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El Poder
Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un “proyecto que implica la
posibilidad de traspaso de tribunales, fiscalías y defensorías nacionales con
sede en la Capital Federal a la jurisdicción local”, y dicho proyecto generó un
comunicado (nº 45/2016) de la Asociación de magistrados y funcionarios de la
justicia nacional (AMFJN). El contenido del comunicado es francamente llamativo. Es una suma de
expresiones desafortunadas, para decirlo suavemente. Los comentarios que aquí
realizamos se refieren exclusivamente a los jueces, no a los demás empleados.
El derecho a la estabilidad en el trabajo del empleado público (art. 14 bis, CN) debe garantizarse en todos los
casos, a diferencia de lo que sucede, por ej., con la inamovilidad en el cargo
de los jueces prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional.
El primer párrafo deja en claro la terminante
posición de la AMFJN:
En primer lugar, concurren sólidas objeciones
de orden constitucional a un
eventual traspaso, pues a más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reviste
el carácter de Provincia, bajo ningún
concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario
nacional a partir de una ley.
Hay un obstáculo constitucional, dicen los
jueces. Parecería que fuera al revés, piensa el resto del mundo que da por
sentado que la reforma de 1994 exige
el traspaso de uno de los tres poderes del Estado a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En realidad, lo que exige la Constitución Nacional es que se
respete el derecho de los habitantes de esta ciudad a tener su propia
administración de justicia.
La opción que siempre se consideró, teniendo en
cuenta circunstancias políticas, es la de traspasar la competencia de la
justicia nacional junto con sus jueces. Es decir que se traspasará la
competencia de la justicia nacional junto con sus empleados —a quienes se debe
mantener la estabilidad en el empleo— y se traspasarían, también, los jueces,
quienes ocuparían entonces los nuevos tribunales de la CABA. De este modo, la
justicia nacional ordinaria que interviene en la CABA desaparecería, y solo
subsistiría la justicia federal. Desde ya que un traspaso como éste no
resultaría nada sencillo en términos operativos, políticos, jurídicos y
presupuestarios (ver nota del InECiP).
A todos esos problemas hay que sumarle la
rebelión de la Asociación de Magistrados... ¿De qué otra manera se puede
calificar la expresión “bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado... a partir de una ley”?
En
primer término, no se trata de “una ley”, sino de leyes y convenios
interjurisdiccionales que deben ser aprobados por el Congreso y por la
Legislatura porteña. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo que la AMFJN pretende?
¿Un decreto del ejecutivo? ¿Una acordada de la Corte Suprema? La ley es el
mecanismo para definir competencias de los órganos judiciales y crear nuevos
tribunales. La opinión corporativa de la Asociación de Magistrados, por el
contrario, no es la más democrática de las fuentes para imponerse sobre leyes
aprobadas por los dos poderes legislativos involucrados en el tema.
Sobre la necesidad de realizar el traspaso de las competencias de la justicia nacional a la CABA ya habían opinado los ministros Maqueda y Lorenzetti en el caso “Corrales, Guillermo Gustavo y otros s/habeas corpus”, del 9/12/2015.
Sobre la necesidad de realizar el traspaso de las competencias de la justicia nacional a la CABA ya habían opinado los ministros Maqueda y Lorenzetti en el caso “Corrales, Guillermo Gustavo y otros s/habeas corpus”, del 9/12/2015.
Que en atención a que la
Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no
puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de
la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra
supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias
antes aludidos.
En efecto, si bien el carácter
nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el
particular status que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional
de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las
competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale
reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones
provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local
(considerando 8).
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El comunicado de la AMFJN continúa con su
crítica del siguiente modo:
En segundo lugar, existe una realidad irrefutable y es que la reforma
que se propicia no emerge de los integrantes del Poder Judicial de la Nación,
siquiera de una minoría significativa, no es auspiciada por los profesionales
litigantes y mucho menos por los justiciables.
Es muy cierto, no “emerge” de los jueces. Y no
tiene por qué hacerlo. Realmente, en ocasiones se nos hace difícil comprender
cuál es la imagen que tienen de sí mismos aquellos jueces que creen que tal
afirmación justifica algo. Se trata de cumplir con una exigencia constitucional
que garantiza a los habitantes de
esta ciudad el acceso a la jurisdicción local.
Muchos jueces creen tener derechos como si
fueran mecanismos protectores de derechos subjetivos personales de carácter
laboral —inamovilidad, intangibilidad de las remuneraciones—. Es cierto que son
ellos quienes pueden reclamar jurídicamente que tales derechos se cumplan. Sin
embargo, se trata de mecanismos establecidos para la protección del derecho de
acceso a una justicia independiente, competente e imparcial de todos los
habitantes. Ésa es la única razón de ser de las exigencias constitucionales que
rodean la función judicial. Es decir, se resguarda el ejercicio de su función
para protegernos a nosotros de ellos.
En caso de entrar en conflicto, por ejemplo,
nuestro derecho de acceso a la justicia local garantizado constitucionalmente
con la inamovilidad en el cargo de un juez nacional, ¿cuál debería prevalecer?
¿El derecho al “status” nacional de los jueces por siempre y para siempre? ¿No
fueron ellos quienes nos enseñaron que “no hay derechos absolutos”?
Además, es cierto, el proyecto tampoco es
“auspiciado” por los litigantes ni por los “justiciables”. ¿Y desde cuándo les
importa eso? ¿También pretenden hablar por quienes los padecemos? Imaginemos
qué diría la Asociación de Magistrados si el proyecto estuviera realmente
“auspiciado” por los litigantes... ¿Qué valor le darían a ese auspicio?
3
Por último, una “aclaración” de la Asociación
de Magistrados que oscurece:
Es de medular importancia poner de relieve que la
posición de esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional en modo alguno parte de una concepción peyorativa o desdeñosa de la
jurisdicción local. Son bien conocidas la elevada calidad técnica, el
compromiso funcional y la capacidad de gestión que han demostrado jueces, fiscales,
defensores, funcionarios y empleados de la justicia de la C.A.B.A., incluso en
un contexto de garantías funcionales menos holgado que el que nos asiste, tal
como se ha expuesto precedentemente.
Habría sido mejor si no hubieran incluido este
párrafo que, sencillamente, no es verdad. Son conocidas las variadas
expresiones que tienen muchos jueces para aludir a su eventual mutación de
jueces nacionales a jueces de la CABA.
María
Laura Garrigós de Rébori dijo
en una entrevista radial que el traspaso “ha sido muy resistido por la
corporación judicial, porque los jueces no quieren ser jueces de la ciudad,
quieren ser jueces nacionales, aunque no tengan competencia fuera de la ciudad
de Buenos Aires...”. También hemos escuchado que “no quieren ser jueces municipales”
ni se quieren ir a la “B”.
Tales expresiones son usadas en reuniones
públicas. No queremos imaginarnos cómo se referirán a su eventual cambio de
“categoría” en privado. Lo
cierto es que dejar de ser jueces “nacionales”, aunque solo sean competentes
para asuntos locales, es percibido como una especie de descenso de categoría,
como buenos miembros y partidarios de una organización judicial jerárquica que
son.
En síntesis, los jueces nacionales ordinarios
no están dispuestos a someterse a una ley que los reasigne como jueces de la
CABA. No terminamos de entender qué acto de gobierno creen que sería capaz de reubicarlos
como jueces locales. ¿Ninguno? ¿Qué pretenden, una constituyente (y
doble)? ¿Realmente creen que es imposible tocar cualquiera de sus privilegios?
¿Están fuera del Estado de derecho?
Su frase “bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado... a
partir de una ley”, además de expresar abiertamente el espíritu antirrepublicano de muchos jueces,
suena como una maldición bíblica.
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*Agradezco al juez Luis Schelgel por hacerme notar el error que aparecía en la entrada original.
