COCAÍNA PARA TODAS Y TODOS (LAS JUEZAS Y JUECES)

LA RELACION ENTRE LA  IDONEIDAD Y LA NARIZ

Por Mario Alberto Juliano

La crónica periodística suele sorprendernos con la amenaza de someter a los funcionarios públicos a rinoscopias, con el evidente propósito de determinar la existencia de adicciones a sustancias estupefacientes. Esto es  lo que ocurrió   con el anuncio del gobernador del Chubut (que dijo que sería el primero en someterse al estudio) y el jefe de  policía de Catamarca, aunque los emplazamientos geográficos son anecdóticos, ya que se trata de una intención (hasta ahora nunca concretada) que se repite con cierta frecuencia en distintos puntos del país y suele formar parte del inventario de reclamos de algunos sectores y organizaciones sociales.

Mi idea sobre esta temática es que se trata de una medida indebidamente invasiva de las esferas de reserva personal, pero además inútil,  inconducente y meramente simbólica y propagandista, lo que intentaré demostrar en las breves líneas que siguen.

La  Constitución (artículo 16) establece que el único requisito para el acceso al empleo público es la idoneidad. No hay cláusula que prohíba el desempeño de personas afectadas por adicciones de ninguna índole.

Luego, quienes proponen detectar funcionarios públicos adictos al consumo de sustancias estupefacientes presumen (en realidad, dan por hecho) que los consumidores de ese tipo de sustancias no son idóneos para el desempeño de cargos públicos. Considero que esa idea no tiene respaldo estricto en la realidad y responde a una visión estereotipada de los adictos, a  quienes se supone como zombies, que andan tirados por los  rincones y que no se encuentran en condiciones de gobernar sus actos. Sin ignorar que algunos adictos (fundamentalmente los adictos pobres, que difícilmente llegarán a ser funcionarios públicos, no por adictos, sino por pobres) pueden responder  a esa imagen, Antonio Escohotado nos recuerda, en su “Historia  General  de las Drogas”, que son numerosos los personajes célebres de la historia, remotos y contemporáneos, que en diferentes etapas de su vida tuvieron adicción a distintas sustancias y que, no obstante, mostraron desempeños y producciones notables, sin cuyos aportes la historia de la humanidad hubiese sido muy distinta. Dentro de los adictos famosos y reconocidos como tales podemos citar a Freud, Goethe, Goya, Tolstoi,  Baudelaire,  Víctor Hugo (me refiero al notable novelista y no al periodista), solo por nombrar a algunos de una larga lista.

Lo que quiero significar es que la idoneidad no depende, necesariamente, de las sustancias que consumen los funcionarios públicos y que, muy por el contrario, no es necesario consumir sustancias estupefacientes para ser un mal funcionario público. En ese sentido,  no existen registros que demuestren que los militares que se apoderaron del poder en 1976 lo hubiesen hecho bajo las influencias de las drogas. Lo mismo para desatar una guerra por las Malvinas (como no sea que incluyamos al alcohol en esa categoría,  difícilmente detectable por rinoscopias) o  para desguazar el Estado en beneficio del capital extranjero, allá por los 90.

Sin embargo, preocupa que un funcionario público consuma sustancias estupefacientes, pero no se evidencia idéntica inquietud con la corrupción, los abusos de poder, el transfuguismo y la inidoneidad en general.

A propósito, es tan irracional la  amenaza de rinoscopías, que coloca en el centro de las preocupaciones a las sustancias que se inhalan por las fosas nasales (que son las únicas que se detectan con la rinoscopía), pero se desprecia a otras sustancias, que se beben, ingieren, inyectan o fuman y que, sin embargo, no parecerían participar de la categoría demoníaca de la cocaína.

Tampoco se conoce cuál sería la sanción para el caso que, como consecuencia del examen, se detecte que un funcionario consumió o consume cocaína. ¿Se lo exonerará, se lo sometería a un tratamiento compulsivo, se lo reubicaría dentro de la administración, pasando de una dirección a la recolección de residuos? ¿O  simplemente servirá para exponer al funcionario al escarnio público? ¿Deberían anularse sus actos precedentes por haber estado viciada su voluntad? Todo hace pensar que cualquiera de las respuestas a la detección del adicto conduciría, irremediablemente, al fracaso y a afrontar cuantiosas indemnizaciones por el trato notoriamente discriminatorio.

En resumidas  cuentas, las campañas rinoscópicas ponen de relieve que se quiere  aparentar ante la opinión pública  que se hace “algo”, aunque ese algo sea un montaje inconducente e inoperante.

No se  postula que el consumo de sustancias estupefacientes sea una virtud. Por el contrario, las adicciones en general, y particularmente las relacionadas con drogas, exteriorizan diferentes niveles de reducción de los ámbitos de libertad y autodeterminación personal. Pero estamos convencidos que la persecución de los consumidores, sean funcionarios públicos o no, en poco contribuye a los fines que proclama y, lejos de ello, esas campañas profundizan la estigmatización y los peores rasgos como sociedad.