Éste es el blog personal de Alberto Bovino.
Las notas no son escritas en calidad de miembro de ninguna institución, estudio jurídico o universidad, y expresan nuestras opiniones personales.
Las entradas son de exclusiva responsabilidad de quienes la firman.
A raíz del post “Las 25 mejores películas legales”, del blog “Cine y derecho”, Carlos Javier publicó una entrada con el mismo nombre en Blawggers Internacionales.
Más allá de que me parece fantástico el tema abordado en ambas entradas, creo que quienes proponen una lista de ese carácter deberían, como mínimo, definir qué consideran una “buena película legal”, y qué criterios utilizan para seleccionarla.
No es lo mismo si estamos pensando en una lista de películasadecuadas para enseñar algún punto particular del derecho, o si estamos pensando en las películas que, a nuestro juicio, han planteado las cuestiones más relevantes sobre la teoría jurídica y el concepto de derecho, y así podríamos señalar una amplia serie de criterios.
En este sentido, dejamos en claro que nuestra selección —limitada por el grupo de películas que hemos visto— se vincula con aquellas obras cinematográficas que, a nuestro juicio, ponen al desnudo el discurso jurídico práctico en general y, además, las diversas variables que la teoría jurídica que enseñamos en las facultades de derecho de los países de nuestra región tienden a señalar como “impurezas” o como “anomalías” en la aplicación del derecho y que, sin embargo, son características definitorias del discurso jurídico práctico (ver El complejo de Rock Hudson aquí y aquí). En un próximo post explicaremos las razones de la elección de cada película.
Es por eso que nuestra selección —tan arbitraria y caprichosa como las demás— es la siguiente:
El juez Chirinos ordenó reorganizar la cárcel de Roca
La capacidad es para 250 internos y ayer había 344
ROCA (AR).- Por un mes y hasta tanto se reduzca el número de internos que actualmente se encuentran superpoblando la cárcel, el juez de Ejecución Penal, Juan Pablo Chirinos, ordenó que se prohíba el ingreso de nuevos reclusos al Establecimiento Penal 2 de Roca.
A través de una resolución, el magistrado también otorgó un plazo de 5 días hábiles al gobierno rionegrino para que presente un plan que permita garantizar alimentos para los próximos meses y se elaboren alternativas para el traslado de los presos que se encuentran hacinados en distintas dependencias.
La medida surgió después de la recorrida realizada el lunes por la mañana a la ex alcaidía, donde el magistrado detectó una serie de falencias en la atención a las personas que se encuentran procesadas y condenadas.
Chirinos, en la parte resolutiva, declaró que los detenidos "están sometidos a condiciones inhumanas y degradantes" y aclaró que el penal sólo tiene capacidad para 250 internos y actualmente hay alojados 344. Pero además detectó que en los cuatro pabellones del nuevo edificio se presentan problemas eléctricos y también en los sanitarios. Respecto al espacio donde están recluidas las mujeres -que está ubicado en la ex alcaidía- aseguró que los pisos y los baños están en malas condiciones. "El pabellón 14 pasó de depósito de alimentos a sector de alojamiento. Se utiliza un aula como pabellón para los internos que trabajan en mantenimiento y el casino de oficiales pasó a ser pabellón para fuerzas de seguridad", dice la resolución.
También se comprobó que no existen colchones para la totalidad de los internos y varios de ellos están durmiendo en el suelo desde el lunes. La comida fue otro de los temas que abordó el juez. Explicó que es "de mala calidad" aunque detalló que los inconvenientes originados en la licitación para la compra de mercadería terminó por desencadenar problemas serios en la alimentación de los presos.
También existe hacinamiento -agregó- en el ex hogar El Maruchito, actualmente ocupado por 49 reclusos de buena conducta aunque sólo tiene capacidad para 30.
Sin lugar
Para el magistrado el tema más serio es el de la superpoblación. En su resolución aclaró que hay internos durmiendo en un gimnasio y en aulas.
Chirinos ordenó que por un mes no ingresen más internos para ser alojados en el penal. Y en un breve plazo el Ejecutivo deberá presentar un plan para reubicar a los internos en otro lugar.
y otro poco de valoración de la prueba nunca están de más
En noviembre de 1997, durante mi tercer viaje a Guatemala, como parte de mi trabajo, organicé unas conferencias sobre autoría y participación en delitos cometidos desde el Estado. Los jueces guatemaltecos insistían e insistían en que no podían condenar a nadie si no se contaba con una orden escrita y firmada de puño y letra del máximo funcionario responsable por haber ordenado masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y demás atrocidades por el estilo.
A pesar que el Código Procesal Penal vigente en esa época regulaba el sistema de sana crítica para la valoración de la prueba, seguían pensando como si continuara en vigencia el sistema de prueba tasada del régimen derogado. Dado mi carácter de litigante, pensé que sería mucho más convincente que quien diera una conferencia explicando que eso no era así fuera un juez, y no un juez cualquiera, sino uno de los jueces que condenó a los militares acusados en el juicio a las Juntas: Ricardo Gil Lavedra.
Además, para que expusiera sobre el tema de la autoría y participación de ese tipo de delitos en situaciones como la de la dictadura argentina, invité a Eduardo Bertoni. Ambos aceptaron y estuvieron muy bien. El impacto que causó la maravillosa conferencia de Ricardo fue impresionante, y me dio la impresión de que al fin habíamos comenzado a remover eso de la necesidad de que apareciera una orden escrita.
Más allá de la intervención de ambos en esa conferencia, que fue la actividad central de su visita, Ricardo Gil Lavedra tuvo una fructífera reunión con un grupo de periodistas muy preocupados por un proyecto de ley “mordaza” que finalmente no prosperó.
Eduardo, por su parte, intervino en un taller sobre Autoría y participación al que asistieron abogados de ONGs, fiscales y defensores públicos. En ese taller, Eduardo dio toda la parte teórica sobre las reglas de autoría y participación del derecho guatemalteco, y yo intervine en la discusión de casos hipotéticos donde aplicamos tales principios. Como resultado de ese taller publicamos desde la Fundación Myrna Mack, el primer Cuaderno de una serie denominada “Justicia y Estado de Derecho”, destinada a proporcionar materiales básicos de lectura sobre los temas de los talleres, así como a volcar las discusiones que se dieron con los participantes.
En este relato no hay ningún final absurdo ni sorpresivo. Solo fue escrito para describir parte de nuestro trabajo en Guatemala en ese año 1997, y, especialmente, como merecido agradecimiento a Ricardo Gil Lavedra y a Eduardo Bertoni por su valiosa colaboración.
Durante las VIII Jornadas Patagónicas, realizadas en Neuquén, nos encontramos con Maxi Rusconi y nos regaló su último libro, publicado por el amigo Rubén Villela en Ed. Ad-Hoc.
Ante este tipo de hechos que involucran a tantos policías y comisarías, cuesta creer que en todos ellos los comisarios hayan resultado siempre ajenos al comportamiento delictivo de sus efectivos y cabe plantearse si en algunos casos no se trata de actividades que, ante la falta de control de las instancias políticas, se han convertido en rutinarias y, quizás, en mecanismos de recaudación ilícita.
Llama poderosamente la atención la respuesta del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, responsable de la Policía Federal. Según el funcionario, la fuerza "se ha depurado bastante" y es ella misma la que investiga. Los datos publicados por LA NACION indican que el ministro estaría equivocado o mal informado.
Más llamativo resulta, en cambio, el silencio del jefe de la fuerza, Néstor Vallecca, también vicepresidente de Interpol de América, quien tampoco respondió cuando este diario quiso consultarlo sobre la presunta persecución interna que estaría sufriendo el médico legista y subcomisario Alberto Brailovsky luego de haber intervenido, a pedido de Bolivia, como perito en la masacre de Pando y haber hallado graves irregularidades en los informes de las autopsias de los campesinos asesinados en 2008.
A estas alturas de los acontecimientos, la decisión de combatir tanto el auge delictivo como la creciente corrupción policial son responsabilidades del poder político que, a la luz de los resultados, éste no ha asumido ni parece decidido a asumir.
Cabe preguntarse, como en el caso de los comisarios, si se trata de pura inoperancia o si algunos de estos fenómenos resultan útiles a ciertas formas desviadas de practicar la política.
Quizá no exista combinación más nefasta que la que convierte en socios al crimen con la policía y la Justicia. La Italia violenta de los años 70 y 80 es prueba de ello.
La sociedad argentina necesita casi con desesperación que el delito disminuya sensiblemente. Y también necesita confiar en su policía. Tanto la Federal como la bonaerense cuentan con una enorme mayoría de efectivos honestos y valientes que, con frecuencia, pagan ambas virtudes con la vida. También cuentan con profesionales experimentados. Combatir desde el Gobierno la difusión de la criminalidad policial es la única manera de que esos policías sanos no sientan que sus esfuerzos resultan vanos.
Ahora, a contar calorías. ¡¡¡No se olvide de la calculadora!!!
Por M. Flammá
Nota de hoy en Infobae.
Los Estados Unidos endurecen su lucha contra la obesidad
La FDA informó que todos los sitios que vendan comida al público deberán agregar a sus menúes la cantidad de calorías que tienen los platos. Es una medida incluida en la reforma sanitaria, que extiende esta obligación concebida sólo para las cadenas de restaurantes.
Las regulaciones en torno a la cantidad de calorías de los platos que se ofrecen en restaurantes están a punto de extenderse a otros sitios que ofrecen comida en los Estados Unidos, incluyendo aviones, cines y tiendas abiertas las 24 horas , informó The Wall Street Journal.
Esta expansión de la medida se deriva de la reforma sanitaria promulgada en marzo de este año en ese país.
El gobierno había pedido inicialmente que sólo las cadenas de restaurantes ofrezcan una lista de las calorías que contienen los platos para que sea más fácil a los consumidores elegir la opción más saludable. Los propietarios de los comercios apoyaron la medida, por lo que fue incluida en la reforma sanitaria.
Si bien hasta el momento la idea de que el conteo de calorías se extienda a otros sectores fue alabada por los especialistas en nutrición, las industrias no se muestran de acuerdo y apelan en su defensa que la legislación vigente cuando se instalaron era diferente.
"La gente no va al cine con la comida como propósito principal", señaló Gary Klein, vicepresidente de un grupo que representa a dueños de salas cinematográficas. "¿Por qué no están incluidos los estadios de béisbol? ¿Piensan que la comida que se sirve ahí es saludable?", se preguntó también.
La reforma sanitaria obliga a las cadenas de restaurantes con 20 locales o más colocar la información calórica de los platos en cada menú. El requerimiento entró en funcionamiento cuando el presidente Barack Obama firmó la ley, pero no se espera que los comercios comiencen a cumplir con la norma hasta que se hagan efectivas las penalizaciones, el año que viene.
En guías preliminares difundidas la semana pasada, Food and Drug Administration (FDA) informó que el alcance de la ley se extenderá más allá de los restaurantes para abarcar aerolíneas, trenes, locales de comida (como pizzerías), cines y tiendas abiertas las 24 horas que califiquen como "cadenas".
Si un Estado pretende emprender una lucha y que ésta sea legítima, es necesario crear previamente la conciencia general de que aquel con el que nos enfrentaremos es un “enemigo”.
Si hay un país en el mundo que ha sabido hacer esto, es sin dudas los Estados Unidos.
Por eso lo primero es construir a ese enemigo. Habrá que definirlo, escindiéndolo así de otros y atribuyéndole las características específicas que nos permita identificarlo. Luego será necesario endilgarle la responsabilidad de muchos de nuestros males, para que nadie dude de que debemos destruirlo por el bien de todos.
La circunstancia de poseer una masa corporal de determinado volumen, que antaño fuera símbolo no solo de salud, sino también de belleza en la cultura occidental, se transformó lentamente en el epicentro de un sinnúmero de padecimientos, y así un día nació la obesidad, y se transformó en enfermedad, para luego ser elevada a la categoría de “epidemia”.
Los cánones de belleza acompañaron esta transformación, dando origen a formas de bulimia y anorexia antes desconocidas.
Si el obeso es un enfermo ya está allanado el camino para el ingreso de las políticas de salud pública y bajo esa bandera combatir la enfermedad mas allá de lo que opinen los “enfermos”.
¿Alguien supone que quien consume calorías en exceso de sus necesidades básicas de subsistencia lo hace porque desconoce el contenido calórico de lo que ingiere?
Solapado bajo un supuesto deber objetivo de informar, subyace otro discurso:
“Señor, señora, tenemos el deber indeclinable de advertirle que esa hamburguesa triple con tocino y huevo frito que está a punto de introducir en su cuerpo, contiene 17 veces las calorías que usted necesita ingerir para sobrevivir durante el día de hoy. Sepa que si lo hace, su tejido adiposo almacenará grasa que usted no necesita y eso incrementará el riesgo de que usted contraiga enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial entre otras patologías”.
Como el consumo de calorías no sólo no es en sí perjudicial para la salud —como puede ser el tabaco— sino que es necesario para subsistir, no resulta posible que se obligue a los productores de alimentos colocar una leyenda que diga:
“Comer este producto es perjudicial para la salud”
Será entonces el número de calorías contenidas en el producto el dato que, sumado a las calorías diarias ya ingeridas y confrontado su resultado con el número de calorías “adecuadas” determinará lo saludable o no de su ingesta.
Pero en el fondo podemos pensar que la medida tiene como fin no solo informar sino generar un cambio de hábito más allá de la voluntad presunta de los consumidores.
En un mundo globalizado donde la población mundial aumenta incansablemente, y comienza a evidenciarse una crisis alimentaria, donde la explotación intensiva de la tierra va deteriorando el recurso natural y donde la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.
¿No seremos los gordos un inútil y antieconómico reservorio de energía que hay que erradicar?
