El quiebre de la
cárcel
Una aproximación al
encarcelamiento demuestra su costoso error
No tiene que ser de esta forma
Nota publicada en The Economist, Mayo 27/ Junio 2, 2017 (traducción de Gustavo Bruzzone)
Shirley Schmitt
no es la idea que uno tiene de un criminal peligroso. Vivía silenciosamente en
una granja en Iowa, criando caballos y una hija, hasta que su marido murió en
2006. Deprimida y sufriendo de un dolor crónico, comenzó a usar metanfetaminas.
Imposibilitada de afrontar su hábito, con un grupo de amigos comenzaron a
fabricar la droga, para su uso personal. La arrestaron en 2012, sometida a
tratamiento antidroga, se encuentra sin consumir desde entonces. Nunca vendió
drogas con fin de lucro, pero las reglas de penas mínimas, respecto de previos
procesos de tenencia y abandono personal, determinan que el juez la condenara a
diez años de prisión. Cada año de prisión le costara a los contribuyentes cerca
de u$s 30.000, suficiente para pagar las matrículas de tres esforzados estudiantes
en la Universidad de Iowa. Cuando recupere su libertad Shirley tendrá edad
suficiente para acogerse a una jubilación.
Barack Obama
intento reducir el absurdo número de sentencias largas en USA. Su procurador
general, Eric Holder, instruyó a
los fiscales federales que evitaran pedir el máximo de la pena en casos de
delitos, no violentos, vinculados a la comercialización de drogas. Esta reforma
produjo una modesta modificación de la cantidad de presos federales (que
representan cerca del 10 % del total de encarcelados en ese país).
El procurador general de Donald Trump, Jeff Sessions, acaba de modificar esa instrucción en sentido
contrario. Este mes (mayo 2017), instruyó a los fiscales que se esfuercen por
conseguir las penas más duras que la ley les permita, calificando, esta nueva
cruzada contra los “dealers” de droga,
de “moral y justa”.
Más no siempre es
mejor
Las prisiones son una herramienta esencial para
mantener a nuestra sociedad segura. Un ladrón que está encerrado no puede
meterse en tu casa. Un asaltante, probablemente, no te haga nada si piensa que
robarte significa ir a la cárcel. Sobre la amenaza de una celda que los
mantendrá encerrados, los fuertes y egoístas no se aprovecharan del débil, como
ocurre en los países donde el Estado es capaz de asegurar una apropiada
administración de justicia.
Pero como pasa con muchas cosas buenas, no siempre son
lo mejor. Las primeras personas que toda sociedad encarcela son los criminales
más peligrosos, como asesinos y violadores. Pero, cuanta más gente se encarcela
en un país, menos peligrosos son los restantes presos. En algún punto, los
costos del encarcelamiento comienzan a superar sus beneficios. Las cárceles son
costosas, las celdas se deben construir, contratar guardias, alimentar a los
prisioneros. El interno, mientras permanezca en detención, trabajará a
disgusto, no mantendrá a su familia, ni pagará impuestos. El dinero que se
utiliza en cárceles podría ser empleado en otras actividades que pueden reducir
aun más el delito, como contratar policía adicional o mejorar el control del
horario de ingreso a la escuela en vecindarios peligrosos. Y, muy
especialmente, debemos tener presente que encerrar primarios los puede
convertir en más peligrosos, porque pueden aprender hábitos delictivos de los ya
curtidos con los que van a compartir su tiempo de encierro.
Los EE.UU., hace tiempo, superaron en este sentido su
punto de retorno negativo. El encarcelamiento prácticamente se quintuplicó
entre 1970 y 2008. En relación a su población, en este momento se encierra
siete (7) veces más gente que en Francia, once (11) más que en los Países Bajos
y quince (15) más que en Japón. Se encarcela gente por conductas que no
tendrían que ser delitos (tenencia de drogas para consumo personal,
prostitución, infracción sin intención de regulaciones incomprensibles, etc.) y,
por delitos menores, se imponen penas cuya dureza quita el aliento. Bajo la
regla del “triple strike”, delincuentes
menores son encerrados de por vida.
Una sentencia a 10 años de prisión cuesta 10 veces más
que la de un año de prisión, pero no es ni mucho menos 10 veces más eficaz que otros
elementos disuasorios. Los delincuentes no piensan hacia el futuro los próximos
10 años. Si lo hicieran, hubieran pensado en alguna otra línea de trabajo. Un
estudio detectó que cada año extra de prisión aumenta el riesgo de reincidencia
en seis puntos de porcentaje. También, porque la masa de encarcelados quiebra
familias y mantiene a muchos ex convictos sin trabajo, ha elevado la tasa de
pobreza en los EE.UU. al 20 %. Muchos estados, incluyendo el hogar del Sr. Sessions, Alabama, han decidido que
suficiente es suficiente. Entre 2010 y 2015 la tasa de encarcelamiento cayó un
8 %. Lejos de estar acompañado de un crecimiento del delito, fue acompañado por
una caída del 15 %.
Si bien los EE.UU. son un caso aparte, muchos países
fallan con el uso inteligente de la prisión. Hay muchas evidencias de qué es lo
que funciona. La prisión se debe reservar para los peores delincuentes y desviar
a los menos peligrosos a tratamientos farmacológicos, servicios a la comunidad
y otras formas de sanción y control que no representen romper sus vínculos con
su trabajo, familia y vida habitual. Un buen lugar para comenzar son los casi
2,6 millones de presos en el mundo —un ¼ del total— que están esperando juicio
(presos preventivos). Por una fracción del costo de tenerlos encerrados,
podrían ser provistos de pulseras o brazaletes con GPS que permitan saber dónde
están o, incluso, si se están drogando.
El control electrónico también puede ser un uso
alternativo al encierro de condenados (“prisión sin paredes”), citando a Mark Kleinman de la Universidad de Nueva
York, quien estima que la mitad de los presos en USA podrían ser útiles estando
controlados. Un estudio en Argentina demostró bajos riesgos en presos que están
sometidos a control, quienes rara vez reinciden, probablemente porque están
rodeados de gente normal en vez estar sentados ociosamente en una jaula con
sociópatas.
El sistema de justicia también puede hacer mucho más
para rehabilitar a los presos. Terapia cognitiva conductual, asesorando a los
presos en cómo evitar ciertos lugares, personas y situaciones que los
predisponen y condicionan a cometer delitos, pueden reducir recaídas en el
delito entre un 10 y 30 %, y, es especialmente útil, con jóvenes que cometieron
su primer delito. También es más económico; con un mínimo error, 80 billones de
dólares gasta USA por año en encarcelamiento y probation. No obstante, se estima que sólo el 5 % de los presos
tienen acceso a los sistemas de control electrónico.
El camino a la
rehabilitación
Ex convictos que encuentran un trabajo y un lugar para
vivir son menos proclives a reincidir. En Noruega, los presos pueden empezar su
nuevo trabajo 18 meses antes de su liberación definitiva. En USA hay cerca de 27.000
leyes estatales de inhabilitación para ex convictos respecto de diferentes
clases de trabajos, incluso como barbero, peluquero o techista. Noruega tiene
una tasa de reincidencia menor a la de los EE.UU., a pesar de encarcelar solo a
los peores criminales, que son los más propensos a reincidir. Mientras tanto, a
algunos estados de los EE.UU. les va mejor que a otros. El estado de Oregón,
que insiste en que los programas para reformar criminales deben ser evaluados
por su eficacia, tiene la mitad de la tasa de reincidencia que California.
Apelar a construir prisiones más humanas a menudo cae en oídos sordos; los
votantes detestan a los criminales. Pero odian al crimen aún más, por lo que
los políticos no deberían estar asustados en abrazar otras vías probadas de
convertir a la cárcel, ya no en una escuela para el crimen, sino en un camino a
la ciudadanía productiva.
