16 jul. 2018

LOS INTOCABLES: GEMIGNANI SOBRESEÍDO




El 28 de julio de 2016 el casador Gemignani había denunciado y ordenado detener a la prosecretaria del tribunal, María Elena Expucci, por el delito de desobediencia. La prosecretaria fue puesta en libertad inmediatamente y la causa fue desestimada por inexistencia de delito. El fiscal Juan Pedro Zoni, que había intervenido, pidió que el Consejo de la Magistratura evalúe la conducta del casador para determinar si hubo mal desempeño de sus funciones y comisión de delito.

Como si esto fuera poco, la prosecretaria lo denunció por privación ilegal de libertad agravada (ver nota). Al día siguiente, luego de ver el escándalo que se armó por su abuso de poder, el casador agregó que la prosecretaria tenía una "expresión de encubrimiento"... (ver nota)

Alejandro Rúa describió este sainete en Twitter del siguiente modo:



Finalmente, la Cámara Federal sobreseyó a Gemignani, que ni siquiera había sido indagado. Irina Hauser escribió hoy en Página/12:

Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, su colega Gemignani no cometió ningún delito y lo que hizo fue ordenar una detención en flagrancia. A la vez, como para matizar la defensa corporativa, mandaron el caso al Consejo de la Magistratura –casi una cosquilla– para que analice si cometió una falta disciplinaria.
...
Gemignani terminó sobreseído sin siquiera haber sido indagado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La fiscal Ochoa había pedido que declare como sospechoso y había considerado que la orden de detención e incomunicación contra Expucci había sido “infundada” como el acatamiento de la orden verbal por parte de los policías. “Esa orden de detención solo puede ser entendida como una situación de abuso de poder en una relación desigual” que remite a los “lamentablemente no superados patrones culturales de violencia hacia las mujeres”. Invocaba, entre sus argumentos, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y las convenciones internacionales sobre violencia y la discriminación contra las mujeres. Además, la fiscal sostuvo que Gemignani no era el juez competente para tomar medidas por ser quien denunciaba una supuesta desobediencia.
Después de ese pedido de indagatoria, Gemignani recusó a Ochoa por participar de una de las manifestaciones de “Ni una Menos” que tuvo adhesión de gran cantidad trabajadoras judiciales en Comodoro Py. Pero Gemignani interpretó que Ochoa “participó y condujo un escrache por violencia de género contra mi persona, materializado en la puerta de mi despacho”. “Aniquiló mi inocencia, mi dignidad humana y el debido proceso que me amparan”, la acusó. La recusación llegó hasta Casación, ya que la Cámara Federal había decidido rechazar analizarla. Pero los casadores Carlos Mahiques y Riggi dijeron que, aunque no se pueden apelar recusaciones de fiscales, ésta tenía “las particularidades” que adjudicaban a las “graves anomalías” señaladas por Gemignani que podían implicar su falta de “objetividad e imparcialidad”. El fiscal de Casación, Javier De Luca, dijo que no había ni un testimonio o prueba que permita calificar que Ochoa participara de un “escrache”.

Este episodio permite hacer dos breves reflexiones. En primer lugar, llama poderosamente la atención que los casadores Mahiques y Riggi hayan abierto el recurso de casación por el incidente de recusación. Mucho más aún el hecho de que hayan hecho lugar a la recusación, ya que como regla rechazan las recusaciones. Una vez más, los casadores hacen "justicia a la carta" para los amigos. Es que no se trata de cualquier imputado. El imputado, en este caso, era uno de ellos. Como tal, los derechos de un casador sí deben protegerse, no es un negrito (un civil) más como regularmente sucede. Se trata de otro Casador Federal, así, con mayúsculas...

Este hecho pone de manifiesto el carácter corporativo de los casadores (indebidamente) llamados a resolver en el incidente de recusación.

En segundo término, este absurdo episodio señala otro problema. ¿Qué sucede cuando los jueces deben juzgar a sus pares por hechos que ellos también podrían cometer?

Se trataba del ejercicio abusivo de la facultad de detener a una persona a quien se imputa un delito. ¿Y quién intervino en ese proceso? Otros jueces que también ejercen cotidianamente esa misma facultad. Y que últimamente andan un tanto desbocados en estas cuestiones...

En este contexto, ¿qué imparcialidad pueden tener esos jueces? ¿Qué grado de confianza puede tener la población respecto de su intervención en estos casos?


No olvidemos, además, los problemas de independencia interna que tienen nuestros jueces. Ello implica que si un buen juez quiere investigar seriamente un eventual  hecho punible cometido por un "superior", esto podría tener un costo muy alto. En palabras de Zaffaroni:
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... los cuerpos colegiados que ejercen una dictadura interna y que se solazan aterrorizando a sus colegas, abusan de su poder en forma cotidiana. A través de este poder vertical satisfacen sus rencores personales, se cobran en los jóvenes sus frustraciones, reafirman su titubeante identidad, desarrollan su vocación para las intrigas, despliegan su egolatría, etc., mortificando a quienes por el mero hecho de ser jueces de diferente competencia son considerados sus ‘inferiores’.

La actuación de Bruglia, Llorens, Riggi y Mahiques, en este caso en particular, no habla muy bien de su aptitud para intervenir imparcialmente en estos asuntos. Por el contrario, lo que muestra es, una vez más, la sólida protección que hacen de los derechos de los privilegiados, que ellos niegan de manera sistemática al resto de las personas...


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