RECATATE, LOCO. CON LOS COMPAÑEROS JUECES NO SE JODE...

Una magnífica nota del Pagina/12 de ayer, de la periodista Irina Hauser, recibió como título 

La gran padaroja

Cuando los imputados por coimeros son seres muebles semovientes de la categoría de integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal [disculpen mi falta de actualización, no la tengo a Figueroa para que me corrija de que se trata, en realidad, de la “Cámara FE-DE-RAL de Casación Penal”], ninguno de sus pares desea investigar e imputar la autoría del cohecho pasivo.

Es decir, reclaman para sí la competencia para investigar y juzgar los delitos cometidos por sus pares, pero cuando las papas queman todos se abren de piernas y nadie investiga.

Cuando se trata del juicio por jurados, en cambio, estos muebles semovientes desconocen y desprecian el derecho de todo habitante a ser juzgado por sus pares, esto es, los vecinos de lugar, los jurados. Y también asumen con entusiasmo la tarea de reemplazar a los pares del imputado, interviniendo en calidad de élite ilustrada e informada en las bondades del saber jurídico.

Las consecuencias “positivas” para los miembros de la corporación son evidentes. Rechazan la posibilidad de que las chusmas populares puedan juzgar a algún miembro de la corporación que sufren a diario. Además, asumen jurisdicción que no les correponde para, por ejemplo, criminalizar hechos de protesta social, delitos contra la propiedad sin violencia, etcétera.

De allí que sea tan válida la queja de Irina Hauser respecto a estos mecanismos de protección que los propios jueces usan en beneficio de sus amigos jueces.

“No caben dudas ahora de que sí existe una imputación formal y concreta en la causa contra los magistrados”, dice la resolución de Ormaechea, en alusión al camarista de Casación Eduardo Riggi, su ex compañero Gustavo Mitchell (quien renunció en medio de la investigación en su contra) y a Mariano González Palazzo, un camarista del crimen que compartía tribunal con ellos como subrogante. Se los acusa, explica, de haber participado en una maniobra que tenía como objetivo beneficiar en una resolución a integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que estaban presos por el asesinato de Ferreyra, y así evitar que la causa avanzara contra la cúpula del gremio. 

Repentinamente, aquellos jueces que suelen rechazar sin remordimiento alguno recusaciones de cualquier tipo, aun en aquellos casos en los cuales el peso del temor fundado de parcialidad es evidente, parecen iluminarse y finalmente adoptar un concepto amplio y protector del derecho convencional a contar con un tribunal imparcial. Irina agrega:

Uno de los ejemplos más patentes de cómo funciona el corporativismo judicial y de los beneficios de pertenecer a esa gran familia puede apreciarse en un hecho actual: ningún juez quiere investigar a sus colegas de la Cámara de Casación Penal involucrados en un intento de soborno destinado a favorecer al dirigente ferroviario José Pedraza, en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra. En los tres años y medio que lleva la causa, se excusaron diez jueces de primera instancia y diez camaristas que tenían que intervenir.

Esta causa bien podría llamarse la “causa de sobornos sin sobornados”. ¿De qué manera se puede garantizar que los jueces sean perseguidos penalmente dejando de lado los nefastos resultados del corporativismo? ¿Se puede?

Por el asesinato de Ferreyra ya fueron condenados hace más de un año Pedraza, su número dos, la patota de ferroviarios y un grupo de policías federales. Pero los intentos por hacer naufragar aquella investigación, detectados casi desde el inicio, siguen impunes.