“El combate contra el narcotráfico
esta vez va en serio”, dijo la ministra Patricia Bullrich. Con todo respeto, no creemos que la política que amaga a anunciar la ministra
tenga algo de serio.
Desde ya, el
lenguaje bélico del “combate”, en sí mismo, nos habla de una perspectiva del
problema que nace mal orientada. El hecho de que el Gobierno esté “asesorados”
por la DEA en esta política, por otra parte, solo permite augurar un fracaso. En
este sentido, búsquese en Google “resultados lucha contra el narcotrafico dea”,
y se podrán leer varias notas al respecto.
Bullrich dijo a principios de diciembre que cuenta con “un equipo muy especializado
en el narcotráfico” y que su gestión atacará a todo el narcotráfico, y no sólo
a las cúpulas. "Hay quien dice, vamos contra los grandes, pero contra el
chico también, porque es el que está cerca de la gente y el que le vende
paco", afirmó.
Recordemos, además, los dichos de su Secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, quien aseguró que su
gestión no se caracterizará ni por el garantismo ni por la mano dura sino por
la "mano justa". Prometió dar una "pelea titánica" contra
el narcotráfico y dijo "no ser partidario" de la despenalización de
la tenencia de drogas para consumo personal, al considerar que "facilita a
los jóvenes el acceso" a los estupefacientes.
La
ministra, como sucede cuando habla de la “emergencia en seguridad”, no ha
explicado por qué razones su “combate contra el narcotráfico” debe ser una
política prioritaria —no decimos que no existan razones, solo que no las ha
dado—. Tampoco ha explicado cuáles son las medidas concretas que se aplicarán
en el tema.
Solo
se afirman proposiciones valorativas que pronostican un mañana mejor: ellos
“van en serio”, atacarán “todo el narcotráfico”, van contra el “grande” pero
también contra el “chico”, trabajan con un equipo “muy especializado”...
El campo para profundizar
la cultura de la emergencia propia de la persecución penal del narcotráfico ya
está fértil. Recordemos, por ejemplo, que la ley 24.390 (reformada y empeorada
por la ley 25.430), en su artículo 10, dispone: “Quedan expresamente excluidos de los
alcances de la presente ley los imputados por el delito previsto en el artículo 7 de la ley 23.737 y
aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el
artículo 11 de la misma ley”. Elevado el narcotrafico a “mal de los males” por
el discurso oficialista, no vemos un futuro muy saludable para nuestros
derechos fundamentales.
Parecería que
la presencia de más y más policías en la calle sería un elemento esencial del
“plan” bulrrichiano. Esto plantea serios problemas. Primero, las principales
transacciones del narcotráfico no se llevan a cabo en la calle. Segundo, esta
medida anuncia qué tipo de hechos se perseguirán: el narcomenudeo. Tercero, se
plantea la política del "policía en la calle" como una medida que solo puede
producir resultados positivos. En ningún momento se tiene en cuenta el riesgo
para la seguridad que genera la intervención policial. El hecho de que
cualquier joven quede, cuando está en la calle, a merced de la arbitrariedad de
los agentes policiales es, indiscutiblemente, un problema de seguridad que Bullrich ha optado por ignorar.
La anunciada
“tolerancia cero” a la corrupción policial, en este contexto, parece que será
tan incumplida como el supuesto plan de “pobreza cero” cuya propuesta se
reiteró hasta el cansancio cuando Macri
aún no había sido electo presidente. Con las pocas medidas que se pueden
esperar de Bullrich y del
gobierno, esta obsesión con el tráfico de sustancias prohibidas promete
pronosticar fracasos y restricciones ilegítimas de derechos. Esperamos
equivocarnos.
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