LA "MANO DURA" DE DONALD TRUMP

El quiebre de la cárcel

Una aproximación al encarcelamiento demuestra su costoso error

No tiene que ser de esta forma

Nota publicada en The Economist, Mayo 27/ Junio 2, 2017 (traducción de Gustavo Bruzzone)                                                                            

Shirley Schmitt no es la idea que uno tiene de un criminal peligroso. Vivía silenciosamente en una granja en Iowa, criando caballos y una hija, hasta que su marido murió en 2006. Deprimida y sufriendo de un dolor crónico, comenzó a usar metanfetaminas. Imposibilitada de afrontar su hábito, con un grupo de amigos comenzaron a fabricar la droga, para su uso personal. La arrestaron en 2012, sometida a tratamiento antidroga, se encuentra sin consumir desde entonces. Nunca vendió drogas con fin de lucro, pero las reglas de penas mínimas, respecto de previos procesos de tenencia y abandono personal, determinan que el juez la condenara a diez años de prisión. Cada año de prisión le costara a los contribuyentes cerca de u$s 30.000, suficiente para pagar las matrículas de tres esforzados estudiantes en la Universidad de Iowa. Cuando recupere su libertad Shirley tendrá edad suficiente para acogerse a una jubilación.

Barack Obama intento reducir el absurdo número de sentencias largas en USA. Su procurador general, Eric Holder, instruyó a los fiscales federales que evitaran pedir el máximo de la pena en casos de delitos, no violentos, vinculados a la comercialización de drogas. Esta reforma produjo una modesta modificación de la cantidad de presos federales (que representan cerca del 10 % del total de encarcelados en ese país).

El procurador general de Donald Trump, Jeff Sessions, acaba de modificar esa instrucción en sentido contrario. Este mes (mayo 2017), instruyó a los fiscales que se esfuercen por conseguir las penas más duras que la ley les permita, calificando, esta nueva cruzada contra los “dealers” de droga, de “moral y justa”.

Más no siempre es mejor

Las prisiones son una herramienta esencial para mantener a nuestra sociedad segura. Un ladrón que está encerrado no puede meterse en tu casa. Un asaltante, probablemente, no te haga nada si piensa que robarte significa ir a la cárcel. Sobre la amenaza de una celda que los mantendrá encerrados, los fuertes y egoístas no se aprovecharan del débil, como ocurre en los países donde el Estado es capaz de asegurar una apropiada administración de justicia.

Pero como pasa con muchas cosas buenas, no siempre son lo mejor. Las primeras personas que toda sociedad encarcela son los criminales más peligrosos, como asesinos y violadores. Pero, cuanta más gente se encarcela en un país, menos peligrosos son los restantes presos. En algún punto, los costos del encarcelamiento comienzan a superar sus beneficios. Las cárceles son costosas, las celdas se deben construir, contratar guardias, alimentar a los prisioneros. El interno, mientras permanezca en detención, trabajará a disgusto, no mantendrá a su familia, ni pagará impuestos. El dinero que se utiliza en cárceles podría ser empleado en otras actividades que pueden reducir aun más el delito, como contratar policía adicional o mejorar el control del horario de ingreso a la escuela en vecindarios peligrosos. Y, muy especialmente, debemos tener presente que encerrar primarios los puede convertir en más peligrosos, porque pueden aprender hábitos delictivos de los ya curtidos con los que van a compartir su tiempo de encierro.

Los EE.UU., hace tiempo, superaron en este sentido su punto de retorno negativo. El encarcelamiento prácticamente se quintuplicó entre 1970 y 2008. En relación a su población, en este momento se encierra siete (7) veces más gente que en Francia, once (11) más que en los Países Bajos y quince (15) más que en Japón. Se encarcela gente por conductas que no tendrían que ser delitos (tenencia de drogas para consumo personal, prostitución, infracción sin intención de regulaciones incomprensibles, etc.) y, por delitos menores, se imponen penas cuya dureza quita el aliento. Bajo la regla del “triple strike”, delincuentes menores son encerrados de por vida.

Una sentencia a 10 años de prisión cuesta 10 veces más que la de un año de prisión, pero no es ni mucho menos 10 veces más eficaz que otros elementos disuasorios. Los delincuentes no piensan hacia el futuro los próximos 10 años. Si lo hicieran, hubieran pensado en alguna otra línea de trabajo. Un estudio detectó que cada año extra de prisión aumenta el riesgo de reincidencia en seis puntos de porcentaje. También, porque la masa de encarcelados quiebra familias y mantiene a muchos ex convictos sin trabajo, ha elevado la tasa de pobreza en los EE.UU. al 20 %. Muchos estados, incluyendo el hogar del Sr. Sessions, Alabama, han decidido que suficiente es suficiente. Entre 2010 y 2015 la tasa de encarcelamiento cayó un 8 %. Lejos de estar acompañado de un crecimiento del delito, fue acompañado por una caída del 15 %.

Si bien los EE.UU. son un caso aparte, muchos países fallan con el uso inteligente de la prisión. Hay muchas evidencias de qué es lo que funciona. La prisión se debe reservar para los peores delincuentes y desviar a los menos peligrosos a tratamientos farmacológicos, servicios a la comunidad y otras formas de sanción y control que no representen romper sus vínculos con su trabajo, familia y vida habitual. Un buen lugar para comenzar son los casi 2,6 millones de presos en el mundo —un ¼ del total— que están esperando juicio (presos preventivos). Por una fracción del costo de tenerlos encerrados, podrían ser provistos de pulseras o brazaletes con GPS que permitan saber dónde están o, incluso, si se están drogando.

El control electrónico también puede ser un uso alternativo al encierro de condenados (“prisión sin paredes”), citando a Mark Kleinman de la Universidad de Nueva York, quien estima que la mitad de los presos en USA podrían ser útiles estando controlados. Un estudio en Argentina demostró bajos riesgos en presos que están sometidos a control, quienes rara vez reinciden, probablemente porque están rodeados de gente normal en vez estar sentados ociosamente en una jaula con sociópatas.

El sistema de justicia también puede hacer mucho más para rehabilitar a los presos. Terapia cognitiva conductual, asesorando a los presos en cómo evitar ciertos lugares, personas y situaciones que los predisponen y condicionan a cometer delitos, pueden reducir recaídas en el delito entre un 10 y 30 %, y, es especialmente útil, con jóvenes que cometieron su primer delito. También es más económico; con un mínimo error, 80 billones de dólares gasta USA por año en encarcelamiento y probation. No obstante, se estima que sólo el 5 % de los presos tienen acceso a los sistemas de control electrónico.

El camino a la rehabilitación

Ex convictos que encuentran un trabajo y un lugar para vivir son menos proclives a reincidir. En Noruega, los presos pueden empezar su nuevo trabajo 18 meses antes de su liberación definitiva. En USA hay cerca de 27.000 leyes estatales de inhabilitación para ex convictos respecto de diferentes clases de trabajos, incluso como barbero, peluquero o techista. Noruega tiene una tasa de reincidencia menor a la de los EE.UU., a pesar de encarcelar solo a los peores criminales, que son los más propensos a reincidir. Mientras tanto, a algunos estados de los EE.UU. les va mejor que a otros. El estado de Oregón, que insiste en que los programas para reformar criminales deben ser evaluados por su eficacia, tiene la mitad de la tasa de reincidencia que California. Apelar a construir prisiones más humanas a menudo cae en oídos sordos; los votantes detestan a los criminales. Pero odian al crimen aún más, por lo que los políticos no deberían estar asustados en abrazar otras vías probadas de convertir a la cárcel, ya no en una escuela para el crimen, sino en un camino a la ciudadanía productiva.