28 ago 2018

OTRA DE TERROR EN COMODORO PY






Cuando parecía que Comodoro 3,14 no podía ya inventar maneras adicionales de vulnerar derechos, un título de La Nación de hoy asusta: 

Las revelaciones suman presión para reabrir causas judiciales

Se afirma que se trata de la doctrina de la cosa juzgada írrita, "que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas". Curiosamente, se olvida de mencionar las causas en las cuales órganos internacionales han aplicado esta doctrina, rechazando la aplicación de principio ne bis in idem, tales como Bulacio (Argentina) o Carpio Nicolle (Guatemala) de la Corte IDH.

La súbita atención de la doctrina de la cosa juzgada írrita, aparente o fraudulenta se debe, según la nota, a dos factores:

1) las declaraciones en la causa de los cuadernos de Oyarbide el "presionado"; y

2) una auditoría que presentará el Consejo de la Magistratura sobre el fuero federal que exhibiría las resoluciones a ser cuestionadas o revisadas.

A esto se agrega:

Por otro lado, es improbable que los fiscales pidan que se anule una sentencia, porque esto implica denunciar como fraudulento un fallo que un colega suyo consintió.

Muy interesante. Se pretende revisar decisiones de jueces y fiscales que deberán ser analizadas por esos mismos jueces y fiscales, que continúan en sus cargos. Además, es muy preocupante esta afirmación, pues presupone que los fiscales —algunos de ellos— por mero ánimo corporativo no denunciarían fallos que saben que fueron fraudulentos.

Resulta también muy interesante que el Consejo de la Magistratura se dedique a hacer auditorías de jueces que el mismo órgano designó y jamás destituyó... La actuación de este órgano ha sido lamentable, en este sentido, en todos los gobiernos. Como señala Pablo Slonimsqui, el Consejo "seguramente no será recordado por los pocos jueces que destituyó, sino por los muchos jueces que no destituyó. Y por haber sido utilizado para ejercer presión sobre ellos".

Una cuestión que despierta la curiosidad es la de qué se hará con quienes intervinieron originariamente en esas causas que serían declaradas fraudulentas. Lo mínimo que habría que hacer sería destituir a esos funcionarios (jueces y fiscales), en la medida en que hubieran participado intencionalmente en la realización del fraude o en su ocultamiento.

Pero lo más sorprendente de todos es en quién deberemos depositar nuestra confianza para que inicie las acciones legales contra las resoluciones supuestamente fraudulentas:

Quien tiene legitimación procesal para pedir la reapertura en las causas que involucran a funcionarios es la titular de la OA, Laura Alonso. Ella dijo que está a favor de que se reabra la causa, pero como titular de la OA todavía no accionó.

Efectivamente, la elección de las causas que deberían ser revisadas dependería de la Sra. "técnicamente no es delito", con lo cual tenemos asegurada la imparcialidad... Como no podía ser de otra manera, está hablando de una causa contra Cristina Fernández de Kirchner.

No sé ustedes, pero yo no hice nada y tengo miedo...




27 ago 2018

FORUM SHOPPING RELOADED DE PABLO SLONIMSQUI









1

Este mes ha salido un libro especialmente llamativo. Nos referimos al libro Forum shopping reloaded, de Pablo Slominsqui. Es llamativo por varias razones.

En primer término, porque es un libro sobre los jueces que no solo está escrito para abogados, sino también para personas que quieran saber sobre las prácticas reales de nuestro majestuoso poder judicial.

En segundo lugar, resulta llamativo porque ha sido escrito por un abogado litigante (que continúa litigando) que no siente temor alguno en realizar una evaluación severamente crítica de las prácticas judiciales imperantes.

Conocemos a nuestro poder judicial y su absoluta intolerancia hacia la exposición crítica de su funcionamiento.  Esa intolerancia genera temores y represalias que, por lo general, ocultan lo peor de las prácticas cotidianas del poder judicial, especialmente en el caso de los operadores que trabajamos en ese ámbito.

En este sentido, Pablo Slonimsqui señala hoy, en una nota de opinión (Juzgado por el enemigo) en Perfil, el silencio de varios profesores de derecho respecto del "caso de los cuadernos": 

Los estudiantes de Derecho deberían conocer a este juez para entender cómo eran los tribunales en el Medioevo. Y quiero decirles a mis profesores de la UBA que valoraré muy positivamente conocer su opinión sobre este caso. No los escuché hablar fuerte y claro...

Más adelante agregó una frase que indica su opinión sobre la calidad del juez del caso de los cuadernos:

El presidente de la Corte se fotografió días pasados con Bonadío. Si esto es cierto, imagino que lo eligió porque Oyarbide está ahora fuera de la Justicia. Siempre me asombró cómo alguna vez pudo estar adentro.

2

Pablo comienza por aclarar la gran diferencia entre el concepto tradicional del forum shopping del derecho internacional privado del forum shopping "argentino".

En el derecho internacional privado, se autoriza el forum shopping, que algunos traducen como "búsqueda del foro más conveniente". Así, cuando hay varios países con tribunales competentes para resolver el conflicto, el demandante puede elegir el que más le conviene, ya que la elección determina el derecho aplicable. Es decir que lo importante es la elección del derecho, no las personas que intervendrán en la decisión que resuelve el conflicto.

El forum shopping a la argentina, en cambio, es bien diferente:

... lo que interesa elegir aquí es la persona que habrá de intervenir en el trámite de un juicio, que eventualmente podrá manipularlo en tal o cual dirección, con absoluta prescindencia de la ley formal o material que corresponda aplicar.

Terrible definición. Lo único relevante es la persona que intervendrá con el poder de manipular el caso en la dirección que el forum shopper pretende. ¿Por qué? Por esa prescindencia de la ley formal o material que nuestros jueces se permiten a sí mismos impunemente.

Entre las prácticas que se incluyen en el libro, tenemos abogados denunciantes seriales, elección del destacamento policial, jueces que se investigan a sí mismos, abogados chorros, la "familia" judicial, elección del juez que está de turno, juez y secretario protectores de contrabandistas, prácticas del Consejo de la Magistratura, jueces y servicios de inteligencia, etcétera...

El único factor común es la mala fe y la intención de jugar sucio sobre la determinación de los posibles actores del proceso. Todo para lograr la intervención de actores que por cualquier motivo resulten favorables al forum shopper.

3

El propio autor define los contenidos de la obra, que expone un fenómeno que excede ampliamente los ejemplos que cita, del siguiente modo:

Esta nueva edición de Forum Shopping, reloaded (recargado) nos enfrenta con más casos que han sido escogidos por ser representativos de un universo mayor, que permanentemente sorprende con alguna nueva variante de creatividad al servicio de la trampa. Incluir todos los episodios de manipulación judicial que trascendieron en los últimos años habría requerido, como mínimo, cinco tomos de mil páginas cada uno.

Esta obra habla tanto de los jueces como de la actuación de los litigantes.

Muchas, muchísimas son las formas mediante las cuales se puede lograr, de manera ilegítima, que determinado funcionario intervenga o deje de intervenir en un caso. Algunas sutiles, otras brutales. Alguna utilizando (y desnaturalizando) herramientas procesales vigentes; otras, mediante ejercicios notables de imaginación. Y muchas veces, como se verá, de manera desprolija, ignorando cualquier previsión legal, como si los códigos procesales no existiesen y cada uno pudiese hacer lo que mejor le venga en gana en el momento que mejor le parezca.

En el camino, los litigantes no quedamos muy bien parados, sea porque hayamos promovido la situación, sea porque debamos sufrirla:

Los abogados, que por su especial tarea profesional deberían estar interesados en el control de la actividad jurisdiccional, son, en algún caso, los representantes de intereses poderosos y partícipes necesarios en los delitos de corrupción. Y las más de las veces —cuando no lo son—, lo usual es que prefieran tratar de enmendar una sentencia dictada con motivo de una prevaricación o cohecho a través de los recursos pertinentes —si los hubiera—, que embarcarse en una ardua tarea de denuncia y prueba de esos delitos, que puede suponerles la animadversión de todo el juzgado, o de otros jueces, con el consabido perjuicio para causas futuras.

Arbitrariedades medievales son soportadas por todo el mundo con elegante resignación. Enterados de una situación aberrante, nos encogemos de hombros y damos la espalda. Ausencia de todo compromiso y neutralidad ante los acontecimientos.

En la convicción de que no tiene sentido rebelarse, puesto que eso supone una pérdida de tiempo y de energías, se construye una visión del mundo con el primordial propósito de justificar todo lo que se ha dejado de enfrentar en este territorio.

4

El autor realiza una descripción y un análisis de un extenso número de casos que demuestran la variedad, la gravedad y la impunidad de estas prácticas de selección y manipulación de la jurisdicción, en la que pueden intervenir tanto las partes como los jueces. Si bien en algunos casos se trata de situaciones formalmente no ilegales, en otros se trata de la comisión de graves delitos.

También da cuenta de la dificultad para controlar y sancionar a los jueces que intervienen en estas prácticas. Entre otros, cita el siguiente caso:

Uno de los ejemplos más patentes de mo funciona el corporativismo judicial se reflejó en la investigación referida a la participacion del juez Eduardo Riggi en una trama de corrupción mediante la cual se pretendía que la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocara el procesamiento y la prisión preventiva de los integrantes de la Unión Ferroviaria (UF) involucrados en el crimen de Mariano Ferreyra. Como vimos, durante la investigación judicial se conoció una maniobra ideada para manipular el sorteo de Casación y lograr que la causa se radicara en Sala III. Por su responsabilidad en la maniobra, en septiembre de 2012 fueron procesados Octavio Araoz de Lamadrid, Juan José Riquelme, Ángel Stafforini, José Pedraza y Luis Ameghino Escobar. Pero ningún magistrado quiso investigar a sus colegas.

Desde el inicio mismo de la investigación, se excusaron 14 jueces de primera instancia y 10 camaristas que tenían que intervenir.

También nos informa sobre la intervención (o su ausencia) del Consejo de la Magistratura:

Este organismo [el Consejo de la Magistratura] seguramente no será recordado por los pocos jueces que destituyó, sino por los muchos jueces que no destituyó. Y por haber sido utilizado para ejercer presión sobre ellos.

En este contexto, tampoco se olvida de señalar el tremendo poder que el sistema le otorga a la policía:

La policía, que conoce —y bien— el orden de turnos de los jueces, puede demorar o adelantar la noticia de inicio de actuaciones para asignar el caso a un juez determinado, que a su vez solo sabrá del caso lo que la policía quiera que sepa. Los ladrones también conocen los turnos de los jueces.

...

En este escenario, la elección del juez que habrá de intervenir en un caso queda prácticamente sujeta al libre albedrío de la policía, que elegirá al juez según el grado de relación y de confianza que tenga con quien será el director de todo el proceso, el juez que controlará su actuación.

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Sin embargo, quienes salen más perjudicados por la exposición pública de esta serie de casos que caben bajo la misma etiqueta son los jueces. Y si es así, es porque hacen méritos suficiente para que así sea. Entre otras cuestiones, se señala:

• Así, la independencia de los jueces es vista como garantía de una justicia no subordinada a razones de Estado, a intereses políticos contingentes o a cualquier otro interés extraño a la administración de justicia.

Quien crea que en nuestro país los jueces actúan de esta manera está para que lo encierren, aislado, de modo que nadie sufra un contagio nuevo y peligroso.

• Difícil encontrar jueces —la cantera local está seca de talentos– que resuelvan sus casos sin tomar en consideración las consecuencias personales que podrían sufrir si su decisión no fuera bien recibida en alguno de los tantos ámbitos con posibilidad de perjudicarlos; jueces que sean independientes del poder político, de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de sus superiores o de su grupo de pertenencia.

La arbitrariedad, el poder de fuego de la falta de límites, la sufre el ciudadano de a pie...

Eso, sin dejar de señalar que en nuestro medio los únicos que pueden darse el lujo —y a veces se lo dan— de no saber como funciona el código procesal son los jueces.

Un muy buen libro, documentado y valiente, que expone las trampas y el juego sucio de quienes intervenimos de algún modo en el servicio de justicia. Un libro que muestra esa justicia real que la gente sufre y no la que los jueces solo declaman. Un libro que quienes se sienten interesados en el servicio de justicia no pueden dejar de leer.

Nada como la frase dicha al propio autor por un juez federal:

Si la gente nos conoce, no sale a la calle.