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La administración de justicia del país, y no digamos la federal,
necesita cambios profundos, urgentes y de largo aliento. Desde hace
muchos años hemos denominado a ese programa “democratización de la
justicia” bajo el entendimiento de que no se trata de que los jueces
sigan los dictados de la mayoría –lo que iría en contra de su función
constitucional- sino que se trata de que la administración de justicia
sepa acompañar el crecimiento y desarrollo de una sociedad plural,
dinámica, tolerante e inclusiva.
Hoy no puede hacerlo con su cerrazón, sus procedimientos antiguos, su
lógica de trámites, su pesadez burocrática, su egocentrismo valorativo,
su falta de imaginación y su desprecio práctico hacia todo lo que tenga
rostro humano y no sean papeles. Por eso adherimos al debate que se
abrió en los últimos meses y hemos hecho propuestas concretas para
alimentarlo.
Lo que está en juego es la necesidad de contar con espacio judicial
nuevo, donde la lucha por los derechos, el control del poder, la gestión
pacífica de los conflictos, la vigencia efectiva de la Constitución y
la afirmación de valores básicos de la convivencia se haga de un modo
transparente, abierto, sensatamente rápido y con un nuevo diálogo con la
sociedad. Todo esto es muy importante para el futuro de nuestro país.
El plan que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional es una versión
pobre, escuálida y timorata de ese proyecto. La reacción de la oposición
es previsible, funcional al empobrecimiento del debate y sin muchas
ideas. La sociedad se queda, en consecuencia, sin chicha ni limonada.
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Seguirá siendo un organismo burocrático, repleto de personal y cada
vez mas trabado en su propia lógica corporativa, alejado de la sociedad y
atrapado en la lógica judicial y sus “operadores judiciales” oscuros.
Para destrabarlo hay que ir en sentido inverso, reduciendo sus
miembros, y reformarlo de raíz en su funcionamiento cotidiano.
Por otra parte, el mantenimiento de vacantes permanentes es una
práctica del Poder Ejecutivo, no por falta de gestión sino para negociar
con la corporación judicial. La Creación de nuevas Cámaras de
Casación, en el contexto actual, es un plan de burocratización (no de
democratización) que sin duda dejará contentos a abogados y jueces con
sus nuevos honorarios y cargos.
La limitación de las medidas cautelares es dependiente de la rapidez
de los procesos y ellos con los actuales procedimientos y prácticas
seguirán demorando, dejando los derechos en el aire y permitiendo la
extorsión judicial —que no la sufre solo el Estado nacional—. Nombramientos por concurso está muy bien, veremos bajo que método y de
todos modos el punto es que el personal no cumpla funciones judiciales y
se acabe la delegación judicial en empleados subalternos.
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En fin reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni
tampoco ponen en peligro la República: sólo son demostración de la
escasa reflexión que tiene nuestra dirigencia política sobre la función
del poder judicial en nuestra democracia.
En el camino quedaron grandes temas que no fueron encarados: la
verdadera participación ciudadana a través de jurados, la transparencia
real y publicidad de todos los procedimientos a través de la oralidad,
las medidas de fortalecimiento de la justicia de cercanía para facilitar
el acceso a la justicia, la reforma de la abogacía para generar una
verdadera abogacía social, el reconocimiento de la justicia de los
pueblos indígenas, la modificación profunda del sistema recursivos, la
democratización interna del poder judicial cambiando las formas de
gobierno interno, la creación de una verdadera carrera judicial. Además
las medidas están llenas de guiños hacia la corporación judicial. No se
toca el tema ganancias cuando la AFIP puede ya comenzar a cobrarlo,
dado que lo único que puede hacer el Poder Judicial (en términos
administrativos) es negarse a ser agente de retención), nada se dice de
la exclusividad que tienen que tener jueces y fiscales, que ocupan todos
los cargos universitarios sin dedicarse verdaderamente ni a una ni a
otra cosa, nada se dice de los verdaderos sistemas de control
patrimonial, ni de cómo evitar que los jueces cobren fortunas con
subrogancias y viáticos que los llevan a prolongar juicios, haciendo
negocio incluso con los juicios de lesa humanidad. Con estas medidas
tampoco se va a “controlar” el poder judicial, ni se lo va a sacar de su
letargo ni se beneficia a la ciudadanía en su acceso a la justicia.
Mi simple percepción personal, si se quiere emotiva: se trata de
armar un boquete para que un sector que hoy está en la periferia de la
corporación judicial se posicione mejor. En buen romance, agrandar la
“familia judicial” con alguna nueva tribu en crecimiento. La corporación
judicial, contenta, un nuevo miembro es siempre una nueva oportunidad
de revitalizar las viejas mañas.
Nota publicada en mdz Online
Nota publicada en mdz Online
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Por Martín Granovsky
