¿UN PODER JUDICIAL LUCHADOR?

El término “lucha”, cuando se refiere a políticas públicas, puede ser un pronóstico de fracaso y de consecuencias negativas. Y cuando ese término es utilizado por el poder judicial, es algo negativo en sí mismo.

El poder judicial no debe luchar contra nada, ya que toda lucha presupone la creación de un enemigo al que hay que derrotar, y no es así como debe definir su tarea un miembro del poder judicial. Los tribunales militares, cuando existe violencia política, juzgan a sus propios enemigos (se deberían ver los resultados de cualquiera de nuestros países cuando son los tribunales militares quienes juzgan los hechos definidos como “terroristas”).

En la clausura de la VII Conferencia Nacional de Justicia, con jueces de todo el país (con qué impunidad nuestros jueces se apropian del término “justicia”), el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, habló de jueces y luchas.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentó ayer una base de datos que permite seguir, en tiempo real, las causas de corrupción que tramitan en Comodoro Py frente a cientos de jueces de todo el país. Allí reclamó que se mantenga en el tiempo la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y que se establezca una política unificada para controlar las fronteras.

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Al presentar la base de datos, Lorenzetti se refirió a la "necesidad de garantizar transparencia" para hacer más eficientes las investigaciones. Y afirmó que "la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado permanente, clara y constante".

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Lorenzetti también se refirió al narcotráfico: "La función judicial no es fácil para nadie. No es sencillo ser juez y nosotros estamos en la lucha contra el narcotráfico", flagelo al que calificó de "una tragedia, porque es muy fácil acceder a la droga" (nota en La Nación, 30/10/2016, destacado agregado). 

Sin embargo, el poder judicial no puede hacerse parte de una guerra contra cierto enemigo, pues es en ese momento en que pierde la imparcialidad que se supone da legitimidad a sus decisiones. No es en este sentido que el juez debe actuar políticamente.

Más allá de ello, no se comprende por qué razones el presidente de la Corte Suprema tiene que enarbolar las banderas de batalla y considerar que “ellos”, los jueces, están en la lucha contra el narcotráfico. En verdad, no importa el enemigo, por terrible que sea. La función de los jueces no es luchar, es decidir.

El órgano estatal que, en todo caso, puede iniciar batallas a través de la persecución penal es el ministerio público fiscal, no los jueces, mucho menos comandados por el presidente de la Corte nacional.