¿LA JUSTICIA EN CRISIS? (2)

Largamos con la opinión de Fernando Gauna Alsina

Estimado Alberto,  Coincido en un todo con vos en punto a que al problema de la administración de justicia le excede con creces el término "crisis" y que existe una resistencia de algunos operadores para generar cambios significativos [ver la entrada original aquí]. Por ahora, los pocos avances que han llegado a mi conocimiento no han consistido en otra cosa que reemplazar el libramiento de algunos oficios —y sólo a determinados lugares— por el envío de correos electrónicos. Pero más allá de cualquier avance en materia de gestión y administración, lo cierto es, como vos también lo señalás, que el problema sigue siendo el mismo: la cultura inquisitiva y conservadora que aún impregna las prácticas judiciales. La llevan consigo muchos operadores con cantidad de años en el poder judicial y a medida que pasa el tiempo la aprehenden —de aprehensión— los noveles integrantes. De esta manera, cualquier intento por el cambio, sino es obsoleto, cuanto menos es harto difícil. Te traigo a cuento un ejemplo que sucedió en la jurisdicción donde trabajo. Luego de la reforma que implementó la oralidad en la instancia de apelación, a los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se les ocurrió, so pretexto de déficit en materia de infraestructura y presupuesto, que mediante una acordada podían seguir manteniendo el régimen anterior. En concreto, instar a las partes a que opten por seguir "informando" por escrito. Igualmente, tal vez sea más gráfico lo sucedido en la órbita del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Según tengo entendido, aunque el código propone una instrucción preliminar informal desprovista del "expediente", los operadores se ocuparon de mantenerlo con vida utilizando el registro en actas y constancias de la mano del castellano antiguo propio del modelo anterior. En definitiva, sin perjuicio de los intentos de reforma y, sobre todo, de los avances tecnológicos, las constancias en actas, tal como sucedía en los tiempos de la colonia, siguen siendo la regla y "lo que no está en el expediente no está en el mundo" la pauta de trabajo diaria. Al menos, en el marco del Poder Judicial Nacional y Federal. En ese contexto, te cuento que no hay nada más triste que el hecho de ver como para algunos operadores es más importante la prolijidad, las palabras antiguas y bonitas, y la foliatura, que resolver en tiempo razonable los casos que, por lo general, involucran a personas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni hablar de los daños que derivan de la cultura del secreto que aún imparten muchos jueces como regla, a la hora de que las partes puedan acceder a los expedientes.  Cualquier persona que tenga la suerte de conservar el sentido común —cosa que la permanencia en el Poder Judicial se ocupa de degradar— con el solo hecho de pasar un día en un juzgado, notará estas circunstancias y concluirá, sin duda alguna, que el problema del Poder Judicial no pasa por el presupuesto y, menos aún, por problemas de infraestructura o personal.  Por lo demás, con relación a lo que trajo a cuento Gustavo Arballo, estoy convencido que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial saben que el modelo de administración de justicia actual es obsoleto y que el método escrito es por demás pernicioso.  El tema es que ese mismo modelo evita la exposición y, por ende, la revisión pública de sus decisiones. En muchos casos, la publicidad además de revelar la falta de criterio y de conocimiento de muchos jueces, revelaría también el pensamiento conservador, racista, machista y xenófobo de cantidad de integrantes del PJN. En síntesis, no creo que quede margen para la duda. El déficit más grande de la administración de justicia es cultural y ante este escenario, antes que seguir abriendo juzgados o propiciar reformas parciales o progresivas —es decir aquellas que si bien son bienintencionadas, otorgan huecos para que la cultura inquisitiva se siga filtrando—, estoy convencido de que se impone la reforma drástica de la estructura actual de la administración de justicia.  Donde, entre otras cosas —y como lo proponen los mejores proyectos de reforma— los jueces no sigan siendo meros administradores de los juzgados que tienen a su cargo y donde muchos, dicho sea de paso, se sientan sus dueños; sino donde sólo se ocupen  de decidir y resolver en forma oral los casos —ya sea cuestiones incidentales o de fondo— que lleven a su conocimiento las partes, de acuerdo con las audiencias fijadas por una oficina administrativa que de ninguna manera dependa de ellos. Bueno, no se si contribuye al debate, mucho menos con el desbarranque del final. Sólo son algunas líneas que se me ocurrieron al leer esta entrada.      Abrazo grande, Fernando Gauna Alsina