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10 ene. 2013

INFORME SOBRE CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS - PGN

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Agradecemos a Pablo Parenti, quien nos envió esta información.



Alberto:
Me parece excelente tu idea de publicar en el blog cierta información sobre los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hace pocos días terminamos el balance 2012 y el informe de gestión anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Te mando ambos archivos para compartirlos con los lectores del blog.
Desde la Unidad Fiscal venimos generando este tipo de información prácticamente desde su creación (en 2007) y publicándola en nuestra web. Para nosotros es importante hacerlo, no sólo por el hecho mismo de brindar información sobre un proceso de juzgamiento tan relevante para nuestro país (y fuera de él), sino también como modo de rendir cuentas de la gestión realizada y, a su vez, para plantear públicamente cuáles son los asuntos pendientes: qué es lo que falta, qué dificultades hay, etcétera.

Como decimos en el informe de gestión, el proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad está en su punto de máxima expansión. 2012 fue el año en el que se logró llevar a juicio oral al mayor número de personas hasta el momento (este año finalizaron 24 juicios —22 orales y 2 escritos— en los que se condenó a 134 imputados y se absolvió a otros 17) y, paralelamente, aumentó de manera perceptible el número de personas procesadas (a fines de 2011 había 843 personas procesadas y a fin del 2012 hay 1.013).

Esto genera desafíos muy importantes a nivel de “gestión judicial” (organización de los juicios, control de las demoras, etc.). Ese es un rubro que en nuestra historia y en nuestra cultura judicial prácticamente no ha tenido desarrollo. La regla siempre fue (y en gran medida sigue siendo) que cada juez o cada tribunal organiza los procesos y los juicios según su criterio (acerca sobre la acumulación de los procesos, o la periodicidad de las audiencias de juicio, etc.). Esto, que en la mayoría de las causas penales (casos individuales) puede funcionar sin demasiados problemas (o que en todo caso, no se hacen visibles), en un proceso de juzgamiento tan vasto como el que estamos realizando -que abarca miles de hechos y cientos de imputados, y que se extiende por todo el país– es determinante. Uno de los desafíos que venimos enfrentando desde la Unidad Fiscal es justamente cómo gestionar estos procesos, pese a que históricamente la administración de justicia no muestra demasiadas experiencias en este rubro, ni demasiada proclividad para la creación de mecanismos de control y de gestión. Por otra parte, debido a las características de nuestro sistema procesal, muchas de las decisiones trascendentes para modelar el proceso de juzgamiento dependen de decisiones judiciales (ajenas al MPF), por ejemplo: decisiones sobre la conexidad de investigaciones, momento de citación a posibles imputados, acumulación de hechos en los juicios, periodicidad de las audiencias.

En los últimos años logramos ciertos pasos importantes, por ejemplo: hoy hay menos resistencia a acumular investigaciones o causas conexas. Ese fue, y sigue siendo, un tema muy importante para nosotros porque las investigaciones fragmentadas generan varios problemas: se hace más difícil vincular elementos de prueba que se refieren a los mismos sucesos, se multiplican las citaciones a testigos, es más alto el número de expedientes, de trámites, cédulas, incidentes, etc.  y en definitiva, el camino de hace más largo, tortuoso y la calidad de los juicios es peor. En los primeros años, la tendencia en muchos lugares del país fue la de formar causas por pocos hechos y avanzar contra uno o pocos imputados (en general, autores notorios). En cierta medida había una resistencia metodológica: en lugar de adecuar la metodología de trabajo al fenómeno que hay que juzgar (un fenómeno de macrocriminalidad), hubo una tendencia a adecuar el fenómeno a la metodología conocida (una escala de trabajo pequeña: pocos hechos, pocos imputados). Esa tendencia comenzó a revertirse y hoy estamos logrando procesos más grandes tanto en la etapa de la instrucción, como en la etapa de juicio (puede decirse que el 2012 fue el año en el que se pudieron concretar verdaderos “megajuicios” en varias provincias, varios de ellos en curso).

Uno de los desafíos pendientes es acelerar el ritmo de los juicios orales. Queda mucho por juzgar todavía; pensemos que han sido juzgadas poco más de 400 personas y hay 1013 procesados. Las Reglas Prácticas dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2012 fueron un avance, pero todavía faltan regular (o gestionar) ciertas cuestiones  como la periodicidad de audiencias. Vemos con preocupación que muchos tribunales realizan pocas audiencias semanales (a veces 1 o 2) y muchas veces las sesiones duran unas pocas horas. Esto lleva a juicios interminables. Por eso, uno de los principales desafíos para 2013 es que se establezcan mecanismos que garanticen una mecánica más ágil en los juicios orales.

Otro desafío para el año 2013 es continuar profundizando el proceso de juzgamiento en ciertas áreas, como el análisis de la responsabilidad de actores civiles en el terrorismo de Estado (funcionarios judiciales, empresarios, etc.), los delitos sexuales y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (para lo cual la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso hace un par de meses la creación de una Unidad especializada.
En fin, espero que esta breve introducción y el material que envío sean de utilidad.

Saludos para todos y feliz año.

Pablo Parenti

Coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado

Procuración General de la Nación











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