¿LA JUSTICIA EN CRISIS?

LA CRISIS DE LA JUSTICIA: ¿ES UNA CRISIS?

Y mientras todas las artes progresan multiplicando los resultados con el empleo de medios más reducidos, la jurisprudencia retrocede multiplicando los medios y reduciendo los resultados.

Jeremy Bentham, Tratado de las pruebas judiciales.

El blog No Hay Derecho invita a quienes quieran discutir sobre el problema planteado en esta entrada a participar en la discusión del tema. Para ello se ruega remitir sus opiniones para ser publicadas al mail: debatenhd@me.com.

I

Cada vez que se intenta realizar un análisis de la fisiología de las prácticas judiciales, es muy raro que no se haga mención de la expresión “crisis de la administración de justicia”. Queremos dejar en claro que no estamos hablando de todos los operadores de la justicia, sino de la racionalidad que informa a los órganos de la justicia como institución. Y también que hablamos de toda la administración de justicia, no solo del fuero penal.

El uso de esta expresión cumple varias funciones, todas negativas:

a)    El uso de la palabra “crisis” da una idea errónea sobre el fenómeno. Según los diccionarios la palabra indica que ciertas personas, procesos o situaciones atraviesan momentos en los cuales la situación puede calificarse como grave. 

b)    Con ello, parecería que los graves problemas de las prácticas judiciales se definen como una cuestión limitada en tiempo y espacio. No se trata de un problema estructural, solo de una coyuntura que puede ser solucionada rápidamente

c)    Finalmente, la “crisis de la administración de justicia” no es atribuible a ninguno de sus operadores [versión de los judiciales]. Es una práctica establecida para los responsables de la administración de justicia decidir que la culpa es de la CSJN, del poder legislativo, de los demandantes, etcétera. Los jueces parecen ser absolutamente ajenos a toda responsabilidad en la crisis de la justicia.

En síntesis, se quiere trasmitir la increíble idea —completamente funcional a la resistencia al cambio de este poder del Estado— de que la administración de justicia tiene ciertos “problemas”, más o menos graves. Esta percepción evita reconocer que el problema es la administración de justicia en sí misma, y no otra cosa. Esta particularidad de la justicia de no admitir sus responsabilidades ha sido muy bien señalada por Gustavo Arballo aquí, en estos términos 

Hagan la siguiente prueba: pregunten a operadores del sistema de cualquier nivel cuáles son los problemas más acuciantes de la justicia.

Dirán cosas como éstas:

- Exceso de trabajo (cúmulo de tareas)

- Falta de recursos (personal, infraestructura)

y todo un espectro de variaciones sobre la autovictimización, que es una forma de la autocomplacencia.

Todo esto se puede ver, también, en este breve Informe.             

II

Esta percepción de la supuesta “crisis” elude el reconocimiento de uno de los problemas estructurales de la administración de justicia: no hay tales crisis, por la sencilla razón de que las patologías de la justicia son una parte esencial de nuestro modelo judicial. En este sentido ha dicho Binder:

El sistema judicial de América Latina es básicamente inquisitivo. Éste surgió en un momento particular y sirvió a las necesidades de una específica estructura estatal. El sistema inquisitivo no es sólo un modelo de procedimiento, sino que comprende una completa estructura de organización judicial, un específico tipo de juez, y una cultura bien definida. Es una creación conjunta del Estado moderno y de la monarquía absoluta. La mayoría de sus principales características, tales como el procedimiento escrito, secreto, ritualista, lento, burocrático y sus prácticas ceremoniales son percibidas como cualidades esenciales del modelo antes que como imperfecciones[1].

La única manera de transformar nuestras prácticas judiciales para lograr una justicia razonablemente republicana y propia del Estado de derecho consiste, entonces, en desterrar por completo esa cultura inquisitiva que se halla completamente naturalizada.

¿Cómo es que no nos resulta chocante entrar a eso que llaman “juzgado” y ver cientos y cientos de carpetas que desbordan de papeles? ¿Cómo es que no nos resulta chocante que se confunda el “caso” con un montón de papeles?

¿Por qué las mesas de entradas de los juzgados penales parecen una fortaleza del tercer mundo tapada con pedazos de cartón, tablas varias y otros elementos similares, donde las partes tenemos que caminar como un egipcio para poder ingresar?

¿Cómo es que a nadie le parece que cualquier caso judicial que exceda de diez cuerpos se transforma en algo indescifrable? Un cuerpo —para quienes no lo saben— son 200 fojas (hojas), es decir, 400 páginas. Piensen que un caso en el cual el expediente tiene diez cuerpos, los operadores del caso deben conocer 4.000 páginas. Sí, ya sé que la gran mayoría de lo que hay en un expediente es pura paja. Entonces, ¿qué chucha hace allí dentro?

¿Cómo es que la "modernización informática" se limita al uso del correo electrónico y a digitalizar el expediente? ¿Es que cambiar cientos de cuerpos por cientos de Gigas es "ser moderno"?

¿Cómo se pretende combatir las nuevas formas delictivas con un procedimiento penal que sigue un modelo histórico del procedimiento tal como el del Código napoleónico?

¿Cómo no se  advierte que no hay ley o código que pueda funcionar razonablemente si los jueces no están calificados o no son dignos de ocupar su cargo? ¿Cómo subsisten de manera generalizada gravísimos problemas de falta de independencia externa e interna del poder judicial? ¿Cómo se puede mantener aún la organización refleja del ministerio público?

¿Cómo es que no se han oralizado todos los procedimientos?

El problema más serio que enfrenta la administración de justicia penal de todos nuestros países es un problema cultural, que podríamos simplificar denominándolo “cultura inquisitiva”. Este legado cultural que ya hemos sufrido por cinco siglos —heredado forzosamente de nuestros colonizadores— es el que determina en mayor medida los aspectos institucionales y organizacionales de nuestra administración de justicia penal como un todo. Por ello, hasta que no nos libremos de este terrible problema de raíces culturales que configura las prácticas de la justicia penal, muchos de nuestros esfuerzos serán, probablemente, inútiles.

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[1] Binder, Alberto, Ideas y materiales para la reforma de la justicia penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 25 [traducción nuestra del abstract en inglés].