DENUNCIAMOS A NOVARINO, MAGRANER, GARCÍA ARPON Y PAGANO ZAVALÍA

«Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho» ocupa un lugar central en el cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal».

                                        Informe del Secretario General

 Hoy debemos presentar esta acusación particular por una exigencia institucional: los jueces Magraner, García Arpon y Pagano Zavalía, y el Secretario Jorge Novarino deben someterse a la ley. Estamos —al menos formalmente— en un Estado de derecho. Pues bien, los cuatro denunciados parecen no haberse enterado porque se han apartado de exigencias legales básicas de manera reiterada.

Teniendo en cuenta la falta de vocación del Fiscal Mayor para investigar y perseguir a funcionarios con poder y en funciones, hemos solicitado constituirnos en parte querellante, para poder controlar la investigación. El Consejo de la Magistratura presidido por el inefable Gonzalo Sagastume ya sabemos como ha funcionado frente a la imputación de graves delitos a dos de los cuatro ahora acusados.

A continuación reproducimos la descripción de los dos hechos punibles por los que denunciamos a estos cuatro funcionarios en nuestra presentación ante la Sra. Jueza María Cristina Barrionuevo.



La denuncia/querella fue presentada a las 9:54 de este 16 de octubre. En esta última página se puede ver lo solicitado a la Sra. Jueza.

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IV. Hechos denunciados: omisión de perseguir penalmente

IV. 1. La declaración del Sr. Donamaría

En el juicio que comenzó el 11 de septiembre de 2013 ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, el Sr. Félix Victorio Donamaría tuvo la mala idea de prestar declaración. Se trataba de las causas nº 1.378/11 (“WILSON, Osvaldo Enrique y DONAMARÍA, Félix Victorio s/ peculado reiterado”), 1.434/11 (“DONAMARÍA, Félix Victorio y otros s/ peculado reiterado”) y 1.378/11 (“GARRO, Cándido Marcelino y otros s/peculado”).

Félix Donamaría declaró que en abril o mayo de 2004, cuando ya no era más funcionario, se le acercó Rubén Herrera (cuando era Vocal del Tribunal de Cuentas) en una cafetería y con amabilidad le dijo que “se reuniera con los proveedores para armarle los expedientes, que él ya tenía todo arreglado”. Donamaría le contestó que “jamás había participado en lo que habían hecho ellos con los proveedores, a quienes no conocía, y que menos iba a reunirse con ellos ahora”. Algunos días después, Herrera, que venía en su auto, vio a Donamaría caminando. En ese momento frenó su marcha, bajó la ventanilla y le gritó

“vos te querés cubrir con el 1.289, el 1.289 no te va a cubrir a vos; y yo te voy a hacer meter preso de por vida”.

La declaración del Sr. Félix Donamaría obligaba al Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Roberto Jorge Magraner, Maximiliano García Arpon y Alejandro Pagano Zavalía, a ordenar que se extrajera testimonio de lo declarado por el Sr. Donamaría y que se remitiera a la autoridad competente para que se iniciara una investigación. Pero nada hicieron.

Además de ello, el Sr. Félix Donamaría solicitó al Tribunal de Juicio que se convocara a Rubén Herrera en ese momento para someterse a un careo con él, para que los jueces vieran quién decía la verdad. Sin embargo, nuevamente, el Tribunal de Juicio nada hizo. No hizo lugar a la medida de prueba solicitada;  tampoco ordenó extraer testimonios para remitir a la autoridad competente.

III. Hechos denunciados: firmas falsas

III. 1. Introducción

Los hechos que hoy denunciamos constituyen una gravísima embestida contra el poder judicial y la vida institucional de los fueguinos. Los mismos hechos ponen en duda la legitimidad de los actos más graves que la justicia puede realizar: la imposición de sanciones penales.

El poder judicial acapara para sí las mayores virtudes de la acción política de un Estado de derecho: el trato igualitario de todos los ciudadanos, la capacidad de resolver los conflictos interindividuales, la imparcialidad para cumplir su función institucional, su poder-deber de proteger al ciudadano contra los abusos de los otros poderes del Estado, la esencial importancia de su rol funcional de la vida en comunidad, su misión más importante: ser garantes de la aplicación de las reglas constitucionales.

Es por ello que los hechos que denunciamos deben ser investigados en profundidad, seriamente, y sin espíritu corporativo. En caso contrario, la escasa legitimidad popular de este poder del Estado terminará siendo inexistente.

III. 2. Las firmas falsas

Hemos visto asombrados el trámite que el Consejo de la Magistratura imprimió a la denuncia presentada el 30 de julio de 2014, ratificada el 11 de agosto del mismo año, contra los jueces Maximiliano García Arpon y Roberto Jorge Magraner por su intervención en la falsificación de firmas del mismo Magraner y del ex juez Álvarez.

Luego de ello, decidimos indagar un poco más allá de estos dos hechos, descubiertos por casualidad. Es así como llegamos a la decisión de solicitar a los calígrafos públicos nacionales Gastón federico Latour y Eduardo Diego Casá, prestigiosos profesionales, que revisaran un poco más varias firmas dudosas que aparecían en los expedientes del caso penal contra el Sr. Félix Victorio Donamaría por un sinnúmero de hechos de peculado.

Realizado el trabajo encomendado a los peritos calígrafos, recibimos los resultados de su trabajo en un dictamen pericial cuyo original —con la validación formal del Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires— acompañamos con esta presentación como Anexo “A”. Aclaramos que las pocas firmas objeto del peritaje que acompañamos son solo muestras, ejemplos, se deberá investigar en este procedimiento por la presencia de más casos de actas, resoluciones y actuaciones en las cuales se reitera esta práctica de estampar firmas falsificadas.

III. 3. Conclusiones de este peritaje

El peritaje encargado a los dos profesionales revalidó las conclusiones de aquél presentado ante el Consejo de la Magistratura y agregó nuevos hechos. Así, la conclusiones del peritaje han sido las siguientes.

a) La firma falsa del ex juez Álvarez está a fs. 454 vta. de la causa “Molina Santander, Ramón Nicolás y otros s/peculado”. El ahora juez y entonces secretario García Arpon firma dando fe de la autenticidad (Anexo “B”).

b) Ya en los expedientes Nº 1.336/2010 (resolución del 7 de marzo de 2014) (Anexo “C”) y 1.399/11, “Merlino, José Roberto y Donamaría, Félix Victorio y otros s/peculado”, de fecha 7 de febrero de 2013 (Anexo “D”), aparecen sendas firmas falsas del juez Maximiliano García Arpon. En ambas da fe de la autenticidad de las firmas el secretario Jorge Novarino.

c) Firmas falsas de Magraner en el expediente 1.333/10, en dos oficios ley 22.172, del 24 de junio de 2010, fs. 262 vta. y 263. vta. (Anexo “E”). En ambas da fe el secretario Jorge Novarino.

d) Los peritos observan una gran “analogía de forma y diseño” entre las firmas falsas de Magraner (fs. 262 vta. y 263 vta.; ver Anexo “E”) con la firma a nombre de Novarino a fs. 266 (ver Anexo “F”).

e) Finalmente, a fs. 284 vta. aparece una firma con el sello de Jorge Novarino  (ver Anexo “G”) que no se corresponde con las firmas indubitadas del Secretario.

Lo que estos hechos indican es realmente escandaloso. Ya no se trata de un par de firmas falsas aisladas, o de hechos casuales.

Algunas repercusiones en la sociedad civil fueguina se pueden ver aquí: