te lo advertimos...

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25 de oct. de 2006

Entrevista

Entrevista a Marcola, jefe de la banda carcelaria de San Pablo denominada Primer Comando de la Capital O Globo (Brasil) / RECOSUR

El 23 de mayo de este año, el diario O Globo de Brasil en su Editorial Segundo Cuaderno, publicó una "Entrevista a Marcola del PCC". Él es Marcos Camacho, jefe de la banda carcelaria de San Pablo denominada Primer Comando de la Capital (PCC), que durante este año ha provocado numerosos actos de vandalismo en esa ciudad y alrededores. La siguiente es la traducción textual del reportaje."

¿Usted es del PCC?

Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnostico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer", esas cosas… Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social ¿Vió? Yo soy culto. Leo al Dante en la prisión.

Pero la solución sería…

¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de "solución" ya es un error. ¿Ya vio el tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo? ¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una "tiranía esclarecida" que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del Legislativo cómplice. ¿O usted cree que los chupasangres (sanguessugas) no van a actuar? Si se descuida van a robar hasta al PCC. Y del Judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país, tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales (nosotros hacemos hasta "conference calls" entre presidiarios…) Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea: es imposible. No hay solución.

¿Usted no tiene miedo de morir?

Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva "especie", ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. ¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de ser marginal, ser héroe? Entonces ¡llegamos nosotros! ¡Ja, ja, ja…! Yo leo mucho; leí 3000 libros y leo al Dante, pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. ¿Ustedes no escuchan las grabaciones hechas "con autorización" de la justicia? Es eso. Es otra lengua. Está delante de una especie de post miseria. Eso. La post miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio.

¿Qué cambió en las periferias?

Mangos. Nosotros ahora tenemos. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio… ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y "colocado en el microondas". Ustedes son el estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en "super stars" del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos "globales". Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros "clientes". Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos.
¿Pero, qué debemos hacer?

Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí. ¡Agarren a "los barones del polvo" (cocaína)! Hay diputados, senadores, hay generales, hay hasta ex presidentes del Paraguay en el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tienen dinero ni para comida de los reclutas. El país está quebrado, sustentando un estado muerto con intereses del 20 % al año, y Lula todavía aumenta los gastos públicos, empleando 40 mil sinvergüenzas. ¿El ejército irá a luchar contra el PCC? Estoy leyendo Klausewitz "Sobre la Guerra". No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles anti-tanque. Si embroman, van a salir unos Stinger. Para acabar con nosotros… solamente con una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó? ¿Ipanema radiactiva?

Pero… ¿No habrá una solución?

Ustedes sólo pueden llegar a algún suceso si desisten de defender la "normalidad". No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, en la moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Sólo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno".

19 de oct. de 2006

"Justificando" lo imposible

P 393 XXXV RECURSO DE HECHO - "Paszkowski, Andrés Pablo y otros s/ infracción ley 23592 -causa nº 214/97" - CSJN - 06/03/2001

Suprema Corte:

-I-

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, en su decisión del 17 de febrero de 1999, anuló la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, de esta ciudad, en cuanto rechaza el planteo de nulidad de los reconocimientos de los imputados Andrés Pablo Paszkowski, Luciano Fernando Griguol y Orlando Raúl Romero Da Silva y los condena a la pena tres años de prisión, de efectivo cumplimiento, como autores del delito de lesiones graves cometidas en agresión tumultuaria, agravado por haberse perpetrado por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad (artículos 45 y 95 del Código Penal y 2 de la ley 23.952)), y dispuso que, previa la sustanciación que legalmente correspondiese, se dictara un nuevo fallo arreglado a derecho por otro tribunal del mismo fuero.//-

Contra esta decisión el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo dio lugar a la presente queja.-

-II-

Se agravia el señor Fiscal pues considera que la Cámara de Casación incursionó en cuestiones de hecho y prueba, excediendo de ese modo el limitado ámbito de competencia revisora que le asigna el artículo 445 del Código Procesal Penal, y sostiene que ya esta sola circunstancia convierte a la resolución impugnada en arbitraria. Alega, en este sentido, que pese a no () haber tenido inmediación con la prueba la Cámara se pronunció igualmente sobre motivaciones y elementos psicológicos de exclusiva valoración y fijación por parte del tribunal de juicio.-

Y tacha asimismo de arbitraria la valoración de la prueba que sustentó la anulación, señalando que las pruebas y los indicios fueron tomados en forma fragmentaria y aislada, ponderados testimonios no prestados ante el tribunal oral, y anulados actos procesales irreproducibles que no merecían tal descalificación.-

También sostiene que se ha configurado en el caso un supuesto de gravedad institucional, pues lo resuelto por la Cámara involucra cuestiones sustanciales que revisten una trascendencia que excede el mero interés individual de las partes y afecta de manera directa a la comunidad.-

Por último, aduce que la nulidad de los reconocimientos, declarada en los fundamentos de la decisión, conducirá en el futuro a una inexorable absolución y que por esta razón la sentencia impugnada encierra en realidad un fallo absolutorio, que surte los efectos de una sentencia definitiva a los efectos de la instancia extraordinaria, la cual queda habilitada como único remedio para evitar que se frustre el derecho federal invocado mediante la producción de perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior.-

-III-

Si bien las cuestiones que se suscitan acerca de la apreciación de las pruebas constituyen, en principio, una materia reservada a los jueces de la causa y, en consecuencia, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 297:24;; 301:909; 302:1159; 306:143 y 451; 312:1983, 314:1327, entre muchos otros), ello no es obstáculo para que la Corte pueda conocer en casos, como el presente, cuyas particularidades impongan hacer excepción a esa regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se procura asegurar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 308:640; 311:948; 312:1831; 316:937, entre muchos otros).-

En este sentido, advierto que asiste razón al señor Fiscal en cuanto sostiene que la resolución impugnada presenta ese vicio. En efecto, la Cámara de Casación estructuró su sentencia, básicamente, sobre tres ejes temáticos: en primer lugar, cuestionó que a partir de los testimonios brindados por la víctima en sede instructora se derive razonablemente que los agresores hayan tenido un móvil discriminatorio; en segundo término, cuestionó la legalidad del reconocimiento de los acusados efectuado por la víctima en la plaza Noruega y declaró su nulidad, como así también la del realizado posteriormente ante la Juez a través de fotografías; por último, objetó el valor probatorio que el tribunal de mérito otorgó a ese reconocimiento. No obstante, en cada uno de estos aspectos se advierten serios defectos de razonamiento que descalifican los fundamentos en los que sustentó su pronunciamiento el a quo.-

-IV-

En efecto, en lo que se refiere a la primera cuestión, esto es, la apreciación del móvil que habría guiado a los agresores, la Sala objetó primeramente que el tribunal oral no consignó en la sentencia la declaración brindada por la víctima en el debate. Sin embargo, como bien lo señala el señor Fiscal, ninguna norma del Código Procesal, que se asienta en los principios de oralidad e inmediatez, obligaba a los magistrados a transcribir las declaraciones prestadas ante ellos durante el transcurso de la audiencia de debate, por lo que este punto no puede ser considerado un defecto de motivación de la decisión jurisdiccional, sino a lo sumo una falta de comprensión de las implicancias procesales de un sistema de enjuiciamiento oral.-

Invocando la ausencia de esa transcripción, el a quo analizó separadamente cada uno de los tres testimonios brindados por el damnificado ante la instrucción y concluyó que en ningún caso se derivaba racionalmente a partir de los dichos de la víctima la existencia de un móvil discriminador en los autores de la agresión. Así, respecto del primer testimonio de Salgueiro, proporcionado ante la prevención (fs.7/8), sostuvo que "a la luz de esa versión no se advierte cómo racionalmente puede adquirirse certeza acerca de que el extravagante personaje provocador de la riña primigenia hubiese tenido por móvil el que el fallo consigna. Pero aún cuando ello pudiese ser admitido, menos razonable se presenta transmitir o extender ese propósito a los otros individuos -entre los que la sentencia incluye a los procesados- que, a evidente instancia de las mujeres, concurrieron al lugar en apoyo de aquél que peleaba en inferioridad numérica. Y ello puesto que de ningún pasaje de la declaración de Salgueiro en sede policial resulta que los que se sumaron a la reyerta hubiesen actuado porque Salgueiro era judío, stone, roquero, boliviano, peruano, paraguayo... Si esto es así, lógico es inferir, a tenor del primer relato de la víctima, que pretendían defender o vengar a uno del grupo al que aparentemente todos pertenecían, y que actuaban de ese modo cualquiera que hubiese sido la raza o religión de aquél a quien se proponían atacar".-

No obstante, una lectura de la declaración en cuestión revela que el damnificado relató en esa ocasión que el incidente se originó cuando el primero de los "skinheads" con el que se cruzó le arrojó "un escupitajo en los pies a la vez que le decía frases ofensivas tales como 'judío de mierda - te voy a matar judío apestoso - ustedes no merecen estar vivos", y que a la réplica de que no era judío y que cesara en su provocación el sujeto respondió "que sí era judío y que lo iba a matar. El dicente entonces le refirió nuevamente que se dejara de molestar. Acto seguido, el individuo le arrojó una trompada al rostro..." (fs. 7vta.). Allí puede leerse, asimismo, que incluso luego de incorporados, el agresor "comenzó a proferir gritos tales como 'muerte a los stones, muerte a los roqueros y a los judíos, un skinger aguanto con tres'" (sic).-

No se comprende entonces cómo racionalmente puede aseverar el a quo que en modo alguno se deriva un móvil discriminatorio en la agresión a partir de esta declaración. Por el contrario, sólo merced a un razonamiento forzado se puede arribar a la conclusión que pretende el a quo del relato vertido por Salgueiro en esa ocasión. No hace falta aclarar, en verdad, que la sumatoria declamada de objetivos discriminatorios no funciona anulándose mutuamente, sino en todo caso remarcando las características de un grupo social que hace de la discriminación un culto con pocas fronteras. No cabe duda, que una persona, desde el punto de lógico, puede discriminar al mismo tiempo, a la misma persona, por gusto musical, pertenencia religiosa o racial. Pero el vicio se torna aun mayor cuando se advierte que en la causa existían otros elementos probatorios de relevancia singular para dilucidar el punto en discusión, respecto de los que la Sala omitió toda consideración.-

Así, al momento de valorar si era razonable la inferencia del móvil discriminador efectuada por el tribunal oral no podía desconocer el indudable valor indiciario de los informes elaborados por el Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal y la SIDE, sobre las características xenófobas, antisemitas y neonazis de los grupos denominados "skinheads", que integraban los agresores (fs. 400/416 y 417/425). Por lo demás, tampoco puede soslayarse que el conocimiento de la ideología que profesan esos grupos es un dato de la experiencia para cualquier persona socializada en una gran ciudad, y mucho más para personas con la formación que supone el ejercicio de la magistratura en un tribunal de tan alta dignidad.-
Por otra parte, la propia Sala reconoce que el testigo Rodrigo Poso (fs. 859vta.) declaró "que momentos después llegó... una banda impresionante ...quienes maldecían a los judíos", y la testigo Ana María Becce (fs. 181), relató que "los atacantes le decían a la víctima judío de mierda, aclarando que no recuerda bien si le decían judío o gallego, pero cree que le decían judío", no obstante lo cual incomprensiblemente tampoco en sus dichos encuentra datos que avalen la razonabilidad de la inferencia del móvil discriminatorio que tuvo por probado el tribunal oral.-

El a quo se aparta, asimismo, de las constancias de la causa cuando sostiene que el grupo agresor, a evidente instancia de las mujeres, concurrió en apoyo de aquél que peleaba en inferioridad numérica, pues esta afirmación no encuentra sustento en ninguno de los elementos probatorios colectados en la causa. Por el contrario, tanto del relato de los hechos del damnificado como del testigo Poso (fs. 19vta.) surge que aquellos conocidos de Salgueiro sólo se limitaron a separar a los contrincantes. También a partir de ambos relatos se desprende que las mujeres se fueron corriendo cuando Salgueiro y su agresor todavía se hallaban solos forcejeando, vale decir, que ya se habían retirado cuando los conocidos del damnificado llegaron a separarlos. No advierto, por tanto, irrazonabilidad alguna en inferir a partir de estas circunstancias, como lo hizo el tribunal de mérito, que las mujeres hayan transmitido al grupo que su compañero se hallaba trabado en lucha con un judío, máxime si se considera las manifestaciones y actitudes que los que se sumaron a la agresión luego adoptaron, según fue señalado y se verá también en los párrafos siguientes, y los ya también mencionados antecedentes ideológicos que alimentan los grupos "skinheads", según informa la experiencia y lo ratifican los informes de inteligencia.-

En cuanto a la segunda declaración del damnificado ante la instrucción (fs. 106/9), la Sala sostuvo que tampoco en ese caso podía llegarse a otra conclusión "porque en el acto de referencia Salgueiro dice haber reaccionado por insultos que el presunto Skinhead había inferido a su madre -dato que no compadece con el móvil que presuntamente, según el fallo, lo habría guiado-, que su agresor se encontraba bastante alterado y que ... en ese momento todo el mundo era judío para él, frase elocuente reveladora de que no fue esa calidad el móvil de la provocación inicial". A ello agregó que "esta aseveración se refuerza cuando alude a que el individuo vociferaba muerte a los stones, muerte a los roqueros y a los judíos... Pero además y en punto al propósito de los que se sumaron a la verdadera agresión física posterior, la conclusión adelantada más arriba no se ve alterada sino, antes al contrario, confirmada por esta segunda versión de Salgueiro, según la cual 'los referidos estaban haciendo como una payasada y decían: hy Hitler, viva el Füerer y muerte a todos'. Si estas manifestaciones obedecían a una payasada, mayor rigor tiene concluir en que la raza o la religión de la víctima no fueron el objeto de la provocación y el ulterior ataque".-

Una vez más, sin embargo, basta una simple lectura de la declaración involucrada para advertir que sólo una interpretación absurda de los dichos de la víctima puede conducir a la descalificación que propone la Cámara de Casación. Por segunda vez, Salgueiro relata allí que fue objeto de epítetos tales como: "qué mirás, judío de mierda", "judío de mierda, te voy a matar judío apestoso, Uds. no merecen estar vivos", "vos no sabés con quién te estás metiendo, yo soy un 'skinhead'". No obstante, la Sala pretende soslayar estos datos que inequívocamente sugieren un ataque motivado en la discriminación, sólo porque el damnificado respondió diciendo "a mi madre no la insultas" cuando el agresor incluyó en sus insultos a su progenitora.-
Tampoco se comprende por qué razón la alteración que habría ganado al agresor, y que el damnificado graficó diciendo que "en ese momento, todo el mundo era judío para él", descartaría que el agresor hubiese actuado por discriminación, pues está claro que no es la condición de judío de la víctima lo que determina la agravación de la pena introducida por la ley 23.592, sino la circunstancia de que la agresión haya sido cometida "por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad". Es por ello mismo que resulta irrazonable pretender derivar a partir de una pluralidad de odios a distintos sectores, como ya lo advertí más arriba, -de los cuales algunos constituyen religiones o nacionalidades, en tanto otros no- la ausencia de un móvil discriminador, como quiere hacerlo el a quo sobre la base de que el primer agresor habría manifestado también su odio contra los "gallegos", "bolivianos", "peruanos", "paraguayos", "stones" y "roqueros" (fs. 107 vta.).-

Una última consideración merece, asimismo, el razonamiento efectuado por el a quo cuando sostiene que si Salgueiro calificó de "payasadas" los gritos "Heil Hitler, viva el Führer y muerte a todos" y el saludo nazi, que previo a iniciar la golpiza efectuó el grupo agresor, "mayor rigor tiene concluir en que la raza o la religión de la víctima no fueron el objeto de la provocación y el ulterior ataque". Sólo una interpretación insostenible puede tomar literalmente esa expresión, a contramano del contexto dramático y violento que el damnificado describió y vivió, y de la ideología que profesan los grupos "skinhead", según informan la SIDE y el D.P.O.C. (fs. 400/416 y 417/425), pues es evidente que el damnificado utilizó el término "payasada" con un claro sentido despectivo y no porque encontrara graciosa o divertida la actitud de quienes se aprestaban a darle una paliza y lo tenían acorralado.-
Por lo demás, la Sala sostiene que la versión de los hechos proporcionada por Salgueiro en su tercera declaración (fs. 215/6) es contradictoria con las anteriores. En opinión de la Cámara, en esta ocasión llamativamente "el denunciante hace fundamental hincapié en que Paszkowski le aplicó todo tipo de golpes e insultos discriminatorios como ser 'judío hijo de puta' y otros similares. Además aprovecha la ocasión para formular imputaciones similares a los co-procesados Romero Da Silva y Griguol tanto en lo referente a la agresión física como verbal. Y como si no fuese suficiente ello para asegurar la prueba del extremo, dice textualmente '...que la golpiza que recibió fue producto de que estas personas y otras más aún no individualizadas consideraron que el dicente era judío y de allí en más reaccionaron discriminatoriamente'".-

Sin embargo, debo decir que no se aprecia dónde residiría la supuesta contradicción, en tanto si bien con lógicas diferencias de detalles y distinto énfasis, producto de estar seguramente el damnificado a esa altura ya consciente de las connotaciones jurídicas del hecho que lo damnificó, Salgueiro no hace más que reiterar en lo esencial el relato que brindara en las dos oportunidades previas en que declaró. Sólo si acepta la irracional interpretación de las dos declaraciones anteriores del damnificado que propone el a quo, podría tener asidero el cambio de discurso que, según ahora sugiere, se habría verificado en esta tercera declaración. De lo contrario, no puede más que reconocerse que ya desde su primer testimonio Salgueiro brindó detalles sobre los insultos y consignas antisemitas y xenófobas declamadas tanto por su primer agresor cuanto por el grupo que luego renovó y amplió la agresión, y que en esta ocasión sólo precisó la imputación con relación a los acusados, a quienes había podido reconocer. En este sentido, es de destacar que ya a fs. 1 del expediente, el Cabo 1º Ramírez vertió en su declaración que Salgueiro dijo que "fue interceptado por un grupo de veinte jóvenes... todos ellos con la cabeza rapada, quienes decían pertenecer al grupo conocido como los 'Skinger'; los que comenzaron a insultarlo con palabras tales como judío hijo de mil putas, y otras similares, para posteriormente golpearlo en distintas partes del cuerpo".-

Es evidente que a la luz de lo que hasta aquí ha sido dicho, carecen totalmente de fundamento las aserciones finales pronunciadas por el a quo en punto a que "tampoco parece que pudiera haber inducido en error a los agresores el aspecto físico de la víctima", y así también, cuando señala que las pruebas "apuntalan mucho más la hipótesis de que las expresiones antisemitas han sido más que nada una especie de grito de guerra o insulto de común utilización por las personas... denominados skinhead". Tales expresiones, como ya se dijo, soslayan enteramente que la agravante en discusión presupone un móvil discriminador y no una determinada nacionalidad, raza o religión en la víctima de la agresión, y también ignoran supinamente la consideración de los antecedentes ideológicos de estos grupos que no sólo por experiencia, sino también en virtud de los mentados informes de inteligencia tenían los magistrados a su disposición.-

No cabe duda, entonces, en consonancia con lo que se expresa en el recurso fiscal, que la sentencia casatoria se apoyó, fundamentalmente, en un examen fragmentario y forzado de los testimonios brindados por la víctima en sede instructora, a los que ni siquiera entre sí integró y mucho menos con los restantes elementos de convicción que el tribunal de mérito había ponderado en su sentencia anulada para dilucidar el punto en cuestión. Asimismo, concuerdo con el señor Fiscal en que al proceder así la Sala incursionó en cuestiones de hecho y prueba que le estaban vedadas, y se pronunció sobre motivaciones sin haber tenido inmediación con la prueba, incurriendo también de ese modo en arbitrariedad.-

-V-

En lo que hace al segundo eje argumental que sustenta la sentencia, la Sala sostiene si el órgano preventor "...sabía que los presuntos autores pertenecían a un grupo determinado de 'skinheads' que se reunían en un lugar determinado, el procedimiento indicado era el arresto de los presuntos sospechosos y luego su individualización por el medio probatorio específicamente legislado al efecto -el reconocimiento en rueda de personas-...". Con fundamento en esta premisa concluye que el reconocimiento impropio efectuado por el damnificado en la plaza Noruega "es insanablemente nulo en virtud de que afecta la intervención, asistencia y representación del imputado (art. 167, inc. 3º del ordenamiento procesal) con directa afectación de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)".-
Por último, agrega que "el demérito alcanza a la también irregular actuación del juzgado instructor al exhibirle a la víctima las fotografías de los imputados cuando estos ya habían sido individualizados, pues... este medio de individualización es expresamente subsidiario de la rueda de personas para el supuesto de que la persona a reconocer no estuviere presente y no pudiere ser habida".-

Al respecto, debe destacarse que las formalidades previstas para el reconocimiento en rueda de personas por parte de la legislación procesal carecen de su razón de ser frente a los casos de reconocimientos impropios, como el que se analiza en estos autos, donde no hay ninguna persona que aparezca de antemano señalada como posible autor del delito, y es, en cambio, la propia víctima o un testigo quien ayuda a reconocer a los agresores. Por el contrario, y como acertadamente lo señaló ya en sede casatoria el señor Fiscal, se trata el reconocimiento impropio de un medio no contemplado expresamente por la ley procesal, pero al cual en virtud del principio de libertad probatoria (artículo 206 del Código Procesal Penal) los jueces pueden asignarle carácter de prueba y valorarlo como a cualquier otra conforme las reglas que impone el método de la sana crítica.-

En claro, entonces, que el actuar policial se enmarcó en un cauce legal, advierto, una vez más, que sólo en virtud de un razonamiento absurdo ha podido la Sala llegar a la conclusión de que los órganos preventores debieron haber arrestado en la plaza y sus inmediaciones una cantidad indeterminada de personas sospechadas de ser "skinhead", y mantenerlas luego indefinidamente en esa situación hasta que la víctima saliera del hospital y pudiera llevarse a cabo una rueda de personas. Tamaña sugerencia procedimental, más allá de que dudosamente implique un mayor índice de eficiencia en las etapas previas de la investigación, genera una ecuación irracional entre la búsqueda de eficacia y el respeto a las garantías individuales.-

Es indudable que una detención de esas dimensiones temporales no se encuentra de ningún modo legitimado en el marco del artículo 281 del Código Procesal Penal y tampoco aparece legítima la privación de la libertad de una cantidad indeterminada de personas por el solo hecho de su pertenencia al mismo grupo del que proviene el autor, máxime cuando como en el caso, por tratarse de un lugar abierto y público, ni siquiera una intervención inmediata o al día siguiente garantizaba que las personas se encontraran todavía en el lugar del hecho. Esta valoración insostenible de las circunstancias del caso que efectúa el tribunal, ha conducido entonces a la anulación del reconocimiento impropio de los autores con fundamento en una violación inexistente de la garantía de defensa en juicio, tutelada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora bien, y para insistir en lo equivocado del razonamiento de los miembros de la Cámara, es preciso advertir que la garantía del derecho de defensa en juicio, como todo axioma constitucional, tiene su propio ámbito de actuación que genera un conjunto de límites al "ius puniendi" estatal, pero sólo en la medida de que exista una relación visible entre lo que el principio quiere proteger y la actuación estatal que se pretende deslegitimar. En esta línea, no es correcto pretender que la garantía del derecho de defensa en juicio, en su versión material o formal, genere algún obstáculo procesal para valorar la información obtenida, en relación con el hecho ilícito investigado, en las primeras etapas del proceso -y ello, incluso, más allá de que la actuación policial haya sido más o menos negligente. No se trata de negligencia funcional, en primer lugar, sino de legitimidad en la valoración de la información ingresada al proceso. Difícilmente se pueda acompañar, a los miembros de la Cámara de Casación Penal, en el viaje argumental que pretende ver cierta relación -hasta ahora desconocida por los principales procesalistas del universo- entre la garantía del derecho de defensa en juicio y las características del reconocimiento aquí evaluado.-

No se trata de objetar la evidente preocupación de los magistrados por el manteniendo de un nivel alto, en el sistema de enjuiciamiento penal, de protección de las garantías individuales, sino que no es éste un caso en el que ello sea necesario, debido a que no hay verdaderamente ninguna garantía en riesgo. Incluso, en el caso del reconocimiento de personas, es evidente que la situación del imputado tiene un rol, históricamente, de protagonismo reducido, algo que ha llevado a decir a D'Albora que es uno de los casos en los cuales el imputado actúa sólo como objeto de prueba (Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, 1993, pág. 261).-

Tampoco se comprende sobre qué premisas tacha de irregular el actuar del Oficial Molina, quien acompañó a la víctima para que pudiera reconocer a sus agresores el mismo miércoles que obtuvo el alta hospitalaria en lugar de esperar al fin de semana siguiente, como sugiere el tribunal, con la consiguiente incertidumbre de arrestar a los agresores que podía provocar el paso del tiempo. Por último, no se advierte por qué razón la tardanza en iniciar las indagaciones que se le imputa al Suboficial Ramírez habría de ser también un dato relevante para declarar la nulidad, si de la propia sentencia se desprende que el fundamento de la anulación residió en la omisión de llevar a cabo un arresto grupal y el reconocimiento en rueda de personas y no el tiempo transcurrido entre el hecho y las detenciones.-

Admitida, por fin, la validez del reconocimiento realizado por Salgueiro en la plaza Noruega, ningún sentido tiene anular el reconocimiento posterior que efectuara mediante las fotos de las personas que él mismo previamente identificó.-

-VI-

Sólo queda referirme al último nudo argumental de la sentencia, referido al valor probatorio que cabe asignarle al reconocimiento de los acusados realizado por el damnificado Salgueiro. Al respecto, la Cámara afirma que la certidumbre a la que arriba el tribunal de mérito a partir de los dichos de Salgueiro carece de toda razonabilidad. Pero, una vez más, son en realidad sus conclusiones las que no pueden ser consideradas fruto de un razonamiento válido y serio.-

En efecto, para sustentar esta aseveración, la Sala remite primeramente a las contradicciones en que habría incurrido Salgueiro en el relato de la forma en que sucedieron los hechos. No obstante, ya ha sido demostrado a lo largo de estas páginas que esas contradicciones no son tales.-

Tampoco advierto que a partir de las dudas manifestadas por Salgueiro sobre la persona en quien primeramente había creído reconocer a su primer agresor viendo un programa de televisión, se pueda concluir razonablemente que fue arbitrario el tribunal oral en la apreciación de su credibilidad, máxime cuando dicho reconocimiento fallido tuvo lugar cuando había pasado más de un año desde que ocurrieran los hechos y fueran detenidos los aquí acusados. Esta falencia adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el a quo careció de la inmediación con el testigo, que sí tuvo, en cambio, durante la audiencia del debate el tribunal de mérito.-

También en orden a cuestionar la credibilidad del testigo, agrega luego la Sala que "no menos llamativa es la falta de reconocimiento de la mujer que se hallaba en la plaza el día en que fueron detenidos los acusados", pues "pese a que afirma que 'reconocería a todos sus agresores, incluso a las mujeres', no las reconoció de entre el grupo reunido en la plaza Noruega, sin dar razones para ello". Sin embargo, fácilmente se advierte que dicha objeción descansa sobre una afirmación dogmática, pues presupone que la mujer que se hallaba en la plaza el día de las detenciones era una de las que acompañaban al primer agresor la noche de los hechos, sin que ello cuente con respaldo alguno en las constancias de la causa.-

Asimismo, sostiene que el hecho de que Salgueiro no haya señalado a ninguna mujer de entre el grupo reunido en la plaza Noruega no puede ser tomado como una muestra de la imparcialidad de la víctima, como lo afirma el tribunal de mérito, pues "ellas eran testigos de las lesiones que el propio Salgueiro admite haber causado a su primer agresor, por lo que en nada lo beneficiaba su presencia en el proceso". Al respecto, debo decir que encuentro absolutamente impropio que la Cámara pretenda sugerir que la víctima pudiera tener alguna responsabilidad penal que estuviera ocultando, deslizando así una sospecha carente de todo aval en la causa. Pero mucho más grave aun es que a partir de esas infundadas especulaciones crea poder descalificar las conclusiones a las que arribó el tribunal oral en punto a la credibilidad del testigo. No cabe duda, a mi juicio, de que tampoco un argumento de esta índole puede sustentar razonadamente la tacha de arbitrariedad a la que somete el a quo la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de mérito.-

En cuanto a las contradicciones que pretende haber encontrado el tribunal en los dichos del damnificado a fs. 8vta. y 29vta., no cabe duda de que no son más que el producto de una interpretación literal de las imprecisiones lingüísticas que afectan a la transcripción judicial, pero que en modo alguno pueden sustentar la tacha de arbitrariedad que el a quo quiere derivar.-
Finalmente, tampoco que dos testigos, en condiciones de observación diferentes, no hayan podido observar a los agresores debido a la oscuridad constituye un argumento del que se desprenda racionalmente la conclusión de que el tribunal de mérito incurrió en arbitrariedad, y ello tanto más cuanto que la sentencia se hizo cargo expresamente de esa cuestión con argumentos que no fueron descalificados por el a quo.-

-VII-

La decisión de la Cámara de anular la sentencia del tribunal oral y disponer el reenvío para que se dicte un nuevo pronunciamiento parece poner en dudas la existencia de sentencia definitiva que impide el avance de esta vía extraordinaria. Sin embargo, como bien sostiene el Sr. Fiscal, un análisis exhaustivo del pronunciamiento pone en evidencia que se enmarca en aquellos casos donde la sentencia puede equiparse a definitiva, según doctrina de la Corte Suprema. Ello es así, porque el a quo ha fulminado con nulidad en los fundamentos de la sentencia actos procesales irreproducibles como lo son los reconocimientos, lo cual tendrá un efecto vinculante para el tribunal que deba expedirse. La Cámara de Casación, como señala el señor Fiscal, ha despojado al caso de su principal sustancia probatoria, y ello, por cuanto determina la imposibilidad de llevar a cabo en lo sucesivo en forma acabada la actividad requirente, encierra un fallo absolutorio encubierto, desde que la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, que debe interpretarse no sólo en su parte dispositiva sino también en sus fundamentos y conclusiones parciales (Fallos 305:209; 307:112). Esta situación, pone en evidencias la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que habilita la instancia extraordinaria como único remedio para subsanar los defectos de la resolución atacada (Fallos 300:1273; 308:84; 314:377, entre otros).-

Es necesario remarcar, asimismo, que el presente caso reviste un claro ejemplo de aquellos que pueden ser enmarcados dentro de la doctrina de la gravedad institucional creada pretorianamente por esta Corte (Fallos 312:1010; 314:1714; 314:1761; 316:766; 307:770 y 919; 255:41; 290:266; 292:229; 247:601; 293:504, entre muchos otros).-

En este sentido, la Corte ha expresado en el precedente publicado en Fallos 257:134 que reviste gravedad institucional lo concerniente a "la debida preservación de los principios básicos de la Constitución Nacional", y justamente uno de ellos es el que ha sido vulnerado por el fallo en crisis, puesto que una instancia como casación, con toda la autoridad que como máximo tribunal en materia penal reviste, haya pronunciado a través de una de sus salas que gritos tales como "muerte a todos los judíos", "Heil Hitler", etc. sean simplemente un grito de guerra y no actos discriminatorios que impliquen odio racial o enemistad religiosa pone en riesgo el debido respeto de los organismos encargados de administrar justicia del principio constitucional de no discriminación ni persecución por cuestiones de raza, religión o ideas políticas.-

Este hecho es justamente el que excede el concreto interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad. Y no sólo porque se encuentre afectado un principio constitucional de tal magnitud reconocido por los pactos internacionales incorporados a nuestra Constitución, sino porque aquí se pone en tela de juicio el normal desenvolvimiento de una institución del Estado que no puede fundamentar sus sentencias con este tipo de afirmaciones. En particular, no debe perderse de vista al momento de valorar la existencia de la gravedad institucional el contexto que se vive en el país y en el que es pronunciado el fallo, cuando todavía es fresco el recuerdo de los atentados a la embajada de Israel y contra la sede de la AMIA, y la situación mundial que registra un marcado rebrote de ideologías racistas y xenófobas. Se trata de supuestos en los que se pone en tela de juicio la capacidad institucional para recobrar la confianza del tejido social, dañada fuertemente con estos hechos. Se trata entonces, de que la administración de justicia cumpla con el rol de redignificar y de fortalecer la base de ética comunitaria.-
Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia que "la existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención del tribunal superando los ápices procesales, frustratorios del control constitucional de esta Corte" (Fallos 248:189).-

-VIII-

Por ello, mantengo la queja interpuesta y solicito que se revoque la sentencia apelada, mandando dictar otra acorde a derecho.-

Buenos Aires, 1º de octubre de 1999.-

Fdo.: Nicolás Eduardo Becerra



Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa Paszkowski, Andrés Pablo y otros s/ infracción ley 23.592 -causa nº 214/97-", para decidir sobre su procedencia.-

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).-

Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja. Notifíquese, devuélvanse los autos principales y archívese.-

Fdo.: JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (según su voto)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (según su voto).-

VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

Que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló los puntos I y II de la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta Capital, que había rechazado los planteos de nulidad e incompetencia y condenado a Andrés Pablo Paszkowski, Luciano Fernando Griguol y Orlando Raúl Romero Da Silva a la pena de tres años de prisión por considerarlos autores del delito de lesiones graves cometido en agresión tumultuaria, agravado por haberse perpetrado por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, y ordenado que, previa legal sustanciación, se dictara un nuevo fallo arreglado a derecho. Contra ella el señor fiscal de cámara dedujo el recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja.-

Que el recurso extraordinario sólo puede quedar habilitado contra sentencias definitivas emanadas de los tribunales superiores de provincia o de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, requisito que no puede eludirse so pretexto de la violación de garantías constitucionales, entre otras razones porque cualquier afectación a las normas fundamentales que pudiera producirse durante la sustanciación de los juicios podría ser corregida por la Corte en ocasión de intervenir frente a la decisión final (conf. Fallos: 311:667; 313:511 y disidencia de los jueces Fayt, Belluscio y Bossert en Fallos: 321:3679).-

Por ello, oído el señor Procurador General, se desestima la queja. Notifíquese, devuélvanse los autos principales y archívese.-

Fdo.: CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LOPEZ

Considerando:

1º) Que el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, se interpuso contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió anular los puntos I y II de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta Capital, que había rechazado los planteos de nulidad e incompetencia y condenado a Andrés Pablo Paszkowski, Luciano Fernando Griguol y Orlando Raúl Romero Da Silva, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, respectivamente, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de lesiones graves cometidas en agresión tumultuaria, agravado por haberse perpetrado por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, y ordenó que previa sustanciación que legalmente corresponda, se dictara un nuevo fallo con arreglo a su decisión.-

2º) Que si bien los pronunciamientos que decretan nulidades procesales no son, como principio, sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla general en la medida en que autos de esa especie afectan garantías constitucionales como el derecho de la defensa en juicio y del debido proceso adjetivo, ocasionando perjuicios de imposible reparación ulterior (Fallos: 271:406; 272:188; 274:317; 280:228; 301:197 y 321:2826).-

3º) Que, no obstante que es doctrina de esta Corte que sus sentencias deben limitarse a lo solicitado por las partes en el recurso extraordinario (Fallos: 297:133; 298:354; 302:346, 656 y 306:2088 entre muchos otros), constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional en control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público (confr. doctrina de Fallos: 312:579, considerando 9º y sus citas), toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría se confirmada (Fallos: 183:173; 189:34; 317:2043 y 319:192).-

4º) Que los principios jurisprudenciales señalados deben ser aplicados en el sub lite, puesto que de la lectura de las actuaciones, se pone al descubierto una resolución judicial formalmente defectuosa de tal entidad que, más allá del alcance de los agravios expresados por el recurrente para la habilitación de la competencia de la Corte, afecta la validez misma de su pronunciamiento, con el consecuente perjuicio para las partes, circunstancia que debe ser atendida y declarada con antelación al tratamiento de las cuestiones planteadas por el recurrente (Fallos: 312:1580;; 317:2043).-

En efecto, el Código Procesal Penal de la Nación ha regulado de un modo taxativo en sus arts. 469, 399 y 404 inc. 4º que es su consecuencia, los requisitos que contendrá la sentencia dictada por el a quo y que específicamente se refieren a la exposición sucinta de los motivos del hecho y de derecho en que se fundamente, a las disposiciones legales que se apliquen y a su parte dispositiva. Por otro lado, en su art. 172 prescribe que la nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. Además, determina que al declarar la nulidad, el tribunal establecerá a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por conexión con el acto anulado.-

5º) Que del análisis de la sentencia impugnada y del juego armónico de las normas transcriptas, surge que la cámara de casación se ha apartado del contenido de aquéllas, puesto que su parte resolutiva no sólo es incompleta al no dictar expresamente las nulidades de los reconocimientos que en sus considerandos tacha de insanablemente nulos por afectar garantías constitucionales, sino que, sobre todo, omite señalar de un modo preciso y concreto aquellos actos procesales que se habrían afectado como consecuencia de su pretendida declaración de nulidad. En ese sentido, hasta el fallo se mostraría formalmente contradictorio sobre el punto cuando trata de darle algún valor al reconocimiento impropio realizado durante la audiencia del debate, ya que obviamente esa presencia de los encartados era consecuencia de los actos que precedentemente anulaba.-

6º) Que lo expuesto fue efectuado en desmedro de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de la defensa en juicio de las partes, toda vez que éstas e incluso el tribunal que eventualmente debiera intervenir desconocerían el alcance otorgado a las pretendidas nulidades, con la lógica incertidumbre procesal y el grave perjuicio que dicha situación podría provocar a los intereses que se encuentran en juego.-

7º) Que las conclusiones expuestas en modo alguno significan que el Tribunal abra juicio sobre el fondo de las cuestiones planteadas por el recurrente, ya que así lo impiden los vicios que formalmente reviste el pronunciamiento y los límites a los que se encuentra sujeta la potestad jurisdiccional de esta Corte.-

Por ello y oído el señor Procurador General, se declara la nulidad de la sentencia de fs. 1198/1223 de los autos principales y de lo actuado con posterioridad. Acumúlese y devuélvase con el fin de que otro tribunal conozca nuevamente de los recursos de casación promovidos.//-

Fdo.: GUILLERMO A. F. LOPEZ


14 de oct. de 2006

SOBRE LOS MOTIVOS PARA SER ABOGADO

(DESDE EL PAÍS DE LA LIBERTAD)

Por John DOE*



I. INTRODUCCIÓN

I. Hay tantos motivos para ser abogado como para no serlo, aunque quizá haya más motivos para no serlo. Algunos de los motivos son, entre otros, querer ser abogado litigante, profesor, consejero de empresas, abogado de divorcios o de testamentos. Otro es querer ser juez. Y esto significa, entre otras cosas, decidir sobre la vida de muchas personas. O querer ser juez de la Corte Suprema, lo que significa decidir sobre muchísimas más personas.

Lo que nunca he podido entender, sin embargo, es por qué uno de esos motivos, en ciertos casos, está relacionado con ser una persona despreciable. Paso a explicarme.

Ser juez de la Corte Suprema, por ejemplo, puede significar varias cosas. Una de ellas es detentar un poder discrecional sobre un montón de pobres diablos, como, por ejemplo, la gran mayoría de los perseguidos penalmente. Y digo sobre un montón de pobres diablos porque no es sobre todos. La Corte menemista, como VERBITSKY ha demostrado en su libro Hacer la Corte, ha sido una buena muestra de que hay cosas que no se hacen y personas que no se tocan. Su obsecuencia con el poder ejecutivo ha sido patética. Todo fue posible en las comarcas del menemismo después del fin de la historia, y nada indica que las cosas vayan a cambiar sustancialmente durante el reinado del futuro suegro de SHAKIRA. Pero no es a la voluptuosa argentina menemista a quien me quiero referir, sino a la Corte Suprema del gran país del norte.

II. El gran país del norte, símbolo de la libertad para muchos de los liberales vernáculos, que jamás han entendido lo que significa el liberalismo, se caracteriza, en los últimos tiempos, por una severidad inusual en cuanto a la justicia penal se refiere. Por otra parte, es justo destacar que muchas de las injusticias cometidas a diario por el sistema de justicia penal estadounidense son viejas prácticas cuyos orígenes datan de épocas inciertas. El racismo con que se construyen muchas de las decisiones diarias de la justicia penal, en todas sus instancias —legislativa, ejecutiva y judicial— es un fenómeno analizado por un sinnúmero de trabajos e investigaciones . El bien intencionado esfuerzo de los autores citados, sin embargo, en muchos casos se limita a señalar lo que es autoevidente.

En los últimos años ha habido un endurecimiento discursivo a nivel de la más alta instancia jurídica de ese dichoso país, en el que la dicha se reparte, entre otras razones, según las coloraciones de la piel, más o menos inequitativamente .
En cuanto a lo discursivo, no hacen falta las sutiles disquisiciones de la teoría crítica para develar los oscuros significados de los instersticios de ciertas decisiones jurídicas. En la tierra de la libertad se acostumbra a llamar a las cosas por su nombre, y poco queda por descubrir tras las abiertas confesiones de quienes poseen el don de la palabra con fuerza de ley. No se necesita ningun criminólogo crítico para develar las oscuras intenciones del sistema de justicia penal de transformar al “desviado” en individuo productivo en el marco de una economía capitalista. Mientras estuvo en boga la teoría resocializadora, se ha sostenido, sin ninguna vergüenza, que el fin de la pena es obtener “buenos pagadores de impuestos”, frase que pocos juristas de otros países se atreverían a pronunciar con tanto desparpajo. En la actualidad, con la moda de la teoría de la prevención-especial negativa, se sostiene abiertamente que hay que sacar de las calles a los delincuentes por el mayor tiempo posible.

Tampoco se necesita denunciar que la justicia penal funciona sobre la base de las confesiones —como en nuestro aniquilosado pero, en definitiva, “garantista” , sistema inquisitivo—, porque las confesiones son necesarias y positivas, entre otras cosas, por tornar a los acusados más “virtuosos”. Y ésta no es una afirmación de un desconocido guardiacárcel o de un policía “apretador”, sino de uno de los jueces más respetados de la Corte Suprema (SCALIA).

Al mismo tiempo que se mantiene el juicio de partes efectivamente contradictorio y por jurados, que todos conocemos a través de la películas hollywoodenses, y que puede ser calificado, en principio, como un modelo de juicio razonable, la racionalidad del sistema pasa por otros carriles, puesto que más del 90 % de los acusados son condenados sin juicio alguno . Es llamativo advertir que numerosos autores que han estudiado el derecho penal estadounidense se hayan limitado a describir algunas de sus virtudes, mantenidas, quizá, al solo efecto simbólico y, a la vez, hayan dejado de lado las prácticas y reglas jurídicas que han llevado a este país a ser el país con la más alta tasa de población carcelaria del mundo, con más personas negras en prisión que la Sud-África del aparttheid.

En los 60' y 70', diversos fallos de la Corte Suprema pusieron serios límites a los métodos por los cuales el Estado podía llevar adelante la persecución penal. Sin embargo, muchos de los aspectos más terribles del sistema fueron dejados de lado. Especialmente, en esta etapa, la Corte se dedicó a salvaguardar ciertas garantías procesales.

Las cuestiones sustantivas jamás fueron consideradas. Tampoco fue considerado el problema de las condenas sin juicio a través de la práctica del plea bargaining. Se ha señalado el efecto coercitivo del plea bargaining. Se ha llegado, incluso, a comparar ese efecto coercitivo con la tortura: “Existe una diferencia entre triturar los miembros del acusado que se rehúsa a confesar y agregar algunos años de prisión a quien se rehúsa a confesar, pero la diferencia es cuantitativa, no cualitativa. La práctica del plea bargaining, como la tortura, es coercitiva” . Frente a la sentencia más severa —el aumento de la pena puede ser del 40 %— que se impondrá al imputado que va a juicio, se origina un efecto coercitivo que presiona al imputado para que admita su responsabilidad. En este contexto, se afirma que los estadounidenses han duplicado la experiencia de la Europa medieval de la Inquisición, que fundaba la atribución de culpabilidad en un sistema de confesiones . La única diferencia del sistema de los EE.UU. consiste en que el sistema inquisitivo europeo concentraba el poder en la figura del “juez” inquisidor, mientras que el plea bargaining concentra el poder en las manos del fiscal .

III. Los nuevos tiempos trajeron una nueva Corte y, con ella, muchas de las garantías resguardadas se disolvieron a través de decisiones que no sabían cómo explicar que había que dejar de lado los pronunciamientos anteriores que, en el sistema jurídico anglosajón, son supuestamente vinculantes . Con la nueva Corte, uno de los ministros que venía arrastrando disidencias desde la vieja época pasó a ser mayoría y a imponer sus decisiones como ley suprema del país. Sus decisiones, a partir de aquí, pudieron afectar a millones de personas .

A pesar de que en nuestro ámbito jurídico se recuerda a la Corte Suprema Federal estadounidense por creaciones como la regla de exclusión de prueba obtenida en violación de garantías constitucionales, o las reglas MIRANDA sobre la confesión, las creaciones de estos jueces exceden ampliamente este campo. En primer lugar, todas las recientes decisiones se han ocupado de destruir, prácticamente, la regla de exclusión y, básicamente, de dejar en claro que, en los nuevos tiempos, la función de la Corte es la de garantizar que cualquier método es bueno para “luchar” contra el delito o, lo que es lo mismo, contra ciertos “delincuentes”. La jurisprudencia constitucional, por decirlo de algún modo, se ha personalizado.

Una de las cosas que llama la atención al analizar los fallos más recientes es la sistemática recurrencia a la muletilla de que las garantías constitucionales fueron pensadas para proteger a los inocentes, cuando toda la evidencia histórica señala lo contrario. Pero, como es común en aquellos lugares, vayamos a los casos.

Una de las primeras medidas para destruir la regla de exclusión está relacionada con la forma en que se introduce la prueba en el juicio. Un elemento probatorio, en el juicio estadounidense, se puede ofrecer como prueba sustantiva —es decir, para probar la existencia de un hecho controvertido— o, también, para atacar la credibilidad del testigo. Así, por ejemplo, si un imputado confesó en sede policial, pero no fue advertido de su derecho de no declarar, la confesión así obtenida no puede ser introducida como prueba sustantiva, para probar el hecho que se le atribuye. Pero si el imputado decide declarar y dice, por ejemplo, que él no cometió el delito, el fiscal puede ofrecer la confesión para atacar su credibilidad. Y, de este modo, el jurado escuchará la confesión completa. Por supuesto que también escuchará la instrucción del juez que dirá algo así como: “Ustedes escucharon que el imputado dijo ‘yo maté al fulano’, pero sólo pueden tomar en cuenta esa frase para decidir la credibilidad del imputado respecto de su declaración durante el juicio, en la cual afirmó ‘yo no maté al fulano’, y no para decidir si es culpable o no”. Resultado, doce jurados que gritan “culpable”. El argumento para introducir la confesión en este tipo de supuestos es que el imputado no tiene derecho a cometer falso testimonio —puesto que en este sistema, el imputado declara bajo juramento de decir verdad—.

Numerosos ejemplos de excepciones a la regla de exclusión de la prueba obtenida en violación a garantías constitucionales derivan del nuevo y exclusivo fundamento dado a la regla: la posibilidad de prevenir futuras violaciones . Mientras queda en el olvido la posibilidad de prevenir futuras violaciones al derecho penal a través del derecho penal mismo, se discute minuciosamente la inutilidad preventiva de varios casos de exclusión de prueba obtenida por medios ilícitos. Las elaboraciones de la nueva Corte sólo sirven para sostener que lo único que no se puede prevenir son las nuevas excepciones. Cada caso que llega a la Corte tiene un doble y perverso efecto: perjudicar al imputado que reclama en ese caso y, también, perjudicar a todos los futuros imputados que se enfrenten a esa violación de sus derechos.

Una de las nuevas excepciones creadas es la “doctrina” del descubrimiento inevitable, que conduce a un resultado más que paradójico. Cuando el Estado obtiene la prueba por medios ilícitos, pero, a la vez, era casi seguro que iba a obtener el resultado lícitamente, la prueba resulta admisible. En la racionalidad exclusivamente preventiva de la Corte, el mensaje significa algo así como: “si de todos modos podrían obtener lícitamente esta prueba, no se preocupen mucho por hacerlo realmente” o, dicho de otro modo, “el Estado no puede violar los derechos constitucionales del imputado, a menos que los haya violado y que hubiera podido no violarlos”.

IV. Pero lo hasta aquí narrado resulta una sutileza en comparación con lo que habría de venir. En un caso que suena a ficción jurídica argentina-menemista-delarruista, se decidió la constitucionalidad de una regla que determinaba la cantidad de años de la sentencia que debía imponerse al condenado teniendo en cuenta la cantidad de droga involucrada en el hecho. El problema planteado era que, en el caso del LSD —no nos referimos al tema “Lucy in the Sky with Diamonds”, sino al ácido lisérgico—, la regla preveía que debía tomarse en cuenta no sólo el peso de la droga en sí, sino, además, el del medio o sustancia que la contenía —puesto que el LSD habitualmente no se comercializa en estado puro, sino con alguna otra sustancia—. La ley cuestionada conducía a los siguientes resultados: si el LSD estaba en estado puro, 100 dosis valían, por ejemplo, cinco años de prisión; pero si estaba mezclado con otra cierta sustancia, diez dosis valían veinte años. La Corte sostuvo que la ley era acorde con la Constitución. La única voz racional que se alzó fue la de un juez del tribunal de apelación (el juez POSNER) que había intervenido anteriormente en el caso, y que opinó que basar la sentencia en el peso del medio que contenía la droga tenía tanto sentido como basar la sentencia en el peso del acusado. Un profesor universitario, tras esta decisión, se preguntó si, en el supuesto caso de que el LSD hubiera sido encontrado sobre el asiento de un automóvil, habría habido que pesar el automóvil o sólo el asiento.

Esta Corte también decidió que no era una decisión discriminatoria del fiscal recusar a cuatro individuos negros del jurado porque el acusado era otro individuo negro, obteniendo así un jurado de doce blancos, con el argumento de que el fiscal hubiera recusado a los blancos si el acusado era blanco, a los hispanos, si hispano, y a los orientales, si oriental. En resumen, una suma de discriminaciones es una “no-discriminación”. La facultad, según la Corte, era del fiscal. Más allá del hecho de que la decisión implica que un negro no puede ser imparcial cuando se juzga a otro negro —porque esto es lo que tal selección afirma—, la decisión deja de lado el significado que tiene la existencia del jurado como institución —independientemente de que estemos de acuerdo con ella—. Además, todas las investigaciones empíricas a las que son tan afectos en el país del norte señalan la importancia de la composición racial del jurado para, a través de sus prejuicios, aumentar las posibilidades del Estado de obtener una condena .

Un sinnúmero de decisiones pueden llamar la atención de quienes creen en la racionalidad de ese sistema jurídico. Un acusado por robo con arma que, según el jurado, sólo es culpable de robo e inocente del uso del arma atribuido en la acusación, puede ver aumentada su condena en años en la etapa de sentencia —la sentencia se decide en una audiencia posterior al juicio—, sólo porque un rumor convence al juez de que efectivamente usó el arma, a pesar del veredicto del jurado . Un acusado de producción de cierta droga elaborada con una sustancia muy difícil de conseguir, puede ser condenado después de que un agente del gobierno proveyó esa sustancia. Un acusado, y otro acusado, y otro acusado. En el país de las acusaciones, el acusador siempre tiene razón, y la Corte dará razones para sostener su razón, porque, aunque tengan problemas para alojar tantos prisioneros, siempre habrá lugar para uno más.

V. Pero el motivo de este artículo no se vincula con los culpables. Y con esto no quiero parecerme a la Corte, sino cuestionarla en los que podrían considerarse sus propios términos. Siempre me provocaron escozor esas películas que muestran terribles condiciones de encierro carcelario, al mismo tiempo que la historia conduce al encierro de un pobre individuo inocente que, en este contexto, sufre tanto como los demás, sólo que no lo “merece”, o no es tan duro como los culpables para soportarlo. La cárcel es uno de los peores inventos de la humanidad, y poco importa a quiénes encerremos en ella. Pero la historia viene a cuento para mostrar los curiosos valores de una de las personas con más poder en aquél, el país de la libertad.

En el caso del homicidio de un policía, en un confuso episodio en un bar, donde varias personas atacaron a la policía cuando pretendía detener a alguien, la situación terminó con un intercambio de balazos en aras de detener ya no se sabe a quién. Tampoco nadie supo quién había disparado el tiro que finalmente mató al policía, pero el muerto, antes de morir, disparó a una de las cincuenta o sesenta personas presentes. Ergo, aquel a quien el muerto disparó antes de morir debía ser quien lo había matado. Gran conclusión policial gran. Sólo que dejó de lado la pequeña presunción policial de que todos somos culpables, probablemente porque en este caso resultaba inadecuada.
Automáticamente apareció un policía dispuesto a afirmar que había visto que la persona que recibió el disparo del policía antes de que aquél muriera, fue quien había disparado al policía finalmente muerto. Y el homicidio de un policía, como pronto veremos, es cosa seria .

La única "prueba" de que el acusado fue quien matara al policía era la declaración del otro policía y, además, el procesamiento, que en EE.UU., como en cualquier otro lugar, es prueba y garantía de culpabilidad en sí mismo. Mientras tanto, la persona que efectivamente había disparado contra el policía y, por lo tanto, haba causado su muerte, se mudó a otro estado. Al tiempo volvió y firmó una confesión, afirmando que él había sido quien lo había matado. Además, al día siguiente al episodio, le contó a tres amigos distintos que había sido él quien matara al policía. En este punto, se inició un procedimiento en contra de esta persona, el verdadero autor del homicidio. Sin embargo, el culpable logró que los cargos contra él fueran archivados, alegando una historia inventada.

Mientras tanto, la persecución contra el “principal sospechoso” seguía su curso, aunque éste negaba toda responsabilidad en el hecho. Y se llegó, finalmente, al juicio. En el juicio contra el inocente y supuesto homicida, declararon los policías pero, debido a ciertas reglas del procedimiento del estado en el cual el juicio tuvo lugar, el confeso —el verdadero autor— no pudo ser debidamente interrogado por el defensor del acusado, y tampoco se pudo introducir el testimonio de los tres testigos a quienes el que mato al policía había contado los hechos. El peritaje había determinado que la bala era calibre 32. Mientras el acusado nunca había tenido un arma, el confeso arrepentido había contado a uno de los testigos descartados que se había desprendido de su 32 para no resultar involucrado en los hechos. Toda esta información, que demostraba inequívocamente la inocencia del acusado, estaba en conocimiento del fiscal.

A pesar de ello, el fiscal no sólo no decidió iniciar una investigación para determinar la eventual responsabilidad del culpable confeso, sino que, además, se opuso, en el juicio, a la introducción de todas las pruebas que hubieran permitido demostrar la absoluta inocencia del acusado. Es importante señalar que, según las reglas de procedimiento aplicadas, de no ser por las objeciones del fiscal, la prueba habría sido admitida. También es importante señalar que, por lo general, en un juicio estadounidense, entre testimonios contradictorios de la policía y el acusado, el jurado sabe a quién elegir. Y el jurado, sin defraudar las expectativas de ningún sociólogo, salió de la sala de deliberación con un veredicto de culpabilidad.
El acusado, ahora condenado, recurre, y el tribunal de alzada no hace lugar al recurso. La corte suprema del estado tampoco, a pesar de que ambos tribunales pudieron apreciar directamente las pruebas que no pudieron ser vistas por el jurado. Estas pruebas consistían en: a) la confesión del verdadero culpable, bajo la forma de una declaración jurada, en la cual admitía haber matado al policía; 2) las declaraciones de tres testigos, amigos íntimos del confeso, en las que admitían que el culpable había reconocido frente a ellos haber matado al policía; 3) la declaración de uno de los testigos anteriores en la que manifestaba que el culpable le había informado que se había deshecho del arma con la cual había matado al policía y que, por ese motivo, se había comprado otra arma; y 4) la declaración de otro de los testigos anteriores, en la que contradecía la versión del culpable, vertida en el juicio, en la que afirmaba haber estado con el testigo bebiendo en otro bar en el momento de los hechos.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema Federal. Este tribunal, por diversas consideraciones relacionadas con lo que debe ser un juicio justo acorde con la Constitución, invalidó la condena y obligó al estado a realizar un nuevo juicio, en el que se permitiera la introducción de los testigos de la defensa. No se pronunció, sin embargo, sobre la condena que debería haber merecido el fiscal.

En el fallo, sin embargo, hubo una nota discordante. Una disidencia del ministro REHNQUIST, uno de los más conspicuos sostenedores de que las garantías constitucionales son para los inocentes. Una disidencia de, exactamente, 1.822 palabras. De esas 1.822 palabras, extrañamente, ni una sola de ellas se refirió a la injusticia de condenar a un inocente. Toda su disidencia, que comenzaba con la incomprensible afirmación de que, si hubiera considerado el fondo del asunto, no habría encontrado motivo alguno para compartir el criterio de los demás miembros de la Corte, se dedicó a explicar por qué, según el 28 U.S.C. § 1257(3), la Corte Suprema no debía haber considerado el caso por cuestiones formales.

II. DESARROLLO

Fiscales, jueces, ministros. Y todo para qué. Quién sabe, quizá la sabiduría popular tiene razón sobre los abogados. Pero tal vez no. No estoy seguro y, por eso, no me animo a arriesgar un juicio. Pero soy abogado.

III. CONCLUSIÓN

Lo que no quiero ser es un miserable hijo de puta. Y mucho menos demostrarlo en 1.822 palabras.

12 de oct. de 2006

La "cultura" militar

Reglamento de Justicia Militar

Nro 332. Faltas a la ética profesional. Se consideran faltas a la ética profesional las siguientes:
...

6) Asistir de uniforme a fiestas y desfiles populares, sin caracter oficial, que se realicen en la via publica... excepto las de índole patriotica cuando sean aprobadas por la superioridad.

7) Siendo oficial, asistir a los espectáculos públicos a que acostumbre concurrir la tropa o que estén destinados a la diversión del pueblo bajo.

...

13) Embriagarse.

...

26) Propiciar o participar en actos sociales que no condigan con la cultura varonil y que no se conformen con la seriedad que deben revestir todos los actos de los miembros del Ejército.

Manual

PEQUEÑO MANUAL INDIVIDUALISTA

Por Han Ryner



¿Citará el sabio antes los tribunales?

El no lo hará



¿Por qué?

Citar ante los tribunales es, por intereses materiales e indiferentes, hacer sacrificios al ídolo social y reconocer la tiranía. Hay, además, cobardía, en llamar para propio socorro, al poder de todos.



¿Qué hará el sabio si es acusado?

Podrá, según su carácter, decir la verdad u oponer a la tiranía social al desprecio y el silencio.



Si el individualista se reconoce culpable ¿qué dirá?

Dirá su falta real y naturalmente, la distinguirá claramente de la falta aparente y social por la que es perseguido. Añadirá que su conciencia le inflige por su verdadera falta el verdadero castigo. Pero la sociedad, que no acciona más que sobre las cosas indiferentes, le infligirá, por su falta aparente, un castigo aparente.



Si el sabio acusado es inocente ante su conciencia y es culpable ante las leyes ¿qué dirá?

Explicará cómo su crimen legal es una inocencia natural. Dirá su desprecio por la ley, esta injusticia organizada y esta impotencia que nada puede sobre nosotros, sino solamente sobre nuestro cuerpo y nuestras riquezas, cosas indiferentes.



Si el sabio acusado es inocente ante su conciencia y ante la ley, ¿qué dirá?

Podrá decir solamente su inocencia real. Si s decide a explicar sus dos inocencias, declarará que la primera sólo le importa.



¿Será testigo el sabio ante los tribunales civiles?

El sabio no rechazará su testimonio al débil oprimido.



¿Será testigo el sabio en lo correccional ante los jueces?

Sí, si reconoce una verdad útil al acusado.



Si el sabio conoce una verdad perjudicial al acusado ¿qué hará?

Se callará



¿Por qué?

Porque una condenación es siempre una injusticia y el sabio no se hace cómplice de una injusticia.



¿Por qué decís que una condenación es siempre una injusticia?

Porque ningún hombre tiene el derecho de infligir la muerte a otro o de encerrarlo en prisión.



¿No tiene la sociedad otros derechos que el individuo?

La sociedad, reunión de individuos, no puede tener un derecho que no se encuentra en ningún individuo. La adición de ceros, por numerosos que sean, dan siempre ceros al total.


¿No está la sociedad en legítima defensa contra ciertos malhechores?

El derecho de legítima defensa no dura más tiempo que el ataque mismo.



¿Será el sabio jurado?

El sabio, llamado a formar parte de un jurado podrá rehusar o consentir.



¿Qué hará el sabio que haya aceptado ser jurado?

Responderá siempre NO a la primera pregunta: ¿Es culpable el acusado?



¿No será a veces mentira esta respuesta?

Nunca será mentira.



¿Por qué?

La pregunta del presidente debe traducirse así: “¿Queréis que condenemos a una pena al acusado?” Yo me veo obligado a contestar “NO”, porque no tengo el derecho de infligir pena alguna.



¿Qué pensáis del duelo?

Todo recurso de la violencia es un mal menor que el recurso de la justicia.



¿Por qué?

No es una cobardía, no pide socorro y no emplea contra uno solo la fuerza de todos.

Democrático Decreto del Día Domingo

"En el ejercicio de los poderes de que he sido investido como Comandante en Jefe del Gobierno Militar de Fiji, decreto lo siguiente:

1) Este decreto debe citarse como decreto sobre la observancia del domingo.

2) Para los propósitos de este decreto el domingo comienza a medianoche del sábado precedente y termina a la medianoche del domingo"

Y después prohíbe ir de día de campo, actividades deportivas y demás actos terroristas.

DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

ESCRITO POR UN TURISTA ESTADOUNIDENSE

And the country’s 18[5]3 Constitution says, “The private acts of men, while they don’t affect the public moral or order, are exempt from the competence of the judges, and can be only judged by God.” If anyone’s going to rewrite our Constitution, they should follow this example.



Y la Constitución del país de 1843 dice “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Si alguien reformara nuestra Constitución, debería seguir este ejemplo.




Si el ingenuo conociera a nuestros jueces…

11 de oct. de 2006

no hay derecho

A que la legislatura nos imponga una polticia sanitaria fascista sobre el tabaco, que nada tiene que ver con los derechos de los fumadores pasivos. De aquí a que nos obliguen a ser vegetarianos o a levantarnos a las siete de la mañana a hacer ejercicio hay un paso. Nadie les preguntó a todos los no fumadores si ellos consienten o no consienten ser fumadores pasivos. Todos los que deberemos entrar en el "cono del silencio de los lugares privados" con más de 100 metros somos tratados y definidos como una plaga, como el "otro", y se nos aísla, se nos discrimina, se nos obliga a exponernos al humo de los demas fumadores en dosis más altas que en los lugares normales.

Por otra parte, el legislador porteño ha declarado "nocivo"al tabaco. ¿Cuál es la competencia para hacerlo? Fumar es una actividad lícita de la cual el Estado obtiene muchísimo dinero de impuestos. Pero de eso no se habla. La ley 1.799 está plagada de inconstitucionalidades, y en cuanto al argumento de las muertes; si esta fuera la verdadera preocupación del Gobierno debería legalizar la marihuana y penalizar la aspirina (que produce más de 2o.000 muertes anuales en los EE.UU.).

Tabaquismo now!!!!

AB

4 de oct. de 2006

García y la Cámara Nacional de Casación

De cómo el afortunado GARCÍA,
que fuera condenado y posteriormente absuelto,
fue usado para poner en su lugar
a la Cámara Nacional de Casación Penal






En un fallo no tan reciente (“García”), la Corte Suprema menemista, sorprendentemente, tomó una decisión a favor del imputado.

El fallo presenta varias peculiaridades. En primer lugar, la Corte resolvió no hacer lugar al recurso de queja deducido por el defensor; más insólitamente aún, se dedicó a analizar el punto que finalmente resolvió de oficio, esto es, sin que la cuestión hubiera sido planteada por el defensor en el escrito del recurso. De este modo, con cita de un precedente de la misma Corte (“Tarifeño”), resolvió revocar la decisión de la Cámara de Casación que no casó el fallo del tribunal de juicio porque la sentencia condenatoria había sido dictada a pesar de que el fiscal, al final de la audiencia oral, había pedido la absolución. Según la decisión de la Corte, si el fiscal solicita la absolución al finalizar el debate, el tribunal carece de jurisdicción para dictar sentencia condenatoria.

Esta sentencia puede ser considerada una decisión trascendente. En primer lugar, pues se opone frontalmente al acendrado carácter inquisitivo de los ordenamientos procesales penales de nuestro país, incluso al de los códigos mal denominados “modernos” —a menos que se aluda al hecho de que son fiel reflejo de un procedimiento cuya estructura básica nació con los albores de la modernidad (Código francés de 1808)—. Por otra parte, la decisión de la Corte numerosa parece contradecir la tendencia reaccionaria expresada sistemática y coherentemente desde sus primeros fallos, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales del imputado (sobre esta línea “reaccionaria” se puede leer la opinión más que autorizada de Jorge BACQUÉ en su trabajo Corte Suprema de Justicia de la Nación: cambio de jurisprudencia en materia de derechos individuales, en algún número de la revista “No Hay Derecho”, probablemente el nº 12).

Atendiendo a este contexto jurisprudencial, y a la ideología de los numerosos nuevos miembros de la Corte, esta decisión llama poderosamente la atención y genera una dificultad casi insalvable para establecer criterios mínimos de previsibilidad. Quizá haya que buscar la explicación de este súbito interés de la Corte grande por la protección de los derechos del imputado en otros lugares.

El primer lugar podría ser el piso que la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) ocupa en el edificio de Comodoro Py, en la zona de Retiro. La CNCP, con anterioridad a la decisión de la Corte en “García”, y con posterioridad a "Tarifeño", desoyó la opinión de la Corte y decidió, en la causa "Ferreyra", que el pedido de absolución formulado en el alegato del fiscal no impedía al tribunal de juicio dictar una sentencia condenatoria. Esta decisión de la CNCP, por otra parte, es coherente con la escasa preocupación que ese tribunal muestra respecto a los derechos del imputado y, también, con el deslucido papel que le asigna al fiscal en el marco de un procedimiento penal cada vez más inquisitivo, gracias a las interpretaciones judiciales que se esfuerzan por superar el logrado trabajo de LEVENE, que culminó con la adopción de un enjuiciamiento penal suficientemente inquisitivo —aunque el "trabajo" de LEVENE haya consistido en copiar, y copiar mal, el inquisitivo producto de VÉLEZ MARICONDE, el CPP Córdoba 1939—. Por otra parte, la decisión de la CNCP de ignorar un precedente de la Corte Suprema, claramente aplicable al caso, también es coherente con las veleidades de tribunal excepcional y supremo que la CNCP tiene desde su origen.

Esa pretensión se expresa de diversas maneras. Una de ellas consiste en la repetición cotidiana de la aserción referida al carácter “extraordinario” del recurso de casación que, por supuesto, implica el carácter también “extraordinario” de ese tribunal. Además de la pretensión señalada, otras razones pueden explicar la actitud de la CNCP. En primer lugar, es posible que sus miembros no comprendan la diferencia entre el carácter limitado de un recurso —como el de casación— y su carácter extraordinario. En segundo término, la “extraordinarización” del recurso de casación puede ser producto de una estrategia orientada a lograr que los miembros de la CNCP trabajen cada vez menos, pues cuanto más “extraordinario” es el recurso que ellos deben considerar, más difícil es que el recurso sea concedido y, en consecuencia, resulta más fácil rechazar las impugnaciones interpuestas. Otra expresión de la pretensión de tribunal supremo que sufre la CNCP, bastante patética por cierto, consistió en la creencia de sus integrantes de ser titulares de un “derecho natural” a ser miembros del Jockey Club —con la consiguiente solicitud de ser admitidos como socios—, “derecho” que las autoridades de tan rancia institución no consideraron nada natural, y mucho menos derecho.

El segundo lugar al que podemos acudir es al decreto nº 2.072/93, que establece el orden de precedencia protocolar de los distintos integrantes de los poderes del Estado en las ceremonias oficiales. Allí se indica que el presidente de la Corte Suprema va quinto y que los integrantes de la CNCP van en décimosexto lugar. El decreto refleja inequívocamente la percepción que el poder ejecutivo tiene respecto de la jerarquía del más alto representante del poder judicial (el presidente de la Corte va en quinto lugar, por debajo del vicepresidente y de los presidentes de ambas cámaras legislativas). También indica claramente que el poder ejecutivo considera que los miembros de la CNCP no integran un tribunal tan extraordinario, ni tan supremo, como ellos pretenden, y que existe una importante brecha entre la Corte Suprema y la CNCP (once posiciones).

El fallo “García”, entonces, puede ser leído de diversas maneras. La primera de ellas, que el lector sabrá descartar, se relaciona con un repentino apego al respeto por las garantías individuales de la Corte Suprema amplificada. La segunda lectura, en cambio, significa que, a través de una sentencia dictada en el caso del afortunado GARCÍA, la Corte nueva (y de nueve) envió un mensaje claro a la CNCP —del mismo modo que lo hizo en el caso “Giroldi”—. Este fallo puede ser leído, simplemente, como una decisión de un tribunal efectivamente supremo —si bien sólo en el contexto del poder judicial— que ubica a los miembros del tribunal de casación en el lugar que, según el decreto nº 2.072/93, les corresponde.

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