BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: CARTA A LAS Y A LOS JÓVENES DE MÉXICO

SOBRE EL PROYECTO DE CPP: ¿QUÉ HACEMOS CON LOS JUECES?

Nos parece muy bueno, y especialmente muy necesario, reemplazar el vetusto código vigente por algo que nos traslade del Siglo XIX al Siglo XXI. Siglos de cultura inquisitiva generaron un sistema de justicia penal burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que, además, resulta casi imposible de abandonar. En este contexto, la justicia penal opera sin satisfacer ningún interés legítimo.

La administración de justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer, entre ellas las siguientes: a) dar respuesta a todos o gran parte de los casos incorporados al sistema; b) dar respuesta a todo conflicto social que presente, mínimamente, mayor complejidad que los casos comunes procesados por el sistema —v. gr., delitos contra la propiedad—; c) dar respuesta a los delitos más graves —especialmente aquellos cometidos por órganos estatales—; d) dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad —v. gr., económica, ecológica, informática—; e) respetar los derechos de quienes resultan perseguidos penalmente; f) satisfacer los intereses legítimos de quien ha resultado víctima del delito; y g) brindar soluciones alternativas a la sanción penal o a la pena privativa de libertad.

Sin embargo, no se trata de un problema de vigencia de normas. Se trata, antes que nada, de un problema cultural que nos afecta a todos los operadores —también los externos al aparato estatal, como los litigantes—. Los supuestos defectos de la justicia inquisitiva son, antes que nada, los rasgos que la definen: el papeleo, el secreto, la burocracia, la lentitud…

Por este motivo, estamos preocupados por lo que será el trabajo de implementación del nuevo CPP, tanto por un problema normativo como por el grave problema cultural.

Si hablamos del problema normativo, más allá de diversas reglas del Proyecto que deberían ser revisadas y reemplazadas, lo cierto es que estamos muy preocupados con la ausencia de discusión de una ley orgánica del poder judicial y de una nueva ley de ministerio público que abandone de una vez por todas el modelo de organización refleja del MP y uno de sus hijos dilectos: la extraña idea del “fiscal natural”.

Sintéticamente, deberíamos discutir seriamente el papel de los jueces en el nuevo modelo procesal. En caso de no tomarnos seriamente esta cuestión, corremos el riesgo de fracasar antes del comienzo. No podemos olvidar que las prácticas inquisitivas son como el encarcelamiento preventivo y las cucarachas alemanas: han sobrevivido al paso del tiempo. Por ello, cualquier reforma procesal seria debe atender especialmente al rol de los jueces, entre otras razones, porque el trabajo de los jueces difiere sustancialmente en uno y otro modelo.

Además de pensar cuidadosamente el perfil de los jueces en el nuevo modelo, se debe resolver un problema grave sobre la idea que muchos jueces tienen de su rol en un Estado de derecho. Existe una falsa premisa en este sentido, muchos jueces creen que ellos deben seguir siendo jueces automáticamente en el nuevo modelo, y eso no es así. No existe un derecho subjetivo de carácter laboral que garantice el empleo a los jueces.

tribunal cerrado = el ex juez se vuelve abogado

En primer término, la estabilidad en el cargo es precisamente eso: dura mientras tal cargo exista. La estabilidad solo tiene un fin, que es garantizar la independencia de los jueces con el fin de proteger nuestros derechos, no los de ellos. Recordemos, además, que la condición de admisibilidad en los empleos es la idoneidad. Y no puede presuponerse que los jueces del viejo sistema son idóneos para el nuevo sistema procesal. Por lo tanto, dada la cláusula de igualdad ante la ley, todas las personas que deseen ser jueces con el nuevo régimen de administración de justicia deberán demostrar su idoneidad, dando un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Si durante la vigencia de este Código se trasladara a un juez federal de instrucción al fuero de menores, por ejemplo, ese juez, con razón, reclamará su estabilidad en el empleo. Ello pues eso es, precisamente, lo que la cláusula constitucional de estabilidad en el cargo garantiza (“… conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta…”, art. 110, CN).

Del mismo modo que la garantía del juez natural que regula la competencia no se ve afectada por una reforma integral que modifique las reglas de competencia de manera general, en este caso sucede exactamente lo mismo. Al desaparecer ciertos tribunales debido a una reforma integral, la estabilidad en el cargo atentaría contra esa reforma, imposibilitándola. Al desaparecer ese cargo (ese “empleo”), quien lo ocupaba pierde esa estabilidad, y la independencia judicial no se ve afectada. Y ése es el único sentido que la estabilidad en el empleo tiene.

La independencia judicial se garantizará, entonces, con el sistema de ingreso a los nuevos cargos del poder judicial. No puede derivarse de una cláusula constitucional destinada a garantizarnos a todos nosotros la independencia de los jueces, un derecho inexistente que atentaría contra cualquier reforma posible destinada a mejorar la administración de justicia o, mejor dicho, a adecuar el proceso a las cláusulas de la Constitución Nacional.

DOCUMENTO DEL CELS SOBRE EL PROYECTO DE CPP NACIÓN

Propuestas y observaciones del CELS sobre el proyecto de CPP Nación by ABovino

NOS DEJÓ UNA MUJER EXTRAORDINARIA: ALICIA OLIVEIRA

Hoy falleció en nuestra ciudad la queridísima Alicia Oliveira. Recuerdo cuando la conocí trabajando en el CELS. Al principio le tenía un poco de temor, porque algunos “históricos” nos miraban como a sapos de otro charco. No duró mucho, me llevó muy poco tiempo ver a esa persona con un ácido humor, incansable luchadora por los derechos de los más débiles que terminó enseñándome tantas cosas, sobre el derecho y sobre la vida.

Ella era una de las pocas personas que yo conocí que había entrado muchas veces al Consejo Supremo de las FF.AA., acompañando a mujeres que tenían que declarar allí, no como abogada, sino como chaperona de alguna, porque en el imaginario de los del Consejo Supremo, las mujeres eran muy débiles.

Compartimos un viaje a Chile, algunos casos, y tuve el honor de defenderla, junto con Eduardo Bertoni, por la querella que le hizo Alderete por calumnias e injurias, luego de que Alicia, como Defensora del Pueblo, le parara la licitación del PAMI.

Acompañamos a sus seres queridos en su dolor. Y a vos, Alicia, siempre te tendremos en nuestros corazones.

SOBRE 43 ESTUDIANTES

LOS 33 ESTAMOS BIEN, ¿Y LOS 43 DONDE ESTÁN?

Por Carlos Varela Álvarez

Tuve la oportunidad de asistir a las 153ª audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. Lo pude hacer porque se nos concedió una Reunión de Trabajo en un caso de Uruguay, a la que asistimos con dos queridos colegas, Carlos de Casas de Mendoza y Pablo Donnangelo de Uruguay. No escribiré sobre ello porque eso hace referencia  a mi labor como abogado.

Quisiera contar mejor lo que significan esas audiencias para miles de personas que a través de la sociedad civil llevan temas tales como la pena de muerte, el indigenismo, la contaminación ambiental, las nuevas tecnologías y los derechos humanos, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la justicia independiente, los niños migrantes, la represión, las ejecuciones extrajudiciales, las condiciones de detención, el acceso a la información, la violencia de género, las nuevas identidades sexuales, etcétera.

Todo ello en una semana maratónica donde desde Canadá al Cono sur, rinden examen sus instituciones y gobiernos, y donde por una vez ese Estado, ese Gobierno, se sienta a dialogar de igual a igual con el denunciante o el habitante crítico. Ese  Gobierno que en su territorio le dice a sus ciudadanos que no tiene tiempo, o que no escucha, que no investiga, o que reprime, o que garantiza la impunidad.

Ahì en la Comisión están frente a frente, para ser cuestionado, pero también para ser escuchado, o mostrar sus avances, o recibir recomendaciones que luego podrán ser revisadas.

Uno percibe la fuerza de la sociedad civil, de cientos de personas, unas con corbatas, otras con sus trajes típicos, otros con sus colores indígenas y otros apenas con sus ropas humildes y su orgullo alto; todos se hacen escuchar. Son miles de voces que frente a los Comisionados aprovechan los pocos minutos que se les otorga para que el mundo por un instante se detenga y les permita pedir el cambio, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la dignidad.

Una de las audiencias que me tocó asistir de público, fue la de  México, que desplegó una quincena de asesores, embajadores y funcionarios de distintos niveles  para mostrar su Plan de Derechos Humanos, los protocolos de actuaciones y las capacitaciones que dice estar llevando a cabo.

Fue la audiencia más convocante porque las organizaciones sociales de ese país, casi todas con personas muy jóvenes y en su mayoría mujeres, dieron un ejemplo de discurso articulado, de estadísticas irrebatibles, de la existencia de un cuadro gravísimo de violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado corrupto y muy débil en lo institucional a pesar de tantas leyes y formularios.

Durante esa audiencia se sintió con fuerza las decenas de miles de personas ejecutadas, la violencia institucional, la incapacidad de un Estado para articular políticas serias en esa materia.

Pero lo que más se sintió fue la presencia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de un mes en Iguala ( Estado de Guerrero).  

Uno a uno fueron recordados sus nombres en la audiencia y se pidió un minuto de silencio para tomar aun más conciencia de la gravedad que significa su desaparición. Sus compañeros cantan en las marchas “con vida los llevaron, con vida los queremos”, que recuerda tanto el horror que no hace mucho vivimos en nuestro país y por supuesto en Mendoza.

La audiencia fue estremecedora por la absoluta falta de respuesta y por la vergüenza del Estado de Mèxico, que no puede explicar ni la búsqueda, ni la falta de resultados, y sólo exhibir sus leyes y protocolos de actuación.

Hubo hace un par de años una experiencia trágica en Chile de 33 mineros desaparecidos de la superficie y rescatados vivos todos ellos, con la enorme algarabía para todo el mundo.

En un papel escrito a mano, su líder minero, desde la catacumba donde se encontraba escribió “estamos bien los 33” y por un instante, este mundo convulsionado se detuvo, se abrazó y rió.

Hoy a este mismo mundo le faltan 43 estudiantes rurales que con enorme coraje sólo pedían mejor educación. No podemos olvidarnos, como no lo hemos hecho con nuestros desaparecidos. Hay que lograr que podamos recibir ese mensaje, esa carta, esa botella del mar, que diga “estamos bien los 43”, o que lo digan de la manera que quieran, pero hasta que no lo sepamos y no abracen a sus padres, amigos, compañeros y hermanos, debemos ser nosotros, la sociedad civil de cualquier parte del mundo, quienes pidamos por ellos a México.

Nos faltan 43 estudiantes, sin ellos, el día está incompleto y la noche vacía.

                 

                  Carlos Varela Álvarez

                          Abogado