Por Pedro Aristizábal
La
acusación es por el intento de hurto de tabletas de chocolate, previo a la
celebración de pascuas. En un primer momento se trataba de 24, al Juzgado
llegaron 20. Se ve que en el camino alguien se tentó y se comió cuatro.
Probablemente
sea ésta la punta del iceberg, estimado lector. Ya son muchas las denuncias y
los informes sobre el flagelo del robo de chocolates. Hay discusiones en
distintos foros sobre esta nueva modalidad delictiva. Algunos sostienen que
debe diferenciarse cuando es para consumo personal o cuando es para el tráfico,
pero nadie puede hacerse el desentendido. No se puede negar que la
problemática ha avanzado en los últimos
años y que los expertos ya lo han definido como de posible criminalidad
organizada.
Estábamos,
pues, ante un caso testigo. Un caso que podía llegar a abrir el escenario para
acabar con la impunidad y para dar un mensaje claro de que con los chocolates
no se jode.
El
imputado, Jorge, encima tenía antecedentes, dos condenas por hurto. Había
salido de la cárcel hacía como tres meses. El hombre, de unos 40 años, se metió
entre sus ropas las tabletas y cuando intentó salir por la puerta del
supermercado sonó la alarma, razón por la que el personal de seguridad de
inmediato dio intervención a la policía.
El
hecho ocurrió el viernes santo, y el juicio de flagrancia se realizó el lunes,
después del domingo de pascuas. Dios no estuvo en los detalles ese día ni
durante todo el fin de semana. Quizás Dios no perdona tampoco este tipo de
pecados, y mucho menos en fechas festivas.
La
víctima del hurto de los chocolates es una importante cadena de supermercados.
El costo calculado es de $ 700.
La
defensa y la fiscalía están dispuestos a llegar a un arreglo para reparar el
“daño causado” y que al tipo lo liberen de inmediato. La cadena de
supermercados que “nos conoce” a todos, no está de acuerdo con dicha
reparación. En criollo, quiere preso al supuesto ladrón.
Ante
esta situación, la Secretaria del juzgado informa extraoficialmente tanto al
defensor como al fiscal que no es criterio del juez convalidar un acuerdo en
ese sentido. El acusado tiene antecedentes y no van a aprobar ninguna
alternativa que implique una excarcelación inmediata. La causa por el robo de las
20 tablas de chocolate debería llegar a juicio con el imputado preso.
Así,
con un escenario imprevisible, comenzó la audiencia por flagrancia. El acusado pidió
la palabra.
—Reconozco
que robé, lo hice para poder vender los chocolates. Estoy sólo. Salí hace unos
meses de la cárcel y mi casa está usurpada. Fui a la comisaría pero no me
ayudaron. Duermo algunos días en la calle y otros días en la camioneta de un
amigo.
Cuando
el juez le preguntó si tenía trabajo dijo que no puede conseguir. Contó que
antes de entrar a la cárcel trabajaba, y que una vez que salió, llevó varios curriculums a distintos locales de
venta. Incluso dijo que en dos oportunidades lo llamaron, fue a las
entrevistas, pero cuando saltaron los antecedentes no lo tomaron.
—Lo que más me jode de haber estado en la cárcel es que ahora ya
quedé marcado.
Si
no estuviéramos en presencia del flagelo de robo de chocolates, un criminólogo
podría considerar que la frase de Jorge es la teoría del etiquetamiento en
estado puro, tanto que provocó en el mismísimo Jorge una percepción de sí mismo
obligadamente asumida y condicionada por lo que todos los demás esperamos de
él.
Es un ladrón. Siempre lo será. Y si quiere
laburar no va a poder porque le saltan los antecedentes. Jorge entonces se
asume como un ladrón y va a un supermercado a robar. No importa si es para
revender, importa que robó —recuperar, en la jerga social—.
Claro
que esa crítica sería válida si no estuviéramos en presencia de un delito de
consecuencias, incluso, trasnacionales.
Sigue
la audiencia y el relato de Jorge es pausado y el silencio se va profundizando
alrededor. Concluye con un pedido de disculpas y pide medicación psiquiátrica,
ya que desde el viernes santo que lo detuvieron no toma y está muy ansioso.
Luego
de estas palabras y sabiendo que el juez no iba a aceptar ningún acuerdo, la
fiscalía formula la acusación sin hacer referencia a la prisión preventiva, tal
como ya le había adelantado a la defensa.
A
su turno, la defensa pide la excarcelación, pero el juez, para sorpresa de
todos, resuelve en sentido contrario, con el argumento de que hay peligro de
entorpecer la investigación y también peligro de fuga.
Lo
de siempre. Antecedentes que hacen vaticinar lo peor y una circunstancia
especialmente grave: el acusado no tiene domicilio —arraigo en la jerga
judicial—.
—Eso
me persuade de que en el caso de otorgarle la libertad habrá peligro de fuga o
de obstruir el avance de la investigación —afirmó el juez—
Además
de que por los antecedentes no puede trabajar, ahora por los antecedentes no
puede recuperar la libertad. Además de que el Estado no puede garantizarle una
vivienda digna a Jorge aunque se encuentra obligado a hacerlo, el mismo Estado
le dice a Jorge que, por no tener un hogar, se va a fugar.
Tenemos
un etiquetado definido socialmente como “desviado”, que es rechazado por toda
la sociedad y por el propio Estado que, a la vez no le puede garantizar una
vivienda. Y por todo eso lo metemos preso porque si no se va a fugar. El
razonamiento es ferpecto.
La
fiscalía pide entonces que el caso vaya a juicio pero omite requerir la prisión
preventiva.
—¿De
la medida cautelar no va a decir nada señor fiscal? —pregunta el Juez—.
—Por
los mismos argumentos ya dichos, no voy a pedir ninguna medida cautelar —contesta
el Fiscal—.
—¿Nada?
—repregunta—.
Cruce
de miradas, silencio, odios cruzados, ganas de putearse.
—Nada.
Inmediatamente,
la defensa vuelve a pedir la libertad del acusado, que no entendía nada, pero
que no podía creer que estaba por volver a la cárcel.
Sin
otra alternativa y dejando a salvo su opinión en contrario, el juez ordenó la
liberación del acusado con una caución —fianza—
de $ 500.
El
tipo no tenía un peso. El fiscal y el defensor hicieron una vaquita, y pusieron
250 cada uno.
¿Es
razonable suponer que tanto el fiscal como el defensor son nexos que tiene esta
importante organización criminal en la justicia?
El
juez, cuando todos se fueron, se tomó un café que acompañó con un conejo de
pascuas que le regaló uno de sus empleados más leales. Lo que no sabe el juez,
es que el empleado compró ese conejo a un vendedor ambulante cuando bajaba del
tren en Retiro para ir a la oficina.
Afortunadamente,
en un futuro no muy lejano se hará un juicio oral al que asistirán
representantes de una fiscalía de juicio, tres jueces y representantes de
alguna defensoría. Estamos hablando de que quizá seis funcionarios nombrados
con acuerdo del Senado y decreto presidencial intentarán determinar la
responsabilidad penal de uno de los eslabones de esta importante organización
criminal: “la mafia de los chocolates”.
Los
diarios de alcance nacional colmarán sus tapas con el inicio de uno de los
juicios más trascendentes de los últimos tiempos.
Asistirán
tres testigos, entre ellos Willy Wonka, el encargado de la cadena de
supermercados y también el imputado.
Quizá,
estimado lector, le parezca una nimiedad, pero de condenarse al imputado será
sin dudas un precedente que los peligrosos miembros de esta organización
criminal dedicada al hurto de tan noble golosina, van a tener muy en cuenta
antes de animarse a continuar con
semejante faena.
Tal
vez sea éste el comienzo alentador para terminar con la impunidad, y para que
los dueños y gerentes de esas importantes cadenas de supermercados que —indudablemente
por razones de estrictas seguridad personal— guardan arsenales de armas en sus
establecimientos, puedan estar tranquilos brindando las ofertas semanales sin
ningún tipo de remarcación en los precios, para la alegría de todo el pueblo
trabajador que merece tranquilidad al momento de hacer las compras sin toparse
con peligrosos delincuentes.
Los
veinte chocolates secuestrados son la principal prueba. Que nadie se tiente y
se coma alguno en el camino.
