NO DENUNCIES EN USHUAIA

Ushuaia es una jurisdicción donde no se puede denunciar, querellar, defender, y mucho menos denunciar ante el Consejo de la Magistratura. Cuando hablo de denunciar, querellar o denunciar ante el Consejo, hago referencia a hechos cuya comisión se atribuye a Jueces, peritos oficiales u otros empleados judiciales.

Los hechos son tan breves como graves. Durante la etapa de investigación, el Perito Oficial Daniel Balihaut afirmó que ocho documentos que llevaban impresos el nombre de mi cliente, Félix Donamaría, no estaban firmados. Cuando el Fiscal Mayor Guillermo Massimi presentó su requerimiento de elevación a juicio, dijo claramente que había algunas órdenes firmadas y otras sin firmas:

Hace unos días, finalmente nos dejaron acceder a la prueba documental. El criterio del Tribunal de Juicio, afortunadamente en este sentido, ha cambiado, pues le permitieron a Donamaría ir a ver la prueba y escanearla, siempre acompañado (vigilado) por un empleado del Tribunal.

Por si no lo sabían, el Tribunal de Juicio, hasta ahora, solo te permitía ver los documentos en la declaración indagatoria y en el juicio, pero solo si declarabas:

Volviendo al caso, Donamaría advirtió, en ese momento, que las ocho (8) órdenes de pago aparecieron ¡firmadas! Desde que el perito Balihaut dictaminó sobre las órdenes de pago, éstas estuvieron, exclusivamente, en poder del Perito Oficial Balihaut (del Superior Tribunal), en el Juzgado a cargo de Javier de Gamas Soler, del Secretario del Juzgado de Instrucción González —ahora miembro del Tribunal de Juicio—, de los tres miembros del Tribunal Pagano Zavalía, García Arpon y el ex Secretario González, del Secretario del Tribunal (F. L.) Novarino, y del Fiscal Mayor Massimi.

El hecho me pareció escandaloso y especialmente grave, pero en Ushuaia eso no significa mucho. Presenté la denuncia y cayó ante de Gamas Soler, quien terminó apartándose. Entonces el caso marchó hacia el Juzgado de la jueza Barrionuevo, a quien le había tocado no investigar otra denuncia nuestra.

Desde luego que sabíamos que la causa dormiría el sueño de los justos en algún rincón judicial fueguino. Lo que jamás imaginé fue que Barrionuevo resolvería como resolvió:

La jueza rechazó el requerimiento por dos motivos. El primero porque las órdenes sin firma no eran las originales, eran las órdenes que había en un Informe del Tribunal de Cuentas (órgano denunciado y sospechado que “investigó” toda la causa e involucró a Donamaría). Eso se prueba, continúa la jueza, por el hecho de que las órdenes firmadas en original fueron incorporadas a la causa luego del dictamen del perito.

Este hecho no prueba nada. En efecto, solo demuestra que el Tribunal de Cuentas utilizó una impresión sin firma de la orden de pago original, que no sabía si existía. Téngase en cuenta que en todo este proceso se han aportado muchos menos documentos originales —que estaban en poder del Gobierno provincial— que los que se citan en las acusaciones. Que se utilice una copia (una de verdad) del documento original se podría comprender. Ahora bien, dado que el documento que luego apareció firmado es una impresión distinta a la que utilizó el Tribunal de Cuentas, ¿por qué se da por bueno el documento firmado y el que no tiene firma es una “copia”? ¿No podría ser al revés? Teniendo en cuenta que el firmado apareció más tarde, esa es la hipótesis más factible.

Pero sin tener en cuenta cuál es más o menos factible, en una investigación se deben agotar las hipótesis para afirmar que debe cerrarse.

¿Por qué el Tribunal de Cuentas, en vez de hacer una “copia” sin firma (que se puede imprimir cuantas veces uno quiera), no utilizó una copia del documento original? Desde ya que esa “copia” sin firma no es una copia.

El perito Balihaut se ha “equivocado”, como tantas otras veces. Lo curioso es que siempre que se “equivoca”, lo hace en perjuicio de Donamaría. ¿Por qué afirma la jueza que las órdenes originales, remitidas en 2009, estaban firmadas al momento en que se recibieron en el Juzgado? Eso no surge de su resolución.

Se pide, entonces, luego de no dejar ver la prueba documental en todo el proceso, y luego de descubrir semejante irregularidad, que confiemos en quienes están persiguiendo al Sr. Donamaría.

La segunda razón, agrega Barrionuevo, consiste en el hecho de que el fiscal afirma, en su requerimiento, que las órdenes de pago que cita en su acusación eran copias simples. Y que además, él no identificó cuáles órdenes estaban sin firmar. La jueza destacó, por su parte, que las órdenes de pago sin firmar no coincidían con las que aparecen firmadas y se consideran originales, es decir, no son copias de aquellas. También destaca que “está documentado el ingreso posterior de los originales”.

El Fiscal Mayor acusó, entonces, sin siquiera mirar los documentos originales y, tampoco, sin mirar copias reales de los supuestos originales. ¿Por qué se les llama copias? Además, ello no explica por qué razón el Fiscal Mayor acusó al Sr. Donamaría si, para él, había órdenes de pago no firmadas.

En cuanto al ingreso “documentado” de las órdenes firmadas, no surge de lo que afirma la jueza que esos docuemntos hayan estado firmados. Además, no se entiende por qué motivo las “copias” sin firmas no pueden ser los originales y las que ingresaron después son, tal como lo denunciamos, las órdenes “firmadas” fraguadas. El hecho de que hayan sido incorporadas con firma solo significa que las alteraron antes de incorporarlas.

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Por que el Perito Balihaut, Massimi y demases hablaron todo el tiempo de las órdenes de pago como “copias” de los originales. ¿Con qué objeto? Porque copias no eran. Finalmente, ¿por qué se agregaría un documento inexistente sin firmar? ¿Para acusar en más oportunidades sin prueba alguna?

¿Cómo puede rechazarse el requerimiento de investigación sobre la base de estas conjeturas? Lo que es mucho más posible es que las firmas de Donamaría hayan sido agregadas por algún funcionario. Pero más allá de ello, es deber de la jueza investigar, no cerrar las causas contra miembros del poder judicial.

Tampoco puede invocar la causal de “por no constituir delito el hecho referido en el” requerimiento. El hecho denunciado y que consta en el requerimiento es un hecho delictivo, le guste o no a la defensora, perdón, a la jueza.

Repasando el escrito que presentáramos, ahora comprendemos por qué Barrionuevo rechazó el requerimiento fiscal de apertura de la investigación. ¿Tendrá que ver con nuestro ofrecimiento de realizar un peritaje (ver abajo)? Ante un hecho tan grave, ¿es correcto que una jueza impida que se realice una investigación? En Ushuaia, sí lo es, porque no tiene costo alguno para Barrionuevo.