Declaraciones de María Laura Garrigós de Rébori, presidente de Justicia Legítima
—... también se está hablando de adecuar el fuero
[penal] para poder proceder al traspaso de la justicia nacional ordinaria a la
ciudad de Buenos Aires, cumpliendo la Constitución del 94, que es algo que ha
sido muy resistido por la corporación judicial porque los jueces no quieren ser
jueces de la ciudad, quieren ser jueces nacionales, aunque no tengan
competencia fuera de la ciudad de Buenos Aires...
—Claro, como que les sacara jerarquía ese título...
—Sí, porque en realidad no hay ninguna razón, ni
legislativa, ni de ningún orden que se vincule con este deseo de oponerse al
traspaso... los jueces no quieren ser jueces de la ciudad...
Que no lo sean
Como de costumbre, muchos de nuestros jueces solo pensando
en conservar sus privilegios con mezquindad, sin tener en cuenta lo que
significa el cargo que ocupan. Luego de la demora en traspasar la justicia
ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, que lleva más de veinte años, y de otra
demora mucho más grave, la de reemplazar nuestra justicia monárquica más propia
de la colonia que de una república, nada ha cambiado.
En este contexto, el gobierno nacional pretende acelerar el
postergado traspaso y, al mismo tiempo, reformar íntegramente la justicia
penal, continuando con los esfuerzos del gobierno anterior. En este sentido, la
propuesta que el ministro Garavano
está comenzando a llevar a cabo parece superadora de la anterior en cuanto a
la organización judicial.
La Corte Suprema también ha señalado la necesidad de
realizar el traspaso de la justicia a la Ciudad. Así se informó, por ejemplo,
en Diario Judicial:
Al respecto,
los integrantes de la Corte reconocieron que “si bien el carácter nacional de
los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular
status que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo
cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que
actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son
federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta
forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos
asuntos deben ser resueltos por la justicia local”.
Por lo que,
“transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994,
resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las
medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia
jurisdiccional”.
Resulta imperioso, en este contexto, reubicar a la justicia
ordinaria en el ámbito que le pertenece: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello significa, entre otras cosas, la desaparición de los tribunales nacionales
de esta ciudad.
Se trata de un momento histórico. Sin embargo, muchos jueces
están operando para que no se cumpla la decisión constitucional. ¿Por qué?
Porque no quieren que el traspaso los convierta en jueces “municipales”. Sería
“como ir a la “B”, dicen algunos.
Olvidan, en su capricho, que deberían agradecer que se
proponga pasarlos de la jurisdicción nacional a la porteña. Esa decisión, en sí
misma, ya es una concesión ilegítima para que no frustren el traspaso. La
ciudad no tiene ningún motivo para cargar con todos los vicios de las fuerzas
judiciales de la Nación.
El “reclamo” es grotesco, patético, y expresa la imagen que
esos jueces tienen de sí mismos. Sin embargo, ellos no son los únicos
responsables. Quienes no somos capaces de quebrar esa cultura barata del
privilegio también somos responsables.
A nuestro juicio, se les deberían conceder sus deseos. Que
sean jueces nacionales un tiempo más, y después, que sean ex jueces nacionales. Y
nada más.
Que la Ciudad organice su nueva justicia con algo mejor que estas
personas, que solo comprenden al servicio de justicia como el lugar donde
poseen un feudo que construyen con privilegios ilegítimos.
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