21 oct. 2017

CASO MALDONADO: ¿CONSECUENCIAS?







La imagen de Sergio Maldonado y su esposa “custodiando” durante horas un cuerpo que flota en el río porque, con razón, ya no confían en nadie, es el más claro símbolo de nuestra degradación institucional.



Yo me pregunto cuáles serán las consecuencias jurídicas para los funcionarios del Estado que participaron en este conflicto, es decir, si se responsabilizarán de algún modo por sus acciones. Que quede claro que estamos hablando de la responsabilidad de los funcionarios estatales, concretamente, de aquellos a quienes alcanzaba de algún modo la obligación estatal de investigar el destino de la persona denunciada como desaparecida.



Así, por ejemplo, el hecho de que la ministra Patricia Bullrich haya mentido en reiteradas oportunidades —entre ellas, ante el Congreso— sobre diversos hechos referidos a la desaparición de Santiago Maldonado, ¿tendrá alguna consecuencia legal? Los ministros del poder ejecutivo, ¿tienen un “derecho” a mentir cuando son convocados al Senado? Las intervenciones de distintos funcionarios del ministerio de seguridad en el procedimiento, ¿tendrán alguna consecuencia?


Anoche el ministro Garavano decía que “Lo importante es saber qué paso”. Y agregó que “le ha hecho muy mal a la investigación esto de que se le mienta a la Justicia y eso no tenga consecuencias”. En el diario La Nación se aclara que Garavano


También defendió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo que “hay querellas que pueden tener otros intereses y que no han contribuido en este proceso”. Y se puso del otro lado. “Es importante acompañar a la familia y saber, en definitiva, qué paso con Santiago”, insistió.


Las declaraciones parecen en joda. El ministro de justicia, que defiende a Patricia Bullrich y nada dice del juez Otranto, se queja de que se haya mentido a la justicia… 


¿Cómo puede defender a Bullrich e ignorar el papel de la ministra y de sus funcionarios en el entorpecimiento de la investigación? La obligación de investigar lo sucedido es un deber autónomo del Estado. Aun si los familiares no colaboraran en la investigación, el Estado debe cumplir. El papel de quien investiga, por otra parte, es exactamente el contrario al que tuvo el ministerio de seguridad.


Recordemos, además, que Garavano y Bullrich —en su lucha sin cuartel contra el garanto-abolicionismo zaffaroniano-kirchnerista— han cuestionado  que las garantías, en el proceso penal, solo se limiten al imputado, y señalan que nadie se acuerda de las víctimas. Si alguien no cuidó de los familiares de Santiago Maldonado en todo este proceso, sin duda alguna, fueron los funcionarios del Estado.


A ver si entienden de una buena vez que mostrar preocupación y reclamar por Santiago Maldonado no significa que uno sea kirchnerista y parte de una conspiración anti-macrista. Solo significa que uno le reclama al Estado por una persona desaparecida en el contexto de un operativo represivo de una fuerza de seguridad en contra de la protesta social de una minoría. Y tanto el hecho como el reclamo tienen un innegable carácter político. O sea que reclamar por Maldonado no es “politizar” el hecho. Lo que sí es cuestionable es utilizar el hecho político con fines electoralistas, algo que todas las fuerzas políticas hicieron. Y si no pregúntenle a la inefable Lilita Carrió quien, afortunadamente, nos perdonó y nos ama a todos.


En este sentido, los resultados de los peritajes sobre el cuerpo de Santiago Maldonado son irrelevantes. Había una denuncia de desaparición forzada en el contexto de un operativo estatal represivo, y el derecho vigente exige que se investigue. También había recomendaciones de órganos de protección de Naciones Unidas y del sistema interamericano que fueron ignoradas. Hoy hay un cuerpo sin vida.


Otra cuestión que resulta preocupante es la de la responsabilidad del juez Otranto. El juez no solo incumplió todos los deberes funcionales a su cargo —pues no investigó lo que debía investigar— sino que, además, se dedicó a maltratar a las víctimas y a las demás partes, mientras protegía a la fuerza que debía investigar. Su actitud llegó a niveles increíbles cuando convocó al ministerio de seguridad para un megaoperativo del cual excluyó a los familiares y a sus representantes legales, y retuvo en condiciones inhumanas a varios testigos mapuches.


Cuando se cansó de no hacer nada bueno, concedió en exclusiva una entrevista a La Nación en donde adelantó opinión y cuestionó a la familia, a los mapuches y a algunas ONGs que le molestaron desde un inicio. Todo esto sucedió, además, en un caso que jamás debió aceptar pues él había intervenido previamente en el conflicto con los mapuches.


El apartamiento del juez fue solicitado por la familia y, posteriormente, por el CELS. Si bien la cámara resolvió apartar al juez, se ocupó expresamente de señalar que “no exist[ía]n elementos que permit[ier]an abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez”. La aclaración no solo era innecesaria para resolver como se resolvió, sino que además, es falsa, pero primó el ánimo de protección corporativo. 


El juez, además, provocó deliberadamente su propio apartamiento. Resulta imposible creer que Otranto no sabía que adelantar su opinión en el contexto de la entrevista que concedió a un medio de comunicación de alcance nacional generaría un motivo de apartamiento. En caso de que realmente no lo supiera, por otra parte, carecería de idoneidad para ocupar su cargo.



Me cuesta pensar que las intervenciones de los funcionarios públicos señalados no tengan consecuencia legal alguna. Sin embargo, cuando pienso en la imagen de los familiares custodiando un cuerpo sin vida en el río, creo que todo es posible…





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