¿Y EL ESTADO DE DERECHO?

El Sr. Félix Donamaría me ha honrado con su confianza para que lo defendiera de la injusta persecución penal en su contra.

He tenido la experiencia de litigar casos complicados en jurisdicciones muy adversas y en las peores condiciones posibles. Sin embargo, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Distrito Judicial Sur (Magraner, Pagano Zavalía y García Arpon), el juez de instrucción de Gamas Soler, el Fiscal Mayor Guillermo Massimi y, en el Superior Tribunal, el juez Sagastume, han tenido un desempeño tan, pero tan, arbitrario que es posible afirmar que, al menos en lo que al Sr. Donamaría concierne, han pisoteado una y otra vez las reglas fundamentales del Estado de derecho.

• Una denuncia bien intencionada de los legisladores Manuel Rainbault y José Carlos Martínez que abarcaba toda una gestión de gobierno (2000/2003) y al menos seis prácticas administrativas irregulares presuntamente delictivas, y no señalaba al Sr. Félix Donamaría.

• El rechazo del Sr. Félix Donamaría de participar por invitación de Rubén Herrera —entonces vocal del Tribunal de Cuentas— en el armado ilegal de expedientes para encubrir hechos delictivos.

• El castigo al Sr. Félix Donamaría por no involucrarse en el encubrimiento del vocal Herrera: desprolijo e irregular peritaje del contador Pedemonte que se dedica casi exclusivamente a los últimos seis meses de gestión —el Sr. Donamaría solo estuvo a cargo de la Contaduría General de julio a diciembre de 2003—, e involucra sin prueba alguna a Donamaría.

• El Tribunal de Cuentas y el Fiscal Mayor Massimi realizan una investigación claramente dirigida que solo cubre dos de las seis prácticas denunciadas, y una de ellas, especialmente denunciada por toda la gestión, que se concentra en seis meses.

• La investigación dirigida señaló pagos a cuenta de expediente por un importe de un poco más de $ 8.000.000. Un listado de pagos a cuenta de expediente de 2002 y 2003 indica un total de más de $ 190.000.000 pagados por ese medio. Por apelación del Sr. Donamaría, la Cámara de Apelaciones de Río Grande ordenó al Fiscal Mayor Massimi ampliar la investigación, pero nada se hizo.

• El juez de Gamas Soler investiga un solo caso. Por una división administrativa arbitraria, la causa se convierte en 26 causas. El juez procesa por las 26 causas, es decir, 26 procesamientos por un solo hecho cada uno.

• Massimi, sin fundamento más que en su voluntad, elevó a juicio cada uno de esos hechos multiplicándolos por la cantidad de cheques —en el caso de uno de los proveedores, el procesamiento por un solo hechos se transformó en elevación a juicio por 84 hechos autónomos.

• de Gamas Soler elevó sin dudar. El Tribunal de Juicio integrado por Magraner, García Arpon y Pagano Zavalía aceptó sin chistar.

• Massimi acusó por hechos con fecha en la cual el Sr. Donamaría no estaba a cargo de la Contaduría General, sabiéndolo. Massimi acusó por hechos en los cuales los documentos solo tenían el sello pero no la firma del Sr. Donamaría. Massimi acusó por hechos en los cuales no se obtuvo documento alguno, es decir, sin siquiera analizar la prueba documental por cuya firma se acusaba a Donamaría.

• Massimi no sabe investigar ni acusar: las acusaciones son todas inválidas. Como hay que condenar a toda costa, el Tribunal de Juicio consiente todo.

• El Tribunal de Juicio no permite defenderse a Donamaría: le niega la prueba, ignora la denuncia contra Rubén Herrera, hace callar a gritos a sus defensores, los documentos no le son exhibidos en todo el proceso, ignora todos los argumentos de sus defensores.

• En el juicio se demuestra que Donamaría no conoce a los proveedores, que el peritaje de Pedemonte es claramente irregular y que la investigación fue dirigida. Nada importa, Donamaría es condenado una y otra vez.

• En septiembre de 2013 Donamaría es detenido preventivamente. A pesar de todos los recursos, excarcelaciones y pedidos de detención domiciliaria, y con peligro para su salud, permanece detenido. El Superior Tribunal consiente. Mientras tanto, empresarios y ex-ministros acceden a la detención domiciliaria.

• Una psicóloga del servicio penitenciario denuncia que hay precios tasados para determinar los estados de salud de los internos. Pero Massimi investigará hasta las últimas consecuencias (o sea…).

• El Superior Tribunal, con voto de Sagastume, rechaza el primer recurso de casación de Donamaría, confirmando una sentencia insostenible. También rechaza el recurso extraordinario federal: no quiere que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Se denuncia ante el Consejo de la Magistratura, presidido por Sagastume, firmas falsas de los jueces. Sagastume es recusado porque sabía de las firmas falsas y nada hizo. Se rechaza la recusación y se archiva la denuncia por inicaitiva de Sagastume.

• El Sr. Donamaría cumple un año y un mes de detención arbitraria. Con recurso pendiente ante la Corte Suprema y denuncia ante la Comisión Interamericana, espera algo de justicia. Mientras, de Gamas Soler, Massimi, Magraner, García Arpon, Pagano Zavalía y Sagastume siguen “administrando justicia” tranquilamente.

¿Y el Estado de derecho?