CASO MUÑOZ: MISERIAS Y VERDADES

Y el juicio llega al final...

Ayer miércoles terminó la producción de la prueba —principalmente peritos y testigos— en el enjuiciamiento del juez Marcelo Muñoz en la Legislatura. Solo restan los alegatos del fiscal y de la defensa este viernes, que tendrán 45 minutos cada uno. Luego el jurado de enjuiciamiento tendrá que resolver si absuelve, si sanciona o si destituye a Muñoz. Para tomar la decisión, tendrán 15 días hábiles. Sin embargo, ayer se oía decir en los pasillos de la Legislatura que no se tomarían tanto tiempo.

La última jornada de testigos selló la suerte del juez. El médico Gordillo, su propio testigo, explicó que no era posible que hubiera tenido el episodio de amnesia global y el accidente isquémico transitorio certificado por el neurólogo Ayup.

Con la declaración de Gordillo —perito oficial, pero solicitado y ofrecido en este caso por la propia defensa— quedó más claro aún que el médico que certificó la supuesta afección sufrida por el juez no podía haber dicho la verdad. Del certificado extendido dijo que su redacción era confusa, y que se había objetivado algo no objetivable, pues Ayup no había presenciado el episodio, ya que lo entrevistó días más tarde. Afirmó que no pudo haber establecido que la amnesia duró solo unos minutos. Explicó que durante un episodio como el que se menciona en el certificado, Muñoz no podría haber sabido la hora ni el lugar del accidente, y que tampoco podría haber “recordado” que había chocado contra un árbol. Aclaró que las acciones que puede llevar a cabo una persona con amnesia global transitoria son conductas automatizadas. La amnesia impediría cualquier conducta no automatizada, incluido un intento de esquive como el realizado por el juez antes del choque. A preguntas del fiscal, aclaró que no podría haber realizado llamadas telefónicas ni enviar mensajes y datos de forma interactiva por su teléfono. Terminó explicando que lo ocurrido, según las pruebas, no era propio de un episodio como el que Ayup certificara, sino que podría ser propio de una intoxicación alcóholica. Dijo que él jamás había visto un paciente con un accidente isquémico y, además, una amnesia global. Del mismo modo que los dos neurólogos ofrecidos por el fiscal general —Zimerman y Vicente—, al hablar sobre la amnesia a la que se refiere el certificado, la calificó como “amnesia global transitoria” (parece que el Dr. Gordillo tampoco estudió la “minutera”).

Terminada la exposición del Dr. Gordillo, el fiscal Gerez solicitó al tribunal copia certificada de las declaraciones de los cuatro médicos —Zimerman, Vicente, Ayup y Gordillo— y los audios grabados con el objeto de investigar la posible comisión del delito de falso testimonio y firma de un certificado falso por parte del neurólogo personal del juez.

El mal desempeño

El fiscal Gerez pedirá la destitución del juez Marcelo Muñoz en su alegato. Y ha demostrado ante el jurado de enjuiciamiento que los hechos así lo exigen. No sabemos qué decisión tomará el jurado, pero al menos ha surgido la verdad sobre los hechos del caso: la responsabilidad del juez ha quedado probada.

Se ha cuestionado que se acusa al juez de acciones que nada tienen que ver con su desempeño profesional. La defensa, por otro lado, ha presentado testigos que han elogiado la actuación de Muñoz en su calidad de juez. Sin embargo, no es ése el objeto de este enjuiciamiento. Más allá de ello, no se ha mencionado la calidad del contenido de sus resoluciones. Los interrogatorios se han dirigido, antes que nada, a señalar que llegaba temprano y trabajaba muchas horas.

También se consideró su actuación y la del fiscal Gerez en el caso Temux, con la pretensión de cargar la responsabilidad de los problemas de ese caso a los abogados defensores. Toda la jurisprudencia internacional, en este sentido, al tratar el tema del plazo razonable del proceso, establece que no importa cuál ha sido la conducta de las partes, pues son los jueces los directores del proceso, y tienen el deber de evitar las demoras provocadas por ellas, y las herramientas legales para resolver las solicitudes meramente dilatorias. Se hizo mención, sobre este punto, a la “cantidad de apelaciones”. Es la ley la que establece la facultad de las partes de apelar, no los abogados defensores. El tratamiento de este tema en el caso es solo un intento, además, de que el jurado de enjuiciamiento tenga en cuenta una cuestión completamente ajena al objeto del procedimiento.

El núcleo del mal desempeño consiste en el uso del cargo de un funcionario público para evadir la responsabilidad por el accidente provocado. Es por esa razón que la conducta del enjuiciado está claramente vinculada a su función como juez. Es llamativo, en este punto, cómo se identificó Muñoz después del accidente, incluso ante el policía Adrián Castillo, un agente joven y de bajo rango que fue el primero en llegar al lugar donde se había detenido el VW Bora luego del choque, al que pretendió intimidar chapeando. Las declaraciones del ex jefe y ex subjefe de la policía provincial, además, han corroborado sus pedidos de tratamiento especial. Téngase en cuenta que se trataba de declaraciones de dos personas vinculadas con el juez, es decir que si bien se trataba de testigos de la fiscalía, no eran precisamente testigos hostiles; tampoco podían profundizar demasiado sobre lo que les había pedido pues de otro modo podrían haber terminado por resultar imputados de algún delito de su función. Le pidió al primero que “viera sus actuaciones” y al segundo “que no trascendiera”.

¿Por qué una persona que es detenida se preocupa tanto por poner en conocimiento de los agentes policiales inmediatamente que trabaja de juez? ¿Por qué se comunica inmediatamente con el jefe de policía, con el subjefe de policía y con la asociación de magistrados? Si me hubieran detenido hace algunos años, jamás se me hubiera ocurrido decir inmediatamente a los policías  “Soy editor”; tampoco comunicarme en el acto con la cámara del libro...

La actitud del juez

Todo el episodio protagonizado por Muñoz torna más que evidente su intento de escudarse en el cargo para garantizar su propia impunidad. Su indiferencia respecto de los daños sufridos por las víctimas, además, terminó de hacerse notoria. No solo embistió al Renault Bora debido a su conducción imprudente. También huyó del lugar sin interesarse en lo más mínimo en la suerte de las dos personas que arrojó con su auto al desagüe. Luego del episodio su desinterés continuó, y jamás habló telefónica o personalmente con ellos. Cuando finalmente pidió disculpas, durante el enjuiciamiento, terminó por atribuir su falta de contacto con las víctimas a los medios y a las propias víctimas.

A todo ello se debe sumar su estrategia durante el juicio: negar toda responsabilidad, inventar un problema de salud inexistente y negar cualquier posible efecto del alcohol en el episodio. Su estrategia manifiesta, nuevamente, que él se considera más allá del tratamiento que merecen los demás habitantes.

Pero antes que nada, su estrategia pone de manifiesto su voluntad de aferrarse a su cargo a toda costa, sin importar lo reprochable de su conducta, y lo que deba hacer para ello. El “es” juez, no trabaja de juez, y “merece” seguir siéndolo. Una pretensión incompatible con la dignidad con que debe ejercerse el cargo, y no con la errónea idea de dignidad que Muñoz parece tener.

Miserias 

El futuro ex-juez ha generado costos muy altos con su voluntad de alcanzar la impunidad. Entre otros, la probable comisión de falso testimonio del médico que le sugirió su abogado Imaz para obtener un certificado sobre su estado de salud. Se trata de un costo concreto que iniciará formalmente una investigación penal.

Además, lo que ha puesto de manifiesto este proceso es que los jueces no parecen estar dispuestos a someterse a la legalidad. En primer lugar, la decisión de Muñoz de ofrecer e interrogar a un testigo que sabe que faltará a la verdad significa que el juez cree que puede recurrir a cualquier mecanismo —legal o no— con tal de conservar su cargo y de eludir su responsabilidad. Cree, además, que puede hacer algo semejante frente a los siete miembros del jurado de enjuiciamiento, a la prensa y al público. El hecho de que un juez piense que puede salirse con la suya por ello expresa de modo claro la percepción que algunos jueces tienen del alcance de sus privilegios para garantizar la impunidad.

Otra circunstancia que resulta muy preocupante consiste en el ánimo de protección corporativa de jueces que intervienen como testigos faltando a la verdad sin ningún escrúpulo. ¿Qué nos dice eso de esos jueces? Nos dice que su ánimo de protección corporativa los hace capaces de sentarse frente al jurado de enjuiciamiento y faltar a la verdad de manera descarada. Resulta gravísimo. Se trata de jueces que al día siguiente de declarar ante el jurado de enjuiciamiento, tomarán juramento de decir verdad a las personas que declaren ante ellos, y pretenderán que sus declaraciones sean veraces. Y si no lo son, enviarán una denuncia por falso testimonio a la autoridad correspondiente. ¿Podrán esos jueces exigir respeto a la institucionalidad cuando ellos no lo tienen? ¿Cuál es la escala de valores que tienen estos jueces que, a pesar de desaprobar la conducta de Muñoz, no están dispuestos a respetar el juramento de declarar si con ello lo perjudican? Aunque “perjudicar” solo signifique hacerlo responsable de sus actos.

La cobertura del caso por parte de la prensa también ha generado molestias entre los jueces. El enjuiciado se animó a echarle la culpa de su desinterés por la víctima, en alguna medida, a los medios de prensa. Eso fue lo que afirmó para explicar por qué no se había comunicado con Leandro Córdoba y Paula Sette. Se interrogó a algunos periodistas, además, indagando cómo habían llegado a obtener la información que difundieron. Como si el problema no fuera el comportamiento del juez, sino su difusión. Este caso muestra el relevante papel que pueden cumplir los medios de prensa en el control de la conducta de los funcionarios. El conocimiento público de la noticia probablemente colaboró a garantizar que se sometiera a enjuiciamiento a Muñoz.

Todas estas circunstancias hacen que, aun cuando se destituya a Marcelo Muñoz de su cargo de juez penal de garantías, sea indispensable continuar trabajando en el control de los jueces.

Los miembros del poder judicial siempre encuentran mecanismos que impiden o neutralizan el control externo sobre su desempeño. No proponemos un control que afecte su independencia. Nos referimos al control al que debe someterse cualquier agente estatal. Independencia no significa funcionarios irresponsables y ajenos a cualquier método de evaluación de su comportamiento. La independencia es una condición necesaria en los jueces no para su propio beneficio, sino para proteger su actuación como garantía de los derechos de quienes no somos jueces. Si la independencia tuviera el sentido que algunos jueces le adjudican y que elude todo tipo de publicidad, las personas ajenas al poder judicial ni siquiera tendríamos derecho a saber si nuestros jueces son independientes.