nivel
nacional.
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Crear más y más órganos. Cuerpo de traductores, órgano de
enlace, más oficinas en la Corte Suprema, porque los 4.732 empleados y
funcionarios que la Corte tenía en septiembre de 2017 parece que no alcanzan...
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Bueno, esto sí que es fantástico. No se entiende si esto
pretende ser una copia de la OA de Laurita Alonso o si se trata de una oficina
destinada a investigar la corrupción dentro de los miembros del poder judicial.
Pero como los jueces nacen imparciales, decorosos, probos, pundonorosos y
repletos de bonhomía, la segunda opción no parece posible.
Dicen que para garantizar la confidencialidad prometen
que pondrán a Irurzun a dirigirla. Prometen transparencia (¡los jueces prometen
transparencia!), "el más acabado respeto de los derechos
individuales" (seguramente garantizado por Bonadío), y ocuparse de la
ética pública y las declaraciones juradas.
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En cuanto a las declaraciones juradas, ver el informe sobre
Declaraciones juradas de los jueces
de ACIJ que, entre otras cosas, dice:
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Se puede ver el resto de las conclusiones, donde se
cuestiona duramente lo que los jueces y el Consejo han hecho con las declaraciones juradas.
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Esta parte es insólita. Lorenzetti justificó que ellos se
ocupen de la universidad más o menos así:
Entonces,
la educación legal no es un tema
menor. En casi todos los países se ha
discutido y han encontrado soluciones. Nosotros hace muchísimos años que
venimos discutiendo el tema y nunca se
ha logrado una solución. Por eso es un tema difícil,
pero lo hemos incluido para que se resuelva, para que digamos verdaderamente
qué
es lo que queremos hacer con la educación legal,
cómo podemos mejorarla y cómo podemos hacer
una organización que funcione bien respecto
de los tribunales de distintos
rangos. Entonces están todos invitados
y hemos recibido muchísimas propuestas
en relación a ese tema, ideas
diferentes. Hay que resolverlo,
porque necesitamos de los colegios de
abogados como cooperación y de las
universidades como fuente, en la cual
estamos implicados. Todos nosotros hemos
estado en la universidad, somos profesores... es algo común,
pero tenemos que pensar no en las disputas sino en cómo brindamos juntos un
mejor servicio (destacado agregado).
Es evidente, como tienen resueltos todos los problemas de
la justicia, entonces quieren ayudar a otras instituciones. Además, la tienen
muy clara, pues, como dice Lorenzetti, han incluido el tema para que se resuelva.
Nótese que la propuesta nº 2 habla del déficit de los
recién graduados respecto de "las habilidades requeridas para la práctica
de la abogacía". Es decir, no parece incluir a los judiciales. De este
modo, quien aprende tales habilidades trabajando con Bonadío, por ejemplo, no debe
hacer el examen de habilitación. Si esto es lo que están diciendo,
independientemente de que nadie en la Facultad les pidió su opinión, que se
vayan a solucionar el tema a Namibia.
En cuanto al punto 3, no se si reír o llorar. La
institución con el mayor porcentaje de
desconfianza de los habitantes (82,1 %) pretende imponernos el estudio de la Ética
profesional... Faltó que ofreciera que los cursos estén a cargo de Bonadío, o
de Riggi, o de Lijo...
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Éstas son solo algunas de las propuestas. Faltan muchas,
algunas de las cuales son propuestas razonables. Este rápido recorrido, sin embargo,
pone en evidencia la ausencia total de capacidad de autocrítica de nuestros
jueces, y las dificultades que existirán para implementar un nuevo modelo
procesal.
