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Agradecemos a Pablo Parenti, quien nos envió esta información.
Alberto:
Me
parece excelente tu idea de publicar en el blog cierta información sobre los
juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hace pocos días terminamos
el balance 2012 y el informe de gestión anual de la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos
durante el terrorismo de Estado que funciona en el ámbito de la Procuración
General de la Nación. Te mando ambos archivos para compartirlos con los lectores
del blog.
Desde la
Unidad Fiscal venimos generando este tipo de información prácticamente desde su
creación (en 2007) y publicándola en nuestra web. Para nosotros es importante hacerlo, no sólo por el hecho mismo de brindar
información sobre un proceso de juzgamiento tan relevante para nuestro país (y
fuera de él), sino también como modo de rendir cuentas de la gestión realizada
y, a su vez, para plantear públicamente cuáles son los asuntos pendientes: qué
es lo que falta, qué dificultades hay, etcétera.
Como decimos en el informe de gestión, el proceso de juzgamiento
por delitos de lesa humanidad está en su punto de máxima expansión. 2012 fue el
año en el que se logró llevar a juicio oral al mayor número de personas hasta
el momento (este año finalizaron 24 juicios —22
orales y 2 escritos— en los que se condenó a 134 imputados
y se absolvió a otros 17) y,
paralelamente, aumentó de manera perceptible el número de personas procesadas
(a fines de 2011 había 843 personas procesadas y a fin del 2012 hay 1.013).
Esto genera desafíos muy
importantes a nivel de “gestión judicial” (organización de los juicios, control
de las demoras, etc.). Ese es un rubro que en nuestra historia y en nuestra
cultura judicial prácticamente no ha tenido desarrollo. La regla siempre fue (y
en gran medida sigue siendo) que cada juez o cada tribunal organiza los
procesos y los juicios según su criterio (acerca sobre la acumulación de los
procesos, o la periodicidad de las audiencias de juicio, etc.). Esto, que en la
mayoría de las causas penales (casos individuales) puede funcionar sin
demasiados problemas (o que en todo caso, no se hacen visibles), en un proceso
de juzgamiento tan vasto como el que estamos realizando -que abarca miles de
hechos y cientos de imputados, y que se extiende por todo el país– es
determinante. Uno de los desafíos que venimos enfrentando desde la Unidad
Fiscal es justamente cómo gestionar estos procesos, pese a que históricamente
la administración de justicia no muestra demasiadas experiencias en este rubro,
ni demasiada proclividad para la creación de mecanismos de control y de gestión.
Por otra parte, debido a las características de nuestro sistema procesal, muchas
de las decisiones trascendentes para modelar el proceso de juzgamiento dependen
de decisiones judiciales (ajenas al MPF), por ejemplo: decisiones sobre la
conexidad de investigaciones, momento de citación a posibles imputados, acumulación
de hechos en los juicios, periodicidad de las audiencias.
En los últimos años
logramos ciertos pasos importantes, por ejemplo: hoy hay menos resistencia a
acumular investigaciones o causas conexas. Ese fue, y sigue siendo, un tema muy
importante para nosotros porque las investigaciones fragmentadas generan varios
problemas: se hace más difícil vincular elementos de prueba que se refieren a
los mismos sucesos, se multiplican las citaciones a testigos, es más alto el
número de expedientes, de trámites, cédulas, incidentes, etc. y en definitiva, el camino de hace más largo,
tortuoso y la calidad de los juicios es peor. En los primeros años, la
tendencia en muchos lugares del país fue la de formar causas por pocos hechos y
avanzar contra uno o pocos imputados (en general, autores notorios). En cierta
medida había una resistencia metodológica: en lugar de adecuar la metodología
de trabajo al fenómeno que hay que juzgar (un fenómeno de macrocriminalidad),
hubo una tendencia a adecuar el fenómeno a la metodología conocida (una escala
de trabajo pequeña: pocos hechos, pocos imputados). Esa tendencia comenzó a
revertirse y hoy estamos logrando procesos más grandes tanto en la etapa de la
instrucción, como en la etapa de juicio (puede decirse que el 2012 fue el año
en el que se pudieron concretar verdaderos “megajuicios” en varias provincias,
varios de ellos en curso).
Uno de los desafíos pendientes
es acelerar el ritmo de los juicios
orales. Queda mucho por juzgar todavía; pensemos que han sido juzgadas poco más
de 400 personas y hay 1013 procesados. Las Reglas Prácticas dictadas por la
Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2012 fueron un avance, pero
todavía faltan regular (o gestionar) ciertas cuestiones como la periodicidad de audiencias.
Vemos con preocupación que muchos tribunales realizan pocas audiencias
semanales (a veces 1 o 2) y muchas veces las sesiones duran unas pocas horas. Esto
lleva a juicios interminables. Por eso, uno de los principales desafíos para
2013 es que se establezcan mecanismos que garanticen una mecánica más ágil en
los juicios orales.
Otro desafío para el año
2013 es continuar profundizando el proceso de juzgamiento en ciertas áreas,
como el análisis de la responsabilidad de actores civiles en el terrorismo de
Estado (funcionarios judiciales, empresarios, etc.), los delitos sexuales y la
apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (para lo cual la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso hace un par de
meses la creación de una Unidad especializada.
En fin, espero que esta
breve introducción y el material que envío sean de utilidad.
Saludos para todos y
feliz año.
Pablo Parenti
Coordinador
de la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de
Estado
Procuración General de la Nación
Informe de gestión la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derec... by ABovino
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