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Jamás comprenderé por qué oscura razón cuando no se sabe
qué hacer con algún problema, se lo revolea al poder judicial. Pareciera que el
poder judicial fuera el gran solucionador; el poder que todo lo hace bien; el
poder más confiable...
Según lo indica Santiago Dapelo en La Nación, Macri estuvo
por dictar un DNU para traspasar el programa de protección de testigos a la
Cámara Federal de Casación Penal. El programa alcanza a 225 testigos y 97
familiares en causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.
Además, hay unos pocos imputados "arrepentidos"
de casos de corrupción —algo más de 10—, que son los que habrían solicitado que
el programa saliera de la órbita del ejecutivo.
El
resultado de las PASO, cuando el candidato del Frente de Todos le sacó 17
puntos de ventaja a Macri, provocó una catarata de pedidos para reubicar el
programa.
Conforme
la misma nota, el poder ejecutivo recibió un pedido de Poder Ciudadano
Al igual que en el proyecto de
decreto de necesidad y urgencia, desde Poder Ciudadano advirtieron que el
sistema de protección de testigos debería estar bajo el control del Poder
Judicial.
Al momento de fundar los motivos
de la conveniencia del traspaso, Poder Ciudadano sostuvo que permitiría
"generar las condiciones propicias y las garantías necesarias para las
beneficiarias y los beneficiarios del programa".
En Twitter se
puede leer otra versión...
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Independientemente de la versión que nos guste elegir, lo
cierto es que la propuesta, en sí misma,
resultaba altamente cuestionable. En primer lugar, sería bueno preguntarles al
ejecutivo y a Poder Ciudadano cómo es que la ubicación del programa solo se ha
vuelto un problema luego de las PASO, y no antes.
¿Es que debemos tener fe en que lo sucedido hasta ahora
con los arrepentidos, pero no podemos tener confianza de lo que sucederá en el
futuro? ¿Por los resultado de las PASO?
Es decir que la pertenencia del programa al ejecutivo no
es un problema cuando el presidente es Macri, pero sí lo será cuando el
presidente sea Fernández ¿Y eso según quién? ¿Según el propio Macri?
La propuesta no parece fundada en lo que se considera
correcto, sino en quiénes integrarán el ejecutivo a partir del 10 de diciembre.
Por otra parte, ¿cuál es la garantía que nos da el poder judicial? ¿La de la
filtraciones de las escuchas del ámbito de la Corte Suprema?
Una decisión tal significaría, claramente, un desapego al
Estado de derecho. La solución legal sobre esta cuestión sería modificada por
un decreto de necesidad y urgencia del ejecutivo. Y dicha decisión no estaría
fundada en cuál es la ubicación institucional que, por motivos legítimos, se
considera correcta, sino en quién ocupa el poder.
Así, el presidente está diciendo: "Si gobierno yo,
también administro el programa de testigos y arrepentidos. Si gobierna la oposición,
solo se puede garantizar su buena administración si está a cargo de los
jueces".
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Además, lo importante, en esta cuestión, consiste
en determinar si la administración del programa de protección de testigos es
una tarea propia del poder judicial. Y no, no lo es. El poder judicial no está
para proteger a nadie. Ni para "luchar" contra nadie. La función del
poder judicial consiste en resolver los casos que se llevan a su consideración.
La
tarea de proteger testigos, además, implica comprometerse con el valor probatorio
de sus declaraciones y con la eventual responsabilidad penal de aquellos en contra
de quienes declaran.
Según
nuestro orden constitucional, conforme a la clásica división de poderes, la
única función propia de los jueces es juzgar y, eventualmente, intervenir en
actos en los que sea indispensable la participación de los jueces conforme a la
propia Constitución —v. gr., intervención en el Consejo de la Magistratura—.
Por
ello, la administración de un programa como el de protección de testigo no es
—ni puede ser— una función judicial. En nuestra organización constitucional, el
programa debería estar a cargo del Ministerio Público Fiscal (art. 120, CN).
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El presidente ha dado marcha atrás y suspendió
la publicación del decreto en el boletín oficial. ¿Por qué? Por la resistencia
que generó el plan de traspaso. Según se indica en la nota de Santiago Dapelo se
frenó el decreto por la resistencia de jueces de Comodoro 3,14, de la Corte
Suprema y del presidente electo.
Al
principio, en Comodoro 3,14 no había tanta resistencia. Pero los jueces, como
de costumbre, mostraron su inclaudicable valentía:
En el máximo tribunal penal del
país relataban en las últimas horas que el Gobierno les avisó de la idea la
semana pasada, horas antes de la nota de LA
NACION que hizo público que el plan ya estaba en marcha. Al
principio no todos estaban tan en desacuerdo, pero con el correr del tiempo la
oposición creció y la idea que se imponía en todas las conversaciones era que
el plan del Ejecutivo sería un problema.
Según la cámara de casadores,
"no tenemos capacidad para hacernos cargo de esto". Eso es
seguramente cierto, pero tal argumento no parece de uso frecuente. Especialmente
cuando se trata de ampliar el poder de un órgano judicial.
Suena mucho más creíble, en cambio,
la hipótesis de Alejandro Rúa:
En este sentido, Rúa puntualizó: "Este ´pase´ de ´protegidos´ entre
integrantes del mismo sistema que los promoviera parece en verdad estará
destinado a mantenerlos como ´rehenes´ del
propio sistema, cuando la verdadera protección puede brindarla justamente, por
la liberación de ´puesta en emergencia´, el final de ese sistema estatal de
persecución política, que ya han anunciado las próximas autoridades".
En el mismo sentido se ha
pronunciado Sofía Caram en Página/12:
En el
edificio de Retiro, el rechazo a la medida es prácticamente unánime, así como también
la lectura de las motivaciones políticas detrás de la decisión y de los
impedimentos técnicos y legales para implementar el cambio.
Una propuesta así, a menos de un mes
de irse, carece de sentido, especialmente si consideramos su motivación.
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