En esta oportunidad, no soy yo quien escribe sobre la
justicia fueguina. Reproducimos una nota de Gabriel Ramonet publicada en la
página Dar la palabra.
Ramonet es un periodista que conoce muy bien la justicia fueguina. Es autor del
libro Justicia adicta. Breve historia del poder judicial de Tierra del Fuego (1994-2007), una excelente crónica de la
degradación de la justicia de la provincia.
Aunque sea legal, la respuesta es NO
Por Gabriel Ramonet
¿Puede un integrante del organismo
que elige a los jueces de la provincia, participar de un concurso que se
declara desierto, y cinco meses después convertirse en candidato para ese mismo
cargo?
Vamos a tratar de explicarlo en
castellano.
El organismo es el Consejo de la
Magistratura de Tierra del Fuego, compuesto por siete miembros: el Fiscal de
Estado, un juez del Superior Tribunal de Justicia, un ministro del Poder
Ejecutivo, dos legisladores provinciales y dos abogados elegidos por sus pares
(uno de Ushuaia y otro de Río Grande).
El concurso es el que finalizó el
13 de diciembre del año pasado, para elegir a los tres jueces de la nueva Sala
Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.
Si bien el Consejo eligió ese día a
dos nuevos camaristas civiles (Aníbal Acosta y Alejandro Fernández) el concurso
para la tercera vocalía fue declarado “desierto” porque el candidato que llegó
a la instancia definitoria, el juez de Familia y Minoridad de Ushuaia Alejandro
Ferretto, no reunió los cinco votos que necesitaba para ser electo.
Y la situación polémica que se
generó es la siguiente:
• El abogado Daniel Alejandro Sacks
fue integrante del Consejo en representación de sus pares de Ushuaia hasta
fines de 2017.
• Por su condición de consejero,
participó de los procesos de selección de numerosos jueces, entre ellos del
concurso para elegir a los tres camaristas civiles.
• Sacks participó de la votación
que terminó declarando “desierto” el concurso para la tercera vocalía de la
Cámara de Apelaciones.
• El letrado dejó el cargo de
consejero tras la finalización de su mandato, pocos días después del concurso
para camarista.
• Cinco meses más tarde, se
presentó como candidato a juez de Cámara, para ocupar el mismo cargo que quedó
vacante en el concurso del que él participó como consejero.
¿Por qué la situación es polémica?
Una mirada ingenua podría sostener
que no existe ningún conflicto. Se trata de dos concursos, o de dos etapas de
un mismo concurso, en donde un abogado fue consejero de la magistratura en la
primera parte y, una vez desvinculado del organismo, se convirtió en candidato
a juez en la segunda.
Pero lo cierto es que Sacks tendrá
como contendientes para el cargo, a algunos de los postulantes que él ya evaluó
y votó cuando era miembro del Consejo.
Es el caso, por ejemplo, del juez
Ferretto, que vuelve a presentarse como candidato a juez de Cámara, o de los
abogados Jesús González Saber y Sergio Bertero, que también insistirán con sus
postulaciones.
Otro punto conflictivo radica en
que al haber sido miembro del Consejo de la Magistratura, Sacks conoce y
mantuvo una relación laboral de doce meses, con al menos cuatro de los siete
integrantes del cuerpo que siguen siendo los mismos que en 2017: el Fiscal de
Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro jefe de gabinete, Leonardo
Gorbacz, y los legisladores Federico Bilota (Frente para la Victoria y Pablo
Blanco (UCR-Cambiemos).
Esos consejeros participarán de la
selección del nuevo camarista Civil y evaluarán a Sacks a pesar de haberlo
tenido como un par o un colega más, hasta hace cinco meses, salvo que se
excusen de intervenir en este concurso.
Es verdad que ninguna ley
provincial regula expresamente la incompatibilidad que podría existir para un
ex funcionario del Consejo de la Magistratura, a presentarse como candidato a
juez poco después de dejar el cargo.
El antecedente más cercano es la
Ley Nacional de Ética Pública 25.188 pero que solo hace referencia a
incompatibilidades para funcionarios que hayan participado de privatizaciones o
concesiones de empresas o servicios públicos, con lo que no tendría una
aplicación directa en este caso.
De este modo, la situación no
tendría ningún reparo desde el punto de vista legal, aunque vuelve a sumar un
cuestionamiento más a la larga lista que ya tiene el órgano encargado de la
selección de jueces en los últimos años.
Es que el Consejo de la
Magistratura sigue un utilizando un sistema de selección de jueces sin un
jurado técnico, y con un mecanismo de votación que no precisa de justificaciones,
lo que lleva a que cada concurso acumule dudas y suspicacias, tanto para
quienes eligen como para quienes resultan seleccionados.
La falta de confianza en la
metodología de la elección se desprende también de datos objetivos: en el
concurso de diciembre de 2017 para elegir camaristas civiles se inscribieron 15
postulantes, mientras que en el actual concurso hay 9 y solo tres de ellos se
repiten de la nómina anterior. Es decir que la gran mayoría no vuelve a
postularse para un cargo en el que estaban interesados hace cinco meses.
Una explicación podría ser que no
confían en las reglas de juego de un sistema que sigue generando dudas.
Por todo ello, y porque las
autoridades deberían propender a la construcción de un sistema más transparente
de selección de jueces, volvemos a preguntarnos:
¿Puede un integrante del organismo
que elige a los jueces de la provincia, participar de un concurso que se
declara desierto, y cinco meses después convertirse en candidato para ese mismo
cargo?
Y la respuesta es no.
