¿EN NOMBRE DE MICAELA GARCÍA?

La terrible agresión sexual y muerte de una joven vuelve a desatar impulsos reformistas de la ley penal y procesal penal fundados en raptos de indignación. Algo similar ya sucedió antes de que se aprobara la ley 25.087 que reformó la regulación de los delitos contra la integridad sexual en el Código Penal (Título III del Libro Segundo del código). Esta circunstancia, en sí misma, debería obligarnos a ser prudentes antes de proponer medidas originadas en la indignación. La muerte de Micaela García señala, antes que nada, la necesidad de un debate reflexivo.

Sin embargo, parece que hubiéramos decidido hacer exactamente lo contrario. Algo que no es un debate está sucediendo. No es un debate porque nadie escucha a nadie; todos gritamos sin escuchar. El problema es qué es lo que se grita. En este sentido, es muy esclarecedora la opinión de Ileana Arduino, que señala: 

La experiencia extrema de violencia sexual seguida de muerte que terminó con la vida de Micaela García deja ver escenas maniqueas alrededor del debate entre género y sistema de justicia, o más precisamente justicia penal. Todo regado por generalizaciones que niegan la heterogeneidad vital del movimiento y empobrecen la discusión.

Arduino distingue entre dos posiciones que nos envuelven como en un movimiento de pinzas: por un lado, lo que denomina “garantismo misógino” que rechaza toda consideración de las opiniones y sentimientos de las víctimas; por el otro, un “manodurismo” que solo esconde una propuesta represiva autoritaria que ensucia un reclamo legítimo de justicia.

Mientras el “garantismo misógino” se dedica a impugnar las demandas de castigo cuando se trata de cuestiones de género —y no lo hace, por ej., con casos de torturas o abusos policiales—, el “manodurismo” distorsiona las proclamas feministas y las transforma en represión desbocada.

Estas formas de oportunismo punitivo en nombre de “las mujeres” son puro uso y abuso para arremeter contra el garantismo. Con un objetivo: perpetuar estructuras penales que funcionan lejos de la contención de los abusos de poder y que, en lugar de asegurar derechos, convalidan su avasallamiento.

Es decir, ninguna de las dos opciones quiere escuchar realmente a las víctimas.

Atendamos, como ejemplo, a la opinión de Joaquín Morales del Solá, que se puede escuchar en una entrevista en video publicada en el sitio del diario “La Nación”:  

[Micaela y las demás víctimas] son víctimas de un sistema judicial que ha puesto en libertad, y pone en libertad, a muchos delincuentes que salen a matar. Hay una escuela, que le llaman “garantista”, y yo me niego a llamarle “garantista” porque todos somos garantistas si nos referimos a las garantías constitucionales, si nos referimos al debido proceso, al juicio justo... todos somos garantistas. Acá lo que hay es “abolicionismo”, es decir, no les gusta el código penal a muchos jueces y fiscales. Se habla mucho de Zaffaroni, y Zaffaroni es realmente un maestro de esta escuela, que nació en los países bálticos —pero obviamente los países bálticos no tiene nada que ver con lo nuestro; pero aplicar una escuela judicial de los países bálticos a la Argentina o a Latinoamérica es un despropósito—. Pero yo creo que no es solamente Zaffaroni, acá hay una escuela mucho más grande, porque de hecho la mayoría de los jueces y fiscales permiten esta lectura arbitraria de la ley. Es cierto que la ley lo permite en muchos casos, pero es cierto también que la ley pone condiciones que los jueces no tienen en cuenta... Lo que acá aparece claramente es la intención de la justicia, o de gran parte de la justicia, de cuidar más los derechos del delincuente que la vida de las futuras víctimas... Y esta visión abolicionista del código penal reinó en la justicia precisamente durante el gobierno de Cristina Kirchner... 

Lo que dice este periodista no es ni más ni menos que lo que muchas opiniones reflejan en las redes sociales. Hay que apresurarse a repartir culpas en términos individuales: el juez Rossi, el fiscal del caso de Wagner, Zaffaroni, el garantismo, los kirchneristas, los macristas...

Se mezcla todo, lo urgente, lo irrelevante, lo necesario, lo inexistente, lo absurdo. El debate pareciera haber dado con uno de los “principales responsables”: el garantismo/abolicionismo kirchnerista. Un producto tan genuinamente nacional y popular como descabellado.

El “relato” contra el “garantismo kirchnerista” afirma implícitamente que la justicia penal antes funcionaba correctamente en materia de violencia contra las mujeres. 

Nada más lejos de la realidad. La especial impunidad que la justicia penal siempre ha garantizado a los hombres violentos nació con el derecho penal inquisitivo histórico, se consolidó con el derecho penal de los Estados nacionales y persiste hasta hoy. El derecho penal jamás ha protegido a las mujeres victimizadas por este tipo de hechos. Los femicidios y las agresiones sexuales no son un fenómeno social de reciente aparición. Sólo su visibilidad es reciente. Las propuestas represivas que solo representan más de lo mismo continuarán garantizando impunidad a los victimarios a los que la justicia no alcanza ni desea alcanzar.

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Toda esta discusión absurda, además, omite interrogarse por las prácticas sociales machistas que dentro de la justicia y fuera de ella todos —en mayor o menor medida— reproducimos y alentamos, y que tienen muchísimo mayor peso que un texto legal en la persistencia de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Eso sí, probablemente destituyan al juez Rossi y endurezcan la ley penal, lo que terminará por no arreglar nada.