TOMA TODO: INDEPENDENCIA JUDICIAL VERSIÓN MACRISTA

El presidente Macri prometió durante toda su campaña, y reiteró el día de su juramento en el Congreso, que iba a trabajar por una justicia independiente. Más allá de su promesa, las condiciones estaban dadas. El hecho de no tener mayoría propia (o con sus aliados los radicales) en el Senado, impediría la construcción de un poder judicial a su imagen y semejanza. Sin embargo, las cosas no son lo que parecían que iban a ser.

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Montado en el latiguillo de que los juristas designados por decreto, (que no era un DNU) y en comisión son “intachables”, Macri decidió evadir el control del Senado, y recurrió a un mecanismo de dudosa validez constitucional, designando a Carlos F. Rosenkrantz y Horacio D. Rossatti en la Corte Suprema.

En el programa televisivo de Susana Giménez se escuchó este diálogo entre él y la diva

—... elegí, como le prometí a los argentinos, dos personas que me dijeron que eran las mejores...

—Impolutas, probas... Sí, es verdad —terció Susana—.

—... o como las mejores en Argentina. Ni las conozco, ni las entrevisté. Hablaron con Gabriela...

En verdad, no tenemos forma de conocer a los designados pues no se respetó el procedimiento previo a la designación. Y si los conociéramos, poco importa, pues ya han sido designados (no propuestos).

Más allá de ello, lo que se cuestionó de manera generalizada ha sido la forma de designación. Así, entre muchísimos otros, Leon Arslanián, Roberto Gargarella, María A. Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Sabsay y el ex presidente Pinedo, quienes no pueden ser acusados de kirchneristas.

En la página de Telam se lee:

El ex juez León Arslanian sostuvo que "la metodología" utilizada por el presidente Mauricio Macri para designar a los dos jueces para ocupar los dos cargos de la Corte Suprema de Justicia por decreto "va en contra de la Constitución y de la independencia del poder judicial".

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Una de las primeras movidas del presidente, que ha sido y sigue siendo ejecutada por su ministro Garavano, consiste en el intento de remover a la Procuradora General Gils Carbó.

Aprietes varios no han dado resultado aún (ver aquí). Macri no pudo removerla por un decreto pues hasta la ministra Highton salió a defenderla con el tema de la inamovilidad en su cargo y la necesidad de juicio político para resolverla.

Nuevamente, el oficialismo lamenta su carencia de mayoría en el Senado que le impide hacer lo que quiere. Antes de reunirse Gils Carbó con Garavano, el ministro había dicho a la prensa que “sería conveniente que dé un paso al costado”, agregó que no le pediría nada de manera explícita, y que “cada uno sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a sus responsabilidades y de acuerdo al cambio que votó la población” .

Esta extraña visión de Garavano sobre los resultados del balotaje pretende extenderlos a un inexistente “deber de renunciar” de Gils Carbo. Como la presión anterior no ha funcionado, siguen los aprietes. Pareciera que no se atreven a dictar un DNU que se limite a removerla por el escándalo jurídico que acarrearía. Entonces presionan.

Dado que eso tampoco ha funcionado, planean recortar su facultades legales mediante un DNU. Sin embargo, antes de preguntarnos si es constitucionalmente admisible acortar su mandato por DNU, debemos contestar cuál sería la necesidad y cuál la urgencia excepcionales para modificar el código procesal, la ley de implementación (en esos aspectos), y la ley orgánica del ministerio público.

La única razón por la que Macri recurriría a los DNUs sería por su falta de mayorías parlamentarias, y no por los motivos constitucionalmente admisibles. La voluntad del gobierno de hacer y reformar debe ser saludada y es absolutamente legítima, solo que debe ser canalizada por vías constitucionales. Deberán discutir en el Congreso, por más que les resulte “inconveniente” y estén en minoría, los cambios legislativos que se pretenden.

Desde ya que aplaudiríamos muchas mejoras que se pueden hacer a las leyes de la reforma (cpp, ley de implementación, leyes orgánicas). Mucho más aplaudiríamos, además, la posibilidad de que se discutan públicamente tales modificaciones y de que sean remitidas al Congreso, que es lo único que corresponde.

3

Garavano ya ha anunciado su voluntad de frenar la implementación del nuevo código procesal penal proponiendo, entre otras cuestiones, su entrada en vigencia de manera escalonada, desde las ciudades menos pobladas hacia la Ciudad Autónoma. Con esto, y con su anuncio de reformar la ley de implementación, en principio, estamos absolutamente de acuerdo.

Ahora bien, depende de qué es lo que se pretenda reformar y de cuándo se pretenda hacerlo.

El receso del Congreso no autoriza a que el ejecutivo dicte decretos de necesidad y urgencia (DNU) para dictar disposiciones de carácter legislativo. Es más, la regla de la Constitución dispone que

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 99.3, segundo párrafo, CN).

Es decir que la regla prohíbe al presidente el dictado de decretos de carácter legislativo, en principio, en términos absolutos. En la misma regla, sin embargo, se prevé una excepción, los DNU. Sus exigencias se regulan en el párrafo que le sigue:

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (art. 99.3, tercer párrafo, CN).

La facultad para dictarlos, entonces, debe usarse solo bajo circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario en el Congreso, a lo que se agrega que existe urgencia en su sanción por razones de necesidad. No se trata de una cuestión de oportunidad ni de conveniencia. El presidente no puede dictar un DNU solo por el hecho de que no cuente con mayorías legislativas para que un proyecto de ley remitido al Congreso sea aprobado.

En este contexto, por ej., si se dictara un DNU para posponer la entrada en vigencia del nuevo Código procesal penal, que debería comenzar a aplicarse a partir del 1º de marzo de 2016, éste sería absolutamente legítimo, pues dado que las sesiones comienzan el mismo día, sería imposible que el trámite ordinario pudiera suspender la entrada en vigencia.

Ahora bien, el gobierno no puede recurrir a los DNU para modificar todas las leyes vigentes —ni parte de ellas—. Fuera del ejemplo dado, ni es urgente ni es necesario que el Ejecutivo dicte en diciembre o febrero normas con carácter legislativo como regla, pues no existen circunstancias excepcionales, ni necesidad, ni urgencia, como tampoco imposibilidad de seguir el trámite ordinario en marzo, cuando el Congreso comience sus sesiones.

Si se pretendiera evadir al Congreso nuevamente para modificar las leyes orgánicas mediante nuevos DNU, habría que discutir la constitucionalidad y la necesidad de todas estas modificaciones. Por lo demás, habría que analizar el contenido de aquellas propuestas tendientes a reducir las facultades de la Procuradora, pues ellas podrían generar problemas de constitucionalidad, dada la independencia y autonomía que el art. 120, CN, le concede al Ministerio Público.

Distintas voces en la red han cuestionado el “poder” que la posible implementación del proceso acusatorio formal le daría a los fiscales. Allí hay un problema constitucional, pero al revés de lo que señalan esas quejas, pues el “poder” que se les da a los fiscales es el que corresponde en un Estado de derecho, teniendo en cuenta el art. 120 de la CN y las reglas básicas del derecho procesal penal. Lo que es ilegítimo es que se deposite poder investigativo y persecutorio en manos de los jueces, pues es una función ajena a la función judicial.

El peligro de exceso propio de los DNU es mayor si se tiene en cuenta, además, que se estaría personalizando la cuestión en aras de reducir las facultades de esta Procuradora General. Recordamos, además, que Macri debió convocar a sesiones extraordinarias al Congreso si su intención era introducir tantos cambios legales en este momento, muchos de los cuales no son necesarios (en el sentido de la regla constitucional) y mucho menos urgentes.

4

Por lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se anuncia que se hará, está claro que la administración de justicia en sentido amplio es un un lugar de sumo interés para el presidente.

Hay mucho para cambiar en este ámbito —que es en el cual nos desempeñamos profesionalmente como litigantes—. Hasta ahora los cambios que se intentan o que se anuncian se vinculan, estrictamente, con la adquisición de poder. Tanto las designaciones en la Corte como la lucha contra la Procuradora señalan que no se ha tomado a la independencia del poder judicial y del ministerio público demasiado en serio. En el camino se anuncia que se recurrirá, para decisiones de gran peso institucional, a los decretos de necesidad y urgencia, evadiendo el control del Congreso.

No ha habido anuncios, en cambio, de llevar a cabo reformas realmente sustanciales en la administración de justicia, que está en un estado generalizado de crisis terminal. Sería bueno que los hubiera.