CON EL FUERO FEDERAL NO SE JODE
En el concurso 140 destinado a cubrir dos cargos de Juez en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, la prueba de oposición de Ignacio Rodríguez Varela fue calificada con 70 puntos sobre 100, segunda nota del concurso en el cual ocupó el 2º lugar sobre los 32 postulantes presentados a examen.
Superó así a todos los concursantes que se desempeñaban como jueces, fiscales y secretarios del fuero de la vacante. Tras conocerse el orden de mérito en 2006, el concurso permaneció demorado hasta ser enviado a revisión por un jurado de notables que confirmó las correcciones en 2007.
Sobre el trámite de este concurso, se informó en La Nación:
El más viejo de los concursos que debe resolver el Consejo de la Magistratura tiene todos los plazos vencidos: cumplió dos años y ocho meses, no tuvo un solo movimiento en el último año y todavía parece lejos de definirse. Se trata del proceso para cubrir dos vacantes en la justicia federal porteña, donde se tramitan las principales causas de corrupción en el nivel nacional.
Hace dos semanas, la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo, la kirchnerista Diana Conti, anunció que propondría anularlo. El argumento: que se había demorado demasiado y que la mayoría de los candidatos había obtenido calificaciones muy bajas en la prueba escrita (de 33 aspirantes, más de la mitad no llegó a un cuatro). Ningún consejero se opuso públicamente, pero por lo bajo expresan resistencias. La anulación enfrenta una dificultad: a pedido del Consejo, tres juristas de primer nivel revisaron los exámenes y dijeron que la tarea de los evaluadores había sido intachable.
El informe de los juristas fue presentado en febrero de 2007 y ese mismo día el Consejo creó una subcomisión para proponer qué hacer. Sus integrantes son el juez Luis María Bunge Campos y el diputado kirchnerista Carlos Kunkel. Todavía no respondieron nada. Ahora, el oficialismo está analizando otra propuesta: dividir el concurso y anular sólo la mitad.
Hubo un caso parecido, el concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, en el que el Consejo resolvió lo contrario y acaban de remitirse los candidatos al Poder Ejecutivo. En este caso, los resultados del examen fueron aún peores: sólo aprobaron dos de los 16 concursantes. Al igual que en el concurso de los juzgados, aquí también se acumuló la segunda vacante cuando el trámite estaba avanzado, pero nadie pidió la nulidad de esta decisión.
Finalmente, y tras aparecer fugazmente en los órdenes del día de ese año para su consideración por la comisión de selección del Consejo de la Magistratura, fue nuevamente demorado con públicas manifestaciones de los consejeros Kunkel y Conti sobre la supuesta ineptitud ideológica y política de los que se encontraban en condiciones de terna. En septiembre de 2009 fue anulado por el plenario del Consejo de la Magistratura a instancia de los representantes del oficialismo.
La nueva versión del concurso, terminó en un escándalo predicho por I. Rodríguez Varela al hacer saber a los jueces que no habría de participar en ella. Desde hace dos años está paralizado por los graves indicios de connivencia entre concursantes y jurados.
Regresando al concurso 140 original, se conoció el resultado de los exámenes y el consecuente orden de mérito general que se publicó en marzo de 2006, con gran repercusión por el pobre desempeño de quienes eran señalados como “candidatos del gobierno”. Desde entonces se deslizó la idea de que los exámenes iban a ser revisados, por el “extremo rigor” con que fueron evaluados y las notables diferencias de puntajes que diluían cualquier margen para modificar el orden de mérito.
El 10 de octubre de 2006, lo que se anunciaba en los trascendidos periodísticos tomó cuerpo con la decisión de someter los exámenes a la revisión por jurados consultores. Los argumentos se centraron en las sugerencias de la subcomisión –que integraba el Consejero Carlos Kunkel– relativas a la gran cantidad de impugnaciones formuladas por los candidatos, las bajas calificaciones asignadas, “lo cual denota un excesivo rigor”, y “la brecha insalvable entre los primeros y los últimos, que podría tener incidencia en el orden de mérito definitivo de cada uno de ellos”.
El 14 de febrero de 2007 los consultores doctores Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lazcano, entregaron al Consejo su informe. Los consultores dijeron:
“…Este grupo de consejeros ha verificado, unánimemente, que, en cada caso, el dictamen del jurado se ajusta a la perfección con los señalamientos positivos y negativos de cada una de las pruebas: él es reflejo de los defectos y aciertos de las pruebas escritas, según las pautas fijadas por el tribunal examinador…”.
“… Hemos dejado para el final las bajas calificaciones que, según lo estimó la Subcomisión sorteada, fundan la posibilidad de un arbitrio por parte del tribunal examinador. Aquí nos interesa recordar, en primer lugar, que esas calificaciones pueden ser tildadas de rigurosas, pero que, en todo caso, nunca podrán ser consideradas injustas y menos aún por la tacha de recurrir a la comparación entre las pruebas escritas. Precisamente, nosotros hemos comprobado que, apreciadas todas las respuestas en su conjunto, las notas obtenidas por cada uno de los concursantes, según cada rendimiento, guardan estricta relación entre ellas…”.
Los doctores Lazcano y Maier agregaron las siguientes consideraciones que son aplicables a la resolución nº 484/08 del Consejo de la Magistratura:
“…Empero, todavía quisiéramos dejar expresadas dos advertencias. La primera es casi pueril: conforme a nuestras explicaciones anteriores, en el supuesto de que coincidiéramos en afirmar que se trató de un tribunal demasiado riguroso, la solución real y justa sería, tan sólo, aumentar un número de puntos idénticos, dentro de la escala, a cada uno de los participantes, con lo cual la valoración continuaría idéntica…”.
“… La segunda advertencia es más seria: corregir el resultado de un concurso conforme a nuevos puntajes “aconsejados” por consejeros nombrados con posterioridad a la resolución del concurso por el tribunal competente, esto es, “post valoración del tribunal” designado para decidir e integrado conforme a un procedimiento reglado, que prevé la oposición de los candidatos a esta integración, total o parcialmente, conducirá, más tarde o más temprano, al desprestigio de los concursos y de los tribunales que los presiden, a que los mismos jurados rechacen su designación y, en definitiva, a que sus puestos sean ocupados por personas de menor valor, acerca de las cuales pueda expresarse, ab inicio, que “no molestarán”. Proceder así por imputación genérica de rigor o “bajas notas”, dirigida hacia los integrantes del tribunal, conducirá aún más rápidamente a ese resultado”.
Es evidente que el dictamen de los consultores no conformó a todos los consejeros, porque, lejos de seguir sus conclusiones, pusieron el concurso en el “freezer”, y el trámite pasó –entre octubre y diciembre de 2007– de la completa paralización a un hostigamiento manifiesto de los consejeros señalados por los medios gráficos como “oficialistas”, a punto tal de que fue retirado de la consideración de la Comisión de Selección, como reconocieron otros consejeros en declaraciones recogidas en notas y artículos varios.
Los ataques al concurso se pusieron aún más en evidencia con algunas declaraciones hechas a diferentes medio de comunicación, especialmente las publicadas entre marzo a junio de 2008, en las cuales comenzó a hablarse de anularlo o de mutilarlo, fundado –a juicio de algunos consejeros– en la lisa y llana afirmación de la ausencia de postulantes de su agrado (sic). Así, en un artículo publicado el 22 de marzo de 2008, la consejera Diana Conti dijo que “promoverá la anulación del concurso” y que no se trataba de una idea novedosa porque “el diputado Carlos Kunkel lo había intentado el año pasado” –por el 2007–, agregando luego que “el planteo es anularlo. Pasó demasiado tiempo y la mayoría de las calificaciones de los concursantes fue horrible”, explicó Conti”, a quien también se le atribuye la afirmación en el sentido de que “el dictamen de los jurados que avalaron las correcciones no es un impedimento. No es vinculante, afirmó”.
Hasta que un buen día, de manera irregular y luego de que Bunge Campos diera fin a la reunión plenaria y no estuviera en el recinto, se anuló ilegalmente el concurso. Informó La Nación:
Los argumentos para anular el concurso fueron los malos resultados de los exámenes (de los 33 aspirantes, más de la mitad no llegó a un cuatro) y la "excesiva demora" del trámite, que cumplió tres años y tiene todos los plazos vencidos.
El último movimiento del expediente había sido un dictamen de tres juristas de primer nivel -Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano- que revisaron la corrección de los exámenes y dijeron que la tarea de los evaluadores había sido intachable. Entonces, el tema pasó al análisis de una subcomisión integrada por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y el juez Luis María Bunge Campos, que jamás presentaron su dictamen.
Así, el expediente de mayor voltaje político de la Comisión de Selección estuvo paralizado un año y medio, hasta que la semana pasada se decidió su anulación.
El efecto concreto de esa medida es que se reabrirá la inscripción para el concurso. Podrán volver a competir candidatos que habían sido aplazados (como el subrogante de uno de los juzgados vacantes, que se sacó un uno en el examen, pero es considerado un buen juez por el kirchnerismo) y relegará a varios que habían aprobado, pero que no cuentan con la simpatía oficial.
Conti defendió la anulación. "Se estuvo estudiando un año y medio. Dista mucho de ser una medida tomada entre gallos y media noche. Dos consejeros no podían ponerse de acuerdo y este es el fruto de una decisión madura, tomada en el momento oportuno", dijo.
La decisión también generó críticas fuera de los tribunales. El foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) calificó la medida de "escandalosa" y "arbitraria".
Los jueces reclamaron ayer que se revise la decisión del Consejo de la Magistratura de anular el concurso para cubrir dos vacantes en la justicia federal de la Capital, el fuero más sensible para el poder político: denunciaron que había sido una medida arbitraria, tomada sobre tablas y sin los votos que exige el reglamento.
"Es un manoseo más al Poder Judicial", dijo anoche a LA NACION Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. "Está claro lo que sucedió: no les gustaron los candidatos. No puede ser que cuando al Gobierno no le gustan quienes ganaron un concurso para cargos que son altamente delicados, anule todo."
"Lo que pasó es muy grave —advirtió ayer Recondo—. Esta decisión, que se tomó entre gallos y medianoche, ignoró el dictamen de consultores de primer nivel, que habían advertido que el examen estaba bien tomado." (ver nota en LA NACIÓN aquí)
Conclusión, esta maniobra de algunos consejeros —además de ser descarada— volvió a dejar de lado la candidatura de Ignacio Rodríguez Varela.
Habría que explicarle a los consejeres responsables —v. gr., Diana Conti— el significado del término “Estado de derecho”.
