La columna de Rubén Quiñones en Página 12 tuvo que ser cortada por obvias razones de espacio. No obstante, a
continuación les ofrecemos la versión completa. Ruben es Miembro de la Mesa Nacional de la
Mirando
la paja en el ojo ajeno
o el sayo no me cabe
Por Ruben Quiñones
Al
dictamen de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que
habilita el tratamiento por parte del Plenario del proceso de remoción del Juez
de Ejecución Penal Axel López,
subyace la idea de que el magistrado ha omitido ponderar un dato criminológico
que, al parecer, gozaría de validez científica, a saber: que los condenados
como agresores sexuales inexorablemente reincidirán en la comisión de esos
delitos, determinados por pulsiones incontrolables. En consecuencia, el
autorizar el acceso de esa categoría de personas a la libertad condicional
resultaría legal (no existen en el ordenamiento jurídico vigente restricciones
de esa naturaleza), pero ilegítimo y, en tales condiciones, configuraría un
supuesto de mal desempeño de la función jurisdiccional.
Ahora
bien, si el dato criminológico citado gozara de la reputación que se le
atribuye, resultaría inexcusable que les hubiese pasado desapercibido a los
legisladores y al Poder Ejecutivo que posee facultades de iniciativa
legislativa.
En
mayo de 2004, se modificó el artículo 14 del Código Penal por el que se excluyó
del régimen de libertad condicional a quienes hubiesen sido condenados por los
delitos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo (Ley 25.892,
B.O. del 26 de mayo de 2004). Unos meses después, en virtud de la Ley 25.948
(B.O. del 12 de noviembre de 2004), se estableció que los condenados por los
mismos delitos tampoco podrían acceder al régimen de libertad asistida
(artículo 56 bis de la Ley 24.660).
Debería
aceptarse que en aquellos momentos el dato criminológico de que los ofensores
sexuales tienden a reincidir no era conocido por los legisladores, pues —de
otro modo— hubiesen incluido a todos los delitos contra la libertad sexual en
aquellos catálogos restrictivos.
Algo
más difícil de justificar es que el grave riesgo que representaría conceder la
libertad condicional a quienes hubiesen sido condenados como autores de esos
ilícitos haya seguido siendo ignorado hasta la actualidad. El mandato
preambular de afianzar la justicia incumbe a todos los poderes del
Estado y, particularmente, a la rama legislativa del Gobierno Federal (artículo
75.12 de la Constitución Nacional).
El
Poder Ejecutivo Nacional también tiene atribuciones en la materia. A la
Secretaría de Justicia, a cuyo frente se encuentra el abogado Alejandro Julián Álvarez desde el 20 de Diciembre de
2010, le corresponde —entre otras misiones— "Entender en la definición de
la política criminal de la Nación y las acciones a seguir en la materia";
"Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la política
penitenciaria, en la reforma, penitenciaria y en la ejecución penal".
A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación,
integrada por el Senador Mario Jorge Cimadevilla
—con mandato desde el 10 de diciembre de 2009- y por la Senadora Ada Rosa del
Valle Iturrez de Capellini -con mandato desde el 10 de diciembre de 2013—le
incumbe "dictaminar sobre lo relativo a los Códigos Penal y de
Procedimientos en lo Penal de la Nación, leyes penales especiales y lo
relacionado con el régimen carcelario, como así también respecto a toda
disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del
derecho" (artículo 63 del Reglamento de la Cámara de Senadores).
Ni
los nombrados funcionarios, tampoco el Diputado De
Pedro, integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo de la
Magistratura han presentado algún proyecto legislativo tendiente a restringir
el acceso a la libertad condicional de las personas condenadas por delitos contra
la integridad sexual. Respetuosamente, la omisión importa una claudicación en
las funciones de representación asignadas por la ciudadanía.
Ello
no obstante, la actividad del Legislativo ha sido pródiga en otras sanciones
parlamentarias. Entre otras, cabe citar a la Ley 26.924 (declarando a Santiago
del Estero como Capital Nacional de la Chacarera); la Ley 26.901 (declarando a
El Calafate como Capital Nacional de los Glaciares); la Ley 26.910 (declarando
a Río Turbio como Capital Nacional del carbón); la Ley 26.906 (declarando de
interés histórico un pozo de petróleo); la Ley 26.891 (declarando a la
Provincia de Jujuy como la Capital Nacional de la Pachamama); la Ley 26.978
(instituyendo el Día Nacional del Joven Empresario); la Ley 26.870 (declarando
bebida nacional al vino); etcétera.
Algunos
proyectos legislativos, aún no han recibido sanción. La senadora Iturriez de Capellini propuso declarar
de interés una carrera de motos (expediente 810/14); el senador Cimadevilla presentó sendos proyectos
declarando de interés turístico a las localidades de Dolavon (expediente
1578/14) y Lago Puelo (expediente 1541/14); el diputado De Pedro presentó un proyecto de ley declarando al 26 de
noviembre de cada año como "Día Nacional del Humorista" (expediente
2144-D-2014).
Seguramente
la tarea parlamentaria, parcialmente reseñada, es importante, pero
—probablemente— en un grado menor que aquella que les permita a los jueces, en
base a la legislación vigente, "custodiar la efectiva vigencia de los
derechos humanos fundamentales, como la vida, el honor y la integridad
sexual" de potenciales víctimas.
Si
el dato criminológico al que hemos aludido era conocido, nada, absolutamente
nada, impedía que quienes tuviesen esa función constitucional presentasen algún
proyecto de ley modificatorio del régimen de libertad condicional tendiente a
precaver aquellas desgraciadas consecuencias.
La
pretensión de cargar a cuenta de un juez de la Nación las consecuencias de la
omisión legislativa importa un acto de poder, solo que autoindulgente y
despojado de legitimidad republicana.
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