El equipo ganador: Noelia Viegas, Julián Alfíe, Felipe Salvarezza, Florencia Langone Jerez y Mauro Lopardo
Por Mauro Lopardo
El Concurso
Nacional Universitario de Litigación Penal (CNULP) es una iniciativa impulsada
por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
desde el año 2009, en coordinación con Universidades Nacionales de distintos
puntos del país, con el objetivo de forjar una adecuada relación entre la
Universidad y las prácticas institucionales.
En
la lógica de audiencias de debate oral simuladas sobre la base funcional del
litigio y el carácter adversarial, los equipos son evaluados en función de las
técnicas de litigación que aplican, como una perspectiva para generar la efectiva
transformación de los sistemas de administración de justicia a nivel federal, y
la correspondiente enseñanza del derecho.
Mi
única participación en la competencia como litigante fue en el año 2011, en la
tercera edición que se realizó en la ciudad de Bahía Blanca. Tuve la suerte de
integrar el equipo de la UBA, sin tutor académico y sin entrenamiento formal.
Digo
que tuve suerte, porque conocí el concurso gracias a una de mis
compañeras de equipo, quien me convocó a participar y me informó sobre cada uno
de los aspectos del certamen. Para entonces, la Facultad de Derecho de la UBA
desconocía esta actividad.
Pero
mi suerte se vio potenciada.
Litigar
en el CNULP me volvió un militante sobre la reforma procesal, las técnicas de
litigación y la enseñanza del derecho. A mi regreso, Alberto Bovino, Ángela
Ledesma, Leticia Lorenzo y Oscar De Vicente fueron las personas que me dieron
apoyo en todo momento para emprender un camino a pulmón en la idea de generar
los espacios necesarios para el cambio.
Desde
entonces, y en progresión paralela al paso del tiempo, muchos fueron los aspectos
estructurales y sustanciales que logramos introducir en la modalidad para
enseñar el derecho en la UBA. Así, el año 2012 fue la bisagra ideal para
nuestros objetivos: fui nombrado por la Dra. Mónica Pinto (entonces Decana)
como tutor académico del equipo de la UBA; obtuvimos el auspicio necesario para
dictar un taller extracurricular sobre técnicas de litigación penal, bajo la
dirección de Ledesma y Bovino; contamos con la colaboración logística de
distintas oficinas de la Facultad, tanto para contar con espacios para trabajar
dos veces por semana, desde el mes de mayo en adelante, como así también para tener
subsidios económicos para cada año poder viajar a la competencia, entre otras
cuestiones organizativas.
Estas
conquistas sostienen el escenario que vuelve posible —año a año— la capacitación del alumnado que se acerca al taller
(sea que tengan interés en participar o no del CNULP, ya que el taller es
voluntario y abierto al público en general, sea graduado o no,
independientemente de la rama del derecho que se estudie). Tan así es que
luego de 6 años de estar a cargo del entrenamiento del equipo de la UBA y de
haber competido en dos finales (Rosario —2013— y Mar del Plata —2014—),
logramos ganar el concurso de este año: en el caso de la ronda común nacional,
con el primer puesto de 9,32 puntos (lo cual nos permitió litigar la semifinal
contra la universidad de La Plata, que obtuvo 9,17 puntos), y en la final del
certamen contra la universidad mexicana Anáhuac Oaxaca (equipo ganador de la
ronda internacional).
Es necesario destacar que detrás del ánimo de competir, este concurso es un motor
que inspiró y fomentó en cada una de las provincias las enseñanzas y prácticas
necesarias para el correcto abordaje de los conflictos que tramitan ante la justicia. En efecto, en los últimos
años ha sido notorio el incremento de interés de las universidades por
participar y el elevado nivel técnico que se observa en cada una de las
instancias del torneo.
Seis
años pasaron desde que conocí el mundo de la litigación y el CNULP. En esa
edición, doce fueron las universidades que compitieron. El pasado viernes 3 de
noviembre de 2017 finalizó la IX edición, en la ciudad de Córdoba: participaron
22 universidades nacionales y 6 extranjeras, con más de 150
estudiantes y 18 evaluadores.
Las
cifras no necesitan explicación. El objetivo del INECIP de formar estudiantes
en técnicas de litigio adversarial, se cumple y se extiende. Las competencias
son cada vez más profesionales, más transparentes y más comprometidas con el
cambio.
Pese
a ello, y conscientes de los enormes avances en estos años, no existe una
universidad en el país que cuente con una asignatura o un taller sobre técnicas
de litigación que forme parte obligatoria de la currícula de estudio de la
carrera de derecho (solo la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con una
materia de esta temática, de carácter opcional).
Los
engranajes del cambio son variados. El derecho procesal es derecho constitucional
reglamentado, enseñó siempre Julio Maier, de ahí que tener códigos procesales
modernos y asimilados a las formas sustanciales de un debido proceso, ha sido
un avance a lo largo y ancho del país, con muchas provincias que lograron
romper las barreras inquisitoriales y adoptar un modelo de administración de
justicia acusatorio.
Sin
embargo, como opina Alberto Binder, cambiar
un código por otro no es suficiente, y esto es claro. Detrás de las bases
del funcionamiento del sistema están los operadores, quienes —en su generalidad— se oponen al cambio —por comodidad, por temor o por inhibición—, sin percibir
los beneficios que ello presupone.
Es por ello que el engranaje práctico y cultural, descuidado hasta ahora, debe tener
protagonismo en estos anhelos de cambio. No por capricho, sino por coherencia
funcional. De poco sirve tener reglas de procedimiento evolucionadas si no
tenemos operadores capacitados a las exigencias que reclama un sistema oral.
Las
técnicas de litigación no son solo un cúmulo de herramientas para sustanciar y
sustentar el interés tutelado en audiencias. Es un programa metodológico de
enseñanza del derecho, que corresponde a la idea del conflicto entre partes y
no a la vetusta idea de infracción a la ley.
Son
numerosos los desafíos para abandonar los modelos y las instituciones que
tienen influencia de la inquisición, donde litigar es vencer obstáculos
burocráticos. De ahí que en tiempos de reformas sea necesario un movimiento de cultura por contracultura.
Pero
esta idea no debe quedar en el aire. Debemos trabajar y reformar los programas
de enseñanza y estudio del derecho. No con un espacio extracurricular de
capacitación y en el último año de la carrera. Estos cambios deben ser
introducidos en todas las currículas y desde sus inicios.
A
fuerza de insistencia, quienes formamos parte de esta militancia debemos
recordar que nuestro foco de ataque tiene raíces inquisitivas muy profundas, no
solo las estructuras, sino las personas que forman parte de ellas. De ahí que
sea necesario emplear el mayor esfuerzo en este combate paradigmático al sistema
de justicia.
Pero
algo no debemos perder de vista: hay generaciones de litigantes que se
avecinan, y necesitamos que estén debidamente capacitados, desde lo teórico y desde
lo práctico. Es nuestra obligación formar profesionales que sepan discernir qué
se esconde detrás del conflicto intersubjetivo de partes, que conozcan las
bases sustanciales de un modelo de justicia democrático y que sepan utilizar
las herramientas de litigación diseñadas especialmente para escenarios
atravesados por la oralidad y la contradicción.
Insisto:
debe ser desde el inicio. Poco servirá que el alumnado tenga capacitación en el
último tramo de la carrera, luego de haber transitado 4 o 5 años de estudio,
donde la metodología de enseñanza está exclusivamente destinada a la infracción
a la norma, sus consecuencias y las “estrategias” para canalizar agravios de
forma escrita. Litigar es un arte oral, que debe ser practicado desde los
primeros momentos de la carrera, en paralelo a las enseñanzas teóricas
sustanciales de otras asignaturas. Ese es el momento, cuando el alumnado es una
esponja nueva, con ansias de recibir y absorber todo lo que se le transmita. Es
nuestro deber y responsabilidad impregnar sus mentes con conocimientos puros y
transparentes.
La
justicia penal es un ámbito que debe ser cuestionado diariamente por la
arbitrariedad de sus prácticas cotidianas. Esta mirada crítica debe comprender,
necesariamente, los métodos de enseñanza del derecho que alimentan esas
prácticas. En ese sentido, el
compromiso con la justicia debe ser también un compromiso con la academia. La
lucha normativa supo avanzar a su modo, pero debemos impulsar la enseñanza y la
capacitación del derecho, para que los operadores adecuen sus prácticas a los
ideales normativos.
Este
es nuestro desafío. Este es nuestro trabajo por delante.
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