Control judicial de medidas cautelares
Nulidad de testifical
en audiencia preliminar
Teoría del caso
Teoría del caso
25 sept 2013
23 sept 2013
LOS PELIGROS DE INTERNET
Campaña mundial
La ADC llama a proteger el derecho a la privacidad
en contra de la vigilancia de Internet
(Ginebra, 23 de septiembre de 2013) - La ADC ha apoyado un conjunto de principios internacionales en contra de la vigilancia masiva sin controles. Ese documento recoge 13 principios que, por primera vez, ofrecen un marco que permite evaluar si las prácticas en materia de vigilancia respetan los estándares internacionales de derechos humanos que rigen a nivel internacional.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó oficialmente estos principios el pasado viernes en Ginebra, en un evento al que concurrió Navi Pillay, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue. El evento tuvo lugar durante la 24va. sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue auspiciado por las misiones permanentes de Austria, Alemania, LIechtenstein, Noruega, Suiza y Hungría.
“La falta de controles adecuados en materia de vigilancia permite graves violaciones al derecho a la privacidad”, señaló Ramiro Álvarez Ugarte, director de acceso a la información de la ADC. “En la Argentina hemos visto graves abusos en este sentido, desde el espionaje durante diez años sobre la agencia de notias acceso a la información Rodolfo Walsh hasta la permanente violación de la privacidad de las comunicaciones”, agregó. Álvarez Ugarte consideró que “los 13 principios ofcen acceso a la información parámetros básicos para juzgar si lo que ocurre en nuestro país respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, creemos que son un aporte fundamental para encarar un debate serio sobre el respeto del derecho a la privacidad en el siglo XXI”.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en el evento que "los avances tecnológicos han sido herramientas poderosas para la democracia, ya que permiten que todos participen en el debate democrático. Sin embargo, el incremento de las actividades de data mining por parte de las agencias de inteligencia —es decir, el análisis automatizado de enormes cantidades de datos— hace que sea cada vez más borrosa la línea que separa las actividades de vigilancia legítima de la vigilancia masiva y arbitraria".
Por su parte, Frank La Rue señaló en su último informe al Consejo de Derechos Humanos —que presentó recientemente en el Congreso de la Nación— que existe una relación estrecha entre la vigilancia por parte del Estado, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. “El derecho a la privacidad es usualmente entendido como un requisito esencial para el derecho a la libertad de expresión. Las interferencias indebidas con la privacidad de los individuos puede directa o indirectamente afectar el libre intercambio de ideas. (…) Una violación de un derecho puede ser, a la vez, la causa y conseceuncia de una violación del otro”, señaló. En el evento, La Rue señaló que “antes, la vigilancia era sobre objetivos precisos, pero la Internet ha cambiado el contexto ya que permite que se haga vigilancia masiva sobre todos los cuidadanos. Ese es el peligro”.
Antes estos peligros, en la Argentina la ADC ha lanzado junto al Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia , un espacio de trabajo destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de nuestro país. “Creemos que esta plataforma es el espacio para discutir estas cuestiones en nuestro país”, señaló Álvarez Ugarte.
Representantes de la ADC, Privacy International, la Electronic Frontier Foundation, Access, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, la Association for Progressive Communications, y el Center for Democracy and Technology han formado parte de este evento.
Para conocer más sobre los principios, ver: https://es.necessaryandproportionate.org/text .
18 sept 2013
TEXTO DEL RECHAZO DE LA RECUSACIÓN DE FIGUEROA PRESENTADA POR LA DEFENSA DE CARRERA
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El mejor párrafo de la sentencia:
En segundo lugar de la lectura de la
pieza recusatoria se desprende que las molestias a las que hace referencia la
señora juez aludieron a la objetivación empleada para descalificar la sentencia
y no a constancias causídicas.
17 sept 2013
MÁS APOYOS PARA EL JUEZ DANIEL RAFECAS
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Buenos Aires, 16 de
septiembre de 2013
Al
señor Presidente del
Consejo
de la Magistratura de la Nación
Dr.
Mario S. Fera
S/D
De
nuestra mayor consideración:
La Comisión Provincial por la Memoria se
dirige al señor presidente, en el marco del expediente N° 74/2012 y acumulados,
con motivo del avance del proceso disciplinario
contra del juez Daniel Eduardo Rafecas,
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la
Capital Federal.
Mediante el presente queremos
expresar la alta valoración que nuestra institución reconoce ante el ejemplar
desempeño del juez Rafecas. Y ello así, no sólo por su dedicado trabajo en pos
de hacer justicia y esclarecer la verdad por los delitos de lesa humanidad
perpetrados en nuestro pasado reciente, sino por los aportes que ha generado en
esta tarea, desplegando estrategias de investigación y ordenamiento de los
procesos para hacer más eficaz y fructífera el accionar de los tribunales. Al
mismo tiempo, resaltamos que ha mostrado una voluntad y capacidad para
desarrollar y aplicar teorías y categorías jurídicas que permitan dar cuenta cabalmente,
en el terreno de la justicia, de los delitos sujetos a investigación.
La formulación de la llamada “Magacausa del Primer Cuerpo del Ejército”,
que actualmente investiga, es cabal ejemplo de ello. En la misma se da cuenta
de delitos cometidos contra más de 1200 víctimas de un conjunto de Centros
Clandestinos de Detención instalados en su
área operativa de actuación, tales como son: “Mansión Seré”, “Vesubio”,
“Atlético, Banco y Olimpo”, “Automotores Orletti”, “Hospital Posadas” y
“Sheraton”. Esta unificación de hechos
no ha implicado en absoluto un obstáculo sino todo lo contrario, pues permite
accionar judicialmente siguiendo la lógica del plan sistemático de exterminio,
acelerando así el accionar de la justicia y respetando a las víctimas, quienes
de este modo no se ven obligadas a declarar en
infinidad de oportunidades –con la consecuente revictimización- tal como
ocurre cuando se impone la estrategia de dividir las causas, como suele ser el
diseño investigativo de otros magistrados federales del país.
Desde la CPM hemos aportado al trabajo de este juez ejemplar, la prueba
documental que obra en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía
bonaerense, pudiendo siempre constatar la seriedad y solvencia en cada
requerimiento y la posterior ponderación de la prueba.
Al
mismo tiempo, ponemos de resalto que el juez Rafecas ha acompañado a nuestra
institución en la lucha contra la tortura hoy, tanto en la participación en los
diversos eventos al cual lo hemos invitado, como también en su labor como
magistrado en tanto la concepción por él aplicada amplía la definición, no sólo
al momento del interrogatorio de las víctimas, sino a las condiciones
infrahumanas de vida padecidas en los CCD, lo cual ampara y avala jurídicamente
nuestro empeño en que se reconozcan estas prácticas en la actualidad,
perpetradas por las fuerzas de seguridad y policiales, y se propenda a la
persecución penal de los responsables para que se erradiquen definitivamente.
Con esto queremos remarcar la importancia de su actuación no sólo en hacer
justicia y en reparar a las víctimas del terrorismo de Estado sino también para
alcanzar una democracia que respete celosamente los derechos humanos de todos y
todas.
El juez Rafecas conjuga
solvencia como magistrado, excelencia como académico e investigador y
compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos como ciudadano,
lo cual lo hace merecedor de nuestra mayor consideración: es uno de los mejores
jueces federales de nuestro país.
Nuestra intención entonces, es que estas consideraciones basadas en un
profundo conocimiento del accionar de juez
Daniel Eduardo Rafecas, sean atendidas con atención y ponderadas en el curso
del trámite de evaluación de su actuación que llevarán adelante los señores consejeros,
para resolver con equidad y justicia.
Sin otro particular, saludamos al señor
presidente, y por su intermedio a todos los miembros del Consejo de la
Magistratura, con la consideración más
distinguida.
Adolfo Pérez Esquivel
Hugo Cañón
Aldo Etchegoyen
Víctor Mendibil
Mauricio Tenembaum
Elisa Carca
Susana Méndez
Víctor de Gennaro
Elizabeth Rivas
Fortunato Mallimaci
Daniel Goldman
Mempo Giardinelli
Luis Lima
Roberto Tito Cossa
Verónica Piccone
Carlos Sánchez Viamonte
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14 sept 2013
LA VISIÓN DE CABRAL SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL
SOBRE EL ESCRITO QUE CABRAL FIRMÓ
EN DEFENSA DE RIGGI
Y DE LOS JUECES QUE JUZGARON A FERNANDO CARRERA
del escrito de Cabral
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El 28 de agosto de 2012, Luis María Cabral, en su calidad de Presidente de
la Asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional, remitió
una nota solicitando que de "manera inmediata ponga término al proceso
que se ha iniciado contra estos Magistrados en abierta violación a la
independencia de los jueces para decir el derecho y resolver los asuntos que
son puestos a su resolución". Se refería a estos "buenos
muchachos" (uno imputado por coimero; los otros tres por prevaricato):
En primer lugar, debemos decir que nos llama muchísimo
la atención que Cabral se preocupe
tanto por el proceso de destitución de jueces —sí, "jueces", soldado
heroico, así con minúscula, porque no es nombre propio— pero no le importa
mucho que para que él sea designado, se dejen de lado todos los procedimientos
legítimos... Paradójico, ¿no?
En una parte del escrito, Cabral expresa su preocupación por el hecho de que, de
seguir adelante ese proceso:
También resulta llamativo su reclamo por el respeto de
la inamovilidad de los jueces, porque él parece ser un juez bastante
movil... Se movió del TOC a la Casación sin demasiado problema. Sin embargo,
para no ser injustos, debemos reconocerle que ya no le gusta más la movilidad.
Volvió a recuperar su pasión por la inamovilidad gracias a su "subrogancia
permanente", obtenida con la complicidad de Madueños, Catucci, Figueroa, Gemignani + Borinsky (que con
su abstención permitió que sea designado) (ver aquí ).
Luego de una apología del principio "soy juez y
voto lo que se me canta", el soldado heroico cita un fallo de la Corte
Suprema que dice exactamente lo contrario de lo que él pretende:
En este sentido, Cabral
parece olvidar que tres de sus defendidos han sido objeto de un requerimiento
fiscal para investigar la posible comisión de prevaricato al dictar sentencia
en el caso de Fernando Carrera
(ver aquí).
Más adelante, el soldado heroico cita los Principios
Básicos para la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, el Estatuto
Universal del Juez (Unión Internacional de Magistrados) y también un fallo de
la Corte Interamericana. Desde ya que estamos en un todo de acuerdo con dichos
instrumentos. Lo que no comprendemos es por qué no tuvo en cuenta tales
instrumentos a la hora de aceptar ser designado "conjuez permanente"
por sus amigos casadores. Recordemos que los Principios Básicos establecen:
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Y que el Estatuto Universal dispone:
Por lo demás, la sentencia de la Corte Interamericana
agrega:
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Los instrumentos,
principios y sentencias citados por Cabral no otorgan a los jueces arbitrariedad
ilimitada para fallar de cualquier modo amparados en la impunidad, bajo el
alcance que se le pretende dar a la independencia judicial. En esta entrada ya
hemos analizado ese tema que contradice el corporativismo militante.
Lo que sí nos parece hipócrita es que quien firma ese escrito sobre la independencia judicial, termine pisoteando descaradamente todos los principios que dice respetar por sus veleidades de
casador ilegal.
Un poco de dignidad, que renuncie de casador o que se
llame a silencio.
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13 sept 2013
NOTA DE CABRAL PARA SALVAR A LOS JUECES DEL TRIBUNAL QUE FALLÓ EN EL CASO DE FERNANDO CARRERA
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Ésta es la nota que Cabral, en su calidad de Presidente de la Asociación
de magistrados, remitió al Consejo de la Magistratura, para hacer zafar
a su amiguitos Riggi (el imputado por coimero), y a los tres miembros
del Tribunal Criminal Nº 14 que condenaron a Fernando carrera a 30 años
(Cataldi, Bistué de Soler y Lescano).
12 sept 2013
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A MIS MAESTROS
Hoy quiero hablar de otros grandes maestros, de quienes nunca hablamos y a quienes nunca agradecemos. En todos estos años de ejercicio de la profesión y de docencia, es difícil medir lo que hemos aprendido de los estudiantes y de nuestros compañeros en el ejercicio de la profesión.
En primer
término, resulta increíble la devolución que nos dan los estudiantes a los
docentes. Recuerdo que cada vez que Paola Bigliani
me agradecía algo, yo le explicaba que el que siempre salía ganando en el
intercambio era yo. Y Paola no me creía, pensaba que se lo decía solo para que
no me apabulle con su agradecimiento.
Hasta que un día
le tocó estar a cargo de un curso a ella. No asistí a ninguna clase pero estoy
más que seguro de que sus estudiantes habrán disfrutado de una docente de
primera. Lo mismo le pasó a Mariano Bertelotti
y a Bocha Campo. Todos ellos
personas extraordinarias y docentes de lujo. Lo que aprendí trabajando con
ellos es difícil de medir, pero estoy seguro de que recibí de ellos muchísimo
más de lo que yo les pude dar.
Lo mismo puedo
decir del resto de mis ayudantes permanentes u ocasionales y, por supuesto, de
los estudiantes. Aún hoy estoy en contacto con muchísimos jóvenes que fueron
mis estudiantes y les escribo continuamente para que me aconsejen sobre
cuestiones de derecho penal y de derecho procesal penal.
En el ámbito del
ejercicio profesional también he trabajado con muchísimos jóvenes y no tan
jóvenes que me han brindado sus conocimientos con absoluta generosidad. Todos
ellos también fueron mis grandes maestros. Desde mis compañeros del Centro de Estudios Legales y Sociales,
pasando por compañeros de trabajo que tuve en otros países —como el grande de
Willy Ramírez en Guatemala—, mis
amigos del grupo de redactores de la extinta "No Hay Derecho"
impresa, mi ex socio JP Chirinos, y tantos otros.
Sería imposible
hacer justicia mencionando a todos aquellos quienes han sido mis maestros en
este sentido siempre olvidado. Ellas y ellos saben quienes son. Por eso hoy
brindo por todas esas personas y les agradezco por todo lo que me enseñaron.
Porque un buen
maestro no es quien está a cargo de ciertas tareas docentes en sentido formal. Maestro es quien nos motiva, nos muestra caminos, nos formula
buenas preguntas y comparte sus conocimientos con generosidad.
A todos ellos,
¡feliz día y gracias!
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7 sept 2013
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6 sept 2013
JUICIO PENAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Publicidad
del juicio penal:
la
televisión en la sala de audiencias
Por Alberto Bovino
“… vale entonces aclarar
que no intento persuadir a aquellos que se mantienen incólumes en su crítica
sino solamente resaltar mi ingenua alegría por la existencia de un cine y miles
de televisores”.
Martín Abregú, Tras la aldea penal.
I. Introducción
“Busquemos
nuestro punto de partida lejos de aquí, vayamos a Tanzania. Enfoquemos nuestro
problema desde una soleada ladera de la provincia de Arusha. Allí, dentro de una
casa relativamente grande, en un pueblo muy pequeño, una suerte de
acontecimiento tuvo lugar. La casa estaba colmada de gente; la mayoría de las
personas adultas del pueblo y varias de los pueblos cercanos estaban allí. Era
un acontecimiento feliz, se escuchaban charlas, se hacían bromas, se veían
sonrisas, la atención era entusiasta, no había que perderse ni una sola frase.
Era un circo, era un drama. Era un juicio”[1].
El
juicio llevado a cabo en Tanzania es utilizado por Nils Christie para hacer referencia a la participación de los
protagonistas del caso en el procedimiento a través del cual se dará solución
al conflicto. Sin embargo, el ejemplo también sirve para destacar la
participación de los miembros de la comunidad en el juicio, esta vez como espectadores
privilegiados del escenario en el que transcurre el proceso.
La
participación de los miembros de una comunidad como meros espectadores de un
juicio penal —que no los involucra directa o personalmente— podría ser definida
como el objeto de la exigencia denominada “publicidad del juicio” y,
ciertamente, es el objeto genérico de este trabajo. También abordaremos
específicamente la cuestión vinculada a los problemas que genera el ingreso de
los medios de prensa televisivos a la sala de audiencias durante el juicio[2],
y la emisión de las imágenes allí obtenidas a través de los canales de
televisión.
...
IV. Publicidad del
juicio y medios de comunicación
“Me causa gran
preocupación la sugerencia de que hay límites al derecho público de saber qué
es lo que pasa en los Tribunales… La idea de imponer a cualquier medio de
comunicación la carga de justificar su presencia es contraria a lo que siempre
he pensado de que la presunción reposa dentro del área de libertades de la
Primera Enmienda”.
Disidencia del
juez Stewart, “Estes vs. Texas”,
381 US 532 (1965).
...
IV. 4. Los problemas originados por la
televisación
Aun si estuviéramos de acuerdo con lo que hemos afirmado hasta aquí, no
se puede dejar de reconocer que la televisación del juicio penal puede producir
efectos negativos que no deben ser tolerados. Si ello es así, debe preverse la
posibilidad de impedir el ingreso de la prensa televisiva a la sala de
audiencias, independientemente de que el juicio se realice públicamente o a
puertas cerradas.
La televisación del juicio no debe ser autorizada en tres tipos de
casos. En primer lugar, cuando el juicio se realice a puertas cerradas y se
excluya a todo el público. En segundo lugar, cuando se trate de determinada
clase de casos en los cuales la televisación siempre pueda afectar intereses
dignos de protección —v. gr., delitos sexuales—. Este supuesto abarca casos en
los cuales se prohíbe la televisación a pesar de que el juicio sea público. Por
último, también se debe impedir el ingreso de las cámaras cuando la
televisación produzca efectos negativos sobre el juicio por las circunstancias
particulares del caso concreto. También en este supuesto se excluye a la
televisión aun si el juicio es público. Circunstancias como éstas nos obligan a
relativizar la afirmación de Bielsa, pues en algunos de estos casos la
injusticia del juicio podría estar provocada, precisamente, por su
televisación.
Sin embargo, el reconocimiento de estos posibles peligros no permite
afirmar que la televisación del juicio, en sí misma y en todos los casos,
provoca una distorsión tal que justifique la exclusión de las cámaras de la
escena del proceso penal como regla general. No se pretende negar que siempre
existe la posibilidad de que la televisación perjudique de modo intolerable o
ilegítimo el juicio. Sólo se sugiere que, en todo caso, habría que buscar
soluciones para ese tipo de casos, en lugar de prohibir la televisación de
todos los juicios.
IV. 4. a. La televisión como sustituto de la publicidad directa
La televisación del juicio recibe una crítica de García que se formula
respecto a la información emitida por cualquier medio de comunicación, que
señala que la prensa “no puede sustituir a la publicidad inmediata porque no es
neutral, está determinada por cierta selección” de los hechos. Se agrega que la
libertad de prensa no tiene “la misma finalidad que pretende asegurar la
publicidad inmediata, garantizando a cada cual que vea por sí mismo el juicio”[3].
Sin embargo, ello no permite cuestionar la legitimidad de la transmisión
del juicio televisado. No se trata de que la televisión sustituya la publicidad
inmediata por la asistencia del público, lo que se propone es que, además del
público, ingrese la prensa televisiva para complementar la publicidad
inmediata. Además, resulta irrelevante la finalidad de la libertad de prensa si
la actividad de los medios televisivos, de hecho, colabora con la realización
de la finalidad del principio de publicidad. De todos modos, es evidente que
estas consideraciones críticas no afirman ni implican que la imposibilidad de
sustituir la publicidad inmediata exija la exclusión de la prensa televisiva, o
que la tarea de la prensa pueda ser controlada. En consecuencia, si
consideramos la “sustitución” en términos de complementación, la emisión
televisiva de todo el juicio resulta el mejor sucedáneo periodístico de la
publicidad inmediata lograda con la presencia del público en la sala de
audiencias.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el principio de publicidad
pretende cumplir cierta finalidad, el control público de los actos de gobierno,
utilizando el medio considerado más adecuado, la realización del juicio en
presencia del público. En este contexto, el valor del medio depende directa y
proporcionalmente de su capacidad para obtener el fin. La organización social
de nuestra época comprende la imposibilidad material de garantizar ampliamente
el control ciudadano de la justicia penal —más allá de hacerlo respecto de un
grupo limitado de personas—. Frente a esta situación, la televisación del
juicio resulta, en principio, un medio disponible para colaborar en la tarea de
hacer efectiva, al menos en cierta medida, la publicidad de los actos de la
justicia penal respecto de los miembros de la comunidad.
Si se reconoce la imposibilidad material de lograr una publicidad
adecuada a través de la asistencia al juicio, y si se reconoce el valor
inestimable de la difusión periodística para el derecho de los ciudadanos a
controlar los actos de gobierno[4],
también se admite, implícitamente, el valor del aporte complementario a la
publicidad de la prensa televisiva.
La calificación de “mediata” de la publicidad emitida por la prensa, por
otra parte, supone que la única forma posible de controlar los actos de
gobierno consiste en la presencia del ciudadano en el momento de realización
del acto. Si esto fuera así, todos los actos de gobierno deberían realizarse en
una audiencia pública. Lo importante, en realidad, es que el ciudadano pueda
obtener la información que le interesa, no el medio a través del cual obtiene
la información. La presencia de un ciudadano en el acto en que se firma un
contrato administrativo, por ejemplo, no le permitirá conocer el contenido del
contrato, mientras que otra persona que obtenga una copia escrita del contrato
estará en mejor situación para controlar ese acto de gobierno que quien
presenció directamente su celebración.
IV. 4. b. La “deformación televisiva”
García formula una crítica dirigida especialmente a la posibilidad de
televisar íntegramente el juicio, señala la influencia de la televisión en la
formación de opinión y cuestiona el hecho de que, en muchos casos, los medios
de difusión, especialmente los televisivos, parecen tomar el lugar de los
verdaderos juicios. Admite el efecto positivo de la prensa en el control
republicano, pero al mismo tiempo advierte sobre la exposición recortada o
estereotipada de los hechos, y el tratamiento estigmatizante de quienes son
imputados como partícipes en un hecho punible. En cuanto a la transmisión en
vivo de la audiencia, señala que incluso ésta emite una interpretación de la
realidad, y no la realidad total. La emisión del debate editada en una versión
reducida, afirma, presenta problemas aún mayores. La selección genera el
peligro de que se ofrezca un cuadro falso, y toda selección representa una manipulación.
En consecuencia, García señala que la televisión emite una mezcla indisoluble
de información y ficción[5].
El primer presupuesto cuestionable de esta línea argumental se vincula
con la visión, en cierta medida simplificada, de los procesos de comunicación
y, consecuentemente, con el poder reconocido a los medios masivos[6].
Se atribuye a la televisión, sin fundamentos serios, una aparente manipulación
conspirativa que deforma la realidad, crea estereotipos y produce
estigmatización. Se presupone a los televidentes como automáticos y pasivos
receptores de un mensaje determinado íntegramente por el emisor.
Se cuestiona la deformación de una supuesta realidad objetiva, no
determinada socialmente. Según esta percepción, un juicio es una porción de
realidad objetiva, que sólo puede ser captada por quien asiste personalmente
como espectador, cuya definición no parece depender de la participación de sus
intervinientes. También se sugiere la existencia de una obligación, a cargo de
los medios de prensa, de informar “objetiva”, íntegra y totalmente un hecho,
obligación que pareciera que debe ser preocupación del Estado.
La opinión que criticamos no tiene en cuenta que la principal tarea de
la prensa consiste, precisamente, en actuar de filtro de selección de los
aspectos relevantes de la realidad social que puedan ser considerados de
interés. Ningún medio puede informar todos los aspectos, elementos y
particularidades de un hecho periodístico y, aun si lo hiciera, probablemente
el público no tendría ni tiempo ni interés en recibir la información emitida de
esa manera.
Toda la voluntad crítica se dirige a los medios, ya que se acepta
acríticamente la ficción de una justicia correcta, racional, que determina
objetivamente toda la realidad del hecho. Así, se ignora la práctica cotidiana
de la justicia penal, los criterios arbitrarios que orientan sus decisiones,
los efectos perjudiciales de su intervención, la vulneración sistemática de las
garantías fundamentales. Se deja de lado el hecho de que la justicia penal —del
mismo modo que los medios— siempre realiza un recorte de la realidad, a pesar
de que los abogados estamos acostumbrados a ello[7].
Es imprescindible señalar que todo proceso judicial representa una
reconstrucción y redefinición del conflicto según las exigencias de las reglas
jurídicas. La dimensión normativa exige un recorte del hecho en sus propios
términos, excluyendo el resto de la información existente, considerada
irrelevante por el texto jurídico. El “juicio televisivo”, por su parte,
presenta reglas narrativas distintas a las reglas del proceso penal. En
consecuencia, la televisión “deforma” en la misma medida en que la justicia
“deforma”, sólo que ambas aplican reglas de distorsión diferentes.
Por último, se debe tener en cuenta que el recorte de la información es
propio de todos los medios de prensa, no sólo de la televisión, de modo tal que
ese problema, si existe como tal, subsiste aun sin la transmisión televisiva.
Sin embargo, en muchas ocasiones este tipo de críticas se dirigen exclusivamente
contra la televisión. La prensa escrita, seguramente, tiene muchas menos
posibilidades de reproducir íntegra y objetivamente un juicio. En consecuencia,
los problemas atribuidos a la televisión también son atribuibles a los demás
medios.
IV. 4. c. Efectos sobre el comportamiento de los intervinientes
I. Otra crítica que se ha formulado señala el efecto que produce la
presencia de las cámaras respecto de la espontaneidad de los testigos. En este
sentido, se afirmó en un precedente alemán que ante la presencia de la
televisión en la audiencia, los testigos “caerán en situación conciente, por
regla, que afectará su comportamiento y que, según el caso inhibirá sus
expresiones o los determinará a hacer declaraciones, que sean adecuadas a la
situación teatral, y que no habrían efectuado sino bajo tal influencia”[8].
La influencia que las cámaras producen en el comportamiento de los
testigos, como ya hemos visto, no puede ser considerada negativa en sí misma.
El problema no consiste en que la presencia de las cámaras influya sobre el
comportamiento del testigo. La cuestión radica, en cambio, en determinar si la
actitud provocada por la cámara de televisión produce un perjuicio concreto al
proceso de determinación de la verdad que, según se sostiene, tiene lugar en el
juicio penal. Lo importante es averiguar qué sabe el testigo y determinar si
dice la verdad, y no preocuparse por verificar si el testigo pierde la supuesta
espontaneidad con la que habría declarado de no haber estado presente la
televisión.
No debemos olvidar que la intervención de un testigo en un juicio sin
televisión difícilmente pueda ser considerada espontánea. El juicio penal no es
un ámbito en el cual personas extrañas al procedimiento, como los testigos,
actúen de manera espontánea. La situación en la que se coloca al testigo, a
quien se hace jurar que dirá la verdad bajo la admonición de una pena, y a
quien se somete al interrogatorio, a veces intimidante, de los miembros del
tribunal y de las partes, no permite de ningún modo hacer referencia a la
espontaneidad del testigo. Si la falta de espontaneidad fuera un problema real,
entonces deberíamos ocuparnos seriamente del problema respecto de todos y cada
uno de los testigos que declaran en un juicio penal con o sin las cámaras de
televisión. Los resultados de una investigación empírica abonan este punto de
vista. En sus conclusiones se señaló que los datos obtenidos no parecían fundar
las preocupaciones de quienes creen que
las cámaras significarían una distracción y dificultarían la averiguación de la
verdad a través de la declaración de los testigos, cuyas facultades de
observar, de recordar y de comunicar ya se hallan limitadas por el stress emocional inherente al juicio[9].
Quienes formulan esta crítica también deberían ocuparse, para ser
consecuentes, de analizar la influencia de los demás medios de comunicación,
dentro y fuera de la sala de audiencias, cuando se trata de un caso expuesto
públicamente —o de la misma televisión, cuando espera en las escaleras de los
tribunales—. Sin embargo, de manera incomprensible, la crítica se dirige,
nuevamente, a la televisión.
II. En cuanto a los efectos negativos sobre el comportamiento de los
intervinientes en el procedimiento, pronosticados por quienes expresan esta
preocupación, las conclusiones de numerosas investigaciones empíricas resultan
favorables a la transmisión televisiva de los juicios.
Shartel señala que en EE.UU., si bien las opiniones de los abogados
están divididas, los estudios claves sobre el tema resultan coincidentes: “Las
investigaciones más reputadas sobre participación real en juicios y los
probables efectos psicológicos sobre testigos y jurados indican que las cámaras
de televisión no afectan negativamente a testigos, litigantes, jueces o
jurados”. Agrega que el rápido crecimiento del canal Court TV, dedicado
íntegramente a casos judiciales, y la cobertura de casos de interés para el
gran público, ha tenido una tremenda influencia en el proceso de educación del
público sobre el sistema jurídico[10].
Por su parte, Krygier sintetiza su conclusión afirmando que la cámara de
televisión se convierte en el jurado número trece, asegurando una correcta
administración de justicia. Agrega que representa una oportunidad para que el
público observe el juicio y obtenga una comprensión más acabada del sistema de
justicia. También destaca que la televisión es un instrumento educativo, que
informa al público sobre cuestiones legales del procedimiento y del derecho
sustantivo, y que incentiva debates enriquecedores. Finalmente, señala que las
investigaciones han indicado que la presencia de la prensa televisiva no
produce efectos negativos de relevancia sobre testigos y jurados[11].
Aun quienes se oponen a la televisación de los juicios y cuestionan la
validez científica de las investigaciones sobre el tema reconocen que no
existen pruebas que corroboren sus temores. En palabras de una de estas
personas: “Los estudios sobre los efectos de las cámaras en el juicio proveen
escasa evidencia de que la cobertura televisiva directa sea indeseable”[12].
Bibliografía
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[1] Christie, Los conflictos como pertenencia, p. 160.
[2] Si bien se
podría discutir el alcance del principio de publicidad en otras etapas del
procedimiento —pues, como veremos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos exige la publicidad del proceso y no del juicio solamente—, en este
trabajo nos limitaremos exclusivamente a la aplicación del principio durante el
juicio.
[3] García, Juicio oral y medios de prensa, ps. 29 y siguiente.
[4] García reconoce expresamente ambas
proposiciones (cf. Juicio oral y medios
de prensa, p. 28).
[5] Cf. García, Juicio oral y medios de prensa, ps. 30 y ss. La televisión emite
“una mezcla indisoluble de información y ficción en donde no importa que el
público pueda distinguir entre noticias verdaderas e invenciones falsas”
(transcripción de García, p. 34,
con cita de Slokar de una opinión
de Umberto Ecco).
[6] Una crítica
inteligente de las teorías comunicativas de penalistas y criminólogos en Abregú, Tras la aldea penal, ps. 30 y ss. Entre otras cuestiones, señala
que “Lombroso no necesitó de Canal 9 Libertad para desarrollar su teoría del uomo delinquente” (p. 31).
[7] Sobre el modo
en que la justicia recorta la realidad, cf. la crítica de Christie, Las imágenes del hombre en el derecho penal moderno.
[8] BGHSt 16, 113,
citado por García, Juicio oral y medios de prensa, p. 59.
[9] Cf. Shartel, Cameras in the Courts: Early Returns Show Few Side Effects, p. 25.
[10] Shartel, Cameras in the Courts: Early Returns Show Few Side Effects, p. 21
(destacado agregado).
[11] Cf. Krygier, The Thirteen Juror: Electronic Media’s Struggle to Enter State and
Federal Courtrooms, p. 83.
[12] Valukas, Von Hoene y Murphy, Cameras in the Courtroom: An Overview, p. 21.
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