JURADOS, IN DUBIO PRO REO Y FISCALES

Recién hablaba con un amigo que me confirmaba las opiniones que ya había leído por ahí en contra del jurado. Como siempre, la exigencia constitucional del juicio por jurados sigue dividiendo aguas y despertando pasiones encontradas.

Lo que me parece muy positivo de todas esas críticas es que, en gran medida, involucran a muchos más ciudadanos que antes, pues he leído muchísimas opiniones de personas que, muy probablemente, no opinaron con semejante vehemencia para criticar a los profesionales que abundamos por ahí. Bienvenido sea, entonces, este debate.

Ir a un juicio por jurados no debe ser una tarea fácil. Ante el jurado, los dueños de la pelota son los acusadores, y su caso debe estar preparado de manera impecable.

 

Ya no tenemos a un dúo acusador fiscales/tribunal, en el cual este último corre a socorrer a los acusadores cada vez que no cumplen con su papel. Toda la iniciativa será de los acusadores públicos y, eventualmente, también de los privados. La preparación de un juicio ante un jurado exige mucho más trabajo, y, especialmente para los acusadores, la comprensión de lo que se espera de ellos.

Entre otras exigencias, deberemos hacer frente al principio in dubio pro reo, que exige al fiscal probar que todos los elementos necesarios para poder obtener una condena hayan sido demostrados, expuestos ordenadamente y, además, con la certeza necesaria para condenar.

Ya no podremos recurrir al “se da por leído”; tampoco jugará a nuestro favor el conocimiento previo y la toma de posición que ya tiene el tribunal de juicio en el modelo decimonónico de proceso nacional. No se ingresa a la audiencia con el expediente “bien estudiadito”, como proponía Claría Olmedo. 

Nada de eso. Por los resultados de los pocos juicios bonaerenses que han tenido lugar hasta el momento —y al contrario de lo que se presagiaba, acerca de jurados enardecidos y ansiosos por condenar— diría que, al menos en estos casos, el in dubio pro reo está operando como debe. Es decir, las fiscalías parecen estar pagando el precio de litigar sin la ayuda de los jueces, y de no estar acostumbrados a soportar de manera real la carga de la prueba.

Si ello es así, la instalación del jurado no puede ser más bienvenida. Podría hacer realidad el respeto al principio in dubio pro reo y, por el mismo precio, obligar a las partes —especialmente a los acusadores—, a que necesariamente lleven a juicio casos sólidos.