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21 oct. 2015

UN POCO DE CORDURA: PIDEN INDAGATORIA DEL CASADOR RIGGI






UN POCO DE CORDURA

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Rafael Riggi en la causa de las coimas y por “haber tomado intervención en las conductas ilícitas que se desplegaron de común acuerdo para obtener ilícitamente de la Cámara Federal de Casación Penal un fallo favorable que revocara los procesamientos y denegatorias de las excarcelaciones de los entonces imputados”, por el asesinato de Mariano Ferreyra.

La fiscal Ochoa, con buen tino, descartó la hipótesis de las “dos etapas”, que consistía en: 1) manipular el sorteo para que cayera en la Sala III; y 2) recién en ese momento coimear a Riggi. Esta hipótesis —pensada a la medida del casador— suponía que primero se manejaría el sorteo para recién “convencer” a Riggi. Es muy poco creíble que los hechos sucedieran de ese modo. ¿A quién se le ocurriría organizar las cosas de esa manera? ¿Manejar el sorteo para que caiga ante jueces que aún no han sido “convencidos”?

Naaa...

De la página del Ministerio Público Fiscal:



La teoría de las dos etapas
A continuación, la fiscal federal recordó la “teoría de las dos etapas”, una estrategia introducida por el juzgado de instrucción que previno y luego ratificada por la Cámara del Crimen al confirmar los procesamientos de Aráoz de Lamadrid, Riquelme, Stafforini, Pedraza, Ameguino Escobar y Planas.
“Se afirmaba con ella que existió una primera etapa en la cual se manipuló el sorteo para que los recursos de Casación interpuestos en el marco de la investigación del crimen de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”, explicó Ochoa. A partir de esae movimiento, entraría en juego una “segunda etapa de ese plan criminal que consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi, integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal y directa o bien indirectamente, a través de él sobre los restantes miembros de ese Tribunal, esto es, los jueces Mitchell y Catucci, para que en el estadio procesal oportuno se revocaran los procesamientos dictados en la causa del Juzgado de Instrucción Nº38”, agregó.
Supuestamente, esta parte del plan iba a ser ejecutada a partir del día 2 de febrero de 2011. Por esa razón, en las distintas conversaciones telefónicas protagonizadas por los procesados se hacía constante referencia a la importancia del “día dos”.
La fiscal federal resaltó que el análisis integral de la prueba reunida “a lo largo de esta investigación permitió desterrar esta ‘teoría de las dos etapas’ que encauzó durante años el curso de la investigación, haciéndose hincapié en que en todo caso, lo que hubo fue una forma de organización de la maniobra, pero, en ningún caso hubo desconocimiento en los autores de cada uno de los pasos del hecho delictivo investigado”.
En efecto, lo que los imputados Aráoz y Riquelme afirmaron en las escuchas sobre los encuentros y charlas con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal - principalmente Riggi y Mitchell- fue real y concreto. La representante del Ministerio Público indicó que “el juez Riggi no sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el grupo de los siete imputados”. Es decir, el sobreseimiento y consecuente libertad por el crimen de Mariano Ferreyra.
A partir de la investigación, surgió que Pedraza fue quien, de la mano de Stafforini, “se movilizó para conseguir el dinero que compraría su efectiva desvinculación, pues hasta la definición del sorteo de la Sala que entendería en los recursos interpuestos, nada le aseguraba a aquél que lograría torcer esos procesamientos”, señaló la representante del MPF.
De esta manera, Ochoa concluyó que el análisis integral de la prueba reunida “mostró un panorama más certero sobre la verdadera dimensión de la participación que le cupo al juez de Casación Eduardo Rafael Riggi en las maniobras delictivas objeto de investigación […] consistente en haber acordado con Aráoz y -a través de éste con el resto de los aquí imputados- una resolución favorable, previo pago de una suma de dinero aún no determinada”, para revocar “los procesamientos y las denegatorias de las excarcelaciones de los imputados [por el crimen de Mariano Ferreyra], que mediante el sorteo irregular practicado el 26 de enero de 2011 por parte del ex funcionario de la Sala de sorteos Ameguino Escobar, recayeron para su tratamiento en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en ese entonces por Eduardo Rafael Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci”.




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